República de Colombia


Sala de Casación Penal

Corte Suprema de Justicia

  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL

 

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

Magistrado Ponente

 SP3210-2017

Radicación 45814

(Aprobado en  acta No. 77)

Bogotá D.C., ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor del procesado FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA contra el fallo de segundo grado de 16 de julio de 2014 mediante el cual el Tribunal Superior de Cartagena confirmó el dictado por el Juzgado único  Penal  del Circuito Especializado del  mismo  Distrito Judicial,  que lo condenó como coautor del delito de  terrorismo  en concurso  con rebelión1.

1 Por proveído de 11  de  diciembre  de  2014  la  misma  Corporación declaró la prescripción de la acción  penal  derivada  del  delito  de  rebelión  y redosificó  la sanción.

HECHOS  Y ACTUACIÓN PROCESAL

 Durante los años 2002 y 2003 fueron perpetrados varios atentados terroristas en la ciudad de  Cartagena, entre ellos, al edificio inteligente de Chambacú, Merquefácil y las instalaciones de Electrocosta.

En el diligenciamiento se demostró la realización de los mismos por  parte  de  las Fuerzas  Armadas   Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo al cual pertenecía FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA, alias «JORGE ELIECER», experto en fabricación de explosivos y  hombre de confianza de GUSTAVO  RUEDA  DIAZ,  alias  «MARTIN  CABALLERO»,cabecilla del Frente 37 de esa  agrupación.

A pesar de no contar con prueba directa durante la práctica procesal, a MUÑOZ ALTAMIRANDA se le endilgaron tales hechos dada su pertenencia al grupo subversivo y su conocimiento en la fabricación de explosivos.

La Fiscalía General de la Nación abrió formal investigación penal en contra de MUÑOZ ALTAMIRANDA, y luego de vincularlo  a través de indagatoria,  por proveído  de 6 de diciembre de 2006 le resolvió la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin el beneficio de la libertad provisional, como probable responsable de los delitos de terrorismo en concurso con rebelión, pero tal decisión fue revocada el 5  de  enero  de 2007  por la Unidad  de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Cartagena, ordenando en consecuencia  su  libertad inmediata.

 

El 2 de febrero de 2007 fue proferida nueva medida de aseguramiento de detención preventiva por los mismos ilícitos atentatorios de los bienes jurídicos de la seguridad pública y el régimen constitucional y legal, al tiempo que se ordenó la captura del procesado, de la cual hasta el día de hoyno se tiene conocimiento que haya sido materializada.

 

Clausurado el ciclo instructivo, el mérito del sumario fue calificado el 28 de enero de 2009 con resolución de acusación por el citado concurso delictual, decisión que adquirió firmeza el 1º de octubre del año en cita ante su confirmación por el superior.

 

La fase del juicio la adelantó el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, despacho que luego de surtir el acto público  de juzgamiento,  mediante sentencia de

25 de agosto de 2012 condenó a FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA como coautor de los delitos objeto de acusación, a las penas principales de quince (15)  años  de prisión  y  multa  de  1.090  salarios  mínimos   legales mensuales  vigentes,  así  como  a  la  accesoria  de inhabilitación para el ejercicio de derechos  y  funciones públicas por el mismo lapso de la sanción aflictiva de  la libertad, sin concederle la suspensión condicional de la ejecución  de  la  pena o la  prisión domiciliaria.

 

En virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado, el Tribunal Superior  de  Cartagena por sentencia de 16 de julio de 2014, confirmó la  condena,  no obstante, dada la petición posterior del apoderado, por decisión de 11 de noviembre siguiente, declaró  la prescripción de la acción penal derivada del delito  de rebelión, en consecuencia, redosificó la prisión y la inhabilitación ciudadana al fijarlas en ciento veinte (120) meses de prisión, en  tanto  que la pena  pecuniaria  la redujo a 1.000 s.m.1.m.v.

El representante judicial del enjuiciado impugnó de manera extraordinaria la sentencia de segundo grado con la presentación de la demanda de casación, la cual se declaró ajustada y se recibió el respectivo concepto del Ministerio Público.

DEMANDA

  Al amparo de las causales previstas en  el artículo  207 de la Ley 600 de 2000, formula dos cargos en orden jerárquico, por nulidad y por violación indirecta de la ley sustancial.

Primer cargo: Nulidad por infracción al debido proceso

 Pregona que desde la definición  de situación  jurídica, así  como en  la  calificación  sumarial y las  sentencias  no se precisaron los hechos terroristas endilgados al incriminado, además, no hubo una seria y juiciosa investigación de los mismos.

