Justicia Juvenil Restaurativa

 

El derecho internacional en materia de justicia juvenil es sustancial y detallado. Los instrumentos internacionales más importantes para la administración de la justicia juvenil incluyen la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia juvenil (Reglas de Beijing, 1985), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad (Reglas de La Habana,1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, 1990), las Directrices de las Naciones Unidas para la Acción sobre el Niño en el Sistema de Justicia Penal (las “Directrices de Viena”, 1997) y resoluciones, como la recientemente  implementada en Colombia; Estrategias y medidas prácticas modelo para eliminar la violencia contra los niños en el marco de la prevención del delito y la justicia penal  A/RES/68/189. 

El Estado colombiano ratificó la Convención de los Derechos del niño en 1991 y se dio paso del Código del Menor estipulado según decreto 2737 del año de 1989 al Código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006, a través del cual se crea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes En el marco de esta ley son considerados responsables penalmente a los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad.  . A partir de esta ley, se adecúa la normatividad nacional a los instrumentos internacionales en materia de justicia juvenil hacia un sistema de justicia juvenil especializado y diferente del sistema de adultos.   

Fundamentados en estas directrices nacionales e internacionales, el alcance y reto esencial  en Colombia en el marco del sistema de justicia juvenil, es garantizar el carácter pedagógico, específico y diferenciado del mismo, atendiendo la condición de los niños, niñas y adolescentes vinculados al delito como sujetos de especial protección que, además, son responsables penalmente. Esto supone procesos de responsabilidad penal basados en principios especiales que garanticen la protección integral y la justicia restaurativa como columna vertebral tanto del proceso judicial como del proceso de atención.