Extinción de dominio

 

La Constitución Política de 1991 introdujo dos importantes cambios en el contenido y alcance del derecho a la propiedad en Colombia: en primer lugar, atribuyó a la propiedad privada una relación estrecha con los valores y principios ético-sociales que fundamentan el Estado, y en segundo lugar, asignó a este derecho una función social que lo enmarca.

El artículo 58 de la Constitución Política garantiza el derecho a la propiedad privada, siempre que ella haya sido adquirida con arreglo a las leyes civiles. Allí se señala que el Estado no puede desconocer este derecho, ni vulnerarlo, por medio de leyes posteriores. No obstante lo anterior, el derecho a la propiedad privada no es absoluto y sólo se le confiere el carácter de derecho fundamental cuando está en relación inescindible con otros derechos originariamente fundamentales y su vulneración compromete el mínimo vital de las personas”[1].

La  limitación al derecho a la propiedad se refleja en el artículo 34 de la Carta Política que dispuso que “por sentencia judicial se declarará extinguido el derecho de dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social”. De acuerdo con la Corte Constitucional, la extinción de dominio prevista en el artículo 34 de la Constitución no es en estricto sentido una «extinción» del derecho de dominio, sino una declaración de inexistencia del derecho, en el entendido de que este ha sido privado de reconocimiento jurídico por no haber sido obtenido o ejercido con arreglo al ordenamiento jurídico[2].

De esta forma, la persona que ha adquirido el dominio de un bien por medio de conductas que contravienen el ordenamiento jurídico, que causan daño al Estado o a otros particulares, o que provocan un grave deterioro de la moral social, no es verdadero titular de un derecho de propiedad digno de reconocimiento ni protección. Esta persona sólo es titular del derecho de dominio en apariencia, ya que ante la ilegitimidad de su origen, en realidad este derecho nunca fue merecedor de reconocimiento jurídico[3].

La figura de “extinción de dominio” es conocida en el derecho internacional y comparado como “decomiso”. Así, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988, dispuso la medida del decomiso de los productos derivados de delitos relacionados con estupefacientes o sustancia sicotrópica, estableciendo que los Estados adoptarán también las medidas que sean necesarias para permitir a sus autoridades la identificación, la detección y el embargo preventivo o la incautación del producto, los bienes, los instrumentos[4].

Posteriormente, la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen organizado Transnacional definió decomiso como “la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente” por la comisión de delitos como el blanqueo de dinero, corrupción o participación en grupos delictivo organizado[5].

El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo[6]; así como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción[7], reiteraron la importancia del decomiso de bienes obtenido como producto de las actividades ilícitas materia de estos instrumentos jurídicos.

Por último, el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI[8], en sus 40 Recomendaciones, se refiere también a medidas de decomiso de bienes producto del lavado de activos o utilizados o destinados a ser utilizados en la financiación del terrorismo.

En Colombia, la extinción de dominio ha estado regulada por la Ley 333 de 1996, luego con el Decreto Legislativo 1975 de 2002, posteriormente con la ley 793 de 2002 y finalmente con la ley  1708 de 2014 mediante la cual expidió el Código de extinción de dominio. En este Código, se define la extinción de dominio como “la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas o que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere la ley, por sentencia, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para el afectado”. Igualmente, el Código establece que “la acción de extinción de dominio es de naturaleza constitucional, pública, jurisdiccional, directa, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido”[9].

 

[1] Corte Constitucional, Sentencia C- 740 de 2003.
[2] Corte Constitucional, Sentencia C- 374 de 1997.
[3] ICITAP y UNODC, La Extinción del Derecho de Dominio en Colombia Especial referencia al nuevo Código, Bogotá, 2015.
[4] Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópica, 5 de noviembre al 20 de diciembre de 1988, art.5.
[5] Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos, Resolución 55/25 de la Asamblea General, 15 de noviembre de 2000.
[6] Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución A/RES/54/109 de 9 de diciembre de 1999 y abierta a la firma el 10 de enero de 2000. Entrada en vigor: 10 de abril de 2002 de conformidad con el artículo 26 (1).
[7] Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de octubre de 2003.
[8] El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los Ministros de sus Estados Miembros. Los objetivos del GAFI consisten en elaborar normas y promover la aplicación efectiva de las medidas legislativas, reglamentarias y operacionales para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras amenazas conexas a la integridad del sistema financiero internacional. Por lo tanto, el Grupo de Acción Financiera es un órgano de formulación de políticas que se esfuerza por generar la voluntad política de llevar a cabo reformas legislativas y reglamentarias en estas esferas. Ver: FATF (2012-2017), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, www.fatf-gafi.org/recommendations.html.
[9] Ley 1708 del 20 de enero de 2014, arts. 15 y 17.