REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA SALA DE DECISION PENAL

 Magistrado Ponente: JAIME HUMBERTO MORENO ACERO Radicación:   660001-62-66-001-2011-00021-00 (AC-233-15)

Procesada:  Exmisilbana Calle Collazos

Delito: Trata de Personas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con el delito de lavado de activos y concierto para delinquir agravado.

Aprobado  según Acta No. 122 de la fecha

Guadalajara de Buga, marzo ocho (8) del año dos mil dieciséis (2016)

Hora: 10:30 a.m.

1.0BJETO

  Se decide el recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  representante del Ministerio  Publico y  la condenada,  contra  la sentencia  No. 051  del 28 de mayo de 2015, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado  de  Buga,  que  resolvió  CONDENAR  a  la señora EXMISILBANA CALLE COLLAZOS a la pena principal de ciento cuarenta (140) meses de prisión y multa de 2.710 SMLMV vigentes al año 2011, como coautora responsable de las conductas punibles de TRATA DE PERSONAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO  Y EN  CONCURSO  HETEROGENEO  CON  LAVADO DE ACTIVOS  Y CONCIERTO  PARA DELINQUIR  AGRAVADO;  a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal; negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena (Artículo 63 C.P.), la prisión domiciliaria (Artículo 38 Ibídem) y la prisión domiciliaria especial con fundamento en el Artículo 1°  de la Ley 750/02.

2.ANTECEDENTES

 Se pone en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una organización criminal’ que trasladaba desde Colombia a mujeres jóvenes, con un prototipo físico especial y de escasos recursos económicos, hacia Panamá, China y Singapur con el fin de explotarlas en la modalidad de  prostitución,  coartándoles  su libertad, a través de diferentes medios como amenazas contra su vida; y obligándolas a prestar servicios sexuales en extensas jornadas laborales sin prestaciones sociales ni protección para su salud e integridad; obteniendo de esta manera un provecho económico ilícito.

En virtud de lo anterior, la Fiscalía 15  especializada  de  la Dirección Nacional de DDHH y DIH, con apoyo de la policía judicial de la DIJIN, logró identificar, vincular y judicializar a las personas  que hacían parte de la red criminal que captaba sus víctimas en diferentes municipios del departamento del Valle Del Cauca y Risaralda.

Respecto a la participación de  EXMISILBANA  CALLE COLLAZOS, indicó la fiscalía que, a partir de análisis telemáticos y de las entrevistas rendidas por las víctimas, se determinó la participación de CALLE COLLAZOS en esta red delincuencial de trata de personas (con asiento en el municipio de Buga) y quien además de recibir dinero proveniente del exterior de giros consignados por sus víctimas, captó 2 mujeres2, que fueron sometidas a explotación sexual, a través del ejercicio de la prostitución en la ciudad de Hong Kong, bajo el  pretexto  que  debían amortizar la deuda adquirida  por  los costos del  traslado, que al final se tornaba impagable.

Previa solicitud presentada por la Fiscalía 15 especializada de la Dirección Nacional de DDHH y DIH, se celebró audiencia preliminar concentrada los días 12 y 13 de noviembre de 2014,  ante  el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías de Buga, en curso de las cuales se legalizó, entre otros procedimientos, el de captura  de  EXMISILBANA  CALLE COLLAZOS, a quien se le formuló imputación por el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, TRATA DE PERSONAS y LAVADO  DE ACTIVOS,  definidos  en los  artículos  340,  inciso 2º, 188A verbos rectores «captación y traslado» y 323 del Código Penal, imponiéndosele medida de aseguramiento. La imputada se allanó a los cargos.

La Fiscalía presentó escrito de individualización de pena y sentencia el 05 de diciembre de 2014, correspondiéndole, por reparto, al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, quien llevó a cabo audiencia de verificación de allanamiento e individualización de pena y sentencia  el 19 y 28 de mayo de 2015.

