Trata de personas

 

La trata de personas ha sido catalogada como una de las formas de esclavitud contemporánea y una práctica que degrada al ser humano, convirtiéndolo en un objeto que se ofrece,  se negocia y se  trafica vulnerando de manera directa  la libertad, autonomía y dignidad de hombres y mujeres, mediante la explotación del hombre por el hombre.

Conforme al artículo 3 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas por “trata de personas” se entenderá “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos; b) El consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado; c) La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación se considerará trata de personas”.

Cada año, miles de hombres, mujeres y niños son víctimas de trata de personas en su país o en el extranjero. Mediante coerción, engaño o fuerza, las personas víctimas de trata de personas, son explotados por su trabajo, por sexo o por sus órganos. Casi todos los Estados se ven afectados por este crimen contra la humanidad, como países de origen, tránsito o destino de las víctimas. La trata de seres humanos puede ser un negocio lucrativo y gerentes a menudo están vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, el tráfico en general, que afecta a las personas en los márgenes de la sociedad, algunos de estos traficantes son juzgados y probablemente nunca se identificó y ayudó a la mayoría de las víctimas.

En Colombia, en desarrollo de instrumentos internacionales de derechos humanos, el artículo 17 de la Constitución Política de Colombia señala que en el territorio nacional están prohibidas todas las formas de esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos.

La  ley 800 de 2003 y la ley 985 de 2005, incorporaron el artículo 188 A en donde se establece que “el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.