20130015207(18-05-2017) Apelación sentencia esposa del narcotraficante Miguel Arroyave

República de Colombia

Rama Judicial

Tribunal  Superior de Bogotá

Sala de Extinción de Dominio

 

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA

   

Radicado:                  110013107009201300152 07

Procedencia:             Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Procesados:              Martha Eda Cardozo Ospina – Ángel María Moncada Moncada – Linda Tatiana Arroyave Cardozo – Aldemar Ospina Arias – Blanca Ligia Mosquera Ospina – Carlos Augusto Arroyave Soto

Delito:                         Lavado de Activos y Testaferrato

Decisión:                    Confirma fallo

Acta:                           039                                   

Bogotá D. C., dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

 

1.   Asunto

 

La Sala desata los recursos de apelación concedidos mediante auto de 6 de agosto de 2015 a Linda Tatiana Arroyave Cardozo, Martha Eda Cardozo Ospina y su defensa, Aldemar Ospina Arias, Carlos Augusto Arroyave Soto, Ángel María Moncada Moncada y Blanca Ligia Mosquera Ospina, en contra de la sentencia de 3 de junio de 2015, por medio de la cual el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, condenó por los delitos de Lavado de Activos así como Testaferrato a Cardozo Ospina y Moncada Moncada por el primero de los reatos, en calidad de autores; por el segundo, como determinadora y cómplice, respectivamente; por Lavado de Activos a Arroyave Cardozo, Mosquera Ospina y Arroyave Soto, así como a Ospina Arias, como autor del punible de Testaferrato.

 

2.   Hechos 

Fueron relatados de la siguiente manera en pronunciamiento adiado 16 de mayo de 2013[1], y son el fundamento de la acusación:

Se ha determinado en el proceso que en plena actividad ilícita de MIGUEL ARROYAVE, su esposa MARTHA EDA, realizó varias acciones tendientes a la adquisición y transferencia de bienes obtenidos con recursos ilícitos, los cuales eran colocados a nombre de terceras personas, para ocultar su verdadero origen. 

En efecto, obra en el proceso prueba documental que corrobora, que MARTHA EDA CARDOZO OSPINA recurrido (sic) a terceros, que prestaban su nombre para aparecer como propietarios de bienes que en realidad eran de su marido. 

El mencionado JOSÉ MIGUEL ARROYAVE RUÍZ nació el 10 de agosto de 1954 en Amalfi, Antioquia, sitio de donde también eran naturales los hermanos VICENTE, FIDEL y CARLOS CASTAÑO GIL, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, y murió en su ley, asesinado por sus propios compinches, el 19 de septiembre de 2004, en la zona rural de Puerto Lleras, Meta, cuando fungía como comandante del bloque Centauros de la organización criminal de las autodefensas. 

De otra parte está probado y es de conocimiento público, que las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia fueron una organización paramilitar de extrema derecha, que se consolidaron como tal a finales de la década de 1990 y como su principal objetivo era, en principio, combatir a la guerrilla de las Farc en varias regiones del país. 

Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron clasificadas como una organización terrorista por el Gobierno de Colombia, la Unión Europea y por los Estados Unidos. Bajo la bandera de combatir a las guerrillas comunistas, las AUC recibieron el apoyo soterrado de políticos, militares, ganaderos, empresarios, personas del común y narcotraficantes. 

Durante su larga existencia como organización paramilitar, las Autodefensas Unidas de Colombia fueron responsables de cientos de asesinatos a personas civiles y miembros de comunidades campesinas. Las masacres, los asesinatos selectivos, el desaparecimiento de personas, desplazamientos forzados, robo de tierras, secuestros, extorsiones y actividades de narcotráfico también formaron parte de su accionar violento. 

En las Autodefensas Unidas de Colombia, recalaron importantes capos del narcotráfico, que compraron ‘franquicias’ paramilitares en múltiples regiones del país, para integrar por este medio, ‘colarse’ en el proceso de paz que el Gobierno Nacional de la época adelantó con esta organización criminal. 

Entre los más reconocidos narcotraficantes que ingresaron a las autodefensas Unidas de Colombia pretendiendo ‘colarse’ al proceso de paz y por esta vía obtener la impunidad por sus delitos y legalizar sus fortunas mal habidas, están, entre otros, los hermanos VÍCTOR MANUEL y MIGUEL ÁNGEL MELCHOR MEJÍA MUNERA alias los Mellizos, FRANCISCO JAVIER ZULUAGA alias Gordolindo, RAMIRO VANOY MURILLO alias Cuco Vanoy, DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO alias don Berna y JOSÉ MIGUEL ARROYAVE RUÍZ alias Arcángel o el Químico. 

La actividad como viejo narcotraficante del extinto JOSÉ MIGUEL ARROYAVE RUÍZ está suficientemente documentada en el proceso, no solo con copia de la sentencia condenatoria por tal delito proferida el 12 de agosto de 1991 por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, en su contra y de su cónyuge MARTHA EDA CARDOZO OSPINA, sino por las declaraciones del señor MIGUEL ÁNGEL MELCHOR MÚNERA alias el Mellizo o Pablo Arauca.”[2] 

Aunado a lo dicho, el recaudo reveló cómo, con posterioridad a que José Miguel  fuera ultimado, Martha Eda Cardozo Ospina continuó con las actividades de inversión de las riquezas producto del narcotráfico que aquél dejó, entre otras, con las empresas Comercializadora Arroyave Cardozo S en C y Mina Las Margaritas mediante las cuales se encubrió el origen de los recursos, para lo cual era ayudada por el contador público Ángel María Moncada Moncada, quien además había sido gerente y liquidador  de la primera de las firmas en comento, y le prestaba la asesoría propia en sus declaraciones de renta; se ha dicho además que él intervino en la consolidación algunos de los negocios a sabiendas del origen de las sumas en ellos invertidas, quedando en cabeza de terceros, como lo son “Aldemar y Jackelin”.

En ese orden, Aldemar Ospina Arias era parte del núcleo familiar de Cardozo y  testaferro de Martha, porque aparecía como titular  del apartamento 801 de la carrera 10 número 120- 30 torre A, edificio ERA 2003 de Bogotá, aunque no era suyo; igualmente, firmó la escritura 3316 del 4 de noviembre de 2003, por medio de la cual se levantó el patrimonio de familia que pesaba sobre esa heredad; de dicho predio dispuso Martha Eda; se dijo entonces que Aldemar prestó su nombre para figurar como titular de un fundo que en realidad era de otro; en tal evento participó activamente Moncada Moncada, a quien se le increpó la condición de cómplice de Testaferrato

Blanca Ligia Mosquera Ospina es medio hermana de Ulises Ospina, y juntos firmaron parte del otorgamiento de la escritura pública 3173 del 21 de julio de 1992, de la Notaría 24 de Bogotá, relacionada con la compra y el aumento del capital social de “Concentrados de Animales del Llano Limitada”, a José Miguel Arroyave Ruíz y José Francisco Narciso Cuervo Bermeo. Obra en la actuación dicho instrumento, con el que se formalizaron la cesión de cuotas y el aumento de su patrimonio. Se sabe igualmente que Cuervo Bermeo se dedicaba a transportar líquidos para la elaboración de cocaína, laborando con Miguel Arroyave, como cuñados que eran.

 

Carlos Augusto Arroyave Soto estuvo vínculo con la mina Las Margaritas, lo que  comenzó desde abril  de 2003, siendo su gerente y principal accionista; para ese momento negoció un paquete accionario con Miguel Arroyave, porque él tenía la empresa inactiva pero contaba con la correspondiente licencia minera; en esa ocasión aportó cincuenta millones de pesos, de los que no se tiene noticia acerca de su origen, por lo que se dedujo que el dinero procedía del propio Miguel, quien inyectó en el torrente dinero mal habido, a través de una maniobra en apariencia legal.

 

A Linda Tatiana Arroyave Cardozo, se le increpa por la venta del apartamento 402, bloque 2, de la avenida 7, número 139-40, urbanización Bosques del Marquez de Bogotá; aun cuando la susodicha dijo que su padre se lo regaló, y que éste luego decidió venderlo, sin que ella recibiera ningún dinero como contraprestación, destacándose que tanto el documento promisorio como la escrituración ocurrieron luego de ultimado el narcotraficante, y pese a que dijo que nada recibió por ello, en el contrato se registra cómo ese mismo día recibió $65’000.000.oo, quedando un pago pendiente por el saldo, por lo que se pregona que incurrió en blanqueo de capitales.

 

3.   Actuación procesal

 

Por razón del informe 29501 de 27 de noviembre de 2003, del Grupo de Precursores Químicos de la policía judicial, la Fiscalía 5ª Especializada para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, ordenó en proveído de 5 de diciembre de 2003[3], la interceptación de unos abonados telefónicos, para que investigaran las operaciones de una red criminal, que venía quebrantando varios bienes jurídicamente tutelados, cuyas actividades desbordaban las fronteras nacionales.

 

El 3 de septiembre de 2012[4], la Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, de la Unidad de Extinción de Dominio, dispuso la apertura formal del proceso, a propósito de la existencia de un grupo organizado, poseedor de laboratorios para la producción de estupefacientes en Bogotá y Villavicencio, dedicado presuntamente a la compra y expropiación de terrenos y vehículos, que se ponían a nombre de terceros,  adquiridos con dinero producto del negocio de narcóticos y el blanqueo de capitales, quienes principalmente formaban parte del núcleo familiar de Miguel Arroyave; cuando éste fue ultimado, parte de sus empresas conformadas con dineros con fuente en  actividades ilícitas, serían retomadas entre otros, por Martha Eda Cardozo Ospina, por lo que ésta y los restantes procesados fueron vinculados mediante indagatoria, que  efectivamente rindieron entre el 5 y 7 de septiembre de 2012[5].

 

El día 24 de esa calenda, se resolvió la situación jurídica de los implicados, con el decreto de medida de aseguramiento así: Martha Eda Cardozo, por ser presunta autora de Lavado de Activos y determinadora de Testaferrato; Ángel María Moncada Moncada, autor de Lavado de Activos y cómplice de Testaferrato; Linda Tatiana Arroyave Cardozo, Carlos Augusto Arroyave Soto y Blanca Ligia Mosquera Ospina, por su autoría en el reato Lavado de Activos y Aldemar Ospina Arias, por Testaferrato.

 

El 1° de febrero de 2013[6], se cerró parcialmente la investigación, y se dispuso correr traslado a las partes, para alegar de conclusión. La resolución de acusación se emitió el 8 de abril de esa misma anualidad[7], manteniendo la imputación en los términos en que le fue resuelta la situación a los encartados. Dicho pronunciamiento cobró ejecutoria el 8 de julio de 2013[8].

 

El 17 de julio de 2013[9], el Juzgado 9° Penal del Circuito Especializado de Bogotá, por reparto de un día atrás[10], avocó el conocimiento de la actuación y dispuso el cumplimiento de lo establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. Seguidamente, el 15 de octubre de 2013 se celebró la audiencia preparatoria, en donde se resolvió sobre nulidades y las pruebas a practicar en el juicio. La determinación en cuestión fue recurrida, teniendo que éste Tribunal, con auto de 6 de octubre de 2014[11] confirmó la decisión en lo que fue materia de alzada.

 

La vista pública de enjuiciamiento se desarrolló entre el 5 de febrero[12] y el 27 de octubre de 2014, y concluida la misma se emitió sentencia condenatoria el 3 de junio de 2015, conservando los reproches realizados por la Fiscalía.

 

4.   Del fallo impugnado

 

Inicialmente la judicatura se ocupó de despachar la nulidad impetrada a propósito del paro judicial adelantado en la época en que concluía la audiencia pública, que se realizó con algunas limitaciones al derecho a la publicidad, las cuales fueron superadas porque el edificio en el cual funciona el juzgado, nunca estuvo cerrado al público, en tanto que la única restricción fue el acceso a la baranda del centro de servicios, por manera que quien quiso ingresar a la sala de audiencias durante el adelantamiento de la diligencia, pudo hacerlo. Tan es así que en los registros se observó a una persona ubicada en las bancas del público.

 

Por otro lado, la presencia de la procesada Cardozo Ospina, por medios virtuales, es una muestra de que se le garantizó a ella y los demás sujetos, el derecho de concurrir a la audiencia, lo cual no constituye ninguna violación al derecho de defensa, como lo ha considerado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos como el 43003 del 5 de marzo de 2014, con ponencia del Magistrado José Luis Barceló Camacho. Aún más, la procesada participó activamente en la vista, así es que no se quebrantaron sus prerrogativas.

 

Igualmente la asistencia del Ministerio Público a la audiencia es facultativa siguiendo las voces del 408 del Código de Procedimiento Penal, por lo tanto, si no concurrió, ello no es motivo para invalidar lo actuado.

 

Además, en contraste con la incapacidad de los defensores para consultar el expediente entre el 17 y el 27 de octubre de 2014, la Fiscalía sí pudo hacerlo, pese a encontrarse “cerrada” la secretaría por el paro, logrando entrar las partes con normalidad durante los días en que fue programada la audiencia, de donde deviene que una nulidad por tal causal es improcedente.

 

Finalmente, en lo que a éste tópico respecta, el juicio fue público y se consideró que las pruebas practicadas fueron de integro conocimiento por las partes, al punto que cada una se refirió a su contenido en los alegatos conclusivos. En tal virtud, tampoco prosperó el reclamo expuesto.

 

En cuanto a la nulidad vinculada a la no práctica del testimonio de Luis Ernesto Rubiano, como lo proclamó el apoderado de Cardozo Ospina y Ospina Arias, lo que supuestamente quebrantó el derecho de defensa, no obstante la escucha de dicha persona se supeditó a la decisión del Tribunal, fechada 6 de octubre de 2014, la cual dispuso que no se tendría en cuenta el dictamen pericial efectuado por éste. La misma suerte corre la prueba acústica forense, que no se practicó, según decisión de ese juzgado, ratificada por el superior funcional.

 

Así, como las probanzas en cuestión no se admitieron, mal podrían ventilarse su no práctica como causante de nulidad, por lo que el pregón defensivo carece de fundamento. Igualmente ocurre con la prueba “sobreviniente”, que se demandó en la sesión de 5 de febrero de 2014, la cual se negó, con la novedad de que erróneamente se concedió recurso con efecto diferido, cuando lo que debió suceder era que se surtiera de forma devolutiva, como se aclaró en el auto de 9 de octubre de ese año. De tal modo, el proceso pasó al siguiente escaño, y el Tribunal confirmó lo debatido el 26 de septiembre, con notificación por estado del 6 de octubre. Como los argumentos expuestos por los defensores en contra de la audiencia del 27 de ese mes no tuvieron la virtud de invalidar la actuación, se procedió a adoptar la sentencia, como a continuación se referencia.

 

Según el Juzgado, conforme al imperativo contenido en el artículo 232 de la Ley 600 de 2000, para proferir fallo condenatorio, es necesario que en las diligencias se hayan debatido pruebas de las cuales se deduzca la existencia y  materialidad  de la conducta punible; la adecuación típica y la determinación de la responsabilidad de cada procesado en la comisión de la misma.

 

De ese modo, comenzó por establecer la naturaleza jurídica de los cánones 323 y 326 del Código Penal, para verificar si la Fiscalía enervó la presunción de inocencia de los acusados.

 

Así, primeramente se dedicó a abordar lo que toca con la materialidad de las conductas. Se relató que por el informe de inteligencia de 15 de noviembre de 2003, se tuvo noticia por fuente humana, de la existencia de un grupo paramilitar dedicado al narcotráfico, el cual poseía laboratorios en los llanos orientales; esa facción se dedicaba a obligar a las personas a vender sus tierras, haciéndose a una cantidad considerable de bienes adquiridos con riqueza producto de la ilicitud. El informante dio algunos números telefónicos utilizados por los malhechores.

 

Con ocasión de esos datos, la Policía Nacional elaboró el informe 2950 del 27 de septiembre de 2003[13], encontrando datos que interrelacionaban los abonados entre sí, los cuales operaban entre Villavicencio y Bogotá. Dicha actividad fue tachada de ilegal por algunos defensores, uno de los cuales incluso expuso la teoría del árbol envenenado para las sucesivas actividades de investigación, sin embargo, la a quo, consideró ajustada la pesquisa que se originó vía telefónica por una línea habilitada para la recepción de denuncias, conforme el inciso 2° del artículo 29 de la Ley 600 de 2000, porque la labor de verificación adelantada correspondería a la técnica del análisis de información.

 

Bajo ese entendido, la Juez cotejó si la evidencia recaudada con ocasión de los datos suministrados por la fuente humana es ilegal o no, a la luz del canon 314 de la obra citada. Precisó que los datos sobre líneas de telecomunicaciones aportadas no requieren orden judicial previa, según la codificación procesal empleada a lo largo del trámite, de contera, no puede decirse que la labor obedeció a una búsqueda selectiva en bases de datos, pues dicha figura no se aviene al procedimiento que aquí rigió. Como consecuencia de lo anotado, al no tener eco las irregularidades propuestas, las pruebas recaudadas se estudiaron conforme obran en la actuación.

 

Siendo así se dijo que, la Fiscalía, con fundamento en las pesquisas mencionadas, ordenó la interceptación de algunas líneas, lo cual tuvo como resultado la obtención datos y conversaciones que denotaban la posible comisión de conductas de Lavado de Activos, pues en éstas se referían, por parte de familiares del extinto paramilitar Miguel Arroyave Ruíz, a negocios de compra y venta de muebles e inmuebles.

 

El informe 010 GRUJU SATEC, de 15 de enero de 2004, de la Policía Antinarcóticos llamó la atención acerca de los negocios que dirigía Martha Eda, sobre la compra y venta de finca raíz, vehículos y otras riquezas que se tramitaban a nombre de familiares cercanos; diferentes cuentas bancarias a nombre de terceros. También se destacó el uso de un Avantel, a través del cual Martha se comunicaba con alguien muy allegado a ella, identificado con el mote de “El señor, Este Señor o El Familiar”, sin que se hiciera mención directa de su nombre, no obstante de las conversaciones se deduce que dicho sujeto sería su proveedor de vehículos, dinero, y otras comodidades, además de facilitar algunos negocios.

 

Posteriormente, en las crónicas GRUJO-SATEC 040, 116 y 178, así como GRUJU- COPRE-SATEC 223, 285 y 370, rendidas de febrero a octubre de 2004, se estableció que las personas que allí hablaban eran parte del núcleo familiar  Cardozo, desarrollando tareas como la compra-venta de bienes, lo cual llamó la atención de las autoridades. Con el parte 075/MD-DIRAN-AREIN-GRUIC-PROLA, un intendente de la Dirección Antinarcóticos de la Policía, quien rindió testimonio en audiencia, manifestó que luego de efectuar el recaudo probatorio, del mismo se podía colegir que el dinero de Miguel Arroyave Ruiz ingresó a las cuentas de sus familiares, al igual que muebles y heredades; así mismo que en el caso de las sociedades, estas se constituyeron por él, aportando dinero en común acuerdo con su compañera sentimental, descendientes y terceros, de lo cual se colige que las mismas están contaminadas por el ingreso de caudales de origen inexplicado. De Ángel María Moncada, dicho testigo acotó que lo nombraron en las conversaciones telefónicas escuchadas como el contador que le ayudaba a Martha Eda a realizar sus declaraciones tributarias; en la sentencia también se relacionan algunas particularidades relatadas por este testigo a propósito de la “cadena de custodia” de los audios, la verificación material de los datos y el inicio de la investigación por parte de otra unidad.

 

Otro policial declaró el 15 de agosto de 2016, recabando en que el inicio de la investigación se originó en información de inteligencia que daba cuenta de la existencia de una agrupación delictiva con las características descritas, con asiento en los llanos orientales, vinculado a Arroyave Ruiz, y dedicados a la venta de inmuebles y movimientos de dinero en cuentas bancarias, en los que a veces se utilizaba a terceros. Del mencionado sujeto se supo que tenía una empresa de productos químicos en Bogotá y la capital del Meta. Coincidió acotando en que la investigación comenzó por la información allegada por teléfono, en una línea de “recolección”; recabó en que luego de escuchar por algún tiempo las interceptaciones, es normal que el analista reconozca a los participantes de una conversación. Finalmente manifestó que en este evento no se hizo cotejo de voces.

 

En declaración rendida por nuevo agente, se mencionó que la investigación comenzó en razón de los datos ofrecidos por la ciudadanía merced de una organización perteneciente a las autodefensas del Meta, que desviaba insumos químicos hacia esa región, y que por cuenta de las intervenciones a las comunicaciones se esclareció que algunas de las personas vinculadas a las conversaciones eran familiares de Miguel Arroyave.

 

Un analista de los audios, activo en el 2003, declaró acerca de lo que sucedía cuando se obtenían las órdenes de interceptación, esto es, se introducía el número en la sala y comenzaba la escucha; el agente encargado de ello aportaba al proceso lo que fuera de interés para el mismo y frente a la voz de los intervinientes en la conferencia, el escucha termina familiarizándose con ellas al punto de poderlas reconocer e identificarlas a partir de los datos que se van aportando; en torno a las transliteraciones de las charlas, se indica quienes son los parlantes, la hora y la fecha, lo cual ayuda a establecer la comisión de un delito.

 

Un segundo investigador recabó en que una vez escuchados los audios, se analizaban y se realizaba un perfil para engranar la estructura criminal; sobre las procesadas propiamente, se rememoró que Martha Eda Cardozo se dedicaba a la compraventa de inmuebles y vehículos, así como al alquiler de locales y carros. De Linda Tatiana Arroyave Cardozo se dijo que adelantaba estudios en la Universidad de la Sabana, y que vivía alejada de su papá. De Aldemar Ospina Arias, referenció que era parte del núcleo familiar y habitualmente realizaba algunas diligencias. Así mismo de la relación marital entre Martha y Miguel Arroyave Ruiz, y de estos con sus hijas, a partir de sus conversaciones se denota distanciamiento.

 

Así, la a quo coligió que la investigación no nació de los informes de inteligencia, sino de una llamada anónima que alertaba de las actividades de un grupo dedicado al narcotráfico. De la estrategia defensiva que argumentó cómo los policiales no encontraron conversaciones que comprometieran a los procesados en los delitos enrostrados, en contraste, en el contexto, el hecho de que así lo relataran lo agentes, no desnaturaliza la acción penal, pues la primera hipótesis que se barajó, fue la de tráfico de precursores químicos, y no por Lavado de Activos, como posteriormente fue orientada la pesquisa; de ahí que las menciones de los policías acerca de la inexistencia de delitos hace alusión al evento delictivo original.

 

La utilidad de la averiguación primigenia dio soporte a la investigación y a partir de esos datos se realizaron las interceptaciones de los abonados de Martha Eda y Aldemar Ospina, sin que esa intervención pueda ser calificada como una invasión a la privacidad, puesto que aunque se garantice la protección a dicha prerrogativa en el ámbito constitucional, la misma no es absoluta, puesto que con el debido protocolo de la orden judicial, puede realizarse la afectación cuando ello sea necesario, idóneo y proporcional.

 

De ese modo ocurrió en el presente caso, lo cual fue debatido por los defensores e incluso mereció pronunciamiento del Tribunal el 6 de octubre de 2014; por ello se observan en el expediente órdenes de Fiscalía para interceptar abonados desde el 5 de diciembre de 2003, con lo cual se descarta la ilegalidad de las mismas, pues a la sazón del artículo 301 de la Ley 600 de 2000, dichos funcionarios pueden, bajo ese rito, emitir mandatos como el cuestionado a la policía judicial. Como tal debate ya se habría resuelto durante el traslado del artículo 400 ibídem, a los sensores no les era dable abrir nuevamente dicha controversia, salvo en sede casacional.

 

Lo propio ha de decirse del protocolo de cadena de custodia de los audios interceptados, puesto que lo que se busca con dicha formalidad es acreditar las mismidad de su contenido, empero, bajo el principio de libertad probatoria, esa autenticidad se puede suplir con la intervención en testimonio de los policiales que realizaron la escucha y así lo consignaron en el parte correspondiente. En últimas, lo que ocurre en un caso como el presente, no es que se excluya la prueba, sino que se “relativiza” su valor suasorio, es por ello que, el ejercicio interpretativo apareja una confrontación de los hallazgos allí contemplados con el resto de la evidencia. Ahora bien, las conversaciones que se incluyen en el proceso, no son producto del querer de los analistas, sino de éstos, con el Fiscal del caso.