 

3.    TRASLADO DEL ART. 447

 Realizado el recuento de las condiciones individuales, familiares, sociales y modo de vivir de CALLE COLLAZOS, indica la fiscal que consultada la información sistematizada de antecedentes y/o anotaciones penales, así como ordenes de captura de la DIRECCION DE INVESTIGACION  CRIMINAL E INTERPOL (DIJIN), se encontró

que la procesada fue condenada el 25 de marzo de 2011 por  el Juzgado 2 Penal del Circuito de Buga a una pena de prisión de 31 meses, a la fecha extinta 3, por los delitos de INDUCCION A LA PROSTITUCION Y FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. Respecto a

los subrogados advierte la imposibilidad de conceder cualquier beneficio por la expresa prohibición contenida en el inc. 2º  del artículo 68 A.

 

La intervención  esgrimida  por la apoderada  de víctimas  se limitó a coadyuvar la solicitud de la fiscalía y requiere  se  tengan  en cuenta los antecedentes penales de CALLE COLLAZOS al momento de establecer el ámbito de movilidad de la pena.

Por su parte la defensa pone en consideración del a quo la actitud asumida por la procesada  al  haber  aceptado  los  cargos  imputados por la  Fiscalía,  para  que  al momento  de tasar la  pena  se ubique  en el cuarto  y  en  el  extremo  mínimo.  Igualmente,  solicita  se  le conceda el sustituto contemplado en  el artículo  38 del  C.P., esto  es, LA  PRISION  DOMICILIARIA  ESPECIAL  COMO ,SUSTITUTIVA

DE LA PRISION INJRAMURAL CL 750/2002}. oues su prohijada  se encuentra  a  cargo  de su madre,  quien  cuenta  con 80  años de edad y padece  de HIPOACUSIA  en ambos oídos.

Argumenta que si bien la normativa está dirigida a madres y padres cabezas de familia, la misma puede ser aplicada  por analogía a las personas que velan de manera exclusiva por sus ascendientes en mal estado de salud.

Corrido el traslado de los elementos aportados por la defensa, la Fiscalía, la apoderada de víctimas y la representante del Ministerio Publico se oponen a la concesión  de dicho beneficio pues (i)  La ley 750 de 2002 se refiere a la condición de madre o padre cabeza de familia, a pesar que la normativa civil indique la obligación que ostentan los hijos con sus padres (ii) la gravedad de la conducta  no la hace merecedora del beneficio, pues la misma Ley 750 de 2002 excluye este tipo de delitos y (iii) la señora MANUELA COLLAZOS, madre de la procesada, además de encontrarse afiliada a la NUEVA EPS, no ostenta una condición precaria o  de  vulnerabilidad  que exija del estado prescindir de la sanción de prisión intramural a imponer a CALLE COLLAZOS.

4.     SENTENCIA  DE PRIMERA INSTANCIA

 Verificada que la aceptación de cargos fuera de manera libre, consciente y  voluntaria,  una  vez  corrido  el  traslado  del  art.  447,  el a quo declara a EXMISILBANA CALLE  COLLAZOS,  responsable  a título de co-autora de las conductas punibles de  TRATA  DE  PERSONAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO    HETEROGENEO    CON    LAVADO    DE   ACTIVOS Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO, pues, del conjunto de elementos materiales probatorios se asoma sin dubitación alguna el quebrantamiento al orden  legal y constitucional.

En consecuencia se CONDENÓ a EXMISILBANA CALLE COLLAZOS a la pena principal de  ciento  cuarenta  (140)  meses  de  prisión  y multa  de 2.710  SMLMV  al año 2011.

En lo que respecta a la suspensión condicional de la ejecución de la pena advierte que no se dan los presupuestos de orden objetivo pues la pena impuesta supera los 4 años de prisión. En cuanto al sustituto de la prisión domiciliaria  indica  la  improcedencia  de otorgar dicho subrogado en virtud  de  la  prohibición  legal establecida en el artículo 68 A del C.P.