 

Que la imprecisión se advierte cuando pese a que se mencionan varios eventos terroristas, su defendido no fue acusado por el concurso de delitos de terrorismo, dejando su intervención a una multiplicidad de sucesos indeterminados, en una clara afrenta del debido proceso y del derecho de defensa.

 

Para el casacionista, esa vaguedad se repitió en los fallos, pues no se indicó en qué actos terroristas participó MUÑOZ ALTAMIRANDA, por lo cual solicita casar el fallo impugnado  y declarar  la nulidad del proceso.

 

Segundo cargo: Violación indirecta de la ley sustancial.  Falso raciocinio

 

Denuncia la aplicación indebida del inciso 2º del articulo 232 de la Ley 600 de 2000, porque no mediaba la certeza suficiente para condenar a su defendido como responsable del delito de terrorismo y, por el contrario, surgían múltiples dudas que debieron ser resueltas en su favor.

Expone que los juzgadores acudieron a una deficiente construcción indiciaria, porque de  las  declaraciones  de Víctor   Barrios   Marimón,   Martín   Zabala   Moreno,   José

 

Jiménez Pérez y Huberney Loaiza Fonseca tomaron hechos indicadores para  establecer  la  responsabilidad  del procesado, sin que ninguno de esos deponentes hubiera presenciado a MUÑOZ ALTAMIRANDA haciendo o instalando artefactos explosivos,  ni  tampoco  lo observaron en alguna intervención en la fase de consumación de los atentados  terroristas.

 

Consecuentemente, solicita a la Corte casar el fallo a fin de absolver a su asistido del delito que le fuera achacado.

 

CONCEPTO  DEL MINISTERIO PÚBLICO

  

El Procurador Segundo Delegado se muestra conforme con la petición del demandante de casar la sentencia  por razón del segundo cargo,  dando así  aplicación  al  principio de resolución de duda en favor del procesado, ante la confusión que ofrecen los deponentes en sus relatos, los cuales no esclarecen lo acontecido e impiden estructurar la certeza  necesaria  para condenar.

 

  1. En cuanto al primer cargo postulado indica que en la resolución de acusación de primer grado, así como en su confirmación, se abordaron tres atentados terroristas; al edificio  inteligente    de Chambacú,    Merquefácil  y   las instalaciones de Electrocosta, además de otras tareas que· cumplía    el procesado  en    el    grupo      subversivo,     lo   cual desdibuja  alguna imprecisión  en los hechos.

 

Que de la misma manera  los  juzgadores individualizaron los acontecimientos, se ahí que en  su  criterio se preservó el debido proceso y el  derecho  de defensa, pues no se sorprendió al incriminado con hechos nuevos.

Por ello asegura que el reproche no tiene vocación de prosperidad.

  1. En relación con la segunda censura, luego de transcribir apartes de los testimonios resaltados por el demandante, aduce que  dieron  cuenta  del comportamiento de MUÑOZ ALTAMIRANDA al interior de la organización delictiva, pero no hicieron mención en concreto a algún atentado     terrorista     perpetrado     por    él,.  además,     los deponentes ofrecieron datos vagos e imprecisos, surgiendo duda probatoria de la responsabilidad penal de aquél,  amén de tratarse de testigos que buscaban beneficios por colaboración  con la

En estas condiciones, estima que la presunción de inocencia no fue desvirtuada, lo que amerita casar el fallo a fin de absolver al enjuiciado.

CONSIDERACIONES DE  LA CORTE

 La Corporación advierte que a diferencia de lo que por lógica se impone de examinar preliminarmente los desafueros  con  aptitud  de  afectar  la  validez  del trámite judicial,  esto  es,  la  denuncia  relacionada  con la falta de claridad fáctica, así como la deficiente investigación, se acometerá el estudio del cargo por violación indirecta  de la ley sustancial que el defensor funda en la infracción del principio de resolución de duda en favor del procesado, toda vez que para la Sala es evidente la  prosperidad  de  tal  reparo.

Son dos aristas que llevan a no analizar el repro.che por nulidad: de un lado, la prevalencia de la presunción de inocencia y, de otro, el principio de solución menos traumática para los objetivos del proceso penal, porque al imponerse una sentencia estimativa de absolución hace inoficioso analizar la censura que apuntaría a retrotraer la actuación al momento apropiado a fin de enmendar algún yerro de estructura o de garantía.

Además, el rol de la Corporación de garante y protector de los derechos y garantías fundamentales, impone que al sopesar las variables de solución del asunto, cuando como aquí, se advierte la incertidumbre probatoria, atienda  no sólo los fines del proceso, sino respete al ciudadano, pues una decisión de anulación procesal redundaría  en últimas en mayores cargas a éste al verse avocado nuevamente al trámite judicial.