 

Aunado a lo anterior, vale recordar que algunos acusados reconocieron haber intervenido en las charlas ventiladas, pero eligieron no referirse a ellas como estrategia defensiva, pues la bancada consideraba que debieron excluirse por ilegales. Por ejemplo, Martha Eda en sus alegaciones finales se detuvo en las conversaciones interceptadas, acotando que no lo había hecho antes por sugerencia de su apoderado. Tatiana manifestó que estaba de acuerdo con la ilegalidad de la prueba y además que en las charlas se platicó de un “tío Jorge” que no existe; finalmente  Aldemar Ospina recabó en que no habló de las conversaciones por la orientación de su asesor.

 

Cerrando el asunto de la mismidad de la prueba, este tópico quedó demostrado con los testimonios de los policiales que participaron en el procedimiento, pues se ratificaron en lo anotado en los informes.

 

Hechas las anteriores aclaraciones, el Juzgado se ocupó de establecer la materialidad de la conducta, retomando las versiones dadas por los propios inculpados en sus salidas. Por ejemplo, de Blanca Ligia Mosquera Ospina recabó en que el 5 de septiembre de 2012, durante su indagatoria, reconoció ser medio hermana de Ulises Ospina, pero que no conocía a Miguel Arroyave, y para el momento del otorgamiento de la escritura pública 3173, trabajaba en el IDU. De ese modo la firma que aparece en el instrumento, no era suya y desconoce por qué está allí. Fue insistente en sostener su ajenidad a la familia  Cardozo.

 

Durante la ampliación de la injurada de 27 de diciembre de 2012, aseveró que en su primera salida había estado bloqueada y por eso no recordaba la escritura, no obstante, durante su cautiverio rememoró en que Ulises había constituido una sociedad limitada y que éste deseaba estar rodeado por alguien de confianza y por eso le solicitó que fuera socia, por manera que ella firmó la escritura empero, no participó de reuniones o utilidades. Esto lo hizo convencida de la buena fe del negocio; ahora bien, el trato que tenía con éste era esporádico, por ejemplo en reuniones familiares.

 

Ya en la salida durante la vista pública, adveró que conoció a los  Cardozo, al momento de su detención, ratificándose de lo dicho a la sazón de la firma de la escritura, bajo la orientación de Ulises, porque no le vio nada de malo. Dijo no haber leído el documento que suscribió por la familiaridad existente y además, que no entiende de qué se le acusa, cuando la empresa nunca funcionó porque de haber sido así, le hubieran cancelado sus aportes; del mismo modo, nunca contó con el dinero para comprar las acciones de la sociedad y nunca supo del aumento de capital, porque nunca estuvo al tanto de la compañía.

 

El procesado Aldemar Ospina Arias, durante su indagatoria dijo que fue empleado de Martha Eda Cardozo, su labor consistía en pagar facturas y lavar carros; a Linda Tatiana  la conocía porque era su prima segunda; de Ángel María Moncada sabía que era allegado a la familia. Negó tener vínculos con Carlos Augusto Arroyave  Soto. De Miguel Arroyave Ruíz dijo haber sabido por comentarios, que tenía una relación con Martha Eda, sin embargo, nunca tuvo confianza con ésta; nunca fue tutor de una cuenta bancaria y jamás colocó nada a nombre suyo por pedido de ella.

 

Aceptó que su firma era la estampada en la escritura 3316, pero no recuerda por qué razón ella está allí, quizá porque entonces concluía sus estudios de bachillerato. Aceptó ser la persona de la cual se habló en la interceptación de 19 de diciembre de 2003, pero sólo hacía diligencias, labor por la cual ganaba muy poco; por eso le sorprende ser señalado de haber estado en la DIAN, porque no recuerda haber declarado renta y es inocente del cargo de testaferrato. En siguiente salida guardó silencio acerca de las interceptaciones telefónicas, y adujo haber sido acusado porque todo se malinterpretó, puesto que nadie le pidió que se pusiera al frente del negocio del “apartamento 801”, puesto que el trato fue legal.

 

En su intervención de 6 de septiembre de 2012, Martha Eda Cardozo Ospina manifestó que aunque el proceso se había extendido por más de 10 años, ella siempre estuvo dispuesta a colaborar con la justicia y que para cuando “Miguel” murió, se dedicó a la finca raíz, es por eso que en su deponencia de 28 de diciembre de 2012 insistió en que lo que se hablaba en las interceptaciones es producto de sus negocios con inmuebles, solicitando a las firmas inmobiliarias los avalúos de propiedades que se estaban vendiendo; incluso, algunos de esos negocios, ni siquiera se llevaron a cabo. De los otros fundos que se vendían, algunos eran de sus padres, quienes los habían adquirido de tiempo atrás. Igualmente las propiedades de las cuales era titular, junto con sus hijas, son producto del patrimonio familiar obtenido legalmente como resultado de la actividad minera y de la “comercializadora”, dadas por Miguel Arroyave, quien por entonces era avezado en esas lides, pero luego cambió sus actividades por las de finca raíz, negocios a los cuales se dedicó hasta que fue capturado. Tales propiedades consistían en un apartamento para que vivieran y otros dos para que les generaran ingresos; el que estaba ubicado en “Bosques del Marquez”, que había quedado en cabeza de una de sus hijas, Miguel decidió venderlo, pero ni ésta o aquéllas, tuvieron que ver en ese negocio.

 

Sobre Miguel  recabó en que cuando lo conoció era minero y que para el momento en que se vinculó con las milicias paramilitares, ya no sostenían una relación sentimental y su contacto se debía a una única razón y era por tener hijos, pero aún así, tanto ella como su núcleo familiar desconocían sus actividades ilícitas. De Ángel María Moncada adujo que él era el contador de la empresa y que fue el encargado de liquidarla, sin que recibiera dividendos por ello. De la comercializadora se postuló que su objeto social era la compra, venta, y arriendo de inmuebles. Dicho negocio era manejado por Miguel, sin que ella o sus hijas pudieran ejercer injerencia en su interior.

 

En la conversación donde mencionó a Ulises Cardozo, se hizo porque su tío Aldemar Ospina Agudelo le prestaba la tarjeta a su hijo Aldemar Ospina Arias, pues el segundo trabajaba con ella en el 2003. Dado que en esa ocasión no se encontraba en la ciudad, les pidió que le pagaran una factura, por lo que no se ajusta a la realidad que usara a sus familiares para abrir cuentas bancarias; tampoco es cierto que se quisiera variar la naturaleza jurídica de la empresa para ocultar algo, sino por seguridad, en tanto que a la muerte de, lo relacionado con él, estaba en riesgo.

 

Desmintió la existencia de Lavado de Activos o Testaferrato, porque los bienes son propiedad de la familia; además se demostró en sede de extinción de dominio que los bienes fueron comprados con recursos propios; su manutención durante los últimos quince años, la surtió con el producto de sus negocios de finca raíz en Bogotá, más con el arriendo de dos apartamentos que se encuentran a disposición de la Fiscalía. Insistió en no conocer a Ulises Ospina y supo de Blanca Ligia Mosquera con ocasión de este proceso; sin que sepa si tenía alguna relación con Miguel.

 

Durante la audiencia pública, trajo a colación que laboró como comunicadora social en la Secretaría Distrital de Salud; informó que cuando su hija Valeria cumplió 4 años, ya no convivía con su antiguo compañero sentimental, y tanto su descendiente como él vivían por separado, dada la existencia de una nueva familia por parte de Miguel. Sobre los negocios de finca raíz, esta vez dijo que a veces se paga con dinero y otras, con bienes, más aún cuando hay personas a las que no les gusta tratar con comisionistas, sino con los propietarios directamente.

 

Del negocio de la casa de Manizales recabó en que la persona mencionada era una tía suya que había trabajado toda su vida como profesora; con dineros provenientes de esa actividad, ésta compró la casa como inversión, pero ante la proximidad de un viaje familiar tuvo que vender; le mencionó que si se podía traditar y ganar algo de dinero, ella no tenía ningún problema en hacer negocios, por esa razón le dejó un poder; alegó que su tía le mostró a la Fiscalía cómo compró el inmueble, siendo falso que éste fuera propiedad de Arcángel. Su participación en ese evento fue la de mera intermediaria. Iteró que “El Químico” le dejó, luego de la separación, un apartamento en Bogotá y otro en Cartagena, el del Barrio La Carolina de Bogotá se compró con el dinero de la venta de oro de la mina.

 

Sobre el apartamento de Aldemar Ospina, por el cual fue llamado a juicio, dijo que lo había comprado su tío, para sacar adelante a sus hijos; acotó que nunca ha puesto bienes suyos o de Miguel cabeza de terceros. Tuvo problemas en materia penal, porque un familiar de  llevó droga a su casa y por ese motivo fue condenada.

 

Linda Tatiana Arroyave Cardozo, en su indagatoria resaltó haber tenido participación en las empresas de sus padres, pero nunca trabajó allí, ni recibió dinero de estas. Del apartamento del barrio La Carolina de Bogotá, su padre decidió que se fuera a éste; por su parte el fundo del barrio Bosques del Marqués, él mismo se lo regaló, pero luego de un tiempo, le dijo que lo había vendido, así es que ella rubricó la escritura, pero no recibió dinero por ello, aún más, el comprador no registró el negocio y por eso lo embargaron.

 

A propósito de la Comercializadora Arroyave Cardozo S en C, participó por ser hija del dueño; cuando la misma se creó, ella apenas contaba con 11 años, por manera que nunca cumplió el rol de subgerente.

 

Durante la ampliación de su injurada el 15 de enero de 2013, replicó que luego de la muerte de su padre, viajó a Medellín para tener conocimiento de la forma en que sería repartido su patrimonio, pero nunca trabajó en esas empresas, porque estaba estudiando en Bogotá, y cuando se habló de transformar la compañía en sociedad anónima, esto ocurrió porque había problemas de seguridad; de esa manera, se evitaría que se supiera de quien era, pero no para ocultar algo. Total, el cambio jamás se hizo porque en noviembre de 2004 se mudó para EEUU. Finalmente manifestó no tener ningún tío con el nombre de Jorge.

 

Durante su interrogatorio en audiencia pública, rememoró que el deceso de su padre ocurrió cuando ella contaba con veinte años. No obstante, le atribuyen hechos que acaecieron en momentos donde aún era menor de edad, por ejemplo, cuando le dieron el apartamento de La Carolina, contaba sólo con once años, por lo tanto, no podía negarse a ello, más aún cuando pensaba que ese bien sería una herencia. Del inmueble de Bosques del Marqués, lo enajenó por sugerencia de su padre, de ahí que no fuera que él la obligara, sino que como confiaba en su padre, nunca tuvo contacto con el comprador, pues cuando él falleció, continuaba estudiando, porque en ningún caso trabajó.

 

Ventiló que Miguel Arroyave, convivió con su familia hasta 1992 o 1993, y la incluyó en las empresas cuando tenía 15 años, pero nunca ejerció funciones en ellas, porque su campo es la moda. Sabe que fue designada como subgerente de algunas empresas para su liquidación y que nunca supo de las actividades ilícitas, hasta que fueron tocadas por los medios de comunicación.

 

Se examinó en el fallo de primer grado, como Carlos Augusto Arroyave Soto guardó silencio en su indagatoria, predicando su inocencia, pero durante el interrogatorio de la audiencia pública, señaló ser familiar de Miguel Arroyave, sin mencionar el grado de parentesco, de quien sabía que era un honorable minero, desconociendo sus actividades ilícitas. Llegó a la mina Las Margaritas, en abril de 2003, porque sabía que el negocio de Miguel estaba inactivo y como él tenía un contrato a desarrollar en la zona de “El Bagre” y era conocedor de que “Arcángel” poseía una licencia minera, pensó en desarrollar la actividad aludida. Apuntó cómo su vínculo laboral con Las Margaritas comenzó en abril de 2003, siendo su gerente y principal accionista; compartía el señorío de ésta con Martha Eda Cardozo y Miguel Arroyave  Ruíz, de quien no tenía dudas, pues acababan de precluir en su favor una investigación y en las noticias no se ventilaban noticias sobre él. Sólo se enteró de sus vínculos porque fue comentado en los medios que él estaba participando en el proceso de negociación con el gobierno.

 

Posteriormente el objeto social de la compañía minera cambió para el desarrollo de otras actividades, cambiando los estatutos y la participación accionaria. En ningún caso, dijo, la empresa fue “de papel”, pues sus actividades eran plenamente desarrolladas, sin que para el efecto se le pagara a ningún grupo al margen de la ley.

 

También mencionó que salió de una empresa en la cual era subgerente; con la liquidación que allí recibió, más la venta de unas acciones de su propiedad, compró un paquete accionario por cincuenta millones de pesos en Las Margaritas, ampliando su objeto y realizando labores como gerente hasta noviembre de 2004, cuando decidió vincularse con Cementos Argos. Precisó que sus acciones las vendió en el mismo precio que fueron adquiridas, recibiendo los emolumentos que le correspondían como gerente. De dicha venta recabó en que le ofreció a los demás socios su participación y que mediante escritura pública 3522 se protocolizó la venta a Martha Eda Cardozo Ospina, Linda Tatiana Arroyave Cardozo y a Blanca María, incluyéndose la palabra sesión en el documento, porque esa es la costumbre, lo cual no significa regalo, tanto así, que se pagó retención en la fuente por el negocio. La enajenación la efectuó luego de la muerte de “Arcángel” y fue por decisión propia.

 

Su relación con Martha Eda y demás miembros del núcleo, era familiar. Ésta y sus hijas no tenían actividades en la empresa; las oficinas de Mina Las Margaritas se ubicaban en Bogotá y Medellín, no obstante el desarrollo de su objeto social era en El Bagre, sin extenderse al Meta; no conoce a ningún Jorge.

 

Por su parte, Ángel María Moncada Moncada, en su indagatoria también guardó silencio y se declaró inocente, pero en la ampliación de la misma, refirió ser contador público y que en 1998, en esa condición, prestó asesoría para una pericia que se allegó ante la Fiscalía General de la Nación, por un trámite de Enriquecimiento Ilícito que cursaba contra José Miguel Arroyave Ruíz y la Comercializadora Arroyave Cardozo S en C, fue por ello que se entrevistó con el entonces procesado, solicitándole la documentación para controvertir la acusación de la acusadora; José Miguel le refirió que siempre había laborado en minería, y le enseñó una licencia para explotar oro en aluvión, que se mandaba fundir y era vendido en el Banco de la República, demostrándose así su actividad legal.

 

Luego, cuando detuvieron a su cliente, fue contratado por éste como gerente en la “comercializadora”, que no ejecutaba su objeto desde 1998; su única labor fue la actualización de documentos del departamento de seguridad de la firma, que era requerida por los Arroyave Ruiz, para presentarla ante la Superintendencia de Vigilancia, recibiendo por salario $900.000.oo. En el 2003 fue remplazado, previo a la muerte de quien le envió un mensaje para que la liquidara; es así como se nombró a Martha Eda para esa gestión y él fue su suplente. Sin embargo, ante las intimidaciones que ella sufrió con posterioridad al deceso de Miguel, ésta le pidió que tomara el cargo. Para el 2011, Martha lo llamó nuevamente para que realizara el acta final de liquidación de la mina, lo cual no se ha podido realizar porque el liquidador anterior no le ha entregado los inventarios de bienes, y además, porque no se puede tomar ninguna decisión en la empresa, entre tanto subsista un proceso de extinción de dominio.

 

Adicional a ello, realizaba las declaraciones de renta de Cardozo Ospina y sus hijas; incluso, en una de las llamadas estaba dando instrucciones para realizar ese procedimiento tributario; se quejó de que le acusan de testaferro por haber obrado mediante poder para la venta de un apartamento de Ilduara Pérez, pero el sólo se encargó de ejecutar el mandato que le fue conferido. Desconoce a Jhony y la situación en torno a él.

 

Seguidamente, durante la audiencia pública, manifestó que no representó a Ilduara Pérez, para la venta del apartamento 801, como se le enrostra, sino que fue José de  Jesús Ruiz, primo de Miguel, para que lo representara en la cancelación de la afectación a vivienda familiar; durante esa época, él era gerente de la Comercializadora Arroyave Cardozo, propietaria de una agencia inmobiliaria inactiva.

 

Tal empresa era familiar y los socios gestores eran José Miguel y Martha Eda; los comanditarios eran sus hijas. Insistió en que su trabajo consistía en la elaboración de  detenciones de renta y que la empresa no desarrollaba su objeto social, pero se utilizaba para mantener el departamento de seguridad, cuyo manejo era dado directamente por Miguel Arroyave,  y que algunas veces se recibían inmuebles para la venta, pero por esos negocios no recibía estipendio. Durante la liquidación Las Margaritas, las instrucciones provenían de Martha Eda Cardozo, sin que eso supusiera el asesoramiento para compra de inmuebles.

 

Su relación con las sociedades de Miguel  data de 1998, por contacto de Luis Henry Hurtado, para rendir un dictamen financiero, ya que existía un proceso por Enriquecimiento Ilícito, y por el resultado de su trabajo, lo siguieron llamando para asesorías en declaraciones de renta y las sociedades. Su relación con Miguel era distante, porque él estuvo detenido desde 1998 hasta el 2002. Si lo necesitaban, lo mandaba llamar con su abogado, para que lo visitara en la cárcel; una vez salió sólo lo vio por una vez en el 2003. Escuchó que éste era paramilitar tres meses antes de su muerte, porque en los medios de comunicación se ventiló que se acogería a una negociación con el gobierno. 

 

Para la a quo, de la evidencia recaudada se deduce que el capital y bienes del extinto jefe irregular, ingresaron al torrente financiero del país, por conducto de sus empresas o a través de los negocios con muebles e inmuebles, con lo cual se legalizaban los capitales de proveniencia ilícita. Aun cuando exista prueba de que  Arroyave Ruiz poseía una licencia minera, ello no desnaturaliza la acusación de la Fiscalía, como quiera que lo que se busca con la comisión de este tipo de delitos es darle apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita, mezclándolos con aquéllos que no lo son, todo ello evitando el control de las autoridades.

 

Coligió que, principalmente a través de la Comercializadora Arroyave  Cardozo S en C y Mina Las Margaritas, se trató de encubrir el origen de los recursos, siendo esta última la única que cumplió con su objeto social, al punto que de ella derivaba el esquema de seguridad de Martha Eda y sus hijas, como lo refirió Moncada Moncada. Esas sociedades fueron calificadas por la juez como empresas de papel, pues resulta inexplicable que siendo tan lucrativas, quedaron inactivas tras la captura de Miguel, en 1998 y en 5 años, luego de una inyección de capital, hubieran resurgido con nueva dinámica, lo que es ininteligible para cualquier negociante.

 

Recabó el a quo en que para se configure el Lavado de Activos, no es necesario que exista sentencia condenatoria por alguna de las descritas en el artículo 323 del Código Penal. De ese modo, en el presente obran pruebas que dan cuenta de las actividades orientadas al tráfico de precursores químicos para la obtención de cocaína y el ejercicio de actividades paramilitares, de lo que dan cuenta varios postulados a la Ley de Justicia y Paz, por ejemplo Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, quien señaló a Miguel  como comandante al que le compraban coca, variando su precio de la propia zona del Llano en el Guaviare a adquirirla en Barranquilla, pues él tenía bajo control retenes y transportes, así como a la gente que la llevaba.

 

Daniel Rendón Herrera –Don Mario-, relató que  comercializaba insumos para el procesamiento de estupefacientes; otro tanto Diego Roberto Ruiz  –El Primo-, el cual informó que en el año 1999, Miguel, comenzó a colaborar con las autodefensas y que para el 2002 le compró a Vicente Castaño un bloque paramilitar; luego, Daniel Rendón, Jesús Emiro Pereira Rivera –Huevoepisca-, Luis Omar Marín Londoño – Martín Alfonso-, contaron que Arroyave Ruiz comercializaba “aguas” desde 1998.   

 

Para la falladora, resulta indudable que desde el 2003 “Arcángel” estaba vinculado con los grupos de autodefensas, como lo dedujo de la versión de Ulises Cardozo Ospina y Diego Alberto Ruíz  –El Primo-. Por eso se dilucida la conducta subyacente al delito de Lavado de Activos, como el Tráfico de Estupefacientes y de sustancias para el procesamiento de narcóticos, amén del concierto para delinquir, sin que ello se funde exclusivamente en la sentencia emitida el 12 de agosto de 1991, por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá en contra de la pareja conformada por José Miguel y Martha Eda, por haber sido encontrados responsables de la infracción al canon 33 de la Ley 30 de 1986, pues el material suasorio que respalda la inferencia de los delitos bases es abundante.

 

A modo de ejemplos de la comisión del Lavado de Activos, fueron citados la conversación telefónica del 26 de enero de 2004, cuando se acordó la compra de un predio en Manizales, lo que se perfeccionó el 3 de febrero de ese año, con escritura pública 353 de la Notaría Segunda de Manizales, fundo que se colocó a nombre de Luz Elvia Ospina de Saldarriaga; también se cuentan el negocio de la compra de la sociedad Concentrados Animales del Llano S.A., protocolizado en escritura 3173 de la Notaría 25 de Bogotá, al igual que la venta  que se concretó el 7 de febrero de 2005, del apartamento de Bosques del Marquez, como se desprende de la plática del 20 de abril de 2004.

 

Se insistió, trayendo eventos a colación, que en punto de la cadena de custodia, las alegaciones defensivas no tienen virtud para derruir su legalidad; de ese modo, se consideraron como piezas suasorias las llamadas de 17 de diciembre de 2003, en la cual se habló de dejar una camioneta en cabeza de “Darío”; la del 23 de marzo de 2004, cuando se recabó en no volver a utilizar a Aldemar y Jakeline, por ser mayores de edad, de donde se infiere además el Testaferrato.

 

De cara a esa infracción se trajo a colación el fallo de casación 23086 del 10 de octubre de 2007, Magistrado ponente el Dr. Javier Zapata Ortiz, donde se precisan las características del reato y se enriquecieron alegando que, para que se consolide el delito, es menester que los bienes puestos a nombre de terceros provengan de actividades con fuente en el narcotráfico.

 

Así, la adecuación típica formulada por la Fiscalía se ajusta al aspecto fáctico, porque a Martha Eda Cardozo Ospina y a Ángel María Moncada se les acusó por ser coautores del Lavado de Activos y Testaferrato, como determinador y cómplice, respectivamente; a Aldemar Ospina Arias, como coautor de Testaferrato y a Linda Tatiana Arroyave Cardozo, Carlos Augusto Arroyave  Soto y Blanca Ligia Mosquera Ospina, por ser coautores de Lavado de Activos. Es por ello que se consideró probada la existencia de los delitos; ocupándose seguidamente del análisis sobre la responsabilidad de cada uno de los convocados a juicio frente al reproche efectuado.

 

Para la acusación de Martha Eda, la Fiscalía se basó en las interceptaciones telefónicas, donde ella dialoga sobre transacciones de inmuebles. La estrategia defensiva se orientó en que no había nada irregular en ello porque todo correspondía a su ejercicio como corredora de finca raíz, lo que fue respaldado por los testigos de esa bancada, por ejemplo, Juan Pablo Osorio Dávila, quien como socio de “Miami Brokers” y Habitat Calera SAS, conoció a la procesada en el 2002, realizando tres negocios de finca raíz; esta le dio información sobre ser una mujer separada y que su antiguo esposo era minero.

 

María del Pilar González Rodríguez, se relacionó con Martha Eda para los años 2002 o 2003, como corredora inmobiliaria, realizando algunos negocios, recordando en particular una compraventa en el barrio La Alambra, sin embargo no pudo radicar la escritura por falta de dinero; es así como en el 2005, la Policía Nacional le informó que se estaba realizando la extinción de dominio; Cardozo Ospina le garantizó que su bien permanecería incólume, porque era parte del patrimonio de sus padres.

 

Blas Porras Silva conoció a la acusada 12 o 13 años atrás, a propósito de un conocido que necesitaba vender una propiedad. De ella sabía que se dedicaba a la labor de marras y que era separada; además, no vio a otra persona en su hogar.