Atinente a la prisión domiciliaria especial; conceptúa que de los elementos aportados por el defensor no se vislumbra  el cumplimiento de los requisitos establecidos en la  sentencia  C-154 de 2007 para otorgarla. Indica, además, que así se aceptara la condición de hijo cabeza de familia a favor de CALLE COLLAZOS, resultaría contrario al orden social otorgar la  prisión  domiciliaria pues la procesada representa una amenaza real para los derechos de los asociados.

S. DE LA APELACIÓN

 

  • La condenada censura la sentencia de primera instancia pues considera que dicho proveído vulnera el principio de favorabilidad por allanamiento a cargos, el derecho a la igualdad, el principio de proporcionalidad de la dosificación de la pena y el debido proceso, centrando su oposición en que  la  condena impuesta  por el a quo resulta  demasiado  elevada, considerando su allanamiento a cargos y el desgaste evitado a la justicia, pues «si bien es cierto es que mi defensor público no quiso solicitar ninguna dosificación de pena para mi persona, de igual forma tanto la  fiscalía, el ministerio público y el juez, desconocieron normas jurisprudencia/es que deben acatar  y cumplir'»

 

Añade que la Corte Suprema de Justicia en sentencia C -33254 (sic) con ponencia del Doctor JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ «que entró en vigencia el 27 de febrero de 2013′  señaló  (i) inaplicable la prohibición de descuentos por allanamiento a cargo frente a delitos de lesa humanidad y otros afines y (ii)  La imposibilidad de aplicar, tanto el aumento punitivo que consagra la ley 890 de 2004 como la exclusión de los beneficios y subrogados que consagra el artículo 26 de la ley 1121 de 2006 «y más aún si el indiciado, acusado, procesado se allana a los cargos o realiza preacuerdos  con la fiscalía».

 

Aduce, además, que le correspondía, en virtud del principio de favorabilidad, no solo la rebaja del 50%  por  la  aceptación  de cargos, sino también la inaplicabilidad del aumento de la ley 890 de 2004 y la concesión de los beneficios y subrogados  por  no desgastar la justicia.

 

Indica que la Corte Constitucional en sentencia T-567 de 1998 precisó que en caso de vulneración al principio de favorabilidad, la providencia emitida quedaría revestida de un defecto sustantivo originando una vía de hecho.

 

Requiere a la Sala le reconozca la rebaja del 50% por allanamiento a cargos y que además inaplique el aumento consagrado en la ley 890 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad, lo que en ultimas correspondería, según  sus cuentas, a una pena principal de 71 meses de prisión.

 

Adicional a lo anterior, solicita se le reconozca el beneficio de la prisión domiciliara por ser quien vela de manera exclusiva por la manutención alimentaria, la vivienda y la salud de su señora madre de 80 años de edad.

 

Finaliza su intervención argumentando haber aceptado cargos a efectos de acoger los beneficios dados por la ley  procedimental penal y reitera que en ningún momento engañó a sus víctimas, quienes sabían que tenían que dedicarse a la prostitución y que quedaban con una deuda pendiente de 36 millones de pesos.

 

  • El reparo del Ministerio Publico radica en que el a qua no atendió los postulados del artículo 39 Núm. 4 del C.P., en el entendido que tratándose de un concurso de conductas  punibles, las multas correspondientes a cada una de las infracciones  se suman. «Por lo tanto sí la judicatura previa consideración de la aplicación  del artículo 61-3 dispuso  como parámetro  para dosificar

4   Cfr fl 481

 

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RADICACIÓN: 66001-62-66-001-2011-00021-01 ACUSADO: EXMISILBANA CALLE COLLAZOS

DELITO: Trata dePersonas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con eldelito de lavado de activos

y concierto para delinquir agravado (Art. 340 tnc. 2″)

 

 

 

la pena de prisión el extremo máximo  del primer  cuarto del ámbito de movilidad, en igual sentido debería hacerlo respecto  de la pena de multa, para posteriormente  proceder  a  su  sumatoria, dosificación  que en este asunto no aconteció,  incluso si las mismas

se suman tal como la judicatura las dosificó, esta no arroja el resultado de la operación aritmética con las cifras contempladas»

 

 

6.  CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

En primer lugar se estima procedente señalar que  esta Corporación es competente para resolver la impugnación  incoada por la acusada y el agente del Ministerio Publico, de acuerdo a lo consagrado en el numeral 1  del artículo 34  de la Ley 906  de 2004.