Con esa óptica, se analizará la queJa del defensor relacionada con que pese a que ninguno de los declarantes presenció a MUÑOZ ALTAMIRANDA haciendo o colocando artefactos explosivos, el Tribunal tomó de ellos hechos indicadores cuando dieron cuenta de la pertenencia de aquél a la agrupación subversiva de las FARC para deducirle así responsabilidad penal en el delito de terrorismo, en lo que califica como una deficiente construcción indiciaria.

En primer lugar, se advierte que el Ad quem estuvo de acuerdo con el defensor cuando en el recurso de apelación denunció que el fallo de condena se había soportado en los informes de inteligencia del  Departamento  Administrativo de Seguridad (DAS), por ello, la Corporación los marginó de la decisión acatando lo preceptuado  el  artículo  314  de  la Ley 600 de 2000 que mina su valor probatorio, ya que sólo pueden  servir de criterio orientador  de la investigación.

Así, apoyado en  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema de Justicia relacionada  con  la  tarifa  legal  negativa  cuando se trata de las actividades de los organismos  de  policía judicial al recepcionar entrevistas o exposiciones de informantes y la restricción de su aptitud probatoria al ser simplemente guía de la actividad investigativa, sin  que puedan ser utilizados como evidencia,  el juez plural excluyó de la sentencia los aludidos  informes  de  inteligencia  del DAS que señalaban a MUÑOZ ALTAMIRANDA, alias «JORGE ELICER» como integrante del grupo subversivo, hombre de confianza del cabecilla del Frente 37,  alias  «Martín Caballero», además de experto en fabricación de explosivos y encargado    de    coordinar    y   ejecutar    varias  actividades terroristas  en la ciudad  de Cartagena  para los años 2002 y 2003.

En    tales    informes    se    indicaba que   efectuó  las siguientes  actividades terroristas:

«1.Elaboró un petardo explosivo que detonó al interior de las instalaciones de la Subestación de la Empresa Electrocosta, ubicada en la zona industrial de Mamonal.

 2.- Colocación de bombas incendiarias con reloj temporizado en las Subestaciones Eléctricas de Electrocosta, ubicadas en los sectores de Manga y Ternera.

 3.Activación de un artefacto explosivo en los almacenes Vivero ubicado en el centro comercial Paseo de la Castellana el  barrio San Diego.

 4.- Detonación de un petardo explosivo en la parte trasera del supermercado Merquef ácil, ubicado en la entrada del barrio Blas de Lezo.

 5.Activación de un artefacto explosivo colocado en una torre de interconexión eléctrica en cercanías del antiguo botadero de basuras del barrio Henequen.

 6Activación de artefactos explosivos camuflados en vanas materas en las instalaciones del edificio inteligente del sector Chambacú y subestación Eléctrica del barrio Manga, donde falleció un civil y un técnico antiexplosivo de la Policía Nacional.

 7.- Fabricó junto con el miliciano MOISES, el artefacto explosivo que  accidentalmente  se  les detonó en  inmediaciones  de la calle de la lengua ubicada  en  el  barrio Los Calamares  de  Cartagena, en esta acción falleció alias MOISES y  resultó con heridas en  uno de sus brazos y cuello FREDY MUÑOZ, alias Jorge Eliecer.

 Se ocupó entonces el juzgador del material probatorio subsistente,    esto    es,    las    declaraciones       rendidas     por   ex integrantes       del     citado     grupo     armado:     Víctor     Barrios Marimón,      Martín   Zabaleta   Moreno,   Hubemey       Loaiza Fonseca y José Jiménez Pérez,  y  luego de  citar apartes  de sus         atestaciones   concluyó   que  «si  bien  ninguno  declara  que estuvo  presente            al      momento         de       la    colocación    de   los  artefactos explosivos, también es que los relatos allegados constituyen indicios de la real participación del encartado dentro de las acciones reprochadas,,.

 Tuvo en cuenta para ello que los deponentes aceptaron ser miembros de la organización delictiva, misma a la cual pertenecía MUÑOZ ALTAMIRANDA, y que conocían de las acciones que éste desarrollaba al  interior  del  grupo,  su cargo, funciones, las  personas a su  disposición, etc.

En  ese sentido,  estimó el juez colegiado  que mediaban

«indicios anteriores a la comisión del injusto, pues adviértase que el señor VÍCTOR BARRIOS MARIMON manifiesta que el señor FREDDY MUÑOZ ALTAMIRANDA, fue quien elaboró los artefactos explosivos que afectaron las instalaciones del edificio inteligente de Chambacú y la Subestación Eléctrica de Manga. De esa apreciación, sumado a su cercana relación con el sentenciado, hace inferir razonablemente que en efectiva forma el encartado tuvo participación en los hechos acusados».