 

Ulises Cardozo Ospina, hermano de Martha, rememoró que su consanguínea era comunicadora social, estudios que cursó con el financiamiento de sus padres. En 1979 o 1980; ella entró a manejar la parte de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud, casándose tiempo después con Miguel Arroyave, persona con un título minero en El Bagre, y dueño de la mina Las Margaritas, que producía oro que se vendía al Banco de la República. Por coacción de la guerrilla, tuvo que ampliar su esquema de seguridad. Su hermana no era feliz con “Arcángel”, por su carácter; se separó del mismo, por “los hechos” de tener otra familia y de ser buscado por la justicia.

 

Relató que una vez separada, inicia su trabajo como independiente en el corretaje inmobiliario, sosteniendo vínculos con firmas como Miami Broker, quien vendía predios dentro y fuera de las fronteras patrias; sin embargo ante la crisis inmobiliaria de 2008 en EEUU, cesaron los negocios allí, continuando localmente. Insistió en que en algunas conversaciones menciona que tiene esposo, sólo como traslapa, porque en este tipo de negocios es menester demostrar tener respaldo debito a tanta inseguridad que se vive en el país.

 

Comenzando el análisis de la responsabilidad, la a quo dijo que no se encuentra en discusión que Martha Cardozo tiene por actividad el ámbito de la finca raíz, no obstante, esa labor no explica el volumen de comercialización que excede lo normal; entreviéndose de las conversaciones interceptadas que se ejecutaban esas tareas  incluso frente a inmuebles que no eran de una sola persona.

 

Verbigracia, de la charla de 24 de marzo de 2004 se establece que la procesada requería el avalúo de una cantidad de propiedades para entregarlas como parte de pago por otra, a saber: las matriculas inmobiliarias 50N-1078522, 50N-729444 y 50N-1172402. Del estudio de los certificados de tradición obrantes se advierte que las dos primeras son de Blanca Ospina de Cardozo, mientras que el último es de William Albeiro Ospina Salazar; lo que no se enciente es cómo se negociaron propiedades de distintas personas, todas para la compra de un solo bien, siendo la única respuesta plausible, que los fundos no pertenecían a ellos, sino a la persona que los estaba negociando, aunque su titularidad figure en unos terceros. Aunado a ello, no puede perderse de vista que en esa conversación, la acusada refirió que su esposo le manifestó la conveniencia de pagar con propiedades y no en efectivo; de ahí que fuera conveniente el avalúo.

 

En este estanco vale mencionar que no fueron de recibo las explicaciones tejidas por la procesada en cuanto a que precisaba que tenía esposo, para sentirse respaldada, o que sus clientes se creyeran más seguros, lo cual raya con las reglas de la experiencia, máxime cuando de las conversaciones telefónicas se extrae que aunque Miguel y Martha estuvieran separados de tiempo atrás, ello no significaba que la con el fenecimiento de la relación amorosa, el contacto concluyera para los fines económicos pues, en ese escenario, se valían el uno del otro.

 

Para la muestra, en charla de 18 de diciembre de 2003, donde Eda Cardozo se refiere a Miguel, como “este señor”, quien le donaría el estipendio para una cirugía, o un día atrás, cuando se comenta que “el señor” mandó recoger una camioneta; el 25 de marzo de 2004 cuando Martha le dice a Moncada que “el señor” estaba molesto porque ella no había ido “por allá”, porque no le gustaba; otro ejemplo, el 3 de agosto de 2004, cuando se estaba organizando el ágape con ocasión del onomástico de “el señor”. Es que no puede perderse de vista que no existe una conversación directa entre los dos, porque para entonces “Arcángel” usaba teléfonos Avantel, que no era posible interceptar por falta de equipos técnicos para ello, según lo vertió el policial Fernando David Rodríguez Moros, en el juicio.   

 

Ahora, el mero hecho de que la acusada tuviera la profesión de comisionista de finca raíz, no desmiente que se dedicara a lavar dinero de propiedad de Miguel Arroyave Ruiz, pues para la materialidad de la conducta, es suficiente con encubrir el origen de los bienes para que la misma se consolide.

 

Ya en punto de la acusación como determinadora de testaferrato, se recuerda que esto se hizo porque Martha Eda instigó a otros para quedar en cabeza de unos bienes, con el cometido de encubrir su origen ilícito, así lo hizo en conversación de 17 de diciembre de 2003, cuando dijo que la camioneta debía quedar a nombre de Darío, porque ya la otra estaba vendida. El 26 de enero de 2014, ordenó que la propiedad de Manizales quedaría a nombre de Luz Elvia Ospina de Saldarriaga, su tía, de lo cual da fe la escritura pública 353 de 3 de febrero de 2004, que se otorgó en la Notaría segunda de Manizales. Para el Juzgado, en los dos casos, su labor no era la de fungir como comisionista, sino que actuaba como señora y dueña, dando instrucciones para que los bienes permanecieran en cabeza de terceros, provocando que los mismos incurrieran en la conducta de Testaferrato, porque en ese orden, debían suscribir documentos que les dieran crédito como propietarios.

 

El 23 de marzo de 2004, Cardozo y Moncada conversaron telefónicamente sobre la venta del apartamento 801, que se encontraba a nombre de Aldemar y Jakelin; en dicha conferencia Martha acotaba que ya no se podrían volver a utilizar estas dos personas, por temas de edad; para el juzgado, esta es una muestra de que el comportamiento delictual venía desplegándose de tiempo atrás. Es que, si los fundos tenían honesto origen, no había razón para que figuraran como titulares de ellos, terceras personas, pero como el dinero con el que se negociaban provenía del delito, se hacía necesario su ocultamiento.

 

La a quo no discute que la ocupación de Moncada Moncada sea la de contador público, pues así se desprende de los testimonios de Jaime Delgado Rueda, Héctor León Mora Pedraza, o incluso Ulises Cardozo Ospina. Empero, lo anterior no permite que se desconozca la acusación que pesa contra él. De la prueba obrante se desprende certeza sobre el grado de confianza del acusado con Miguel Arroyave, pues en charlas con Martha Eda, cuando le decía que “este señor” estaba molesto porque ella no había podido viajar, Ángel María replicaba que también había platicado  con él –o sea, con “Arcángel”-, explicándole que no era culpa de nadie que Eda no se hubiera podido trasladar. Aún más, Ángel participó en la tarea de encubrir el origen de los fondos de Miguel, pues en calidad de gerente de la Comercializadora Arroyave  Cardozo S en C, como encargado del departamento de seguridad, siguió al frente de una firma que no cumplía su objeto social; esto consta en la Escritura Pública 1201 del 17 de julio de 2001, de la Notaría 39 de Bogotá.

 

Aunado a ello, a la muerte de  Ruíz fue el encargado de la cancelación de varias de sus empresas, dado el conocimiento que tenía de sus actividades irregulares, aceptando liquidar la Comercializadora, como fuera protocolizado en escritura 8733 de 9 de septiembre de 2004, de la Notaría 19 de Bogotá, y adicionalmente, el 6 de diciembre de 2001, fue inscrito en Cámara de Comercio como gerente de la Mina Las Margaritas. Con esos actos buscaba dársele apariencia de legalidad a los capitales que por ellas circularon, incurriendo en el delito de Lavado de Activos.

 

De cara al grado de complicidad en el punible de Testaferrato, se tiene su participación como apoderado de José de Jesús Ruiz  en la enajenación por escritura 3316 del 4 de noviembre de 2003, del apartamento 801 de la carrera 10 número 120- 30 torre A, edificio ERA 2003, para cancelar la afectación de vivienda familiar que pesaba sobre el fundo. Para dilucidar lo que a esto corresponde, vale rememorar que en la conversación de 23 de marzo de 2004, en la que Martha y él hablaban de entregar el apartamento, que estaba a nombre de Aldemar y Jakelin, como parte de pago de otra propiedad; de allí se desglosa que el inmueble no pertenecía a sus titulares, sino a la esposa de Miguel Arroyave Ruiz. De lo anterior se desgaja que Moncada Moncada prestó colaboración, siendo cómplice, para la consolidación del delito de Testaferrato.

 

De ese modo, al Juzgado primigenio no le asiste duda sobre la responsabilidad de Ángel María Moncada Moncada y Martha Eda Cardoso, en la comisión de los delitos por los cuales fueron acusados.

 

Sobre Aldemar Ospina Arias, que fue señalado como autor de Testaferrato, por haber figurado en la compra por $150.000.000.oo, del apartamento 801 del edificio ERA 2003, de la carrera 10 número 120 – 30, Torre A, de Bogotá, el acusado dijo que el predio había sido adquirido por su padre, pero al revisar la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003, quienes figuran en la titularidad son el mencionado Ospina Arias y Jakeline Ospina Arias, representada por sus padres, en condición de compradores. Si no existiera el registro de las conversaciones de 23 y 24 de marzo de 2004, el negocio parecería legal, empero, gracias a dichas interceptaciones se sabe que Martha Eda Cardozo era la dueña, pues estaba intentando entregarlo como parte de pago para adquirir uno nuevo, entre otros de distintos dueños.  

 

Para el Juzgado fue clara la cercanía de Aldemar y Martha, pues son primos, y por eso éste accedió a realizar para ella varios quehaceres, pero en particular el de ejecutar maniobras para encubrir bienes, como se deriva de la charla entre ésta y Moncada, a la sazón de no volver a utilizar a Aldemar, por haber alcanzado la mayoría de edad. Aún cuando la defensa trajo el testimonio de Ulises Cardozo, en procura de intentar desvanecer la acusación por Testaferrato, el mismo no tuvo merito. Todo esto, teniendo en cuenta que su representante tampoco aportó ningún elemento suasorio del cual se colija que el negocio se celebró de otro modo. Así, no existió duda de la responsabilidad del procesado en este delito.

 

De Carlos Augusto Arroyave  Soto, se anotó que fue acusado por Lavado de Activos al ser quien “manejó” la sociedad Mina Las Margaritas, desde el 29 de abril de 2003, según se advierte en la escritura pública 1137, de la Notaría 8 de Bogotá, misma en la cual se registra la compra de un paquete accionario y el nombramiento como gerente. Todo lo cual se registró en Cámara de Comercio entre el 5 de mayo de 2003 y el 5 de noviembre de 2004. Para ésta última fecha, se elevó a escritura pública la transferencia de las acciones a favor de Martha Eda Cardozo, Linda Tatiana Arroyave y Blanca María Cardozo y renunció al cargo de gerente de la compañía.

 

La génesis de su participación en Las Margaritas, se contrae a que en abril de 2003, hizo una negociación con Miguel, dado que él tenía una empresa inactiva y una licencia minera; como Carlos realizaría obras de desarrollo vial en El Bagre, sitio donde estaba la mina, intervino en la compañía modificando su objeto social, agregándole a éste el desarrollo de obras de ingeniería civil, con las cuales obtuvieron ganancias. Se retiró de allí, porque en el 2004, estaba en negociaciones para vincularse con ARGOS S.A.

 

Lo dicho, precisó el Juzgado, es parcialmente cierto, porque en efecto, es real su participación en Las Margaritas, empero, no resulta claro el modo en que se vinculó con la organización. Según dijo el procesado, acudió a una negociación con Miguel en abril de 2003, pero Ulises Cardozo Ospina, manifestó que Martha Eda, se dedicó al hogar y su esposo marchó con destino a los llanos orientales, quedando la mina “acéfala”, por lo que Martha decidió retomar el título minero, contactando a Carlos Augusto Arroyave Soto, por ser persona conocida en El Bagre, quien entra como accionista a la mina, dándole un vuelco al objeto social por el cual comenzó a generar utilidades.

 

La a quo recalcó que en el 2003 Miguel  ya tenía vínculos delictivos con las autodefensas,  y al necesitar reactivar la mina, buscó a alguien de confianza, que fue cuando apareció  Carlos Augusto Arroyave, aportando cincuenta millones de pesos, de los que no se tiene noticia acerca de su origen, en tanto que nada se aportó sobre éste, emergiendo que el guarismo fue contribuido por Miguel Arroyave, blanqueándose por medio de esa empresa.

 

Ahora bien,  Arroyave Soto, se quejó de no haber podido aportar medios suasorios, sin embargo, cuando pretendió hacerlo, ya había precluido la oportunidad y lo que allegó dentro de los términos, nada prueba respecto de la fuente del caudal. Y es que la estrategia defensiva fue la de desatender el recaudo efectuado durante la instrucción por cuanto sería digno de exclusión, por su ilegalidad. De ese modo, resulta un imposible lógico, que no se pudieran aportar pruebas, cuando se eligió guardar silencio respecto de los medios obrantes.

 

En torno a la salida de la gerencia de la empresa de  Arroyave Soto, recalcó el fallo que ésta se dio poco después de la muerte de Miguel Arroyave Ruíz, sin motivo. El hecho de que fuera a realizar un negocio con ARGOS S.A., no es un obstáculo para desconocer que el 6 de junio suscribió un contrato con Geominas S.A., o sea, año y medio después de su desvinculación, siendo inverosímil su afán por claudicar, cuando Las Margaritas procuraba buenos resultados financieros.

 

El despacho de primer nivel, encontró incongruencias entre la versión de  Arroyave Soto y la prueba documental, en el sentido de que, con su testimonio ventiló que la mina multicitada queda en la zona de El Bagre en Antioquia, entre tanto, la licencia minera que hay en el expediente es la 20175, a favor de José Miguel, que fue concedida mediante resolución 701454 del 17 de septiembre de 1997, con el objeto de explorar oro en veta y aluvión, de un yacimiento ubicado en Santa Rosa, Bolívar, lo que se corroboró en el contrato 634 de concesión para mediana minería, suscrito entre la Empresa Nacional Minera LTDA y  Ruíz, a través de apoderado, teniendo por área de explotación ubicado en el globo de terreno de Santa Rosa, sur de Bolívar[14]. Lo anotado resulta “inaudito”, máxime si se tiene en cuenta que Carlos Augusto Arroyave manejó de forma autónoma una mina de la cual no sabía la ubicación.

 

De ese modo concluyó que el objeto social no se cumplía, por lo cual fue ampliado; por esa la razón es que el procesado entregó su participación en el prospero negocio, por el mismo guarismo en que lo adquirió, de lo que se dedujo que nunca aportó capital en esa dependencia, sino que contribuyó a encubrir el verdadero origen del caudal, reactivando a Las Margaritas.

 

En cuanto al dolo, a la sazón de el ingreso de Carlos , al poco tiempo de que a José Miguel se le precluyera una investigación, hecho a partir del cual sería difícil sospechar que éste último se dedicara a actividades ilícitas se dijo que en el proceso existen pruebas de las que se desprende que Carlos Augusto Arroyave dirigió su voluntad al ilícito, porque prestó su nombre para regentar una empresa que no desplegaba su objeto social fungiendo como el aportante de $50’000.000.oo que no eran suyos, ignorándose si en realidad entraron a la sociedad, pues ello no se acreditó.

 

Aún más, modificó la actividad empresarial e incursionó en obras de ingeniería civil, que tampoco fueron acreditadas. Y finalmente a la muerte de Arroyave Ruiz, entregó la empresa sin obtener ganancia, aún cuando sostuvo que por su concurso la compañía era próspera, de donde se concluyó que encubrió el origen del dinero y se prestó para que el mismo ingresara al torrente del país. De ese modo se consideró culpable del reato por el que se le acusó.

 

De cara a Linda Tatiana, Arroyave Soto dijo que nada puede reprocharse por su participación en Las Margaritas, ni en la Comercializadora Arroyave Cardozo S en C, habida cuenta de que en lo que a ella toca se presentó sesión de cuotas y no se advierte en su caso actuación irregular porque cuando se creó el segundo de los establecimientos, contaba con 11 años de edad; luego se convirtió en subgerente a los 21 años; sin embargo, del lapso cuando así figuró no existe prueba de que haya realizado gestiones. Para esa misma época Ángel María Moncada era gerente y declaró que en ese tiempo, la empresa no cumplía con su objeto social, siendo él la única persona que desempeñaba tareas.

 

Del mismo modo, no se advierte ilicitud en las actividades que desarrolló luego de la muerte de su padre, como quiera que lo perseguido por ella en ese momento era la aclaración de aspectos inherentes a la sucesión; tampoco tiene vocación delictiva el hecho de cambiar el tipo societario de Las Margaritas de sociedad limitada a anónima.

 

Empero, de la venta del apartamento 402, bloque 2, de la avenida 7, número 139-40, urbanización Bosques del Marquez, debe recordarse que aunque Tatiana dijo que su padre se lo regaló, y que éste, posteriormente le expresó que lo iba a vender, sin que ella recibiera ningún dinero por ello, porque su actividad consistió únicamente en firmar los documentos. Lo que llamó la atención de la a quo en este caso, fue que Linda Tatiana aseveró que el inmueble se vendió antes de la muerte de su padre, como lo sostuvo en la audiencia pública, mientras que la prueba documental demuestra que ella le confirió poder a una persona el 26 de abril de 2004, cuando su progenitor aún estaba vivo, pero la promesa de compraventa fue de 28 de enero de 2005, con escritura de 7 de febrero de ese mismo año, o sea que el contrato y la escrituración ocurrieron luego de ultimado su padre, y aún cuando dijo que nada obtuvo por ello, en la promesa se registra que ese mismo día recibió $65’000.000.oo, quedando un pago pendiente por el saldo.

 

También se recabó en que  Cardozo manifestara que ese bien era una herencia, cuando el certificado de tradición del predio identificado con matrícula inmobiliaria 50N-20150399[15] indica que el bien no era únicamente suyo, porque por compraventa de 25 de septiembre de 2002, le correspondía un 40%, pues el 60% restante era de Marleny Ríos Ramírez y Rubén Darío Ospina Ballesteros, lo que no ignoraba, porque así se anotó en el poder que firmó.

 

Por lo dicho, el juzgado advirtió un indicio de mala justificación, porque aún cuando le hubiera tenido mucha confianza a su padre, debió sospechar cuando firmó la escritura de 1 de octubre de 2003, de la notaría 34 de Bogotá, por la que vendió el 60% del inmueble, y tiempo después, confiriera poder para vender el resto de la propiedad, sin recibir dinero en ninguno de los dos eventos. Y es que podría pensarse que en primera oportunidad así hubiera ocurrido, pues su padre aún vivía, pero no en el segundo caso, cuando éste ya había fallecido y el dinero de la venta debió dársele a ella, dado que figuraba como una de las propietarias; de ese modo se concluye que se prestó para encubrir el origen y destino del dinero con el cual se compró la propiedad, y a donde fue a parar lo recibido cuando se produjeron las dos ventas. Por ello, la procesada es culpable de la acusación que enfrentó.

 

Sobre Blanca Ligia Mosquera Ospina, quien participó en la compra y el aumento del capital social de “Concentrados de Animales del Llano Limitada”, a José Miguel Arroyave Ruíz y José Francisco Narciso Cuervo Bermeo, se dijo que obra en la actuación la escritura pública 3173 del 21 de julio de 1992, de la Notaría 24 de Bogotá, con la que se formalizaron la cesión de cuotas y el aumento de su capital social.

 

Es por ello que resulta de utilidad que en la indagatoria negó haber suscrito el documento, demandando la práctica de un estudio grafológico, que no se realizó porque las muestras no resultaron no aptas, a pesar de ello, sí se practicó un estudio dactiloscópico, con el cual se probó que la huella puesta al lado de la firma es la suya, denotando que participó en el otorgamiento del instrumento.

 

Con dicha evidencia y la ampliación de la indagatoria, su único camino fue reconocer que sí firmó la escritura, porque Ulises Ospina le comentó que conformaría una empresa de la que ella sería socia. Dijo suscribir la escritura porque no vio nada irregular en ello. Se encontró carente de lógica que la procesada porfiara en que no había estado pendiente de la empresa, y que nunca recibió utilidades porque no podía tener tal confianza con su hermano, pues su trato con él era esporádico; es que, dadas las deficiencias en sus aseveraciones, luego se exculpó recabando en encontrarse confundida y presionada.

 

Se analizó, que en el plenario obra la escritura, que tiene como anexo copia del acta 08 de la junta extraordinaria de socios de Concentrados Animales del Llano Limitada, de 28 de enero de 1992, cuando se tocó el tema de la cesión de cuotas de Ulises Ospina a Blanca Ligia, y de contera, el aumento del capital social, evento en el que estuvo presente al igual que otro se cesionario. Por tanto se infiere que sí conocía a  Ruíz, sin que ello fuera realmente necesario para los fines del proceso, porque en realidad lo que se cuestiona es haber suscrito el documento notarial, con el que se pretendió dar apariencia de legalidad y encubrir el origen espurio de dicha empresa.

 

Para el Juzgado, Blanca Ligia dio tres exculpaciones contradictorias, sin la espontaneidad de quien ajeno al hecho ofrece razones de su actuar. Es que, al ser conminada con la prueba grafológica y con el contenido de la escritura pública 3173 de 21 de julio de 1992, de la Notaría 25 de Bogotá, tuvo que rendir explicaciones. De ahí, que no pueda conferirse credibilidad a sus dichos. Sobre el punto se acotó que aún cuando Blanca Mosquera “…firmó la escritura para adquirir cuotas de esa sociedad, y esto lo hizo por un exceso de confianza con su medio hermano, sin saber de la ilicitud de su conducta, cómo puede explicar que casi enseguida haya aumentado el capital social, argumento inadmisible por cándido y violatorio de una regla de la experiencia, de acuerdo con la cual una persona de su nivel académico, profesional y social, está en condiciones de conocer y/o de actualizar la ilicitud de su actuar.”.

 

Aunado a lo anterior, cuando Daniel Rendón Herrera rindió versión en el proceso[16], refirió que Narciso Cuervo Bermeo se dedicaba a transportar líquidos para la elaboración de cocaína, laborando con Miguel Arroyave, como cuñados que eran. Dicha información tiene relevancia porque Cuervo Bermeo era uno de los propietarios de la empresa cuando la procesada la compró; de ahí que se haya considerado que la empresa tenía origen ilícito, que se quiso encubrir.

 

Se descartaron los argumentos defensivos orientados a denotar que en la época de la comisión de los hechos no existía el reato de Lavado de Activos según las reglas de la Ley 599 de 2000, pues entonces sólo operaba el artículo 177 del Decreto 100 de 1980. Consideró la a quo que en el presente evento se configuraba una conducta de carácter permanente, y que Blanca Ligia Mosquera en la empresa de encubrir su origen, condujo a que el dinero con el cual se celebró el negocio, ingresara al torrente del país, lo cual cesó cuando la empresa se disolvió, sin que pueda alegarse que su única actividad fue la de la firma de la escritura, dado que con su nivel de escolaridad podía saber lo que le acarreaba formar parte de una empresa sin actividad, pudiendo pedir su liquidación al notar que no ofrecía rendimientos financieros, y no optar por esperar a que expirara su vigencia. De ahí se concluye que cometió delito, con conocimiento y voluntad hasta su liquidación.

 

No puede considerarse, dada la quiebra y cierre de la sociedad en 1993, como fue planteado por la defensa, que esto conlleve a que Blanca Ligia sea eximida de responsabilidad, pues cualquier dueño de firma, como era su caso, al notar que no obtenía resultados, liquidaría la sociedad, pero como la procesada con su actuar buscaba ocultar el origen y ella se apartó de su ejercicio, esto fue porque al ser propietaria en el papel, nunca fungió como tal. Así mismo, la lesividad de su proceder radica no en el documento en sí, sino en los alcances de la suscripción de la escritura pública, en el sentido de enmascarar que la empresa era de José Miguel  y José Narciso Cuervo Bermeo, y había sido adquirida con dineros ilícitos; de ese modo se permitió la circulación de dinero con fuente en el delito, que fue legitimado.

 

En punto de las alegaciones de los defensores de Linda Tatiana y Ángel María Moncada, se dijo que si bien la Fiscalía no probó qué dineros ingresaron en sus arcas, no debe olvidarse que para el caso del lavado de activos opera el principio de carga dinámica de la prueba y quienes estaban en mejor condición de aducir la evidencia que se echa de menos eran los mismos procesados, sin que la hubieran aportado, teniendo que en todo caso, lo evidenciado por la Fiscalía cumple con las disposiciones del artículo 232 de la Ley 600 de 2000.