 

Ahora bien, deberá la Sala establecer  si el a quo incurrió en error al momento de proceder  a dosificar las penas principales  de prisión y multa, conforme los argumentos esbozados por los apelantes, y si es procedente conceder el subrogado de la prisión domiciliaria especial, conforme los presupuestos de la ley 750  de 2002.

 

 

  • Una de las censuras planteadas por la condenada radica en que en la individualización de pena efectuada por el a quo se incluyeron los incrementos generales de la  ley  890  de  2004,  a pesar que la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 27  de febrero de 2013 5, estableció «que los aumentos  de pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a  los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 1121 de 20066esto es, delitos de terrorismo, financiación de  terrorismo,  secuestro extorsivo, extorsión y conexos;  entre los cuales, anota  esta  Sala, no se encuentran los delitos por los cuales fue condenada CALLE COLLAZOS7

 

De una lectura integra de la mencionada  providencia  se advierte el yerro interpretativo cometido por la recurrente, pues la Corte es clara al argumentar que dicha inaplicación opera frente a los delitos que no admiten, entre otros beneficios, rebajas de  pena  por sentencia anticipada y confesión 8,  lo  que difiere  tangencialmente del caso que nos ocupa.

 

A juicio de la Corte, resultaría vulneratorio al princ1p10 de proporcionalidad de las penas, aplicar un aumento creado con el fin de promover rebajas de penas con base en acuerdos, allanamientos

5  Rad. 33.254

1 Articulo 26. Exclusión debetlfJficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederiln las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, n! se coocederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución oondicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habra lugar ningún otro beneficio o subrogado lega!, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea 1»T»ra»ta dePersonas, Lavado de Activo o Concierto para Delinquir Agravado {con el fin de cometer elillcito delavado de activos)

«Que en elcaso analizado por la Corte comprende los establecidos en elarticulo 26 de la ley 1121 de 2006

 

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RADICACIÓN: 66001-62-66-001-2011-00021-01 ACUSADO: EXMlSILSANA   CALLE COLLAZOS

DELITO: Trata dePersonas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con el delito de lavado de activos

y concierto para delinquir agravado (Art. 340 lnc. 2″)

 

 

 

y negociaciones para unos delitos que no admiten  dichos descuentos punitivos.

 

Dijo la Corte: «La Sala reitera que el aumento genérico de penas incorporado al ordenamiento jurídico a  través  del art. 14 de la  Ley 890 de 2004, únicamente encuentra justificación en la concesión de rebajas de pena por la vía de los allanamientos o preacuerdos, regulados en la Ley 906 de 2004. (…) Las disminuciones de pena a las que se llegaría por la aplicación de tales mecanismos de justicia premial justificó que el legislador, desde la óptica del principio de proporcionalidad, ajustara los límites punitivos a fin de mantener la consonancia entre la gravedad de los delitos y las consecuentes penas, conforme a lo estimado a la hora de expedir el Código Penal  y sus respectivas reformas. (…)  No obstante, a la hora de conjugar su aplicación con la prohibición de  descuentos  punitivos, incorporada a través del art. 26 de la Ley 1121 de 2006, salta  a  la vista la vulneración del principio  de  proporcionalidad de  la  pena. Esa consecuencia implica, pues, afirmar que en relación con los delitos enlistados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 -en eventos cuyo juzgamiento se gobierna por la Ley 906  de 2004–,  el aumento de penas de la Ley 890  se ofrece injustificado en la actualidad»

 

En consecuencia, la censura formulada carece de fundamento, si se tiene en cuenta que los delitos por los cuales fue condenada EXMISILBANA CALLE COLLAZOS admiten rebajas de pena por allanamiento, preacuerdos  o negociaciones, de lo cual se benefició la condenada al momento de aceptar cargos en la audiencia de formulación de imputación; y en tal virtud era dable que el a quo aplicara los incrementos punitivos del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.