Consideró también acreditado el compromiso penal del enjuiciado   en   lo  afirmado   por   Martín   Zabaleta Moreno cuando aseveró que acompañó a alias «JORGE ELIECER» al campamento «El Pavo», lugar en el cual un guerrillero apodado «Yimmy» quedó encargado de traer unos explosivos en unos bultos de yuca para entregárselos a él,  «•••  dichos indicios construidos a parlir de las declaraciones de estos deponentes, constituyen el marco de responsabilidad del encarlado de los hechos aducidos. El hecho que los mismos no se hayan desarrollado en forma extensa en el fallo confutado, no quiere decir que se deba omitir su presencia, pues se tiene que el iudex a quo valoró de manera completa los dichos de JOSÉ JIMÉNEZ PÉREZ, HUBERNEY LOAIZA FONSECA Y MARTIN ZABALETA, encontrando los puntos de convergencia en la realización  del  tipo por parle del encarlado.

 

Por eso, pese a que el juez de pnmer grado hizo  mención a los varios actos terroristas que afectaron a Cartagena durante los años 2002 y 2003 incluyendo, por ejemplo, los que afectaron a las empresas Vikingos, Ecopetrol, Proleca, Almacenes Vivero, Hoteles. Santa Clara, Las Américas y Caribe, así como el Concurso Nacional de Belleza, la consideración del Tribunal de desechar los informes del DAS implica delimitar tales atentados a los que se podían establecer a partir del material probatorio subsistente.

 

Pero además, la demarcación fáctica proveniente de la resolución de  acusación  es sustancial,  dado  que constituye el componente conceptual, fáctico y  jurídico  de  la pretensión punitiva del Estado, sobre el cual se ha  de  soportar el fallo.

En la calificación sumarial del  28  de  enero  de  2009, pese a que se concluyó que la pertenencia  y  tareas  que cumplía MUÑOZ ALTAMIRANDA en el grupo subversivo acreditadas testimonialmente «bastan para deducir  su  implicación en el delito de terrorismo, esto es, en los actos preparatorios de los actos que llenaron de miedo a la ciudad de Cartagena durante los años 2002 y 2003», se precisó que «Son entonces tres los atentados que de manera equivalente los declarantes le endilgan al procesado afectando al edificio inteligente de Chambacú, Merquef ácil y las instalaciones de Electrocosta», aspecto fáctico que no fue alterado en la confirmación de la acusación emitida  el  1º  de  octubre  de 2009  por la  Unidad  de  Fiscalía  Delegada ante  el Tribunal.

 

Para este estudio tampoco se puede desatender que el delito de terrorismo -tipificado en el articulo 343 de la Ley

599 de 2000-, protege el bien jurídico de la seguridad pública, es un tipo de peligro que no demanda la lesión efectiva de la vida o la integridad de las personas, porque basta con generar temor o zozobra en la población con el empleo de elementos o medios potencialmente.

 

En relación con este ilícito  de  conducta  instantánea  la CSJ en CSJ SP, 7 may. 2010, rad. 31510 precisó  que:  «en el juicio de adecuación típica no basta la verificación del uso de las armas de destrucción así como de su nítido carácter peligroso o dañino sobre los bienes subsidiarios protegidos -vida, libertad, integridad f’zsica o de las edificaciones, medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices-, sino que  el  elemento subjetivo del tipo debe aparecer consolidado, de tal forma que sea claro que el agente persigue provocar o fomentar un estado de incertidumbre


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CASACIÓN 45814 FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA

 

 

colectiva frente a la garantía de gozar de la paz y tranquilidad pública propios del Estado Constitucionaf’.

 

A su turno, en CSJ SP.  1º Oct 2014,  rad.  40401  se insistió en que debe  mediar  un  nexo  entre  la  realización  de los «actos que pongan en peligro la vida, la integridad ftsica o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices» con los aludidos verbos rectores a través de la utilización de medios capaces de causar estragos «de modo que sin una tal articulación de aquellos actos, con los referidos medios y la consecución de la provocación o mantenimiento del estado de zozobra o terror en la población, no se configura el referido tipo penal».

 

Con base en lo anterior, a efectos de verificar o desvirtuar el proceso de adecuación típica en el delito de terrorismo en relación con el procesado se analizarán detalladamente las declaraciones que tuvo en cuenta el Tribunal para edificar la condena:

 

De un lado, José Jiménez Pérez,  para  el momento  en que rindió declaración estaba detenido por el delito  de rebelión dada su pertenencia a las FARC, y luego de hacer patente su deseo de declarar  para colaborar  con la justicia, dijo que en enero de 2002 conoció a alias «JORGE ELIECER», quien venía acompañado de varios estudiantes y se dirigían hacia el campamento de «Martín Caballero», Jefe  del Frente 37 de esa agrupación subversiva para realizar una «escuela política militar» y luego hacer un curso de «explosivista». Añadió

que     «JORGE     ELIECER»    era     el    encargado    de·, «rzclutar»

.                            ‘              –                             14

–                   -..,,.