 

Así mismo se propuso que no fue probado que el patrimonio de los procesados hubiera incrementado merced de las actividades de Miguel, pero como la imputación no fue por Enriquecimiento Ilícito, resulta irrelevante precisar que el capital entró en el patrimonio de los acusados, cuando en el Lavado de Activos lo que se persigue es mostrar que el dinero mal habido se mezcle con el honesto, recurriendo a diversas personas, para camuflarlo; de ahí que no sea necesario efectuar estudios contables con miras a establecer que la riqueza ilícita ingresó al patrimonio de quien la lavó.

 

Fueron esos los elementos que el Juzgado dilucidó, para encontrar como responsables de los delitos por los cuales fueron acusados. 

 

Ya en lo que toca con la antijuridicidad, se dice que los delitos en los cuales se encuentran comprometidos los procesados, son de aquéllos que atentan contra el orden económico y social, lo cual se traduce en el ingreso de capitales ilícitos que alteran el trasegar económico del país, sin que pueda soslayarse que la fuente de esa riqueza deviene de las conductas desplegadas por bandas criminales cuyo prontuario incluye delitos atroces y acciones de lesa humanidad como las AUC,  y en algunos casos de organizaciones internacionales.

 

Finalmente, en punto de la dosificación punitiva, la a quo realizó algunas consideraciones en cuanto a la época de comisión de los delitos, particularizando por procesado, la norma utilizada, e indicando en que eventos procedía el principio de favorabilidad, cuando quiera que se hubiere presentado un tránsito legislativo, así:

 

Procesado

Delito

Grado de participación

Norma aplicable

Época en la que se cometió el delito

Lavado de activos (LA)

Testaferrato (T)

Autor

Coautor

Determinador

cómplice

Martha Eda Cardozo Ospina

X

X

 

X (LA)

X (T)

 

Art. 323 CP, con las adiciones de la Ley 747 de 2002 – 326 CP sin modificaciones en concordancia con el art.  31 CP

2003 – 2004

Ángel María Moncada Moncada

X

X

 

X (LA)

 

X (T)

Art. 323 CP, con las adiciones de la Ley 747 de 2002 – 326 CP sin modificaciones en concordancia con el art.  31 CP

2003 – 2004

Aldemar Ospina Arias

 

X

X (T)

 

 

 

Art. 326 CP sin modificaciones

2003 – 2004

Carlos Augusto Arroyave  Soto

X

 

 

X (LA)

 

 

Art. 323 CP, con las adiciones de la Ley 747 de 2002

2003 – 2004

Linda Tatiana  Arroyave Cardozo

X

 

 

X (LA)

 

 

Art. 323 CP, con las adiciones de la Ley 747 de 2002

1° oct. 2003 – 2 feb. 2005

Blanca Ligia Mosquera Ospina

X

 

 

X (LA)

 

 

Art. 323 CP, que es igual a la pena regulada en la derogada Ley 395 de 1997

1992 – 2010

 

Al final, los procesados recibieron las siguientes penas: Martha Eda Cardozo Ospina, 10 años de prisión y multa de 11.315 salarios mínimos legales mensuales vigentes -SMLMV-, por haber sido coautora de Lavado de Activos y determinadora de Testaferrato; Ángel María Moncada Moncada, 7 años y 8 meses de prisión y multa de 9777 SMLMV, por haber sido coautor de Lavado de Activos y cómplice de Testaferrato; Linda Tatiana Arroyave Cardozo, Blanca Ligia Mosquera Ospina y Carlos Augusto Arroyave  Soto, 6 años y 2 meses de prisión y multa de 9.527 SMLMV, como coautores de Lavado de Activos. Finalmente Aldemar Ospina Arias fue sometido a una pena de 6 años y 2 meses de prisión y multa de 9.527 SMLMV, como autor del punible de Testaferrato.

 

Se les impuso igualmente la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo término de la pena privativa de la libertad; a todos les fue negada la concesión de subrogados y la prisión domiciliaria, ordenándose su traslado a la prisión determinada por el INPEC.

 

5.   Solicitudes de nulidad

 

  • Defensa de Linda Tatiana Arroyave Cardozo

 

El togado, evocando el artículo 306, numeral 2° de la Ley 600 de 2000, consideró que existen irregularidades que afectan el debido proceso; dicho reclamo lo hace consistir en que la judicatura tenía afán por finiquitar el juicio dentro de los términos; de ese modo, pese a que la rama judicial se encontraba en paro, citó a la continuación de la audiencia pública para el 27 de octubre de 2014, fecha en la que ésta concluyó. En ese orden, la defensa no pudo contar con el testimonio y pericia del testigo Luis Ernesto Rubiano, lo que supone una mengua de los derechos de los enjuiciados.

 

Recabó en que la a quo, pese a querer concluir prontamente el juicio, desbordó los términos previstos en el artículo 410, ibídem, estando pendiente la prueba en cita, lo cual no sólo genera la invalidación de la actuación, sino además, falta disciplinaria por parte de la funcionaria.

 

Fuera de lo anterior, sostuvo en que la poca claridad en los hechos, aunado a la imprecisión de los cargos increparos desde la resolución que resolvió la situación jurídica, el “escrito de acusación”, amén del fallo, son eventos que impiden el ejercicio de una defensa razonada, en la medida en que se carece de certeza de la conducta ilícita que supuestamente desplegó su prohijada, lo cual no sólo vulnera el debido proceso, sino además, el derecho de defensa.

 

  • Apoderado de Carlos Augusto Arroyave Soto

 

Solicitó la revocatoria del numeral primero de la sentencia, y que en su defecto se decrete la nulidad de lo actuado a partir del 17 de octubre de 2014, cuando los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotá, entraron en cese de actividades, lo cual incluye la audiencia surtida el 27 de octubre de 2014.

 

Sus argumentos son:

 

  • Desde el inicio del paro -17 de octubre de 2014-, no tuvo acceso al expediente, para preparar en debida forma los alegatos finales, violándose las prerrogativas al debido proceso y a la defensa; ese reclamo descansa en el artículo 8° de la Convención Americana de DDHH, así como en la Carta Política y el artículo 8° de la Ley 600 de 2000.

 

Alegó, que la funcionaria judicial llevó a cabo la audiencia de juzgamiento, en su fase de alegatos finales, sin precaver que la ritualidad, por su naturaleza es pública. Es que la secretaría de los juzgados estuvo cerrada durante el paro y como defensor no tenía por qué buscar el expediente en escenarios diferentes al acostumbrado antes del inicio del cese; es que hasta el día 17, acudía todas las tardes a estudiar el proceso, y siempre le fue facilitado en el centro de servicios, lo cual varió con el cese de actividades.

 

Fue por ello que no pudo reseñar en el alegato final, los documentos aportados por su cliente en el interrogatorio efectuado por el Despacho, material al cual se refirió la jueza en la decisión, aseverando que nada prueban; porfía en que como no los pudo ver, no tuvo la manera de mostrarle a la justicia que con tales piezas se respaldan las explicaciones de su pupilo en el interrogatorio.

 

Recabó en que no es de recibo el hecho de aunque hubiera presentado alegatos de conclusión ante la Fiscalía, por eso ya debía conocer del proceso; esa no es una razón válida para coartar el derecho de consultar el expediente. Es que no consta en el registro, que la Fiscalía hubiera tenido acceso al paginario y si lo hizo, la Secretaría soslayó con deslealtad a la defensa, porque “la verdad monda lironda” es que esa dependencia estaba cerrada para los abogados y el público en general, aún cuando la sentencia exprese que ese acceso estaba limitado.

 

Ahora bien, la defensa se opuso a que se surtiera la fase de alegatos conclusivos dentro de la vista pública, la cual, valga decir, tuvo acceso restringido al público, sin que pueda asumirse como excusa para ello que en el registro se aprecia a una persona, que no es otra que la asistente de la defensa de Blanca Ligia Mosquera.

 

Aún más, el censor le envió razones a la Juez para que no cometiera los errores que estaban conculcando el debido proceso y el derecho de defensa, pero sus clamores no fueron atendidos.

 

Trajo a colación los artículos 450 y 451 del Código Sustantivo del Trabajo, a través de los cuales se establece los casos en los cuales puede ser decretada la ilegalidad de la huelga o el paro. Sostuvo, que es un hecho notorio que el cese de actividades no fue declarado ilegal; de ahí que el cierre de la secretaría tampoco hubiera sido considerado de esa forma. Empero, una cosa es que algunos sectores de la rama no hayan entrado en paro y otra es que en el caso de marras, la audiencia hubiera cumplido con el lleno del principio de publicidad, y aún donde así ocurrió, los jueces celebraron diligencias en sitios distintos a  la sede ordinaria, justamente para garantizar el derecho fundamental, que en el caso de su pupilo se traduce en la restricción de consulta al expediente.

 

Aún más, la a quo reconoció en la sentencia la limitación parcial al derecho, y para justificar que ello fue así, acotó que el principio de publicidad no es absoluto, fundando dicha postura en la sentencia T 049 de 2008, la cual a su juicio no viene al caso y en apoyo de su planteamiento citó un párrafo. Finalmente concluye que aunque el soporte jurisprudencial en comento reconoce que el derecho a la publicidad no es absoluto, ello no quiere decir que las limitaciones puedan emerger del capricho del funcionario, sino que se enderezan en situaciones previstas por la ley en casos donde ello es necesario.

 

Con todo, concluye que en un evento como el presente no era absolutamente necesario restringir el derecho, porque con ello se pasaron por alto normas rectoras, aplicables forzosamente, en los términos del artículo 24 de la Ley 600 de 2000, consistentes en el principio de legalidad –art. 6-, defensa –art. 8-, publicidad del juicio –art. 14-, normas que tienen su fuente en el Pacto de San José de Costa Rica y en la Constitución Política.

 

Consideró que no existe justificación para el quebranto que denuncia, porque en este caso no hay circunstancias de contenido moral, orden público o seguridad nacional, o que afecten la privacidad de alguna de las partes que ameritaran la limitación parcial del derecho de publicidad.

 

  • Fuera de lo anotado, rememoró que desde la instalación de la audiencia pública, solicitó la presencia de un agente especial del Ministerio Público, pero la Juez omitió su clamor, para indicar en el fallo que tal ruego no era de recibo, porque el artículo 408 del código de Procedimiento Penal, establece que es obligatoria la asistencia de la Fiscalía y la defensa, de lo cual se concluye que la del delegado de la Procuraduría es facultativa, sin que ello sea distinto porque el vocero de la sociedad ostente la calidad de agencia especial.

 

Considera el apelante que por el hecho de que el Procurador Judicial siempre estuvo en las audiencias, e incluso, en una oportunidad intervino a favor de su cliente, coadyuvando al encartado en diversos menesteres en el interrogatorio de 31 de marzo de 2014; es por eso que considera que al menos debió averiguarse por qué no asistió a la diligencia, máxime, cuando el propio juzgado admite que hubo cierto grado de anormalidad.

 

Insistió preguntando el por qué no compareció esa agencia, quien venía haciéndolo puntualmente de tiempo atrás, manifestando que era obvio que así sucedería, pues era un hecho notorio que desde el 17 de octubre de 2014, los Juzgados Especializados de Bogotá, adhirieron al paro, de ahí que se pregone cómo el haber celebrado la audiencia para alegar de conclusión sin la presencia del Procurador afectó el recto camino con que debe ser tramitado un proceso penal. Por eso debe revocarse el numeral primero del fallo.

 

  • En ejercicio de la defensa material, Martha Eda Cardozo

 

La procesada consideró que debía declararse la ineficacia de la actuación, desde la audiencia para alegar, porque la misma se celebró a puerta cerrada, lo cual desconoce el principio de publicidad y de contera, quebranta el derecho de defensa y el debido proceso. Relieva que los juzgados especializados se encontraban en paro y no había acceso para ningún sujeto procesal al edificio o a la secretaría común, de lo cual obran fotografías en el expediente; es que el testigo Luis Ernesto Rubiano no pudo ingresar a la locación, pese a que ello le fue rogado a la directora de la audiencia, como tampoco pudieron hacerlo amigos y familiares.

 

Dijo que tampoco se le permitió la correcta privacidad entre ella y su representante, a lo largo de la audiencia de alegatos de cierre, para el ejercicio de la defensa propia, lo que se suma a la privación de la consulta del expediente y la obstrucción a la aducción de pruebas, lo que vicia la garantía de defensa en plenitud de condiciones.

 

6.   Petición de prescripción del delito de Testaferrato elevada por  la defensa de Ángel María Moncada

 

Acusa el censor, que el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 establece que la acción penal prescribirá en un término igual al máximo de la pena fijada en la Ley, si fuere privado de la libertad, oportunidad que no podrá ser inferior a 5 años, ni superior a 20; según dijo, el inciso segundo de la norma en cita, fue modificado por el artículo 1° de la Ley 1426 de 2010, pero ello no resulta pertinente para lo que fue imputado a su cliente.

 

Ahora bien, la conducta por la que se investigó y condenó Ángel María Mocada, es Testaferrato en con el grado de participación de complicidad, en los términos previstos por el artículo 326 de la Ley 599 de 2000, cuya pena de prisión es de 6 a 15 años.

 

Según se dijo, el artículo 84 del Código Penal prevé que la iniciación del término de prescripción comenzará a correr a partir de su consumación, que para el caso es cuando se suscribió la escritura pública 3316, otorgada en la Notaría 34 de Bogotá, del 4 de noviembre de 2003, con la cual se canceló la afectación a vivienda familiar y se dispuso la venta.

 

La Fiscalía Cuarta Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, profirió la resolución de acusación el 8 de abril de 2013, teniendo que esa decisión cobró ejecutoria el 8 de julio de 2013, luego entonces, si la fecha del ilícito es 4 de noviembre de 2003,  al 8 de julio de 2013, ya habían transcurrido 9 años, 8 meses y 4 días; así, cuando quedó en firme la resolución de acusación, ya había fenecido el término y no podía proseguirse con la acción por cuanto la pena a máxima a imponer era de 7 años y 6 meses, dado el grado de participación enrostrado, insístase, complicidad.

 

7.   Los recursos de apelación

 

  • Linda Tatiana Arroyave Cardozo

 

El apoderado de  Cardozo pretende que se revoque la sentencia condenatoria y en su lugar se absuelva a su cliente de toda responsabilidad, disponiendo la cancelación de todos los pendientes, con fundamento en lo siguiente:

 

  • Linda Tatiana como hija de Miguel fue titular de algunos inmuebles, dentro de los que se cuenta el de la matrícula inmobiliaria 50N.- 20150399, lo cierto es que por esa adquisición y el origen de los dineros sólo debía responder Miguel, pues su descendiente en ese momento era menor de edad.

 

  • A la defensa compete entonces, controvertir el indicio de mala justificación así como la materialidad de la conducta en cabeza de Linda. Los esfuerzos argumentativos del apelante se dirigen a precisar que aunque la titular del inmueble en cuestión fuera su cliente, ello no la eximía del debido respeto a su padre, máxime cuando ella aún no se había emancipado.

 

De ese modo, considera que la a quo, elabora un juicio de valor contrario a las reglas de la experiencia,  en el sentido en que aún en las sociedades primitivas el valor del respeto por la familia es un imperativo. De ahí que Tatiana haya firmado con confianza la escritura 2963 de 1° de octubre de 2003.

 

  • Postuló, que en punto del indicio de mala justificación, la judicatura no señaló el “hecho indiciador” y contraría la costumbre sentando la postura de que los hijos no deben creer en sus padres, siendo que estos son el modelo a seguir en los hogares.

 

Porfía que, Miguel le dijo a Linda que le extendiera un poder para vender el inmueble, lo cual se trocó con el deceso del mencionado delincuente; sostuvo que ese fallecimiento lo que hizo fue agilizar la negociación, porque de no haber ser  así, hubiera sido necesario adelantar el juicio de sucesión. El hecho de que ella pensara que el inmueble le había quedado de herencia no es prueba en su contra, máxime cuando era copropietaria del mismo, con lo cual podía enajenarlo a su antojo en un contexto donde la venta de la cosa ajena es válida, siempre que se pueda cumplir con la obligación.

 

Relieva que su padre hizo dueña a la joven de manera inconsulta, y al decidir la venta del fundo, fue él quien debió recibir la riqueza, en tanto que cuando ella confirió poder, Miguel vivía, por eso Linda Tatiana no recibió ningún guarismo, pues  actuaba cumpliendo los designios de su padre; aún más, fue éste quien escogió a la apoderada y ella, la que suscribió la escritura y es Linda quien manifestó, conforme la clausula sexta del instrumento 0201 de 7 de febrero de 2005, que había recibido $380.000.000.oo., como precio del inmueble.

 

Se queja de que los restantes propietarios del predio no son considerados como responsables de ningún delito y como ello fue así, la misma suerte debe compartir Tatiana.

 

  • Considera que la Fiscalía no hizo seguimiento del dinero, ni demostró su destino porque en ningún caso paró en las arcas de su cliente quien hoy es injustamente condenada; la entidad persecutora, con todo, no estaba relevada de practicar las pruebas del caso, incluyendo las que fueran favorables; reclama examen de la legalidad de las interceptaciones telefónicas, máxime cuando no se garantizó la cadena de custodia de las grabaciones de los audios y por eso dicha evidencia se encuentra en entredicho. Aunque Tatiana reconoció ser una de las interlocutoras dentro de la conversación que se intervino, la charla se refirió exclusivamente a la consolidación del proceso sucesoral pendiente tras la muerte de Miguel Arroyave.

 

Dentro del escrito de impugnación se incluyó un capítulo dedicado a los indicios a la sazón del delito subyacente en el Lavado de Activos, denotando que la judicatura no aplicó las reglas de la sana crítica para deducir la responsabilidad de Linda Tatiana, insistiendo en la pauta de la experiencia según la cual los hijos siguen con respeto a sus padres, en contraste se refiere a que la Juez acudió a la pauta de  mala justificación para sustentar la infracción, en desmedro del principio constitucional de no autoincriminación.

 

Sostuvo que no existe prueba indiciaria en contra de Tatiana, de la cual se pueda inferir que ella fue la autora del delito subyacente, y aunque la Corte ha enseñado que el mismo puede ser adelantado por terceros, el entendido de la a quo, parte de la base subjetiva de que los hijos desconfían de sus padres.

 

Expone el defensor que aunque Miguel  ponía bienes a nombre de Tatiana desde cuando contaba con 11 años, lo cierto es que ella nunca tuvo la disponibilidad real sobre los mismos. Es que del inmueble del cual se predica el lavado de activos, y los restantes le propietarios confirieron poder el 27 de abril de 2004, lo único que denota es que cumplía los designios de su padre, como hija de familia que era, sin recibir ni una moneda por el evento; el hecho pudo ser rastreado por la Fiscalía, pero no ocurrió así, porque no cumplió con sus cargas probatorias.

 

Trajo a colación su particular visión para interpretar las decisiones del Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria en materia de inferencias, concluyendo que estas son semejantes al barrunto contingente cuyo valor probatorio es leve; precisó definiciones de los indicios necesarios y contingentes.

 

Insiste en que la inferencia lógica parte de los hechos probados en el proceso, o sea, que parte de pruebas directas y válidamente practicadas dentro del proceso, de las cuales, aplicando las reglas de la sana crítica, se deducen eventos de interés dentro del proceso penal; se queja de la falta de claridad alrededor de si la a quo enmarcó su decisión en un indicio necesario o contingente, éste último generador de duda; considera que es el último de los institutos mencionados el que se configura en el proceso, por lo tanto, no genera la certeza de los hechos, sino que por el contrario la desvirtúa, lo cual coincide con los intereses defensivos.

 

Criticó la lectura que se le ha dado a las enseñanzas de la corte, en el sentido de que del indicio no debe emerger grado de certeza, de la ocurrencia de los hechos, porque para condenar se debe contar con total claridad alrededor de los mismos. Replicó que el hecho de que el delito sea subyacente, no habilita la ausencia de certeza, la cual emerge del indicio a través de hechos indicadores.

 

Expuso que Linda Tatiana recibió la orden de su padre, en el sentido de conferir poder a una abogada el 27 de abril de 2004, con el ánimo de vender el inmueble; tras la firma del mandato, su Linda no vuelve a saber del asunto, hasta que su ascendiente fallece en septiembre de esa anualidad; es allí cuando retoma el asunto, pero para resolver lo que corresponde a la sucesión por causa de muerte. De ese modo, controvierte el fallo con el cual parece que se desdibujara el derecho civil, merced de los eventos punitivos, con lo cual la responsabilidad no es por la conducta sino por la sangre, de lo cual la defensa se aparta. Solicitó que se revoque el fallo y en su lugar se profiera absolución para  Cardozo, disponiendo la cancelación de todos los pendientes.

 

  • Recurso del defensor de Martha Eda Cardozo Ospina y Aldemar Ospina Arias

 

  • Martha Eda Cardozo Ospina

 

El apoderado de los susodichos comenzó su salida con la solicitud de que a Aldemar Ospina Arias, su pupilo y a Linda Tatiana Arroyave Cardozo, defendida del togado Luis Eduardo Salazar Reyes, se les conceda lo contemplado en los artículos 451 y 314 de la ley 906 de 2004, esto es la merced del subrogado de detención en el sitio de residencia; esto en consonancia con el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014, que adicionó el canon 38B, referente a la otorgamiento de la privación de la libertad en el domicilio cuando la pena mínima a imponer sea de 8 años, en desarrollo del principio pro homine, analizado en detalle dentro del expediente T2451120, fallo T129/11 de la Corte Constitucional T2451120 de 3 de marzo de 2011, siendo ponente Jorge Iván Palacio. Esto, porque los dos son jóvenes estudiantes, sin antecedentes, cuya actividad fue la de firmar unas escrituras por voluntad de sus padres; ellos se encuentran en detención domiciliaria y acatando lo que se ha exigido por parte de los administradores de justicia, lo cual amerita un tratamiento “diferencial”.

 

Ya en punto de la impugnación a nombre de Martha Eda Cardozo, consideró que su cliente fue investigada y condenada por haber sido esposa de Miguel , pese a que cuando falleció, llevaban casi diez años separados. Por su parte, Aldemar Ospina, familiar de Eda, fue condenado por Testaferrato, por el hecho de haber firmado la escritura de un bien que su padre compró lícitamente, éste, tiempo después se quedó sin los fondos para pagar una hipoteca, y por eso tuvo que enajenarlo a través de Martha Eda Cardozo, quien se dedicaba a los negocios con finca raíz.

 

Para contextualizar su recurso, hizo un recuento de los hechos que considera relevantes dentro del expediente. En primer lugar, dice que la sentencia toma como punto de partida el nexo entre los recursos económicos de Miguel Arroyave Ruiz y los eventos aquí juzgados; además, sin que exista prueba de ello, se refiere que Martha, luego de su separación, continuó hablando con éste.

 

Insistió en que la Fiscalía interceptó las comunicaciones de su clienta, con lo cual el Juzgado consideró que a partir de los datos colectados se logró establecer que ella se dedicaba al Lavado de Activos, con la traslapa de tener como fuente de ingresos la compra de inmuebles que hacía figurar en cabeza de terceras personas.

 

Dentro de las personas que habrían colaborado en dicha empresa, había miembros  de su círculo familiar como Luz Elvia Ospina de Saldarriaga y Aldemar Ospina Arias; se dice que la primera vivía en Manizales, donde se encuentra una de las propiedades  tachadas y que en lo atinente a Aldemar, el fundo que se enrostra, fue adquirido por su padre, quien es su homólogo, acudiendo a un préstamo hipotecario, el cual cuando no pudo seguir cancelando, lo tuvo que vender. Por eso si Aldemar Ospina es testaferro, lo sería de su propio padre.

 

El libelista recuerda que en su salida en la audiencia de juicio, Martha refirió no haber mencionado durante la indagatoria las llamadas interceptadas por consejo de sus defensores; recaba en que las comunicaciones se refieren a sus actividades profesionales en finca raíz, a las cuales se dedicaba incluso antes de la muerte de su antiguo esposo; los inmuebles citados en las charlas eran de otras personas, y a través de la venta de los mismos ganaba comisiones. Ahora bien, de las propiedades que Miguel le dejó a sus hijas, no hay noticia en las interceptaciones. Aún más, cuando el citado las adquirió lícitamente con el fruto de su trabajo, ellas eran menores de edad y no se podían vender.