 

  • Aclarada la procedencia del aumento punitivo respecto de los delitos por los cuales fue condenada CALLE COLLAZOS, resta determinar lo relacionado con la legalidad de la sanción penal impuesta por el Juez Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, a efectos de determinar si este fallador infringió directamente la ley sustancial en la determinación de las penas, por indebida aplicación de los artículos 31 y 61 del Código Penal, al establecer, según la recurrente, una pena demasiado

 

Examinada la sentencia condenatoria pudo constatarse que el juzgador de primera instancia luego de establecer el delito que ostentaba la mayor punibilidad (Trata de Personas), precisó  cada uno de los cuart os9 en que se dividía el ámbito punitivo  de  movilidad de la prisión de 156 a  276  meses y dada  la inexistencia  de circunstancias de menor o mayor punibilidad, contempladas  en los artículos 55 y 58 del C.P., decidió que la pena debía ubicarse en el cuarto mínimo.

 

 

,     Primer Cuarto 156 –  186, Segundo Cuarto  186  y  1 día  –  216; Tercer  Cuarto  216 y 1 día  – 246;

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Ultlmo  Cuarto 246 y 1  día • 276

 

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RADICACIÓN: 66001-62.fi!i-401-2011-00021-01 ACUSADO: EXMISILBANA   CALLE COLLAZOS

DELITO: Trata de Personas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con eldellto de lavado de activos

y concierto para delinqulr agravado (Art. 340 lnc. 2″)

 

 

Seleccionado el cuarto del ámbito punitivo, procedió a individualizar la pena y para tal  efecto tuvo en cuenta  la gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la intensidad  del dolo, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir; imponiendo el monto máximo del cuarto escogido, esto es, 186 meses de prisión el cual fue aumentado en 36 meses’º por el concurso homogéneo sucesivo con el delito de TRATA DE PERSONAS; 24 meses11  por el concurso heterogéneo  con el delito de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO y por el punible de LAVADO DE ACTIVOS 34 meses12• Lo anterior arroja un gran total de 280 meses de prisión, disminuidos, conforme el artículo 351 del C.P.P., en una pena a imponer de 140 meses de prisión.

 

No obstante la rebaja efectuada, la recurrente  plantea  que  la pena fijada vulnera el principio de proporcionalidad pues su participación en los punibles se limitó a permitir la salida  al exterior de un par de mujeres que sabían iban a dedicarse a la prostitución, además, que la sentencia fue producto de su decisión de aceptar los cargos.

 

El artículo 31 del C.P. no define de manera específica el aumento que debe aplicar el juez en los eventos de concurso de conductas punibles, limitándose a indicar  que la pena será aumentada  «hasta en otro tanto», sin que fuere superior a la  suma  aritmética  de las que correspondan a las  respectivas  conductas  punibles debidamente dosificadas cada una de ellas y en ningún caso podrá exceder de sesenta (60) años de prisión.

 

-.

En esa labor de determinación de la proporción que aumenta la pena en los casos de concurso delictual, el Legislador otorgó al juez un poder discrecional, sin que ello implique un proceder arbitrario, caprichoso o antojadizo, pues el mismo debe sustentarse en la evaluación de las conductas punibles que fueron  objeto  de reproche, en las circunstancias en que se cometió la conducta y en las  condiciones  personales  del  procesado13,    como  también  en  los límites cuantitativos previstos en el artículo 31 del C.P., concretamente, (i) el incremento no puede superar la  suma aritmética  de las penas  correspondientes, (ii) «hasta  en otro tanto», y (iii) sin sobrepasar  los 60 años de prisión14 •

 