/

 

 

 

estudiantes en las universidades de Cartagena   y   de Atlántico para que hicieran parte de las milicias. Y al indicarle que señalara los actos terroristas en los  cuales había participado el procesado, expresó: «bueno a mí personalmente no me consta, me consta  que era el segundo  al mando de las milicias de Cartagena».

 

Por su parte, Martín Zabaleta  Moreno,  también miembro de las FARC y con su ánimo de colaborar con la justicia, en su declaración afirmó que  en  una  ocasión  le llevó $1.500.000,oo a «JORGE ELIECER» por pedido de alias

«Tobías», y en otra oportunidad, a mediados de 2001 lo acompañó al campamento «El Pavo», lugar en el que un guerrillero apodado «Yimmi» quedó encargado de traer unos explosivos   en   unos   bultos   de  yuca  para  entregárselos a

«JORGE  ELIECER».  Finalmente,  aseguró  que  el grupo de

«explosivistas» estaba conformado por «JORGE ELIECER», así como los conocidos con los motes de «Rafael», «Todo Mundo»,

«Milton», «Mauro» y «El Chiquitín»». Y al preguntarle en que atentados había participado MUÑOZ ALTAMIRANDA afirmó que: «de lo que yo me acuerdo fue unos cajeros que le pusieron en Cartagena unos petardos, bueno también ese explosivo lo utilizaron en el edificio chambacú, con ese mismo explosivo cuando le iban a hacer el atentado a Bill Clinton aquí en Cartagena».

 

Al insistirle en que fuera más preciso dijo: «… tengo conocimiento por lo menos en el edificio de chambacú fue él, porque  él  era el que recibía el explosivo y él estaba metido en  el  combo  del explosivo, en los petardos que le pusieron a los cajeros, porque el (sic) mismo  me  contó que  habían  puesto unos  petardos  en  los  cajeros, pero

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«‘°».»/ ‘ .. 15

 

 

 

que Martín Caballero dijo que no era lo que él quería,  que  él  quería más».

 

También Huberney Loaiza Fonseca de igual condición de pertenencia al grupo subversivo,  detención  y  colaboración con la justicia que los anteriores, expresó que alias  «Yimmi» era  el encargado  de traer  el explosivo  y  que

«JORGE  ELIECER»,  junto   con  los  apodados   «El Enano»;

«Chiquitín o Danilo»; «Todo Mundo» y «Rafael» habían participado en el atentado que hicieron cuando la visita del Presidente de los Estados Unidos a la ciudad de Cartagena, pero que no alcanzaron a detonar los artefactos por defectuosos y no prepararlos bien, y que luego habían participado en  el del edificio Chambacú  y unos cajeros.

 

De  otro  lado,  Víctor  Barrios  Marimón, conocido   con los alias de «El Enano», «Chiquitín», «Danilo» o «Camilo», afirmó estar condenado a 30 años por  los  delitos de terrorismo, homicidio y  homicidio  en el  grado  de  tentativa  en  relación con el   atentado    al   edificio  Chambacú  y  la         Subestación Electrocosta del                       barrio         manga,     agregando                        que      quería · beneficios por delatar a las personas que en algún momento participaron   en   esos sucesos.

 

En ese sentido, señaló que «en la casa de Fredy  Muñoz muchas veces se guardaron explosivos que sirvieron para  hacer detonar las bombas que explotaron en el 2002, como fueron las ya mencionadas, Merquef ácil y unas que no explotaron en el vivero La Castellana y vivero San Diego, hechos en los cuales participó directamente su primo Alvaro Altamiranda (a) Gabriel»….No es como se


 

 

dice que yo fui el autor, coautor, en el expediente reza que soy el  coautor de esos hechos por declaración que hizo Ubemey Loaiza Fonseca (a) Cambalache que dijo que yo había participado en la fabricación de las materas bombas, pero no es como dice, yo no soy explosivista, porque la función que yo desempeñaba en la guerrilla esa no era mi actividad … los explosivistas eran Miguel Antonio Gutiérrez Martínez alias Caliche, Fredy Muñoz Altamiranda (A) Jorge Eliecer, hay un señor que se mató en un taxi (A) Moisés que se llamaba Richard de Jesús Venecia si no estoy mal. Yo directamente no tuve participación en esos hechos, los que mencioné antes fueron los que participaron en los hechos que fabricaron las bombas y las hicieron en una casuchas subiendo a Henequén.