 

El contenido de las llamadas no tiene nada que ver con operaciones de Lavado de Activos o Testaferrato, porque los bienes son propiedad de su familia, como lo demostró en el proceso se extinción de dominio; de hecho, durante los últimos quince años, Eda vivió en Bogotá, teniendo como fuente de ingresos la finca raíz y el arriendo de dos inmuebles que la Fiscalía embargó. Antes de desarrollar tales actividades se desempeñó como comunicadora social en la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

 

Las propiedades que tenía en cabeza suya y de sus hijas, eran producto del patrimonio familiar, obtenido lícitamente, como resultado de la explotación de la mina y la comercializadora que fuera de Miguel Arroyave; él obtuvo un apartamento para la vivienda de la familia, y otro, para que generara ingreso. A propósito, el que estaba ubicado en los Bosques del Marqués, no obstante fue puesto en cabeza de una de sus hijas, Miguel decidió venderlo, sin que ellas tuvieran nada que ver en ese negocio, y sin siquiera recibir dinero por él.

 

Frente a las actividades de Arroyave, adujo que la forma de obtener su sustento era como de minero; para cuando éste se convirtió en jefe de las AUC, ya no convivían y ni ella ni sus hijas tenían conocimiento de sus negocios. De cara al cambio de naturaleza jurídica de una de  las empresas, acota que Martha lo propuso por seguridad,  porque a la muerte de, todo lo que tenía que ver con él, era un peligro.

 

En cuanto a Ángel María Moncada, su relación se fundó en la condición de contador público de la empresa; en la charla donde se refieren a Ulises Cardozo, una tarjeta y una transferencia de dinero, esto se debió a que su tío Aldemar Ospina Arias, se la prestaba a su hijo, quien trabajaba con ella desde el 2003, fundada en esa relación, como ella no estaba en la ciudad, solicitó el favor de que pagaran una factura.

 

Antes de verse involucrada en el presente expediente, la procesada no conocía a Ulises Ospina o Blanca Ligia Mosquera, pero desconoce si Miguel tendía alguna relación con estas personas.

 

Sobre la casa de Manizales, manifestó que la persona que se nombra, es una tía suya que trabajó toda la vida como profesora, quien le ofreció comisión en el evento en que le ayudara a venderla; para el efecto le otorgó un poder, demostrándole a la Fiscalía la génesis de ese inmueble, el cual no le pertenecía a Miguel Arroyave.

 

De  algunos de los eventos relacionados con las conferencias telefónicas se pronunció así:

 

  • Las charlas de Cardozo Ospina con Moncada Moncada, tuvieron tinte profesional, en tanto que ella no es diestra en temas contables.

 

  • La reunión de Martha con Miguel en Cartagena, fue por insinuación de sus hijas, como lo indicaron los policías que rindieron declaración, pero su hospedaje fue en partes distintas del mismo hotel.

 

  • Sobre la llamada en la cual la procesada refiere que “su esposo está esperando el avalúo”, no alude a Arroyave, sino que se hizo así para no aparecer como una persona sola ante sus potenciales clientes, no obstante, sus allegados sabían que se había separado de Miguel mucho tiempo atrás.

 

  • Durante la sesión de indagatoria de 28 de diciembre de 2012, Cardozo relató que las llamadas interceptadas, se produjeron con ocasión de su desempeño como agente de finca raíz. Para ese momento se comunicaba con algunas inmobiliarias, para que le realizaran avalúos de los bienes disponibles para la venta, sin embargo los negocios no se realizaron; frente a otros bienes respecto de los cuales tuvo derechos y que se vendieron, eran propiedad de sus padres, quienes los habían adquirido de tiempo atrás.

 

El defensor trajo a colación que el fallo impugnado se refirió a la solicitud de declaratoria de nulidad de la audiencia de juicio, tomando en consideración que no fue pública debido al paro judicial que estaba en vigor para el 17 de octubre de 2014; por ese motivo ni él o sus colegas tuvieron acceso al expediente; aún más, no fue escuchado el perito contable y tampoco tuvo lugar las prueba de audiometría forense que era determinante para alegar de conclusión. Esto, aunado al pregón con ocasión del respeto por el derecho a guardar silencio; es que la Fiscalía no probó su acusación y se limitó a utilizar como “comodín” a Miguel  y a partir de dicha persona se derivaron todo tipo de conclusiones, por ejemplo, que si el mencionado era delincuente, todos los bienes de su familia son producto del ilícito, lo cual no fue demostrado.

 

En torno a la Comercializadora Arroyave Cardozo S en C y Mina Las Margaritas, se dijo que se constituyeron legalmente y operaron en realidad, no como empresas fachada, sin que se hubiera mostrado que se dedicaran a actividades ilícitas. La mina operó entre 1990 y el 2000, cuando  fue detenido; la relación de éste con las AUC data de 2002, por lo tanto, no existe nexo causal entre las propiedades de Martha y sus hijas en las actividades del susodicho.

 

Las conversaciones interceptadas sólo dan cuenta de quien interviene en las mismas es una persona dedicada al corretaje, que era lo de Cardozo Ospina con el agravante de que la Fiscalía dio por sentados, negocios que no se realizaron. Además la intervención de abonados no puede ser considerado como prueba porque los motivos que dieron lugar a ellas, no pudieron ser demostrados y como la restricción se fundó en un informe de inteligencia no suscrito, dicha actividad constituye la violación del derecho a la intimidad, porque cuando se acudió a las empresas de telefonía celular, esto se hizo sin orden judicial. Aunado a ello, las grabaciones realizadas no tienen la idoneidad para ser valoradas, porque según los peritos de la defensa, éstas carecen de autenticidad y tenían cortes. En todo caso, aún cuando fueran legales las interceptaciones, su contenido no es prueba de nada y atendiendo el principio de libertad probatoria, pueden utilizarse peritos no oficiales.

 

Cuestionó la parte considerativa el fallo donde se refiere el informe 010 GRUJU-SATEC de 15 de enero de 2004, de la Policía Judicial Antinarcóticos, en el cual se hace alusión a la compraventa de inmuebles, entre ellos un local de estética en Miami, por la suma de US$120.000.oo, vehículos; arriendos, viajes a varios destinos nacionales; trámites de escrituración a nombre de hijas y movimientos en diferentes cuentas bancarias, una de las cuales está a nombre de Aldemar Ospina. En ese documento se dice que Martha se comunica por Avantel con algunos de sus colaboradores, incluyendo un señor o familiar que le suministra vehículos, dinero y lujos facilitando el trámite de negocios. En punto de las interceptaciones propiamente, se refirió a las charlas incluidas en el fallo, esto es: 17 de diciembre de 2003 a las 12:42; 18 de diciembre de 2003 a las 16:30; 26 de enero de 2004 a las 10:34; 19 de diciembre de 2003 a las 17:57; 23, 24 y 25 de marzo, 20 de abril y 3 de agosto de 2004.

 

Se pronunció sobre la conversación de 6 de agosto de 2004, a las 10:00 horas, donde intervinieron Tatiana, la Flaca y Martha, a propósito de un viaje de familia, lo cual es ajeno a las imputaciones que enfrenta Martha.

 

También se ocupó de la referencia hecha en la sentencia, del informe 075/MD DIRAN AREIN GRUIC-PROLA, con el cual se deduce que los recursos de  Ruíz ingresaron en las cuentas de sus familiares; incluyendo muebles e inmuebles, amén de las sociedades constituidas por éste, como el dinero de su esposa, hijos y otras personas, de donde se habría deducido la existencia de emolumentos de origen desconocido correspondiente a esas empresas.

 

Dentro de la reseña que se hizo del fallo, cuestionó  las conclusiones de la judicatura en torno a las intervenciones, información e interpretación de los datos compilados por los policiales Guillermo Herrera Herrera, Herbert Luigy Benavidez Valderrama; Daniel Fernando Gutiérrez Wilches, José David Quintero Aristizabal; Fernando David Rodríguez Moros.

 

Ya como argumentos defensivos propiamente, el apoderado postuló que desarrollaría su intervención a propósito de cinco eventos: i.) lo relacionado con la cirugía y la camioneta; ii.) la compra de la casa en Manizales; iii.) los avalúos; iv.) las conversaciones con el abogado –doctor- y v.) la mención de otros bienes que tienen que ver con los negocios lícitos de Martha Eda.

 

  • Sobre la cirugía y la camioneta. Estos temas fueron tocados en los folios 35 a 36 del fallo, con referente en la charla de 18 de diciembre de 2003 a las 16:30; en esa oportunidad Martha se refiere al “doctor”[17] y al apartamento 801. Cita literalmente la charla donde se dice que “ESTE SEÑOR” le va a regalar para una “lipo” y que por ello le traerían el viernes un dinero que le entregaría FREDDY, con motivo de la navidad; esto, entre tanto evoluciona “alguna cosa de la camioneta”; por eso le va a completar a “ella” son los cinco en un cheque para su cobro; Ulises dice que el cheque se haga a nombre de él para su cobro.

 

Posteriormente, en charla de 19 de diciembre de 2003, cuando Martha llamó a Ulises para comentarle que la había llamado “(coco)” a pedirle una cuenta en Conavi, con ocasión de unas transferencias que el “señor” le iba a hacer, para el regalo de la cirugía; ella iba a facilitar esa plata mientras vendía el carro; de ese modo, se valdría de “Aldemar chiquito”, para que le “lleve la tarjeta a Aldemar el viejo”. Ulises dijo que concertaría con Aldemar grande y le sugirió a ella, que hiciera lo propio con el pequeño Aldemar, quien sería el portador de la tarjeta.

 

Se queja el togado de que la Fiscalía en diez años no indagó con el banco sobre la transferencia de fondos; considera inapropiado, por consiguiente, que sea con la conversación que se pretenda la configuración de un delito.

 

Desmiente que las referencias que a los folios 74, 36 y 35 del fallo se hacen en torno al “señor” correspondan a Miguel Arroyave, pues con esa palabra se designa es a Moncada como lo reconoció la judicatura  en las páginas 37, 76, 77 y 78, en las cuales se precisa que el vocablo designa a Moncada y no a Miguel.

 

Ahora bien, la charla no fue entre Martha y su madre, sino con otra persona que le hacía saber que no estaba en condiciones económicas de facilitarle un dinero; aún más, la “lipo” nunca fue realizada, por lo tanto, no se puede deducir de dicha conferencia, que se estuviera cometiendo delito.

 

  • La camioneta. Las alusiones al vehículo –Fl. 35 y 75-, tienen que ver con la interceptación de diciembre de 2003, donde se narra que el “señor” mandó a recoger la camioneta. Le resta credibilidad al análisis hecho en la sentencia porque debe recordarse que Martha Eda, se dedicaba a la compra y venta de vehículos e inmuebles, y con ese precedente, Miguel Arroyave, quien para ese momento -2003- estaba negociando con el gobierno la dejación de armas, en tal virtud es imposible que se encontrara al tanto de la transferencia de un rodante.

 

  • En el fallo se referencia la Casa de Manizales y a Luz Elvia Ospina de Saldarriaga, tía de Martha –Fl. 58-; el inmueble sería de ésta, quien se desempeñó como profesora, y que con sus ahorros quería adquirirlo. Cuando ella se dispuso a viajar, le dio su casa a Eda, para que si salía algún negocio, ella se ganara una plata. Para el efecto se elaboró un poder; de ese modo se le demostró a la Fiscalía cómo se compró el inmueble y que no era cierto que fuera de Miguel.

 

En la decisión impugnada se indicó que el lavado de activos existió y en prueba de ello obra la conversación de 26 de enero de 2004, según la cual se acordó la compra de un inmueble en esa ciudad, el cual debía tener por titular a Luz Elvia Ospina. El negocio se perfeccionó el 3 de febrero de esa anualidad, conforme a la escritura 353 de la Notaría segunda de Manizales.

 

La queja en este punto, tiene que ver con que el Juzgado interpretó únicamente lo desfavorable a su cliente, faltando a su deber de valorar también lo que la beneficiaba. Insiste; la tía de Martha, Luz Elvia Ospina, con sus ahorros obtenidos por su actividad docente en Manizales, lugar de su arraigo, quería comprar una vivienda; Martha Eda, con actividad comercial orientada a ese ramo, trató de localizarle un predio del gusto y presupuesto de Luz Elvia. Ello ocurrió 11 años atrás, afirma que por ello se deduce que su adquisición fue con todas las legalidades, sin que pudiera estar ligado a ninguna actividad de lavado de activos, testaferrato o que tuviera que ver con Miguel Arroyave. Aunque en el fallo confutado se hace referencia a las escrituras de compraventa, no existe demostración de que el bien estuviera contaminado con algún delito  y de haber sido así, por qué no se vinculó a las “otras personas”.

 

  • “Los avalúos y las sumas considerables”. Este ítem, se asocia con la conversación de 24 de marzo de 2004, alusiva a la charla suscitada entre Martha y Luis; la susodicha comenta que el apartamento visto puede ser negociado entregando mínimo en efectivo $300´000.000.oo, y el resto en canje. Sin embargo, su esposo le había dicho que no “había la plata”; para ese momento sólo se podían conseguir $100’000.000.oo y que el resto fuera con permuta, por el valor de las cosas. Se cita que al propietario del fundo, quien vivía en Estados unidos, no le interesaba ninguna propiedad, sino la plata; en todo caso se le propuso que sacaran el negocio adelante y que “ellas” se encargaban en “convertir” en plata los bienes, ante lo cual el señor dijo que si.  Según Martha, su consorte le decía que entre menos plata mejor, porque el metálico era más difícil de conseguir, pero a cambio, había una cantidad considerable de propiedades. El apartamento que estaban negociando tendría un valor de mil trescientos millones de pesos, incluyendo descuentos; además existe una finca en Tocaima con un valor de ochocientos millones; Martha dispuso que “Luis” tomara nota de los bienes, porque ella se entendería de indicar la cantidad de bienes y vehículos que serían entregados como forma de pago del apartamento en comento, aún así el que da la última palabra del negocio, es su esposo. Entre tanto, Luis hace cuentas de cuánto vale lo que ella está ofreciendo en pago por el apartamento completando un valor de novecientos setenta millones de pesos, restando una diferencia de casi trescientos millones, que se podría manejar; es que el vendedor estaría recibiendo casi mil millones de pesos en propiedades; ayudaría en todo caso que el propietario pudiera hablar con “el señor” a ver si rebaja algo; eso es lo que quiere el esposo.

 

  • En la charla del 20 de abril de 2004, Martha llama a Norma para hablar de unos negocios de inmuebles pendientes de realización. Así, Norma le comenta a su interlocutora que había recibido una llamada donde se le dijo que dos mil doscientos cincuenta; el vendedor era de pocas palabras. En la comunicación se refieren a Don Benjamín quien tendría un negocio pendiente por “dos mil ciento cincuenta”. También se le preguntó a Martha si se le pagaría comisión a las “niñas” de Bosques del Marquez, ante lo cual respondió que no sería así, porque el apartamento no era propio, además “el señor” no es de comisiones. Aclaró que como Norma iba a hablar con el señor, se le tiene que explicar que ya se conversó con la persona de los trescientos cincuenta millones y que donde estaba incluida doña Patricia –haciendo alusión a Martha- se habló de rebajar la suma, porque se tenía que pagar comisión por varios inmuebles, cincuenta millones. Ante la pregunta relacionada con “las cosas que estaban allá…”, Norma respondió que él negociaba todo; Martha comenta que el señor es amigo de la casa y Norma responde que él de pronto daba veinte millones por todo.  Seguidamente la procesada manifiesta que si ese señor dejaba vender todos los inmuebles por esa suma, ahí se estaría rebajando por un lado cien millones y por otro, casi ochenta de los electrodomésticos y dotación de la casa, representados en muebles de cuero, lámparas, televisores, cámaras de cine y otros.

 

De estas conversaciones el libelista considera que, dentro de su actividad, Eda visitó un apartamento ofrecido en venta, por el precio que su propietario pretendía, que podía ser pagado con más bienes y parte en efectivo. Precisó que tal negocio nunca se hizo, pero aún así, el fallo pretende que sin una prueba más allá de la transcripción de las llamadas pueden configurarse delitos inexistentes que se le atribuyen a su representada.

 

  • Las palabras “señor” y “doctor”; en cuanto a este tópico que fue referido a folios 35, 36, 37, 76, 78 y 76 de la sentencia, sostiene el censor que el fallo recordó que en la conversación del 23 de marzo de 2004 su clienta en dialogo con Ángel Moncada, donde el tema era la venta del apartamento 801, que estaba a nombre de Aldemar y Jakelin, que no volverían a ser utilizados; la decisión reconoce que la palabra doctor era utilizada para designar a Moncada Moncada, quien por sus conocimientos en temas tributarios colaboró con Martha, pero de ello no se puede inferir un acto doloso.

 

Es que la providencia “reconoce que los términos “señor o doctor corresponden a ‘ÁNGEL MARÍA MONCADA’”; se insistió en el proveído en que en la charla de 25 de marzo de 2004, ella dice a Moncada que “el señor” estaba molesto porque no habían ido y le había recriminado porque a ella “no le gustaba ir ‘por allá’”; también se reprocha que 3 de agosto de 2004, se organizaba una fiesta para celebrar el cumpleaños “del señor”; el libelista sostiene que esa palabra se refiere únicamente a Moncada Moncada, de quien también se dice es “el doctor”, sin que la evidencia muestre lo contrario, sin que las charlas tengan que ver con los cargos que soporta Martha Eda.

 

Aduce que, en el caso de la conversación del 20 de abril de 2004, donde Martha y Norma se comunican, esa correspondencia sólo tiene que ver con la negociación de inmuebles, que finalmente no se dio; la charla se refiere a la forma en que se hubieran podido hacer los pagos; de ahí que no pueda  la charla nada tenga que ver con los cargos formulados.

 

  • Del caso de otros bienes y los testimonios a favor de Cardozo Ospina. Sobre este punto citó la declaración de Juan Pablo Osorio Dávila, quien conoció a Martha Eda por razones profesionales, dada su actividad como agente inmobiliario. Según se trajo a colación Juan y Cardozo realizaron tres negocios, e intentaron varios más quedando en meras intensiones. Sostuvo el deponente que se enteró de que ella y su familia se radicaron en Miami, e incluso él le ayudó a conseguir un cliente en esa ciudad, quien estaría en capacidad de realizar un trato por veinte millones de dólares, que resultó fallido porque a Martha le habían embargado todo. No le conoció esposo, aunque supo que se había separado quince años atrás y que éste era minero; tuvo conocimiento del cariz de Miguel, cuando los medios de comunicación dieron cuenta de sus asuntos.

 

María del Pilar González Rodríguez adujo en las pesquisas haber conocido a la procesada hacia el 2002 o 2003, durante una convención de corredores inmobiliarios e hicieron algunos negocios, por ejemplo el del apartamento de La Alhambra, pero en esa oportunidad no le alcanzó el dinero para el pago de la radicación de la escritura. Frente a dicho inmueble recordó que en el 2005, llegó la Policía Nacional al inmueble informando que se estaba realizando la extinción de dominio del mismo, por lo cual se comunicó con Cardozo, quien le contó que se había separado de Arroyave, y que estuviera tranquila que ese inmueble tenía por origen el patrimonio de sus padres; desde ese momento se volvieron muy cercanas.

 

A su turno, Blas Porras Silva, refirió conocer a la procesada más de una década atrás, como mujer separada y sola, con ocasión de que un tercero necesitaba vender una propiedad y averiguando quien podría hacerse cargo del negocio, conoció a la procesada; desde entonces, ha desarrollado algunos negocios con ella de quien sabe tiene por oficio la finca raíz.  

 

Durante el juicio, hizo presencia Ulises Cardozo, hermano mayor de la encartada; dicho personaje relató que Martha es comunicadora social, habiendo culminado sus estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el apoyo económico de sus padres cuya labor era la de comerciantes.

 

Recabó en que entre 1979 o 1980 Eda trabajó manejando la parte de comunicaciones de la Secretaría Distrital de Salud; luego de un tiempo se casó con Miguel, quien tenía asiento en El Bagre y tenía una licencia que le permitía explotar la Mina Las Margaritas; el oro producido era vendido al Banco de la República; dijo tener entendido que Martha y su esposo, quien tuvo que ampliar su esquema de seguridad por amenazas de la guerrilla, pasaban por un mal momento debido al carácter de  y tuvieron que separarse por dos eventos en particular: a.) que él tenía otra familia y b.) los problemas con la justicia.

 

Cuando se presentaron los problemas judiciales su hermana tomó la decisión de separarse y comenzó a trabajar de manera independiente en el corretaje inmobiliario, motivo por el cual tenía vínculos con empresas del ramo con negocios dentro y fuera del país. Sin embargo, por la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, concluyeron sus incursiones en ese mercado. Se enteró de que ella en algunas conversaciones mencionaba tener un esposo, lo cual obedece a que en ese tipo de negocios es menester demostrar que se cuenta con respaldo, debido a la inseguridad que vive el país.

 

El censor trajo a colación que en el fallo no se desconoce que Martha se dedicara a la actividad como corredora de finca raíz; sin embargo los testimonios vertidos no logran desvirtuar el contenido de las conversaciones telefónicas legalmente interceptadas, en las que se percibe que el volumen del corretaje, iba más allá de lo normal y se extendía a la comercialización de inmuebles que no eran propiedad de una sola persona. Por ejemplo, de la conferencia del 24 de marzo de 2004, se censura que la procesada tenía un listado de propiedades pendientes de ser avaluadas, como pago del precio de otro inmueble, donde se incluían las matrículas inmobiliarias 50N-1078522; 50N-729444; 50N-1172402.

 

Dentro del plenario se ventiló el testimonio de 15 de agosto, del policial Benavidez Valderrama, quien habría ofrecido información sobre los vínculos de Miguel  con el tráfico de estupefacientes en los llanos orientales; el producto de la riqueza que dejaban esos negocios, sería invertida en inmuebles y circulaba por cuentas bancarias, a través de terceros. Aún así el gendarme no encontró dentro de la investigación previa, ningún ilícito y por ello reportó únicamente lo que le pareció de interés.

 

El apelante rememoró las intervenciones de los policías:

 

  • La salida del agente Gutiérrez Wilches, cuyo conocimiento de las pesquisas se refiere a la información recibida acerca de un grupo que desviaba insumos en el Meta, los cuales pertenecerían a las autodefensas. Por interceptaciones telefónicas se supo que los involucrados eran miembros del círculo familiar de Miguel Arroyave, sin que hubiera verificado sus actividades, porque la orden no se extendía a este.

 

  • La participación en la audiencia pública de Benavides Valderrama a propósito del “informe de inteligencia”, dijo que era un elemento carente de firma, por tanto, no se sabe quien lo elaboró; por otro lado, mientras fue parte de las averiguaciones, no era posible hablar de transferencias de las AUC a Eda Cardozo, como tampoco que ella prestara dinero para el pago de la nómina del grupúsculo irregular.

 

  • La declaración del agente Quintero Aristizabal, quien siendo investigador en el 2003, no recordaba qué tarea cumplió dentro de las averiguaciones.

 

  • Rodríguez Moros, analista e investigador del grupo de precursores químicos, orientó al grupo en esta investigación y al escuchar las interceptaciones, no logró encontrar ninguna actividad relacionada con esa hipótesis delictiva, pese a que las interceptaciones duraron dos años. En todo caso, supo que Martha Eda era corredora inmobiliaria y comerciaba además con vehículos. Su relación con Miguel Arroyave, no revestía importancia para el caso y en las comunicaciones se vislumbra que ella no quería saber de él; entre tanto Linda Tatiana era estudiante de la universidad de La Sabana y vivía alejada de su padre y no tuvo comunicación con él durante la época de las interceptaciones; no se mostraba como empresaria ni emprendió viajes a El Bagre. Finalmente, de Aldemar Ospina, nada recordaba.

 

Sobre el viaje a Cartagena, acaecido en diciembre de 2003, rememoró que se hospedaron en habitaciones separadas, culminando su labor investigativa una vez regresó de esa ciudad. Por lo dicho colige que Martha Eda Cardozo tenía una actividad lícita y exitosa, como se reconoce en el fallo.