En efecto, en la SP .5420-2014 de 30 de abril de 2014,  rad. 41.350, la corte sostuvo que el incremento punitivo en los casos de concurso depende, además de los factores  cuantitativos  previstos en el artículo 31 del Código Penal, de los siguientes criterios: (i) el número de conductas concurrentes y (ii)  los  principios  de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, que tienen que ver con la gravedad,  así como  las modalidades  específicas,  de los  delitos

que concursan. «Lo importante. en todo caso, es que   si el íuez

10  28.33  % de la pena  mínima que contempla  el art. 188A

11   25%  de la pena  m!nima  contemplada  en el art. 340 Inc. 2º

12   28.33% de la pena  mínima  contemplada  en el art. 323

13 Auto Interlocutorio de 16 de abril de 2015. ar.  AP 1902-2015. Radicado 45.507.

14 Auto Interlocutorio de 10 de diciembre de 2015.  AP7213-2015. Rad. 47,158

 

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RADICACIÓN: 66001-62-66-001-2011-00021-01 ACUSADO: EXMISILBANA CALLE COLLAZOS

DEUTO: Trata dePersonas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con el delito de lavado de activos

y concierto para delinquir agravado (Art.340 lnc. 2″)

 

 

 

se somete a tos referidos parámetros, conserva esa facultad discrecional para determi(1ar. con funda ento en las circunstancias de cada asunto. el incremento bunitivo en los casos de concurso»(Subrayas de la Sala)

Confrontados los razonamientos expuestos en  la  decisión atacada, se advierte que las motivaciones expuestas por el a quo para la adición punitiva, concretamente las conductas punibles cometidas y la gravedad de las mismas, se ajustan a criterios de proporcionalidad y razonabilidad, pues conforme su facultad discrecional aumentó «hasta en otro tanto» la pena a imponer sin sobrepasar  la suma aritmética  de las penas correspondientes ni los

60   años   de  prisión,  además,   la   sanción   impuesta   fue  por un

concurso de conductas graves que atentan contra la autonomía personal y la seguridad pública.

 

Por lo anterior, desacertada resulta la oposición del apelante respecto a la pena de prisión impuesta,  pues el a qua no desbordó los límites de la ley sustantiva ni los precedentes jurisprudenciales cuando estableció el cuarto del ámbito punitivo, la tasación de la sanción ni el aumento derivado del concurso de conducta punibles

 

En suma, la Sala no advierte que la pena fi j ada15 o el aumento punitivo por el concurso de conductas punibles, sea desproporcionado frente a la gravedad de  los  delitos,  como tampoco desconoce los criterios que la Corte ha decantado para el cumplimiento de la labor judicial en la determinación de la pena a imponer por efectos del concurso de conductas punibles, razones suficientes para considerar infundadas las críticas de la apelante, y confirmar en este aspecto la decisión apelada.

 

 

  • Respecto a la pena principal de MULTA, resulta evidente el yerro en que incurrió el A quo al momento de su tasación, pues el Núm. 40 del artículo 3916  del C.P. indica  que en caso de concurso de conductas punibles o acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las infracciones se sumarán,  pero el total no podrá exceder del máximo fijado  de  cincuenta  mil (50.000)  salarios mínimos legales mensuales

 

 

 

15 Máximo de! cuarto mínimo

16 Artículo 39. «La multa. La pena de multa se sujetará  a  las siguientes  reglas:  l.  Clases de multa: La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca será superior a cincuenta mil {50.000} salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente puede aparecer en fa modalidad progresiva de unidad multa, caso en el cual el respectivo tipo penal sólo hará mención a ella,/ 2. Unidad de multa. La unidad de multa será de: l. Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mfnimo legal mensual. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades de multa. / En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, hasta diez (10) salarlos mfnlmos legales mensuales vigentes, / 2.Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa./ En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido Ingresos promedio, en el último año, superiores a diez {10) salarios mínimos. / 3. Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa. / En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio, en el último año, superiores a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes»

 

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RA01CAC10N:  66001 2-66-001-2011-00021-01

ACUSADO: EXMISILBANA   CALLE COLLAZOS

DELITO: Trata de Personas en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con el delito delavado de activos

y concierto para delinquir agravado (Art. 340 lnc. 2°)

 

 

 

En relación con la pena pecuniaria, observa la Sala que en su tasación el sentenciador desconoció parcialmente el numeral cuarto del artículo 39 del Código Penal, infringiendo de esa manera el principio de legalidad, en cuanto impuso una sanción sensiblemente inferior a la que  había lugar a asignar a la procesada.