 

Evidentemente,     como    lo    pone    de    manifiesto    el

demandante  y lo avala el Delegado del  Ministerio  Público en

su   concepto,  ninguno  de  los  declarantes  presenció algún

acto   específico   de    terrorismo    desplegado    por  MUÑOZ

ALTAMIRANDA  en   cuanto  a  la  colocación  o  activación de

artefactos  explosivos  al  edificio inteligente  de  Chambacú, a

Merquefácil o a las  instalaciones  de Electrocosta.

 

 

Esta  fue la  razón  por  la  cual  el juzgador  acudió  a la

prueba     construida     o    circunstancial     para     edificar el

compromiso    penal    del    enjuiciado,    lo    cual    motivó   al

demandante    a    denunciar    un    yerro    fáctico    por falso

rac1oc1n10.

 

 

Es   sabido   que   por   regla  general  al  indicio  se  llega

mediante  un  proceso  lógico deductivo.  A partir  de una regla

de  la  experiencia y la  comprobación  de  un  hecho indicador,

se  infiere  la  existencia   de  otro,  y  en   este   caso,   para   los

 

 

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juzgadores    de    las    manifestaciones    de    los    declarantes

surgían  «indicios anteriores a la comisión del injusto» que permitían

predicar   la   responsabilidad  del  enjuiciado   en   el  delito de

terrorismo.

 

 

Sin embargo,  no se  tomó únicamente  el eje común de

los  deponentes,  como  ex  miembros  de  las  FARC, de  dar

cuenta  de la  pertenencia  de  MUÑOZ ALTAMIRANDA  a esa

organización  subversiva,  porque  también  se  tuvo  en cuenta

que indicaron  que él se  desempeñaba  como «explosivista», y

es   en   este  último  aspecto  en   que  se  advierte  el desafuero

intelectivo  judicial,   porque  se  asumió  que  tal  condición  lo

llevaba  necesariamente    a   ser   el  autor    de   los   atentados

terroristas,    cuando   no   mediaba   prueba   si   tal   calidad   al

interior   de   la   agrupación    estaba   relacionada    con   quien

preparaba los artefactos, los activaba, etc..

 

 

Dada    la    unidad     de    prueba     que    medió    en    la

investigación  por los  dos  ilícitos endilgados  al  procesado se

ahondó     en    el    delito    de    rebelión,    desatendiendo     el

concerniente     al    terrorismo,     porque    no    se    precisaron

aspectos   de   los  atentados,    autoría,    partícipes,   sustancia

empleada,  cantidad de la misma, estragos  causados, etc.

 

 

Incluso, si bien en la calificación  sumarial  se delimitaron tres atentados terroristas «al edificio inteligente de Chambacú, Merque/ácil e instalaciones de Electrocosta», de ésta última   sede   no  hay  claridad   ya   que  indistintamente   se

 

 

 

menciona el ataque perpetrado a una torre de interconexión eléctrica, así como los realizados al interior de la subestaciones eléctricas del barrio Manga, otra de la zona industrial de Mamonal,  así  como del barrio la Ternera.

 

Aunque    los    declarantes     Martín    Zabaleta    Moreno,

Huberney    Loaiza    Fonseca    y    Víctor    Barrios   Marimón

relacionan   a   alias   «JORGE  ELIECER»  con   el   atentado  al

edificio inteligente  Chambacú,  se anula la verificabilidad  del

indicio   de   responsabilidad   la   imprecisión   latente   en el

expediente  ya  que  no  se  aclararon  circunstancias modales y

temporales  del mismo.

 

 

Y de tener que tales marcos fácticos quedaron explicitadas con las copias allegadas de otra actuación adelantada en contra de Miguel Antonio Gutiérrez  Martínez alias  «Caliche»;  Víctor  Barrios  Marimón,  alias  «Chiquitín»,

«Enano» y «Henry»; Luciano Marin Arango, alias «Iván Márquez» y Gustavo Rueda Díaz, alias «Martín Caballero», por los hechos «sucedidos el día 19 de abril de 2002, cuando se produjo el estallido de dos bombas, una en el edificio inteligente ubicado en el barrio Chambacú de esta ciudad donde perdiera la vida la señora CASIUS MURILLO BECERRA y la otra una hora después en las instalaciones de la planta de Electrocosta situado en el  barrio Manga de Cartagena, donde perdió la vida instantáneamente el agente CARLOS MARTINEZ MUÑOZ y heridas de consideración del uniformado CANO ARENAS JULIO CESAR cuando trataba de desactivar el artefacto explosivo», extraña que  si  se  trataba  de  los mismos  hechos, en el diligenciamiento que ocupa  la  atención  de  la Sala  no se haya hecho  mención  a las  pérdida  de vidas humanas y la

 

 

 

 

 

CASACIÓN 45814 FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA

 

 

afectación      de    la    integridad      de    otra,    o   a  los                      estragos causados.