 

  • Del apartamento 801 dijo que en fallo se toca la interceptación de 23 de marzo de 2004 donde la acusada dialoga con “el doctor” –Fl. 76-, o sea con Ángel Moncada, siendo el tema la venta del inmueble que estaba a nombre de los pluricitados Aldemar y Jakelin, de quienes dijo que no volverían a utilizarse por sus edades; de ahí se dedujo el comportamiento delictual que estaría siendo desplegado por la procesada. El juicio de valor devino de “el afán de colocar los bienes a nombre de terceras personas”, porque provenían del ilícito.

 

Alega el apelante que la a quo olvida que Martha se dedicaba a la compraventa de inmuebles y que el bien fue comprado por su tío a nombre de Aldemar, con sus propios ahorros, no su primo. El asunto es que su real propietario decidió venderlo porque no tenía cómo pagar la hipoteca; de ese modo le pidió a Martha que le ayudara con la venta; la referencia sobre los jóvenes tiene que ver que por si condición de estudiantes, no era fácil cerrar rápidamente la negociación.

 

Se queja de que 10 años después la Fiscalía no acreditó la ilicitud o que los dineros o negocio fueran espurios, por ese motivo considera que el cargo no ha debido formularse.

 

  • Aldemar Ospina Arias

 

La defensa material del susodicho, fue analizada en la sentencia; según esta, el procesado manifestó en su favor que no era testaferro de nadie y que fue investigado por un bien que compró su papá con recursos propios y un préstamo. Duraron tres años en el inmueble, hasta que su padre decidió venderlo, mediando una inmobiliaria. Su actuación se limitó a la firma de la escritura.

 

No conoció a Miguel, pero supo que tenía una relación con Martha, su prima; por petición de ella, le colaboraba en oficios como pago de recibos,  recoger a sus hijas y otros eventos, dado que está sola en la vida.

 

Ya en la parte considerativa de la decisión se recaba en que Aldemar sí conocía a Martha porque era su empleado en labores como la descrita y lavando carros; Linda Tatiana era su conocida porque era prima segunda; a Moncada lo distinguía, por su condición de allegado a la familia; no sabía quién es Carlos Augusto Arroyave  Soto o José Miguel Arroyave Ruíz, aunque tenía algún conocimiento de que se relacionaba con su prima.

 

Nunca tuvo confianza con Martha como para retirar dinero; aún así, ella le decía que sacara de la cuenta para el pago de recibos, sin que eso implicara que fuera tutos de la cuenta. Aclaró que nunca puso nada a nombre suyo por pedido de Cardozo Ospina.

 

Según el fallo, Aldemar Ospina fue acusado de testaferrato por su participación en la compra del inmueble ubicado en la carrera 10 No. 120 – 30 torre A apartamento 801, edificio ERA 2003 de Bogotá, que según el procesado, habría sido comprado por su padre por valor de $150’000.000.oo. A partir de las conversaciones interceptadas el 23 y 24 de marzo de 2004, el juzgado coligió que Martha Eda estaba negociando el inmueble para entregarlo en parte de pago de otra propiedad; acusa el censor que el fallo deja de lado un dato crucial y es que Cardozo Ospina “se dedicaba a la finca raíz”; que el inmueble fue comprado por su tío, quien al haberse visto en necesidad por ausencia de liquidez para el pago de la hipoteca, le pidió a ella que le ayudara a vender el fundo; por su parte, Martha, dentro del ejercicio normal del corretaje, lo ofreció junto con otros bienes de distintos dueños, como en este caso ocurrió.

 

Dada cercanía de Ospina Arias con Martha, él accedió a pagar los recibos y demás, sin que pueda pasarse por alto que en una de las charlas interceptadas Eda le dice a Moncada, que no van a utilizar más a Aldemar por su edad. Para la a quo, el hecho de que Ulises Cardozo hubiera dicho que Martha era ayudada por Aldemar, quien hacia vueltas dado que para ese momento estaba muy sola, ello en nada afecta la acusación realizada sino que por el contrario, se colige que era tal el vínculo, que prestó su nombre para colocar bienes de ella como si fueran de su propiedad, sin que el Ospina hubiera aportado prueba de la licitud del negocio.

 

Es que la firma estampada en la escritura pública 3316 es la de Aldemar, como él mismo lo reconoció, pero no recordaba por qué estaba allí, quizá fue porque en el 2004 estaba culminando sus estudios de bachillerato; ahora bien, él es la persona nombrada en la interceptación del 19 de diciembre de 2003, pero sus tareas sólo consistieron en hacer diligencias; nunca estuvo en un banco abriendo cuentas y no siguió con esas labores dado el escaso ingreso que por ello devengaba, y además, quería continuar con sus estudios. Así mismo, Aldemar refirió dentro del proceso estar sorprendido por el contenido de las llamadas telefónicas y no recordar haber estado en la DIAN declarando renta, por lo que sería inocente del cargo de testaferrato.

 

Insiste el defensor en que su prohijado no mintió en nada; es que, el padre les compró a él y a su hermana el apartamento 801, del cual entregó la cuota inicial de $50’000.000.oo y constituyó una hipoteca, pero al quedarse sin la manera de pagarla solicitó su venta a Martha, lo cual es referido en la sentencia –Fl. 76-, cuando se indicó que merced de la comunicación de 23 de marzo de 2004, donde Martha le dice a Moncada, a propósito del apartamento 801, que se encuentra a nombre de Aldemar y Jakelin, que a ellos, por sus edades, no los volverán a utilizar.

 

Según el togado, carece de sustento lógico la afirmación de la judicatura según la cual si los bienes gozaban de licitud, no existía razón para el afán de la procesada en colocarlos a nombre de terceras personas, salvo porque provinieran de dineros espurios; es que, si Martha Eda se dedicaba a la intermediación de finca raíz y quien compró el inmueble fue el padre de Aldemar, quien al poco tiempo tuvo que prescindir del bien, porque no tuvo cómo pagar la hipoteca, teniendo que fue Martha quien le ayudó a salir del impase, sin que ello suponga  algo turbio en la negociación como se acota en la sentencia, de tal modo itera que no hubo ilicitud en la negociación del apartamento 801, pues si hubiera sido así, la Fiscalía lo hubiera acreditado, sin que al cabo de 10 años lo hiciera.

 

En consecuencia, solicitó que se revoque el fallo motivo de alzada y en su lugar se absuelva a Martha Eda Cardozo Ospina y a Aldemar Ospina Arias.

 

  • Intervención de Martha Eda Cardozo en ejercicio de la defensa material

 

Esta procesada presentó un alegato a manera de ejercicio de su propia defensa; en éste, propone los motivos que le llevan a sentirse inconforme con la decisión de condena. Así, alude a la ineficacia de la actuación, al haber incurrido la judicatura en vías de hecho por exceso de ritual manifiesto.

 

Se queja de la violación a la expectativa razonable de intimidad, lo cual se traduce en que a partir de un informe de inteligencia que no identifica la dependencia o el funcionario que lo elabora, se relacionan unos números telefónicos con la postulación de unas acciones ilícitas. Este hecho se funda en el “espionaje” a la familia de Miguel Arroyave, sin el cumplimiento de las garantías a un debido proceso, bajo el tamiz de la aplicación del artículo 314 de la Ley 600 de 2000. Es por ello que considera conculcado su derecho fundamental contemplado en el canon 15 Superior, porque en el legajo no medió una orden de autoridad judicial justificada, soportada en motivos fundados.

 

Considera arbitrario que la Policía judicial –CO 1, fl. 2-, oficiara a los operadores de telefonía fija y celular, recabando en los datos biográficos de las personas titulares de las líneas, y sin disponer del mandato para el efecto accedieron a documentos contentivos de información reservada, obrantes en las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones, pero de manera selectiva, particularmente con los números 2141446, 3153095860 y 3105605390, que corresponden a los abonados de Martha Eda Cardozo y su familia, como si ella fuera la única persona nombrada en el mentado “informe de inteligencia”. Ello es suficiente para que se evocara la teoría del fruto del árbol envenenado.

 

El cometido de las pesquisas era el esclarecimiento del punible de Lavado de Activos en cuantía de diez millones de dólares; todo esto se habría hecho a través de una casa en Manizales y la venta del apartamento 801 de Aldemar Ospina.

 

Por  eso pide que se declare la ilegalidad del haz probatorio, en tanto que con dicho recaudo se vulneran los derechos a un debido proceso y defensa. Como la prueba así obtenida no puede ser adosada en el trámite, deberá declararse su inocencia.

 

Aunado a ello, se queja de que aún cuando su defensa solicitó oportunamente copia de la imagen forense de las comunicaciones interceptadas, a efectos de realizar una prueba de corte técnico, cuando le fue entregado el material no se siguió el protocolo de cadena de custodia, en los términos del artículo 288 de la Ley 600 de 2000, como sello de originalidad y autenticidad. Es que los discos no estaban embalados como evidencia protegida, no se describía su contenido ni se identificaban a los intervinientes en la recolección de la evidencia, quienes tenían la responsabilidad de aplicar ese mecanismo de seguridad. Siendo así, el investigador Guillermo Herrera adujo que para esa época no había formatos ni protocolos de cadena de custodia; por su parte Hebert Luigi Benavides adujo que entonces no existía el procedimiento de embalaje; Daniel Fernando Gutiérrez aseveró que no existía formado de cadena de custodia, pero sí la rotulación, marca y embalaje. Con ese “variopinto” conocimiento de las pautas de investigación que exhibieron los policiales, lo que más sorprende es que la a quo recoja la evidencia en el fallo, todo, con violación del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

 

Critica la justificación que a ello dio la judicatura a ese hecho en el sentido de que a los policiales no sería del caso reclamarles conocimientos del procedimiento de cadena de custodia, cuando en veces, ni siquiera los abogados los poseen. Como sea, lo que significaron los policías entrevistados fue que para esa época no se registraba el procedimiento en un formato. Frente al punto controvierte la censora que su bancada no se concentró en que para la fecha no hubiera formatos de registro, sino de la ausencia de actos materiales y formales que den cumplimiento a las exigencias del canon 288 ya referido.

 

Es que para la Juez el mero informe donde se consignaron los datos y los referentes del funcionario judicial que tuvo contacto, ya cumplía con los fines procesales, por tanto, las carencias señaladas, podían suplirse con el testimonio de quienes recolectaron la evidencia.

 

Dicho punto lo califica como un falso juicio de racionalidad; aún más, aceptando no hubo protocolo en la compilación de llamadas, porque a la fecha en la que ello ocurrió no era necesaria su aplicación, evoca que esto es un yerro y así fue interpretado en la sentencia C-029 de 1995 de la Corte Constitucional, conforme la cual no es posible administrar justicia olvidando las formas procesales. Se queja de que no es posible oponerse a una prueba frente a la cual no se tiene certeza de su originalidad, autenticidad e identidad, o lo que es lo mismo, cómo se puede soportar una sentencia en una prueba que no ofrece razonablemente confianza sobre su mismidad y entidad documental.

 

Vuelve sobre el punto de la solicitud de la imagen, para someter los audios a una pericia, en desarrollo del principio de libertad probatoria, la cual se desarrollaría por tres personas de cuyas hojas de vida hay noticia en el expediente, con el objeto de revisar la autenticidad de los registros y así obtener información de posibles “cortes de fase, cambios abruptos en el ruido de fondo, o anomalías en le habla” que permitieran esclarecer si fueron objeto de edición y si son aptos para el cotejo de voces.

 

La conclusión de los expertos es que hay carencia de autenticidad, con evidencia de edición y cortes que alteraron su contenido; a la sazón, advierte la presencia de un hombre que hace la presentación de quienes parecen participar en la charla. Según la censora, ello atenta contra la autenticidad de la prueba y fuera de ello, se aviene como la introducción, por parte de quien escucha de conclusiones a priori respecto de los participantes. Fue por ello que los técnicos contratados sugirieron el acceso a los documentos originales, con miras a la toma de espejo con una frecuencia de muestreo específica que evidenciara las falencias técnicas de las grabaciones.

 

Insiste en la existencia de un falso juicio de existencia, merced de falta de oportunidad procesal para incorporar la evidencia en el proceso; de ahí que se está privilegiando el derecho procesal sobre el sustancial; esto se traduce en un exceso de ritual manifiesto, lo que se erige en una vía de hecho que vulnera el derecho fundamental; es que desde la audiencia preparatoria, la defensa solicitó los audios para operar sobre ellos una prueba técnica, lo cual fue concedido, pero luego, se negó su incorporación por inoportuna desconociendo así el contenido de lo hallado, con miras a la consecución de la verdad científica y su valor para la protección del derecho sustancial. Es que la Juez se negó a incorporar oficiosamente, por cuenta de peritos oficiales la evidencia, como se lo solicitó su bancada, lo cual significa que quien administraba justicia, dio la espalda a un medio de prueba que reformulaba la legalidad, validez y legitimidad del núcleo de la acriminación.

 

La evidencia no podía ser rechazada en los términos del artículo 234 de la norma procesal, en el sentido de que era su deber buscar la verdad real y todo aquello que contribuya a esclarecimiento de los hechos; para ello cuenta con la facultad de decretar pruebas de oficio.

 

Esta postura encuentra asidero en la intervención de 16 de julio de 2014, donde el agente Fernando David Rodríguez Moros aceptó que las comunicaciones interceptadas no correspondían a una imagen forense, lo que sería suficiente para predicar la falta de uniprocedencia y originalidad de la prueba, y aún más: que él había manipulado la grabación para agregar su voz, anunciando a los interlocutores. Dicho evento no fue valorado por la a quo, e incluso celebró esa manipulación, desdeñando los interrogantes que se formulan alrededor los ítem ya mencionados amén de la autenticidad y verosimilitud.

 

La censora hace consistir los quebrantos que hasta aquí critica del fallo en los siguientes puntos: i.) violación de la cadena de custodia de las grabaciones; ii.) desestimación de la evidencia que denota cómo las interceptaciones no cumplen con los estándares para ser apreciadas y iii.) negativa de incorporación oficiosa de dichos estudios. Considera la apelante que esta postura raya con el prevaricato.

 

Seguidamente se ocupa de atacar la validez de la audiencia para alegatos conclusivos con argumentos semejantes a los expuestos por otros sujetos procesales, en el sentido de que el trámite se realizó a puerta cerrada, dado que el 27 de octubre se estaba surtiendo un paro de la rama judicial, quedándose fuera del evento, familiares y amigos que pretendían asistir al debate. Otra consecuencia de las particularidades de la audiencia de clausura, fue que Martha Eda y su defensor, no pudieron reunirse de manera privada, para que éste le señalara algunas directrices, en tanto que la libelista se asistió al rito de forma virtual; de tal manera que la defensa no sólo fue privada del derecho a revisar el expediente, habida cuenta del acaecer del cese de actividades, aunado a la ausencia de la posibilidad de recibir la asesoría en los términos dichos.

 

Por otro lado, al momento de la presentación forzada de las alegaciones, no se habían surtido la totalidad de las pruebas decretadas; tan es así, que aunque fue escuchado el testimonio del perito contador Luis Ernesto Rubiano, el cual tendría el encargo de refutar el ingreso de dineros ajenos a los frutos de su trabajo, no logró realizar el despliegue contable, lo cual fue motivo de impugnación, por ello, para la audiencia del 27 de octubre, se solicitó que se le permitiera el ingreso a éste, desconociendo para ese momento las resultas de la apelación en el Tribunal; es que la a quo no atendió los clamores defensivos en el sentido de que se permitiera la aducción de una probanza medular para sus intereses.

 

También se queja de la aplicación en su caso de la tesis de la carga dinámica de la prueba, cuando ese instituto deviene de la sede de extinción de dominio; como ejemplo de ello cita que ni a ella, como tampoco a Aldemar Ospina se les resquebrajó la presunción de inocencia en lo que al Testaferrato se refiere, no obstante, se les condenó por no encontrarse probada su inocencia.

 

De lo que se trataba con el informe contable era de que justamente se le otorgara a su bancada la oportunidad para desvirtuar la afirmación según la cual ella disponía de bienes ajenos a los que derivaban de su trabajo, en tanto que la Fiscalía no probó que dineros, títulos o bienes de las AUC, hubiera ingresado en su patrimonio, o viceversa; debe recordarse que su actividad profesional de cualquier modo no fue controvertida dentro del juicio. Como no se le permitió a la acusada aportar la evidencia señalada, el proceso quedó en el oscurantismo sin que fuera posible mostrar la realidad material, todo lo cual atenta contra el derecho de defensa.

 

Asevera que no se encuentra acreditado que la cuenta de CONAVI se hubiera utilizado para la compra del apartamento 801 del edificio ERA 2003, o que el apartamento no era de Aldemar Ospina; tampoco se estudió contablemente que por ese abonado bancario ella, las AUC, Aldemar Ospina padre o hijo hubieran movilizado altas sumas de dinero, de donde se coligiera la ocurrencia de la hipótesis de lavado de activos. Tampoco está probado que la venta del susodicho inmueble hubiera sido un negocio simulado; es que el apartamento no fue comprado de contado, sino mediando una hipoteca; como esas cuotas no fueron atendidas rigurosamente, sus propietarios decidieron acudir a ella, de quien tenían conocimiento se dedicaba al corretaje inmobiliario, para poder vender el bien, lo cual no se erige como una forma de lavado de activos, porque a la sazón no circularon por ello grandes sumas de dinero.

 

La Fiscalía habló sin tener soporte, de la circulación de millones de dólares, dinero perteneciente a las AUC, lo cual se evidenciaría con la compraventa de un apartamento de más de mil millones de pesos, del cual serían titulares Aldemar Ospina padre y sus hijos, lo cual no corresponde a la condición socioeconómica de éstos. Siendo así, no es posible la existencia de un delito de Testaferrato, porque no hay certeza del hecho punible.

 

Trajo a colación queja en el sentido de que durante el juicio no se encontraba presente la agencia especial de la Procuraduría, lo que no fue de interés para la judicatura, pese a que la Constitución y la Ley 600 de 2000 señalan que la comparecencia de dicha figura para la defensa de las garantías de los sujetos procesales así como porque el comportamiento de los servidores judiciales se ajuste a la ley.

 

Se ocupó la opugnante de “La injusta acusación de Linda Tatiana”, deprecando su absolución, a la sazón de que en su contra se esgrimió condena por el hecho indicador de haber mentido o haber dado una mala justificación, cuando lo que debió presentarse en su caso fue una pluralidad de indicios que señalen la responsabilidad del sindicado. A continuación se extiende en razones que justifican dicha hipótesis.

 

Concluye su salida acotando que el principio favor rei es vinculante para el juez;  en tal virtud, si se niega el reconocimiento de la prisión domiciliaria, so pretexto de presentarse el fenómeno de lex tertia, desconociendo así los postulados contenidos  en los numerales 1, 3 y 4  del artículo 23 de la Ley 1709 de 2014; “por reserva legislativa, se redactó sobre el mismo texto un tipo inhabilitante del beneficio, referido al numeral 2…” según la libelista, dicho apartado remite a un tipo penal que no se incluye en el artículo 23; esto es el 68 A; dicho canon no conforma el tipo habilitante, sino el tipo inhabilitante, enseñando su autonomía normativa.

 

Porfía en que para el momento en que presuntamente se cometió la conducta, no existía el precepto 68 A, que apareció con la Ley 1142 de 2007; así es que para los acusados no existe un tipo inhabilitante o prohibitivo para la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la concesión de la prisión domiciliaria; consciente de ello el operador judicial aplica en desfavor la norma prohibitiva que no regía en el momento del acto; acota que la llamada lex tertia, no es otra cosa que hacerle el esguince al mandato constitucional de la aplicación de la norma más favorable al procesado.

 

Apoya su postura en las sentencias 22704 de 18 de junio de 2006, de la Corte Suprema de Justicia, ponente Dr. Javier Zapata Ortiz; su homóloga 16837  de 3 de septiembre de 2001 y la sentencia C 371 de 2011.

 

De ese modo cerró su intervención. 

 

  • Recurso interpuesto por el representante de Carlos Augusto Arroyave

 

Fuera de la nulidad que pregona, reseñada en el acápite correspondiente de este pronunciamiento, cita en extenso la sentencia y ya en lo que toca con la impugnación propiamente comienza pidiendo que se revoque el numeral cuarto del fallo y en su lugar se absuelva a  Arroyave Soto, dado que es evidente la militancia de la duda en su favor, siguiendo las pautas del artículo 7 de la Ley 600 de 2000, en tanto se enfrentan dos tesis sin que ninguna de ellas encuentre respaldo prevalente en la realidad probatoria que ostenta el proceso, y siendo ello así, lo determinante es que no logró quebrar la presunción de inocencia que le asiste al ciudadano  Arroyave Soto.

 

En el acápite titulado “De la absolución” el censor se encarga de indicar que bajo consideraciones de la sana crítica, su amparado debe ser declarado inocente, porque él no cometió el delito que se le se encaró. Adujo que no existe prueba en el proceso que de certeza de la ocurrencia de los hechos y por eso el numeral cuarto de la sentencia debe revocarse y en su lugar proferir absolución.

 

Critica la disertación propuesta por la a quo cuando anotó que aún cuando se encuentre probado que Miguel Arroyave recibió legalmente una licencia minera, ello no es suficiente para desdibujar la acusación, porque con el Lavado de Activos en este caso mezcló dineros sin mancha con otros que eran fruto del delito, dándole a los segundos apariencia de legalidad con el cometido de hacer dispendiosa la labor de las autoridades encargadas del rastreo de los capitales mal habidos.

 

Para el apelante, el capital con el que Miguel inició su patrimonio tiene origen lícito y se aparta de la tesis de la sentencia, porque el tipo penal de blanqueo de capitales no contempla el verbo rector mezclar, pues no indica que se cometa punible por el hecho de mezclar bienes, en este caso, dineros.

 

Se pregunta, en qué momento es posible afirmar que un dinero es legítimo y cuando no; es que si alguien realiza una actividad amparada por la ley y luego ingresa al negocio de las drogas, obteniendo por ello un aumento patrimonial, ¿cómo saber qué parte del capital tiene amparo y cuál queda excluida de él?.

 

Recaba en que Mina Las Margaritas fue creada en julio de 1997, sin que se hubiera probado que el dinero con el que se fundó fuera ilegal, como tampoco se esclareció que Carlos Augusto Arroyave conociera de esa situación o dirigiera su voluntad a cometer Lavado de Activos, por eso debe ser absuelto, máxime si se tiene en cuenta que la mina, fue la única de las empresas involucradas que cumplió con el objeto social, lo que se traduce en que esta no era de aquéllas que se usan como fachada para la comisión de ilícitos. Es que para cuando él invirtió los $50’000.000.oo en la mina, de los cuales la judicatura dijo no conocer de donde salieron, no se sabía de las actividades al margen de la ley de Miguel, de lo cual se tuvo noticia tiempo después, por los medios de comunicación; aduce el apelante que en esa época eran simples presunciones, tanto que en su dossier registra numerosas preclusiones de investigaciones. De ese modo, Carlos no tenía por qué presumir que Miguel estaba dedicado a la delincuencia, cuando desde muy joven ejercía labores como minero y explotaba en esas lides oro, lo cual produce importantes sumas de dinero.

 

Carlos  explicó dentro del proceso que en el 2003, antes de vincularse con Las Margaritas, tenía capacidad económica para comprar las acciones, por manera que no existe razón para no creerle; aunado a ello, en la sentencia se menciona que las probanzas –más de 100 documentos- aportadas por esa bancada no tienen poder suasorio, y es que justamente esos elementos fueron los que la defensa no tuvo ocasión de estudiar, y por eso alegó la nulidad de la actuación, como ya se vio; son esos medios los que respaldan el dicho de su prohijado.

 

Se queja de la aseveración contenida en el fallo, en el sentido de que la defensa optó por no pronunciarse sobre el recaudo producido durante la instrucción, bajo el entendido de que este sería ilegal; alega que nunca hizo una afirmación de ese talante y que quizá la funcionaria de primer nivel pensó en otro abogado

 

Porfía, fundado en la sentencia, que es cierto que Carlos Augusto Arroyave tuvo vínculos con la mina, sin embargo no se tiene certeza de cómo se generó su actividad, todo lo cual lleva a decir que sobre el punto hay duda, y ésta, por mandato legal, ha de resolverse a favor del reo. También se queja de que el Juzgado da por hecho que en 2003 Miguel Arroyave ya estaba vinculado a las autodefensas; entre tanto Carlos, realizó una negociación con Miguel en abril de esa anualidad, sin embargo, durante su declaración, Ulises Cardozo dijo que Martha Eda se dedicó al hogar, mientras que su esposo partía rumbo a los llanos orientales “a lo que todos saben”, dejándola a ella en estado de desprotección por lo que retomó el título minero valiéndose de alguien que lo reactivara, momento en el cual hace su aparición Carlos, quien ya era muy conocido en El Bagre; él entra como accionista a la mina, dándole un vuelco que le permitiera generar utilidades con un nuevo objeto social.