 

«Valga aclarar que cuando aparece como sanción concurrente con la privativa de la libertad, habrán de tenerse en cuenta los parámetros de dosificación de los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000,    y   una    vez   establecido   el   correspondiente   ámbito  de

movilidad, su individualización se hará con sujeción  a  los criterios del numeral tercero del artículo 39 ejusdem, esto es, en  consideración al daño causado, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito o el beneficio reportado y la situación económica del procesado según su patrimonio,  obligaciones  y cargas familiares  que indiquen  la posibilidad  de pagar, sin que, en

ningún caso,  tates  pautas permitan  apartarse  o desconocer

tos límites legales corresoondientes»17

En efecto, el a quo determinó para el delito base (trata de personas) 975 salarios mínimos legales mensuales vigentes al 2011 y por el concurso de hechos punibles sumó (i) 185 SMLMV por el concurso homogéneo con trata de personas (ii) 2465 SMLMV por el delito de lavado de activos y (iii) 1807 por el delito de Concierto para delinquir agravado, para un total de 5421 SMLMV como pena de MULTA y que luego de aplicar la rebaja punitiva del artículo 351 quedó en definitiva una pena  de 2.710 SMLM vigentes al año 2011.

 

Empero, el a qua pasó por alto que al tratarse de 4 ilícitos le competía, según la individualización de la pena efectuada,  imponer el máximo del cuarto mínimo de la pena de MULTA por cada uno de los delitos concursantes. En tal sentido, la multa debió ascender a 24.725 SMLM vigentes al año 201118, que conforme la  rebaja  de pena otorgada a CALLE COLLAZOS quedaría un total de 12.362.5 SMLM vigentes al año 2011.

 

En conclusión, la Sala  impondrá  a  la  aquí  procesada  como coautora de las conductas punibles de TRATA DE PERSONAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO Y EN CONCURSO HETEROGENEO  CON LAVADO  DE ACTIVOS Y CONCIERTO  PARA

DELINQUIR AGRAVADO las penas principales de CIENTO CUARENTA MESES (140) meses de prisión y multa equivalente  a  12.362,5 SMLM vigentes al año 2011. Al mismo lapso de la sanción privativa de la libertad se ajustará la sanción accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

 

 

 

 

 

17   Sentencia  de 16 de septiembre  de 2015.  SP12540-2015.  Rad 38.154.  M.P.  Eugenio Fernández

Carlier

18  1950 SMLMV por el concurso homogéneo y sucesivo del delito de Trata  de Personas, 13.250 SMLMV

por el delito de Lavado de Activos y 9525 SMLMV por e! delito de Concierto para delinquir agravado.

 

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RADICACIÓN:   66001-62-66-001-2011-00021-01

ACUSADO:  EXMISILBANA  CALLE COLLAZOS

DELITO: Trata de Personas en concurso homogéneo y sucesivo

y heterogéneo con eldelito de lavado de activos y concierto para d&linquir agravado (Art. 340 lnc. 2°)

 

 

  • Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria  se  descartan  de plano,  toda vez que la pena impuesta excede los 4 años de prisión y la  sentencia se impone por conductas punibles cuya pena mínima superan los 8 años de prisión,

 

Frente a la prisión domiciliaria contemplada en la ley  750  de 2002, señala la  Sala, en primer lugar, que los delitos por los que se le condena revisten especial gravedad, tanto por la naturaleza  de  los bienes jurídicos lesionados, como por las características del hecho; además, el !ne. 30 del Art. 1º  de la citada  norma19 excluye de manera taxativa la concesión de este tipo de beneficios a las autoras o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, secuestro o desaparición forzada Ci qujenes registren antecedentes penales. salvo por delitos culposos o délitos políticos.

