Justicia Transicional

La expresión justicia transicional[1], hace referencia al conjunto de medidas judiciales y políticas adoptadas por las sociedades que se encuentran en procesos de tránsito de un periodo de conflicto o de régimen autoritario o dictatorial a un periodo de paz o de democracia.

Cuando la sociedad ha tomado la decisión de poner fin al conflicto o a la dictadura o autoritarismo, se debe formular la pregunta sobre qué hacer con el legado de abusos que ha dejado la violencia y cómo lograr que los responsables de esos abusos contribuyan al establecimiento de un nuevo orden social, en paz y democrático en un contexto de reconciliación.

En estos procesos transicionales, se presenta un dilema o tensión muy importante que consiste en, por un lado, atender las reclamaciones legítimas e imperativas de justicia presentadas por las víctimas y la sociedad, y por otro consolidar la paz, la reconciliación y la convivencia en un ambiente de equidad y respeto.

De este modo, resulta difícil encontrar el debido equilibrio entre las necesidades de paz y el deber de satisfacción del derecho a la justicia: Por una parte, la aplicación de la justicia retributiva[2] no resulta viable teniendo en cuenta que los responsables de las violaciones necesitan encontrar incentivos judiciales de perdón o de una aplicación diferenciada y excepcional de justicia para que acepten dejar atrás las acciones de violencia de la que fueron protagonistas y contribuir con la paz y la garantía de los derechos de las víctimas. Por otra parte, los Estados han asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía del derecho a la justicia que ya no permite proceder a conceder vías de perdón y olvido absolutos, verbigracia a través de leyes de amnistía absolutas o leyes de punto final, para sobre eso construir la paz.

Es aceptado que cada Estado tiene la facultad, en el marco de su soberanía y conforme a su realidad y contexto sociopolítico, de diseñar sus mecanismos de justicia transicional, estableciendo las mejores formas para mantener un debido equilibrio entre paz y justicia, pero lo debe hacer en consonancia con sus deberes internacionales respecto a las víctimas. Frente a las víctimas, los Estados tienen obligaciones inderogables, y que deben ser respetadas en procesos de transición: el derecho a la justicia, el derecho a la verdad individual y colectiva, la reparación integral y las garantías de la no repetición de los hechos.

Para lograr un sano equilibrio de las demandas de paz y justicia propias de periodos de transición, es necesario tomar medidas o crear mecanismos judiciales y extrajudiciales alternativos que permitan coadyuvar con estos propósitos ya que las instituciones ordinaras o tradicionales de los Estados no son suficientes, capaces o no están habilitadas para dar respuesta a las múltiples y complejas exigencias de la transición.

En Colombia, ha habido lugar a varios contextos de transición en el marco de la realización de Acuerdos de Paz con grupos armados al margen de la ley. Con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos, se hizo mandatorio que los mecanismo de justicia judicial y extrajudicial creados en el marco de los Acuerdos de Paz,  tuvieran en su núcleo el deber de reconocimiento, garantía y protección de los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Esos imperativos del derecho internacional, se fueron aplicando de manera progresiva y se concretaron en mecanismos de justicia transicional reflejados en lo dispuesto en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz) y recientemente en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC- EP del 24 de noviembre de 2016.

La jurisprudencia producida con aplicación de estas normas de justicia transicional, es de vital importancia y un gran aporte en materia de protección de los derechos de las víctimas, dada su contribución a la profundización sobre los paradigmas y contenidos de la justicia transicional,  y su comprensión sobre la pluralidad,  complejidad y naturaleza de conductas punibles y de los actores involucrados.

[1] El término “justicia transicional” fue utilizado por primera vez por la doctrina anglosajona durante los años noventa por autores como Neil Kritz (1995), Martha Minow (1998) y Ruti Teitel (2000). Se consolidó internacionalmente en la primera década del siglo XX y desde allí la justicia transicional se ha convertido en una verdadera rama de estudio y hace parte de las agendas públicas de los Estados que atraviesan por procesos de transición a la paz o a la democracia. No obstante, la justicia transicional como práctica, tiene cronológicamente sus orígenes en los procesos de transformación socio política después de la segunda guerra mundial (Tribunales de Núremberg).
[2] La justicia retributiva consiste en la imposición sistemática de un castigo o pena proporcional al crimen cometido. En especial, se atribuye al delincuente una pena de privación de la libertad por el mal causado a la víctima con el delito sin considerar si la pena per se contribuye a la reparación del daño causado a la víctima.