 

En el proveído confutado también se criticó la forma en que su cliente culminó la participación en la mina tras la muerte de Miguel Arroyave, aunque Carlos pretendió argumentar sobre el punto que iba a realizar un negocio con ARGOS S.A., y que de los documentos que aportó al proceso se extrajo que suscribió un contrato con GEOMINAS SA el 6 de junio de 2006, o sea, tiempo después de su desvinculación, de donde se colige el inexplicable afán de su retiro de Las Margaritas, pese a los dividendos cuantiosos que generaba la mina. Sobre este particular la oposición de la defensa radica en que no pudo estudiar los documentos, los que según su pupilo darían cuenta de los eventos que influyeron para que decidiera salir de la empresa; recurre en la queja de que no tuvo acceso a las piezas, las que fueron entregadas en original que eran las únicas que tenía, quedándose él, por tanto, sin copias para su estudio. Itera que desde antes del “17 de octubre” intentaba en horas de la tarde leer el expediente original, para preparar la audiencia, hasta que cesó la atención al público, rodo lo cual obstaculizó el derecho de defensa.

 

Los pliego allegados por el encartado al proceso tales como cuentas de cobro y facturas, fueron descalificados por la a quo, en el sentido de que correspondían a documentos signados desde el 2006 en adelante, cuando ya estaba ligado a GEOMINAS, sin que de allí se colija la labor que desarrolló en Las Margaritas, ni antes de ello, salvo algunos pagos en seguridad social, de los que únicamente se puede concluir que esa gestión estaba al día.

 

Para el impugnante el hecho de que existan los referidos pagos de seguridad social por el contrario, dan cuenta de que la mina sí funcionaba y en tal virtud se hacían los pagos, lo cual fue acreditado por su representado.

 

Refiere la sentencia, en punto de la ubicación geográfica para la explotación minera, que la licencia 20175 concedida a José Miguel Arroyave Ruiz, por acto administrativo 701454 de 14 de septiembre de 1997, con miras a la extracción de oro en veta y aluvión dicha autorización no fue conferida para la zona de El Bagre, Antioquia, sino para el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar, de ahí que resulte inverosímil que Carlos, que fue el encargado del manejo de la mina de forma autónoma no supiera con precisión el territorio donde se efectuaba actividad, por ello se concluye que no se estaba cumpliendo en debida forma, lo cual motivó la ampliación del objeto social y la entrega de la cuota accionaria de una firma prospera, al mismo precio en que la compró; por ello la conjetura del Juzgado fue reforzada, en el sentido de que nunca adquirió las acciones sino que colaboró encubriendo el origen del dinero que fue utilizado para reactivar a Mina Las Margaritas.

 

El opositor considera que esa es una afirmación ligera y que antes de hacerla, el juzgado debió interrogar sobre el punto, denotando que el ingreso a la mina es por El Bagre hacia el sur de Bolívar, zona de Guamoco. Es que es mucho más cerca de la Mina el acceso por allí que por Santa Rosa, sur de Bolívar, e inclusive era más seguro hacerlo por el Bagre.

 

Sostiene que el hecho de que hubiera existido un pago de retención en la fuente a propósito del precio de las acciones, o sea $50’000.000.oo es muestra de que la negociación entre la familia  y su defendido si se dio. Además, no obra prueba de la cual se ínfera que el procesado hubiera actuado con dolo orientado a la comisión del delito de Lavado de Activos.

 

A continuación se elaboró un capítulo titulado “De la duda”, en el cual se dijo, valiéndose de la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia No. 31124 del 13 de mayo de 2009:

 

  • Que se aplique el inciso 2° del artículo 332 de la Ley 600 de 2000 a favor de Carlos Augusto Arroyave Soto, a la sazón de los principio favor rei y presunción de inocencia.

 

Adujo que es “muy indicativo de inocencia” el hecho de que en el caso de su defendido no aparezcan audios que comprometan su responsabilidad penal; ni siquiera le mencionan. No puede perderse de vista que las interceptaciones se realizaron cuando su cliente era gerente de Las Margaritas y aunque eso fue así ni siquiera aparece en los informes de policía judicial como para que de allí se deduzca que era un lavador de activos.

 

Por otro lado, si Carlos Augusto Arroyave luego de su retiro de Las Margaritas ha desempeñado actividades lícitas como contratista de obras civiles, ese es un elemento de juicio con el cual esgrime duda de cara al reproche por la comisión de un delito tal. También es motivo de incertidumbre que ninguna de las demás personas vinculadas a las diligencias le haya mentado en sus injuradas e interrogatorios o en los informes de policía judicial, lo que deja un manto de duda alrededor de la hipótesis delictiva.

 

Por lo expuesto demanda la revocatoria del numeral cuarto del fallo y en su lugar, se absuelva a Carlos Augusto.

 

  • La última de las solicitudes elevada es la revocatoria del numeral séptimo se la sentencia en el sentido de que se otorgue el beneficio de prisión domiciliaria; esto lo hizo de forma subsidiaria y bajo los siguientes argumentos: reclama la aplicación por favorabilidad de la Ley 1709 de 2014, la cual contempla la posibilidad de que, aplicada integralmente, Carlos pueda seguir con el cumplimiento de la pena en su sitio de vivienda, máxime cuando ya sólo le faltan 10 meses para que cumpla con las 3/5 partes, para tener derecho de solicitar la libertad condicional, por lo que no valdría la pena enviarlo a un centro penitenciario, causándole de paso un grave daño a él y a su familia que goza de especial protección del Estado, sin olvidar que uno de los fines de la pena es la rehabilitación de quien haya violado la ley penal, lo que contrastado con el caso de su pupilo no es necesario al punto que así lo ventiló la Fiscalía en sus alegaciones conclusivas.

 

El replicante anexó a sus alegatos, el registro fotográfico de lo que permaneció en la entrada de la secretaría de los juzgados especializados, durante el cese de actividades producto del paro judicial desde el 17 de octubre de 2014.

 

  • Recurso interpuesto por el apoderado de Ángel María Moncada.

 

El susodicho togado solicita que se revoque en su totalidad la sentencia recurrida y en su lugar se absuelva a su prohijado, por las siguientes consideraciones:

 

  • No obra prueba de que exista una organización con asiento en los llanos orientales dedicada al tráfico de estupefacientes; dicha afirmación se extiende a que el presunto grupo maneje laboratorios de procesamiento de propiedad de grupos paramilitares, en municipios determinados bien por su nombre o a través de coordenadas en el departamento del Meta.

 

  • Tampoco hay elementos de juicio de los cuales se colija que el dinero producto de esos eventos hubiera ingresado a cuentas bancarias o al patrimonio de una sociedad determinada, con acotaciones acerca de cifras, fechas y horas, o que con ese dinero se hubieran adquirido inmuebles.

 

  • Dentro del informe 2950 de 27 de noviembre de 2003, no se verificó la información obtenida de fuente humana.

 

  • No se tuvieron en cuenta los testimonios que favorecían al reo, por ejemplo, los de los oficiales Herbert Luigy Benavides Valderrama del 15 de agosto de 2006; Daniel Fernando Gutiérrez Willches José David Quintero Aristizabal, Fernando David Rodríguez Moros y Guillermo Herrera Herrera.

 

  • Los audios interceptados son ilegales, porque carecen de cadena de custodia.

 

  • No se valoraron las pruebas favorables al acusado, en particular los anexos 2,3,6,7,8,10,11,12,13,14 y 15, entre otros, con lo cual se desconoce el derecho de contradicción que le asiste a su pupilo, así como la garantía contenida en el artículo 29 de la Carta.

 

  • Los bienes mencionados en las conversaciones sin cadena de custodia, conservan la presunción de haber sido comprados con dineros lícitos producto de la venta de oro de José Miguel a la Comercializadora Internacional de Metales Preciosos, CI Metales y Derivados SA y Mineros de Antioquia SA, como consta en los anexos carentes de valoración.

 

  • Cualquier movimiento financiero realizado en las sociedades en las que intervino Moncada, fue anterior a su vinculación con las mismas; durante su participación en las empresas, no existió ningún tipo de movimiento para compra, venta u otras actividades de las que pueda colegirse el encubrimiento, ocultamiento u otorgamiento de apariencia de legalidad, según la prueba obrante.

 

  • No existe prueba dentro de la actuación de que la voluntad de los procesados hubiera sido orientada a la comisión de cualquiera de los verbos rectores del tipo de Lavado de Activos.

 

  • No se probó que al patrimonio de los procesados hubiera ingresado ningún guarismo producto de actividades ilícitas o de agentes al margen de la ley.

 

  • Los anexos del proceso dan cuenta de que las empresas Mina Las Margaritas y Comercializadora Arroyave Cardozo S en C, que fueron tachadas por la Fiscalía como empresas de papel, en realidad cumplían con su objeto social y fueron creadas con arreglo a la ley; como soporte de la legalidad de esos dichos se solicitó la revisión de los anexos 8, 2, y 7.

 

  • Acusa que la adecuación típica efectuada por el a quo, no se ajusta a la situación fáctica, en tanto que a Moncada Moncada no se le probó que hayan ingresado dineros ilícitos a su patrimonio o al de la empresa mientras fue su representante desde el 17 de julio de 2001, al 9 de septiembre de 2004; tampoco existe evidencia de que él haya sido cómplice de testaferrato.

 

  • Es falso que su cliente hubiera sido persona de confianza de Miguel  o que conociera sus actividades, tan es así que de una de las grabaciones interceptadas se colige que Martha Eda se encuentra autorizada para cambiar de contador, si Mocada no entrega con prontitud las declaraciones de renta; acota, lo que fue probado es que él tuvo la condición de ser el asesor tributario de la familia para Martha, la comercializadora  e inclusive de Arroyave hasta antes del 2003, cuando presuntamente ingresó a las filas del paramilitarismo. Llama la atención acerca de que Miguel fue dejado en libertad por el Juzgado 8 Penal del Circuito Especializado por el reato de Enriquecimiento Ilícito, por el cual estaba siendo procesado. –Anexo 7, fl. 135 a 171-

 

  • Ángel María Moncada no se prestó para encubrir el origen ilícito de los fondos de Miguel Arroyave; aún más, la EP 1201 de 17 de julio de 2001, de la notaría 39 de Bogotá, en la cual consta que se nombró gerente y encomendó la renovación del departamento de seguridad de la Comercializadora Arroyave Cardozo; el objeto social de la empresa se estaba cumpliendo al punto que se realizaban las declaraciones de renta, donde se reporta que el capital de la sociedad era licito, proviniendo de la venta de inmuebles, aunado a la venta de oro de Mina Las Margaritas. Todo ello está soportado en los anexos.

 

  • Las actividades profesionales como contador público, son confundidas por la a quo, quien les imprime peligrosidad, por ejemplo a liquidación de empresas de “Arcángel”, tras su muerte, denotando que el acusado sabía de sus actividades delictivas y sin embargo aceptó liquidar la comercializadora –EP 8733 de 9 de septiembre de 2004, notaría 19 de Bogotá- y a finales de 2001, fue inscrito en la Cámara de Comercio como directivo de la Mina Las Margaritas, con lo que habría intentado dar apariencia de legalidad al dinero que por allí circuló. En contra de ese raciocinio, opuso: tal interpretación obedece a la ausencia de valoración de los anexos.

 

  • Cuestiona el yerro del juzgado de señalar que cuando se disolvió la sociedad el 1° de junio de 2004, había fallecido, cuando ello ocurrió tiempo después; ahora bien, la inscripción de Moncada, se dio porque Martha tuvo que salir del país el 20 de diciembre de 2004.

 

  • No es cierto que el procesado haya asumido la liquidación de Las Margaritas el 6 de diciembre de 2001, cuando la sociedad entró esa fase entre el 12 de mayo de 2005 y el 12 de julio de esa mismas anualidad, teniendo que el liquidador era Hernando García Loaiza. Moncada fue nombrado como liquidador con acta 11 de 18 de noviembre de 2011 y no desarrolló ninguna actividad, porque la sociedad tenía embargados todos sus activos, como se ordenó por la fiscalía con oficio de 26 de mayo de 2005.

 

  • En cuanto al delito de Testaferrato, alude a que su actuación en la venta del apartamento 801 de la carrera 10 No. 120 -30 torre A, edificio ERA 2003, como se desprende de la escritura 3316 de 4 de noviembre de 2003, es la de haber intervenido como representante de José de Jesús Ruíz, o sea, bajo la figura del mandato, para la cancelación de la afectación de vivienda familiar con la cual había sido restringido el inmueble. En todo caso, no se probó que el metálico empleado en la compra del inmueble fuera producto de actividades ilegales.

 

  • Se queja por la aplicación del instituto de carga dinámica de la prueba en lo que a su defendido atañe, pues se relevó el deber de la Fiscalía de demostrar el origen de los dineros que ingresaron en las arcas de los procesados, lo cual resulta aún más gravoso para sus intereses, si se le contrasta con la ausencia de valoración de los anexos ya enumerados, ni la evidencia que la defensa aportó.

 

  • Considera equivocados los dichos del Juzgado, en el sentido de desestimar por irrelevante el hecho de la ausencia de acreditación de que el capital entró en el haber de los procesados, porque según dice, si se trata de un delito de Lavado de Activos, justamente lo que debe ser probado por el ente acusador son las circunstancias de tiempo modo y lugar, aunado a cifras precisas, con determinación de la cantidad de dineros ilícitos que ingresaron al patrimonio de los acusados, el modo en que ello ocurrió y el origen del caudal. Como nada de ello fue soportado por la instructora, no es de recibo que en la sentencia se diga que esa carencia no tiene mayor importancia. Porfía en que el único evento en el cual se invierte la carga de la carga de probar, es en los casos de extinción de dominio.

 

  • Tampoco se encuentra en el legajo soporte de que Moncada hubiera prestado su nombre para que delincuentes de cualquier estirpe pusieran en su nombre bienes que en realidad no le pertenecieran.

 

  • Pretende la existencia de un contrasentido entre la nota de la página 95 del fallo, en el sentido de que el circulante que ingresó al torrente financiero provenía de las AUC, que fue una aciaga organización criminal que azotó al país; esto contrasta con las disertaciones del folio 92, según el cual la a quo había admitido que durante la permanencia de su pupilo en la Comercializadora Arroyave Cardozo no hubo ningún movimiento dinerario; aún más, si el Juzgado sostiene que le asiste razón a los defensores en el sentido de que la Fiscalía no acreditó, siendo su carga, qué dineros ingresaron a las arcas de los acusados, se queja porque la acusadora no probó que emolumentos de las AUC ingresaron al patrimonio de Moncada, como tampoco que él indirectamente hubiera colaborado en los hechos irregulares que ese grupo irregular cometía.

 

Es por ello que concluye que la sentencia debe ser revocada y en su lugar, Ángel María Mocada Moncada, debe ser absuelto, por haberse probado su inocencia; en su defecto, en aplicación del inciso 2° del artículo 7° de la Ley 600 de 2000, la duda debe resolverse a favor de su cliente.

 

  • La alzada propuesta por el apoderado de Blanca Ligia Mosquera Ospina

 

El defensor hizo un recuento del contenido del fallo, para luego postular que éste no cumple con el principio de legalidad, entre tanto, para el 21 de julio de 1992, fecha de la compra y aumento del capital social de la empresa Concentrados de Animales del Llano LTDA, según escritura pública 3173 de la Notaría 25 de Bogotá, el delito de Lavado de Activos no existía. Bajo esa premisa trajo a colación la evolución legislativa del reato, para concluir que no es posible darle efecto retroactivo a la Ley 365 de 1997, cuando fue incorporado el tipo como delito autónomo, toda vez que antes se le concebía como una modalidad del Encubrimiento.

 

Criticó la sentencia en el sentido de haberse fundado en el mentado instrumento cuya confección data de 5 años antes de la configuración normativa del delito que se le increpa a su cliente, o sea, en 1992. De ese modo, propone un error de tipo en la calificación de la conducta punible; también se queja de la forma en que se le dio a la infracción por la que fue condenada, la condición de delito de ejecución permanente. Ciertamente no se aparta de la formulación teórica de que el Lavado de Activos entrañe esa característica, pero si, de que a su pupila se le aplique hacia atrás en el tiempo el criterio, porque incluso se hace llegar hasta 1990, cuando se constituyó la sociedad, es decir, antes de que  Blanca hubiera adquirido las cuotas, extendiéndose la situación por 20 años, hasta el vencimiento de la duración de la empresa, o sea el 7 de mayo de 2010.

 

Es que además se le atribuyó responsabilidad penal, pese a no haber tomado parte en la constitución de la firma en 1990 y además, ser la última cesionaria del negocio en el año de 1992, aplicando injustamente, iteró, retroactivamente, la ley.

 

También se quejó de que no se aportara al legajo más evidencia que la escritura de cesión de cuotas, esto es, no se compilaron documentos relacionados con transacciones bancarias u otros eventos de los cuales se deduzca el blanqueo, lo que en su sentir atenta contra el principio contenido en el artículo 232, inciso 2° de la Ley 600 de 2000; aún más, recaba en que Concentrados Animales del Llano no cumplía con su objeto social  y ni siquiera cumplió con la obligación de renovar su matrícula mercantil, por lo tanto se pregunta “¿Cuál y donde está el dinero que ingresara y circulara de manera libre por el sistema financiero del país como lo dice la sentencia?”; ante tal inquietud concluye que es de la sesión y aumento de cuotas que se deduce el delito, cuando aún éste no existía como referente autónomo.

 

Asevera que los únicos eventos en los cuales puede aplicarse de esa forma la ley en  los eventos de lesa humanidad, y éste no es el caso, es por ello que solicita la revocatoria del numeral cuarto de la sentencia y en su lugar se profiera absolución a favor de Blanca Ligia Mosquera Ospina.

 

  • Intervención del Ministerio Público como no recurrente

 

La vocera de la sociedad, luego de hacer un recuento de las apelaciones y el análisis del fallo, solicitó que se mantuviera incólume la sentencia, al no presentarse quebranto al debido proceso que implicara la invalidación de lo actuado, y ser acertada la valoración probatoria efectuada por el a quo.

 

  1. Consideraciones de la Sala

 

  • Competencia

 

Esta Corporación es competente para conocer de este proceso en razón de lo dispuesto en el artículo 31 de la Carta Política y los cánones 76 inciso 1º y 204 de la Ley 600 de 2000, aunados con las disposiciones de los Acuerdos PSAA10-6852 del 19 de marzo de 2010 y PSAA11-7718 del 16 de febrero de 2011 emanados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

  • Problemas Jurídicos

 

  • La celebración de la audiencia alegaciones conclusivas sin que se hubieran agotado en su totalidad las pruebas decretadas, entre ellas la del contador público Luis Ernesto Rubiano y sin la aducción de la prueba técnica –audiometría forense-[18] relacionada con la originalidad de las grabaciones obtenidas a partir de las interceptaciones telefónicas.

 

  • La vaguedad e imprecisiones en cuanto a la imputación fáctica en la resolución de acusación.

 

  • La imposibilidad de consultar el expediente desde el 17 de octubre cuando inició el cese de actividades jurisdiccionales.

 

  • La audiencia para alegatos de conclusión del 27 de octubre de 2014 y el paro de la Rama Judicial.

 

  • La ausencia del delegado del Ministerio Público.

 

  • Requisitos para que opere el fenómeno prescriptivo.

 

  • Origen de la investigación penal y acreditación de la existencia de la organización liderada por José Miguel Arroyave.

 

  • Legalidad y autenticidad de las interceptaciones telefónicas.

 

  • El principio de la carga dinámica de la prueba

 

  • Los testimonios de los policiales adscritos al Grupo de Interdicción de Precursores Químicos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional

 

  • La titularidad de los derechos reales de la matrícula inmobiliaria 50N. 20150399, en cabeza de Linda Tatiana y las acciones desplegadas para su enajenación y el seguimiento del dinero que se pagó por la venta.

 

  • Las Nulidades propuestas

 

Como las postulaciones realizadas en punto de la invalidación de lo actuado a partir de la audiencia de clausura tienden a cuestionar ese rito con semejantes razones, se despacharán todas al unísono, incluyendo la de la procesada Martha Eda elevada a motu proprio, de la siguiente forma: quienes propusieron nulidad porque para el 27 de octubre de 2014[19], no se habían practicado la totalidad de las probanzas decretadas restando la intervención de un contador público, Dr. Luis Ernesto Rubiano y la experticia de personal docto en audiometría con lo cual se pretendía: i.) evidenciar lo inmaculado de las finanzas de varios procesados y ii.) que los audios fruto de las interceptaciones telefónicas que dieron cuerpo a las acusaciones, fueron manipulados, por lo tanto su poder suasorio quedaría en entredicho; lo que se postula alrededor de la vaguedad de los hechos imputados por la Fiscalía; la anomalía consistente en no poder auscultar el expediente durante el 17 al 27 de octubre de 2014, con ocasión del paro judicial; el desarrollo de la audiencia de alegatos de conclusión a puerta cerrada y la participación del Ministerio Público, en la última sesión.

 

Para desatar los puntos motivo de queja se considera: el  tema probatorio fue pábulo de sendos pronunciamientos de la Colegiatura y hoy se pretenden revivir, sin parar mientes, en que incumben a controversias ya zanjadas. Nótese: el 15 de octubre de 2013, la a quo decidió lo referente a las nulidades y las pruebas solicitadas por las partes durante el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000; dicho auto fue recurrido y el 6 de octubre de 2014, el Tribunal desató los recursos de alzada; sobre lo relacionado con la negativa a incorporar la prueba pericial invocada por la defensa se precisó:

 

“Descendiendo al caso en cita, se advierte que los defensores[20] de CARLOS ARROYAVE SOTO y MARTHA EDA CARDOZO OSPINA, en el decurso del traslado del artículo 400 de la obra en cita, aportaron documentos contentivos de estudios contables suscritos por profesionales en materia contable, con el objeto que sean “tenidos como prueba” con el fin de demostrar que las actividades a las cuales se dedicaban sus patrocinados son lícitas y proceden dentro del marco legal[21]; empero, ante la negativa de la juez de primera instancia, los defensores al unísono invocan al amparo del principio de favorabilidad, la incorporación de los dictámenes contables tal como lo prevé la ley 906 de 2004.

 

Se relieva para el efecto, que el legislador fijó las oportunidades en las cuales los sujetos procesales pueden hacer sus peticiones probatorias o presentar sus razonados argumentos en ejercicio de múltiples derechos y garantías que convergen a sus pretensiones, es así que en el marco de la actividad probatoria, la ley 600 de 2000 dispuso que cuando quiera que la naturaleza de las conductas punibles requiera la ilustración de expertos en determinada ciencia, arte o técnica se debe solicitar la designación de peritos oficiales; no obstante, pese a que la defensa preveía la necesidad –para sus intereses procesales-, que actuara un experto en materia contable para probar no solo el origen de los dineros, sino la licitud y capacidad económica de las empresas que hoy se cuestionan,  se concluye entonces que la actividad probatoria que era exigible, se traduce en que debió solicitar dentro del traslado del artículo 400 de C.P.P., vigente para aquella época factual, la designación de peritos especializados.