 

Además, en las citadas copias obra la resolución de acusación de 21 de abril de  2003  contra  las  citadas personas, así como como la sentencia de  15  de  junio  de 2006 emitida por el Juzgado Penal  del  Circuito Especializado de Descongestión de Cartagena mediante  la cual fueron condenados como coautores de los delitos de terrorismo en concurso con doble homicidio y un  homicidio en el grado de tentativa, sin que en el texto de las mismas providencias se haya hecho alguna mención a alias «JORGE ELIECER» o a FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA.

 

Igual   vacío  se   advierte   en   relación   con   las   tiendas

Merquefácil,  en  tanto  no se precisó su  ubicación,  tiempo de

ocurrencia,   si  se  trató   de  atentados   terroristas    a  caJeros

electrónicos  a su  interior, afectaciones, etc.

 

En  ese   sentido,  se  debilita  la  concordancia   que  debe

caracterizar   la   coexistencia  de   indicios,   esto   es,  que   los

hechos inferidos guarden armonía entre sí como partes que

integran   un   mismo   fenómeno   Lo  mismo   ocurre   con   su

convergencia   en    tanto    impide   arribar    a    una    cabal    y

contundente      conclusión      que    MUÑOZ   ALTAMIRANDA  fue

quien accionó  los artefactos explosivos.

 

Subsistiría el indicio de pertenencia al grupo alzado en armas,  no  obstante,  de  esa  sola  membresía  no  es  posible

 

 

 

 

válidamente afirmar que el enjuiciado debe responder por el delito atentatorio de la seguridad pública, porque frisaría con el proscrito derecho penal de autor, en el cual no tiene incidencia lo que las personas son,  sino  lo que  hacen,  por eso en CSJ SP, 10 jun.  2015,  rad.  40478 se indicó:

 

 ..el  sistema  de   protección  de   los  bienes  jurídicos  inmanentes al

 mismo /Estado  social de  derecho] está  sustentado  en  el principio  de

 derecho  penal de  acto, por virtud  del cual la condición de  punible  de

 una hipótesis normativa tiene como exclusivo fundamento el concreto

 hecho (como  sinónimo  de  acción u  omisión  humana) del  sufoto en la

 ejecución de  un  comportamiento previsto como delito,  y la correlativa

 sanción también tiene a la vez  como sustento  solamente  ese   hecho

 individual2.

 

 

 Es    por  lo anterior  que    esta   Corporación  tiene  establecida  una

 inveterada,  pacífica  y  reiterada  línea  jurisprudencia[, según  la cual,

 de    la    misma     manera    que    la    demostración    de    antecedentes

 conductuales  positivos del procesado no es idónea para sustentar la

 ausencia de responsabilidad  frente a la imputación de una conducta

 punible3,  la acreditación  de  anotaciones  negativas  similares  no al

 comportamiento  atribuido,  anteriores,  concomitantes  posteriores a

 este,  tampoco  es    eficaz   para,   con   base   en un  aparente     perfil

 antisocial   del   implicado,   asegurar    su   compromiso   en   el  delito

 comprometan,   pues   valoraciones  de  ese   calado   constituyen   una

 inaceptable  manifestación  del  proscrito  derecho  penal  de  autor,  en

 desmedro de su par opuesto, el derecho penal de acto.

 

2 Jauchen, EDUARDO  M.  «Derechos  del  Imputado».  Rubinzal-Culzoni  Editores, Buenos  Aires,  2005,  páginas  26 a 33.

3    Cfr.  CSJ.  SP 8 jul.  2003,  rad.  18025; SP docenov.  2003,  rad  18363;  SP  4  feb.  2004,

rad. 13362, y SP 5 sep. 2013, rad. 36411, entre otras.

4   Cfr. CSJ. SP 16 abr.  2008,  rad.  25543; SP 15 jul.  2008,  rad.  28362; SP 21  may

2009, rad. 22825; SP 1 dejul 2009,  rad  21977,  y AP1282-2014,  17 mar  2014,  rad

41741, entre otras.

 

 

Para  la  Corte  el  error  apreciativo  se  advierte  al  partir el

Tribunal    de    la    premisa    relacionada    con    que    MUÑOZ

ALTAMIRANDA  pertenecía  al  grupo  guerrillero  de  las      FARC,

para  llegar  por  esa  vía a  la  conclusión  que  tuvo participación

directa   en   los   atentados   terroristas,   porque   se   edificó  la

equivocada   regla  de  la  experiencia  según  la  cual,  siempre  o

casi siempre  que  el sujeto  hace  parte  de un  grupo alzado en

armas  indefectiblemente  participa  en  los  actos  violentos   que

despliega esa agrupación.