 

En estas condiciones, la censura no tiene aptitud de  prosperidad para su estudio de fondo, por la existencia de un antecedente penal en su contra, esto es, la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento del Circuito  de Buga, el día 25 de marzo de 2011, por los delitos de INDUCCION A LA PROSTITUCION EN CONCURSO CON FALSEDAD MATERIAL EN

DOCUMENTO PUBLICO, en la cual se le impuso una condena de 31 meses de prisión y se le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena2º; circunstancia que por expresa prohibición legal torna inviable el reconocimiento de la prisión domiciliaria a la madre o padre cabeza de familia infractor(a)  de la ley penal.

 

Recuérdese que la Corte indicó en sentencia de 22 de junio 2011, rad. 35943, que las anotaciones de carácter penal inciden  a la hora de valorar la procedenciá o no de la prisión domiciliaria (o la detención en el lugar de residencia) a favor de  quien  alega  ser padre o madre cabeza de familia.

 

Finalmente y aunado a la expresa prohibición legal, la Sala concluye que CALLE COLLAZOS ha demostrado la necesidad que la pena se ejecute en centro carcelario al reincidir en la comisión de conductas sancionadas por la ley penal21•

 

En mérito de lo dicho, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala de Decisión Penal, administrando  justicia  en nombre de la República  y por autoridad de la ley,

19 Ley 750 de 2002. Artículo  1 º-  Inc.  3°.  La presente  ley no se apllcará  a  las autoras  o partícipes de los delitos de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional  Humanitario,  extorsión,  secuestro o desaparición  forzada  o aulenes realstren

antecedentes Penales. salyg Por delitos culposos o delltos políticos

20 Cfrfollos 216. Oficio No S-014-658027/SIJIN-GUCRI-1.9 de 12 de noviembre de 2014; follo 389.

Oficio No 267404/ARIAC-GRES0-1.9 de 18 de mayo de 2015 y Folio 392. Acta de Audiencia de 25 de marzo de 2011 del Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Buga, en la que se consigna Jo resuelto mediante sentencia de la misma fecha.

21 Ver auto interlocutorio de 27 de agosto de 2014. APSOl0-2014. Rad.  44.158.  M.P.  Fernando Alberto Castro Caballero y auto  interlocutorlo de 09  de septiembre de 2015.  AP5169-2015.   Rad.

46.586.  M.P. Eugenio Fernández Carlier.

 

11

 

1’\»U»»-UV; l;;>ILl;lf’IIV\ l,f’ILLC l.VU.A.(.U::,

DELITO: Trata de Peraonas en conr o llolTIQ.géneo y sucesivo                                   ‘  ‘

y heterogéneo con el delito de lavado de activos

y concierto para delinquir agravado (Alt. 340 lnc. 2″)

 

 

 

RESUELVE

 

PRIMERO: MODIFICAR la pena principal de MULTA impuesta a EXMILSILBANA CALLE COLLAZOS por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga como coautora responsable de las conductas punibles de TRATA DE PERSONAS EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, EN CONCURSO HETEROGENEO CON LAVADO  DE ACTIVOS  Y CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO,

en el sentido de fijarla en  12.362,5 SMLM vigentes al año 2011.

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.

 

Esta sentencia se notifica en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación que deberá interponerse ante el Tribunal dentro de los cinco días siguientes  a la última  notificación,

conforme lo regula el artículo 183 del C.P.P. modificado por el artículo 98  de la Ley 1395    e 2010.

..

Los Magistrados,

 

 

!ME H  MBER O l:10Jl,ENO ACERO

 

 

 

 

 

 

ALVARO A  GUSTO NAVIA MANQ

{        On

ILLO

 

 

 

 

 

——–===::::iJOOSSEE::iJ A l ME VALENCIA CASTRO

 

 

 

 

El Secretario,

 

 

Fernando A    nador Vacca.