 

 

Nótese que  no  fue  a  través de la teoría que  se  asienta  en

el  control  o  dominio  de  la  voluntad  en  un   aparato  de  poder

organizado,  para  predicar  que  precisamente  por esa estructura

vertical  o  piramidal  el  procesado   debía  responder   en cuanto

dominó  la   voluntad   del  autor,   ello  a   manera   de  coautor

mediato, porque aquí se le ubicó en una  participación  directa,

pese a que no se sabía su  rol.

 

 

Hay  que   recordar   que   el  derecho  fundamental    a  la

presunción  de inocencia  implica no  considerar  culpable  a la

persona hasta  que  mediante          una             sentencia  en                  firme  se

declare cabalmente su      responsabilidad  penal.  Por  ser una

presunción   iuris  tamtum  puede   derruirse   mediante  prueba

de  cargo  que  obviamente apunte  a   acreditar  tanto  la

ocurrencia    fáctica,    como    la    ligazón    jurídica     con    el

procesado,  y aquí la  razón  le asiste  al  demandante cuando

repara en la construcción  indiciaria,  porque  claramente no

puede  decirse  que  de  los  hechos  indicadores surge   como

 

 

 

 

 

 

 

CASACIÓN 45814 FREDY  MUÑOZ ALTAMIRANDA

 

 

vínculo indisoluble  del compromiso  directo  del procesado en

el delito de terrorismo.

 

 

Así   las    cosas,    se    corrobora    la    violación    de    la    ley

sustantiva mediada  por yerros probatorios, ya que  es   patente

el error  fáctico  por  falso  raciocinio  en  la  estructuración del

nexo  inferencia!  y  en  la  fuerza  de  convicción  de  la prueba

circunstancial,    porque,   se   insiste,   es   tenue   el   nivel   de

probabilidad  o posibilidad  que  por la  simple pertenencia  del

procesado  a  la  agrupación  guerrillera  se  le  pueda catalogar

como  la  persona   que   activó  artefactos   explosivos  en   las

instalaciones    de    Electrocosta,    en    el   edifico   inteligente

Chambacú  y en  Merquefácil  para  los años  2002  y 2003·en

la    ciudad   de Cartagena.

 

 

En estas condiciones  no queda alternativa  distinta que

dar   aplicación   al   principio   de   resolución   de   duda    que

apareja  la  obligación  del juzgador  de  absolver  al enjuiciado

cuando  al no tener  la convicción  de  su  responsabilidad, se

encuentre  ante el estado de incertidumbre.

 

 

Por lo tanto,  ante  la  prosperidad  del cargo casacional

ALTAMIRANDA, avalado por el representante del Ministerio

Público,  la  Corte  Suprema  de Justicia  en apego  al principio

de  resolución  de duda casará la sentencia  condenatoria  de

segundo grado emitida en contra de aquél como coautor del

delito   de    terrorismo,    en    su    lugar,    proferirá    decisión

absolutoria.

 

 

Como no se tiene noticia que el procesado haya sido capturado con ocasión de la orden emitida en  su  contra  desde el 2 de febrero de 2007 cuando se libró la respectiva orden, se dispone su  cancelación  por parte  de la Secretaría de la Sala, así mismo, se ordena al juez de primer grado la cancelación de los registros y  anotaciones  que  haya originado este diligenciamiento en  contra del enjuiciado.

 

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

 

RESUELVE:

 

 

  1. CASAR la sentencia de 16 de julio de  2014  emitida por el Tribunal Superior del  Distrito  Judicial  de  Cartagena que condenó a FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA como coautor  del  delito  de terrorismo.

 

  1. ABSOLVER, como consecuencia de lo anterior, a FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA del citado

 

  1. DISPONER que la Secretaría de la Sala cancele la orden de captura.

 

  1. DISPONER que el juez de pnmer grado cancele los registros y anotaciones que contra el procesado haya originado este

 

..

 

 

 

CASACIÓN 45814 FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA

 

 

Contra    la    presente    sentencia    no    procede                         recurso alguno.

 

Cópiese,    notifiquese,     cúmplase     y                             devuélvase      al Tribunal de origen.

 

 

 

 

 

FE      DEZ C:DTTR

Presidente

 

 

 

 


 

J

 

 

CASACIÓN 45814 FREDY MUÑOZ ALTAMIRANDA

 

 

 

 

 

 

 

NTONIO HERNÁNDEZ BARBO -…-

a..\.J        \               e

 

 

 

 

  • · –

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Imp J¡Jo ·

j

 

 

 

 

 

 

NUBIA YOIANDA NOVA GARCÍA

Secretaria