 

Empero el petitum probatorio en tal sentido se omitió en tanto que el abogado defensor de CARLOS ARROYAVE SOTO, aportó “el dictamen contable rendido por el contador John Jairo Castaño Álvarez[22]” y lo propio hizo la defensa de MARTHA EDA CARDOZO OSPINA[23]; pero lo cierto e indiscutible es que los susodichos documentos, acogen una connotación eminentemente privada por su origen, y los profesionales que lo suscriben bajo ninguna circunstancia ostentan el carácter de peritos oficiales, por tanto la errónea actividad procesal de la defensa en cuanto a la solicitud y argumentación probatoria soslayó totalmente las previsiones de los artículo 232 y ss y 400 del C.P.P.-

 

Así mismo, se relieva que los defensores no solicitaron la designación del perito oficial en el interregno procesal oportuno, tal como lo prevé el régimen procesal penal; no obstante, y ante la argumentación de la primera instancia en el sentido de negar la prueba pretendida, impugnaron la decisión y como argumento de alzada ante esta Corporación, la defensa de consuno solicitó se decrete la incorporación del dictamen pericial bajo el procedimiento establecido en el sistema penal acusatorio reivindicando el principio de favorabilidad.”[24]

 

Entonces, no es que no se hubiera practicado la probanza cuando se clausuró la fase de juicio, sino que la pretensión de utilizar una opinión de experto no oficial, en el proceso regido por la Ley 600 de 2000, resultaba improcedente y por eso se negó desde la audiencia de preparación, entre otras cosas porque tampoco fue solicitada la designación de un funcionario de carácter oficial, para que se surtiera una pericia sobre el estado financiero de los procesados; al no ser así, mal podría concederse una nulidad ante dicho evento, porque ese debate estaba superado y se ha señalado, llegó a segunda sede, donde se confirmó la negativa adoptada por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado.

 

Algo semejante ocurrió con la concesión de la práctica de un medio suasorio orientado a restarle legitimidad al resultado de las interceptaciones consumadas y que fundaron la acusación. El 5 de octubre de 2014, al principio de la audiencia pública, la funcionaria de conocimiento negó el petitum de la defensa de Aldemar Ospina Arias porque la evidencia que pretendía no tenía el cariz de sobreviniente y pudo ser demandada en el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, como ello no fue así, no se aviene con el carácter excepcional para la procedencia de su práctica, aunado a que la discusión sobre la autenticidad del medio es una cuestión propia de los alegatos de cierre, que debe ser resuelta en la sentencia, en tanto lo que se discute es su poder de persuasión. En contra de esa decisión se interpuso recurso, que fue desatado el 26 de septiembre de 2014, cuando se confirmó lo anotado por la instancia; en esa oportunidad se dijo:

 

“Ahora bien, en virtud a que la defensa porfía en que se decrete la prueba técnica de un perito en acústica emerge diáfano que se trata de un solicitud extemporánea que debió ejercerla en el estanco procesal idóneo para ello y por ende, la decisión que correspondía a la Juez de primera instancia frente a tal desacierto jurídico era rechazar la solicitud por improcedente, bajo el entendido que la permisibilidad de peticiones de la defensa ausentes de argumentos jurídicos idóneos y oportunos, obstaculiza el decurso procesal normal y desde luego resquebraja una pronta y cumplida justicia.”[25]

 

Como es evidente, los planteamientos en torno a estos dos tópicos no son inéditos, en la medida en que en su momento recibieron respuesta en providencias interlocutorias. En tal virtud, no hay asomo de irregularidad del juicio con ocasión de que no se hubiera cumplido con el decreto probatorio en su totalidad, porque en lo que concierne a lo antes relievado, se tiene que esas peticiones se denegaron oportunamente, de contera, no hay razón para traerlas nuevamente a colación, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 249 de la Ley 600 de 2000 precisa sin lugar a dudas que, de necesitarse la opinión de un experto: “…el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales…”, así es que su participación, bajo las reglas del paradigma procesal del caso, era por completo ajeno, sin que ello constituya  quebranto al derecho de defensa como lo pretende, por ejemplo, la defensa de Martha Eda Cardozo y Aldemar Ospina.

 

Otro tanto se dirá de las vaguedades o imprecisiones en relación con el aspecto fáctico contenido en resolución de acusación, como invocó el apoderado de Linda Tatiana. Ha de señalarse, que esa querella fue abordada por la Judicatura en la audiencia preparatoria; la decisión que la negó fue objeto de apelación y ésta Sala, en el auto de 6 de octubre de 2014, resolvió lo pertinente:

 

“No se trata de valorar lo extenso o no de la descripción de los hechos[26] -como lo advirtió la Juez de primera instancia-, lo en verdad trascendental frente a este ítem, que integra la pieza acusatoria, se insiste, es que se acojan las circunstancias relevantes que atañen al proceso y respecto de los cuales el Ente Persecutor fincará la investigación, la acusación y sus alegatos de conclusión en el respectivo juicio; en ese orden de ideas, se advera que el Ente Persecutor plasmó los sucesos[27] que originaron la actuación penal, y bajo el marco de los requisitos legales para convocar a juicio, consideró los elementos materiales probatorios acopiados[28],  y el delito fuente que al parecer acredita la ilegalidad de la actividad de Lavado de Activos.

 

Surge importante precisar que debe entenderse como “hecho” aquélla referencia de un dato óntico que desde el punto de vista causal transforma el mundo exterior, es decir, aquéllas circunstancias fenomenológicas que a lo largo del proceso se conjugan con los elementos probatorios y que soportan una valoración ética que a la postre permitirán resolver de fondo el caso.”[29]

 

Así, la invalidación deprecada en este sentido corre la misma suerte de la anterior, en la medida en que no es dable que este Tribunal haga una tercera revisión de lo ya ventilado. Por eso es oportuno conmemorar que de tiempo atrás en eventos como el presente, la Corporación viene considerando:

 

“Para resolver los problemas jurídicos planteados por los profesionales del derecho, lo primero que debe señalar el Tribunal, en punto de la nulidad propuesta, es que es un tema recurrente abordado al amparo del ejercicio del derecho de defensa, desde múltiples aristas por vía de la preclusión, de apelación, y ahora en la etapa inicial del juicio oral; lo incontrovertible es que se pretende la invalidación de la actuación anclada en las mismas razones debatidas desde el año 2009 cuando se presentó el escrito primigenio, que se concretan en la existencia múltiple de escritos de acusación, inexactitud en los cargos enrostrados, ausencia de firma en el documento acusatorio, que, en criterio de los togados trascienden en una irregularidad que trunca de manera superlativa el derecho de defensa.

 

Subyace imperioso relevar que pese a que el Tribunal Superior de Bogotá, ya se ocupó de dilucidar el tema y fijó el alcance de las piezas procesales radicadas para aquel entonces, y que en esta etapa procesal nuevamente se discuten, por ello, ésta Sala de Decisión Especializada, acogiendo desde luego lo ya plasmado por el entonces magistrado ponente doctor GERSON CHAVERRA CASTRO, no solo por estar acorde a la legalidad, sino también porque se afinca en posturas jurisprudenciales del Órgano de Cierre, que amerita su total acatamiento y sin reparo alguno mantiene su postura.”[30]

 

Por lo expuesto, se tienen por bien rechazadas las solicitudes de nulidad propuestas, conforme lo analizó el fallo de primer grado.

 

En torno a la presunta irregularidad consistente en no poder auscultar el expediente durante el 17 al 27 de octubre de 2014, con ocasión del paro judicial, tendrá que explicarse cómo no existe evidencia de que se hubiera solicitado una vista al paginario; por el contrario, se tiene noticia de que la audiencia de cierre fue convocada inicialmente para el día 20 de esa calenda, pero que por circunstancias ajenas al Despacho de primera instancia, no fue posible su desarrollo, de un lado Martha Eda Cardozo no fue remitida por el INPEC desde su lugar de reclusión a la sede judicial; y, por otro, el defensor de Linda Tatiana Cardozo, no compareció a la diligencia programada.

 

En la foliatura, no existe correspondencia radicada entre los días 16 y 20 de ese mes, época por la cual se eleva queja ante la negativa de préstamo del cartulario; sin embargo, el personal de la secretaría del Juzgado dejó constancia de la remesa de las citaciones necesaria para la convocatoria al acto público, haciendo énfasis en que se garantizaría el acceso a la audiencia por desarrollar y que resultó fallida; incluso, se sabe que los días 17 y 20[31], compareció el Dr. Mario Humberto Mancipe quien se acercó a la secretaría así: durante la primera fecha a las 3’00 pm, e incluso él vino al centro de servicios con uno de sus colegas de bancada. Para ese momento, insístase, 17 de octubre, el prenombrado representante de Carlos Augusto Arroyave  Soto, nada dijo acerca de que quisiera observar el expediente; el día 20, como se sabe, no se desarrolló la audiencia prevista para las 2:00 pm; fue así como se dejó registro de la comparecía de los sujetos que concurrieron cumplidamente, entre quienes se encuentra la firma del profesional Mancipe Ávila[32]; allí además se le emplazó para el día 27, fecha para la cual se programó por segunda vez la diligencia.

 

Con todo, se quiere significar que no es como lo afirma el censor Mario Mancipe, quien según cuentas no tuvo acceso a las diferentes dependencias del edificio de los juzgados especializados y en consecuencia al expediente, sino que él compareció en varias oportunidades, sin que fuera de su interés la revisión de los cuadernos, en tanto que al menos en dos fechas distintas asistió y fue atendido por personal del centro de servicios, sin que dejara memorando relacionado con la novedad que acusa; es que, en apoyo de lo dicho, vale citar que el Dr. Arenas Mahecha, que como se sabe dejó de venir a su compromiso del 20 de octubre, en auto de la misma fecha, fue conminado por la Judicatura para que diera cuentas de su ausencia, otorgándosele el término perentorio de tres días[33]; en efecto, el profesional en cuestión arrimó la excusa correspondiente el 22 de octubre de 2014, a las 2:05 pm[34], hecho a partir del cual se relieva que todo aquél que quiso mostrarse en ante la Secretaría o en el Despacho propiamente, pudo hacerlo; si el Dr. Mancipe no lo consideró, fue parte de su estrategia como representante judicial. Siendo así, no existe mérito para la prosperidad de la queja.

 

Como si lo anterior fuera poco: i.) el profesional Mancipe Ávila viene acompañando asesorando a Carlos Augusto Arroyave  Soto desde la fase de instrucción, a saber, a partir del 18 de octubre de 2012, según el memorial poder inserto[35] y en esa condición contractual, presentó alegatos de cierre e impugnación de la resolución de acusación; participó del traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, asistió a las audiencias preparatoria y pública, sin que sea de recibo la proclama insólita según la cual, no pudo conocer los medios de convicción que su pupilo allegó, y que redundarían en la demostración de su inocencia; ante esto vale decir que el profesional con ahínco ha ejercido su labor de representación por varios años, luego debía estar al tanto de cada pieza obrante y aún más,  ii.) durante la audiencia de 31 de marzo de 2014, cuando Carlos  aportó de forma inusual algunos documentos, fue el propio defensor quien renunció al interrogatorio durante la audiencia[36], por manera que, aún si en gracia de discusión se diera crédito de que hasta ese instante no conocía el contenido de las piezas, desde entonces, hasta el inicio del paro judicial, él pudo consultar el paginario, y así dijo que lo hacía diariamente en el Centro de Servicios, o sea, que tuvo varios meses para ello; si optó por no hacer mención de ello en sus alegaciones de cierre o la impugnación, esta fue su postura procesal. 

 

Tampoco es de recibo para la Corporación el pregón de los togados según el cual el evento de clausura de la audiencia de juicio se desarrolló a puerta cerrada o clandestinamente; enfatiza la Colegiatura sobre la presencia de la totalidad de los sujetos procesales necesarios para realizar la ritualidad, tal cual se constata en el registro, incluyendo a la señora Martha Eda Cardozo a través de videoconferencia en tiempo real, lo anterior significa que el suceso no fue secreto; esto no ocurrió de manera subrepticia como se pretende, sino con todas las garantías propias de esas actuaciones; de tal manera, es atinada mostrar la observación de la Juez cuando resaltó dentro del fallo confutado que en el video de esa sesión se avista la presencia de una persona diferente a la defensa y los procesados lo que permite concluir que si estaba allí, es porque el ingreso a las salas estaba habilitado, como se anotó en las convocatorias a la audiencia. Fuera de esto, si la señora Cardozo requería una conferencia privada con su defensor previa a los alegatos de cierre o incluso dentro de los mismos, ella estaba enterada desde su salida en el juicio, de que podía solicitar un receso para el efecto, como se lo hizo saber la rectora de la audiencia en su momento, por lo tanto este reparo no será despachado favorablemente.

 

Capítulo aparte merece lo relacionado con el Ministerio Público, emplazado como agente especial, del que se duelen la defensa de Carlos Arroyave y la propia Martha Cardozo; el hecho de que éste se hubiera abstenido de asistir, no se erige  como una irregularidad, según lo pretende el togado Mancipe, porque siguiendo las voces de los cánones 122 y 408 de la Ley 600 de 2000, su asistencia es facultativa, por lo tanto, el Juzgado no estaba en la obligación de aplazar la vista pública en aras de propender la asistencia del delegado de la Procuraduría, aún cuando éste tuviera cubrimiento especial del curso del proceso.

 

Insístase, el Juzgado, por todos los medios posibles garantizó el acceso de los distintos sujetos procesales e intervinientes, cosa distinta es que el público no asistiera masivamente a la audiencia, lo cual no deja de ser una eventualidad; ningún asidero tienen entonces las quejas esgrimidas contra la valides de la última sesión de la vista pública, donde se vertieron los alegatos de conclusión, por lo tanto, al no existir mérito para ello, no se declarará la nulidad de lo actuado.  

 

  • La solicitud de prescripción de la acción, en cuanto al punible de Testaferrato propuesta por la defensa de Ángel María Moncada

 

Para atender dicho ruego se hace necesario rememorar cuáles fueron los términos en que  Moncada Moncada fue declarado responsable así: culminado el juicio, en la sentencia, se estableció que lo era por Lavado de Activos en calidad de coautor y de Testaferrato como cómplice[37]; por ello fue condenado a la pena principal de siete (7) años y ocho (8) meses de prisión y multa de nueve mil setecientos setenta y siete (9777) salarios mínimos legales mensuales vigentes –SLMV-.

 

El lapso en que se habría cometido la conducta prevista en el artículo 323 del estatuto punitivo, sería entre el 2003 y el 2004, por lo que la restricción que se le impuso incluyó la reforma introducida en el Código Penal por la Ley 747 de 2002; ahora bien, como la transgresión anotada en el canon 326 ibídem, fue enrostrada a título de complicidad, a la pena se le dio el tratamiento contenido en el artículo 30, en concordancia con el apartado 60-1 de la misma obra, por lo tanto, en la sentencia que hoy se revisa, se le aplicó un descuento de la mitad al mínimo del tipo básico incluido en la Ley 599 de 2000, sin las innovaciones de su homóloga 890 de 2004, cuya vigencia se cuenta desde el 1° de enero de 2005. 

 

En ese orden, la restricción contemplada en el apartado 326 del C.P. oscilaba entre seis (6) a quince (15) años, o lo que es lo mismo de setenta y dos (72) a ciento ochenta (180) meses, y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) SLMV. Consecuentemente, el término prescriptivo durante la fase instructiva, era igual a doce (12) años y seis meses (6), o ciento cincuenta (150) meses, porque siguiendo las reglas previstas en el artículo 60 de la norma sustantiva, por el grado de participación increpado al procesado, la rebaja de la mitad se aplica al mínimo y la sexta parte, al máximo[38]. Dicho termino se interrumpe cuando la resolución de acusación queda en firme y comienza a contarse nuevamente ese periodo pero disminuido a la mitad, en lo concerniente a la fase de juicio. 

 

La sanción irrogada por la a quo tiene como punto de partida la existencia de un concurso heterogéneo entre los comportamientos prohibidos antes señalados, tomando en cuenta que el Lavado de Activos era el más grave de los dos, de ese modo, por el Testaferrato se aumento en un (1) año y seis (6) meses la pena de prisión. 

 

Con ese referente, es de utilidad traer a colación cómo, de tiempo atrás, en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se ha debatido acerca cariz de  permanencia que acompaña el punible del cual se pide la cesación de procedimiento, véase:

 

“1. Carácter permanente del delito de testaferrato (Artículo 6º del Decreto 1856 de 1989): Este punto fue definido por la Sala en  decisión de 9 de noviembre de 1990, con ponencia del Magistrado  Dr. Edgar Saavedra Rojas, en el sentido de que la conducta prevista en la referida norma es de ejecución permanente, porque continúa cometiéndose mientras subsista la condición de testaferro, o ilícita simulación, doctrina que ha venido siendo reafirmada por la Corte en repetidos pronunciamientos…”[39]

 

Por lo anterior para delitos como éste, el término prescriptivo se comienza a contar a partir del cierre de la investigación, cuando no sea posible establecer la perpetración del último acto constitutivo de la falta. Empero, como a Moncada Moncada se le desaprobó porque fue cómplice, consistiendo su participación en la intervención como suscriptor de la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003, otorgada en la Notaría Treinta y Cuatro del Círculo de Bogotá[40], por medio de la cual se levantó la restricción de patrimonio familiar y se efectuó la venta de los bienes identificados con matrículas inmobiliarias 050-20008203; 050-20008025 y 050-20008026, correspondientes al apartamento 801, los garajes 7 y 8, así como al depósito No. 1 del edificio ERA 2003, Torre A, ubicado en la carrera 10 A No. 120-30 de Bogotá, de los cuales pasaron a ser titulares Aldemar Ospina Arias, aquí procesado como autor de Testaferrato y Jakeline Ospina Arias, para entonces menor de edad, representada por sus padres; en esa oportunidad fungieron como vendedores Ilduara de Jesús Pérez Aguirre y José de Jesús Ruíz; entre tanto, Ángel María Moncada Moncada actuó como apoderado de éste último. 

 

Es por ello que la participación de Ángel María, no tiene la misma pátina de permanencia porque es cómplice. Así que, debe considerarse el término prescriptivo a partir del momento en que se consumó el hecho, esto es, cuando obró como suscriptor de la escritura pública 3316 del 4 de noviembre de 2003, hasta cuando culminó la fase de instrucción, o sea, cuando quedó en firme la resolución de acusación el 8 de julio de 2013. 

 

Resta decir, como lo expuso el censor, que entre un momento y otro transcurrieron nueve (9) años, ocho (8) meses y cuatro (4) días, intervalo que no superó el máximo de la pena a imponer, con la diminuente de la sexta parte, por la forma de intervención criminal, que era de doce (12) años y seis meses (6), o ciento cincuenta (150) meses, en el ciclo de instrucción; tampoco puede decirse que en el juicio hubiera transcurrido la mitad de ese plazo, o sea, seis (6) años y tres (3) meses o setenta y cinco (75) meses, como lo previene el artículo 86 de la Ley 599 de 2000, porque una vez en firme la acusación, itérese, el 8 de julio de 2013, se interrumpió el termino, y a la fecha del presente estudio apenas han transcurrido poco menos de cuatro años. Dicho en otras palabras, la prescripción de la acción penal por el delito de Testaferrato operaría hasta el 2019, por lo tanto, la solicitud será denegada. 

 

  • Del caso concreto

 

  • El Origen de la investigación y Las actividades al margen de la ley de José Miguel Arroyave Ruiz

 

El informe 2950 de 27 de noviembre de 2003[41], de la Policía Judicial Antinarcóticos, Área interdicción, División Control de Precursores Químicos, subrayó el  conocimiento de la existencia de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes concentrada el departamento del Meta y en Bogotá, lo cual se supo merced de una llamada telefónica anónima que así lo hizo saber, aportando algunos abonados telefónicos que revestirían interés; las actividades contrarias al ordenamiento de las que se tuvo conocimiento consistieron en la producción de cocaína en laboratorios; dichas fabricas eran de propiedad de grupos paramilitares con influencia en esas regiones. Las acciones de los irregulares no sólo estarían fincadas en el tráfico de estupefacientes, sino además en la compra y expropiación de terrenos, ganado, vehículos y otros bienes, los cuales serían adquiridos con el fruto del negocio espurio; en el parte en cuestión; fue por ello que la Policía Nacional procedió a realizar las verificaciones del caso.

 

El 5 de diciembre de 2003, la Fiscalía 5ª Especializada de la Unidad de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos, avocó el conocimiento de las diligencias ordenando algunas labores investigativas. Fruto de dichas pesquisas se emitió, entre otros, el oficio 116 GRUJU – SATEC del 31 de marzo, al cual se anexó la transliteración de la interceptación efectuada al abonado telefónico 3153095860 y el 3105656711, donde se comunicaban “Doctor” y “Martha”, los cuales hablaron el día 23 de esa calenda, a las 16:35 acerca de la entrega del “…[apartamento] ochocientos uno que está a nombre de ALDEMAR Y JAKELIN…”[42]; se determinó que los interlocutores de esa charla eran Martha Eda Cardozo y Ángel María Moncada y el personaje sobre el que platicaron es Aldemar Ospina.

 

Martha Eda, fue la esposa de José Miguel, de quien obra copiosa información relacionada con la ligereza que tenía para conducirse como narcotraficante y paramilitar. El esclarecimiento del vínculo entre estas dos personas devino de lo decretado en la resolución de 21 de octubre de 2004[43], cuyo resultado fue la crónica de 15 de diciembre de esa anualidad[44], en la cual la división de Precursores Químicos de la Policía Antinarcóticos identificó varios inmuebles y  personas que fueron mencionadas en la intromisión a las conferencias, o que fungieron como interlocutores en las mismas. Entre ellas se cuenta a Martha Eda y Linda Tatiana Arroyave; de ese modo se vislumbró la relación afectiva que sostuvieron el susodicho Arroyave  y la dama Cardozo Ospina, quienes a su vez son padres de Linda Tatiana y de otra mujer.

 

En procura de datos más precisos que dieran cuenta de las condiciones aciagas de Miguel y las actividades de su compañera sentimental, amén de sus estados financieros, el 10 de agosto de 2005[45], se impartieron misiones en ese sentido a los investigadores judiciales. En réplica a lo dispuesto se trajo a colación el oficio 1827, del 26 de diciembre de 2005, en el que se concreta el árbol genealógico de  Arroyave Ruiz –alias Arcángel-, con las precisiones antes anotadas[46].

 

Las exploraciones de la instructora permitieron la obtención de información a partir de  la búsqueda selectiva en bases de datos, encontrando el prontuario de José Miguel, publicado en prensa escrita y medios digitales, lo cual concuerda con las consultas  en el sistema de información SIAN[47] del grupo CISAD[48], en cuyo interior se registraron actividades encaminadas a los reatos de Concierto para Delinquir; Secuestro Extorsivo; Entrenamiento para actividades Ilícitas y Falsedades Materiales en Documentos Público y Privado[49].

 

Aunadas las labores de averiguación, comenzaron a perfilarse el tipo de asuntos a los que se dedicaba , y por ello, el 10 de febrero de 2012, la Fiscalía 4ª Delegada ante el Tribunal de Bogotá orientó las diligencias al esclarecimiento de si en las cuentas bancarias de los familiares de éste, se habrían introducido dineros de origen ilícito, lo cual se erigiría en una presunta conducta de Lavado de Activos[50]; en concordancia, en el proveído de 20 de febrero de 2012, se propuso la búsqueda de procesos en contra de  Ruíz y su núcleo de seres cercanos, la existencia de empresas a su nombre, así como las tradiciones de los bienes en cabeza de éstos y de quienes fueron referidos en las diferentes conversaciones interceptadas, lo que tuvo por contestación el informe 075 de 20 de marzo de 2012[51], que relievó los hechos de interés para la investigación.

 

Así mismo se rindió la narración 0108 de 17 de abril[52], la cual entregó los resultados de las búsquedas selectivas en bases de datos, adonde aparecen diversos artículos de prensa que registran las relaciones de Miguel y Vicente Castaño, quienes serían paisanos naturales de Amalfi, Antioquia. “Arcángel”, fue considerado como el principal traficante de insumos para el procesamiento de coca en la década del 90 y en el 2001, pasó tres años en la cárcel por el delito de Enriquecimiento Ilícito; hizo vínculos con las autodefensas de Córdoba y Urabá, logrando “comprarle” a Carlos Castaño una franquicia de las AUC que operaba en los Llanos Orientales –bloque Centauros-, por varios millones de dólares. Miguel, resultó ultimado por delincuentes de su banda, el 19 de septiembre de 2004.  Fue uno de los miembros del estado mayor de las AUC e hizo parte de la comisión paramilitar de Santa Fe de Ralito, en la cual se negociaba con el gobierno la desmovilización de los “combatientes”[53] de esas facciones delincuenciales.

 

Como complemento de lo dicho, la Fiscalía, con auto de 3 de septiembre de 2012, dispuso la inspección judicial al radicado de extinción de dominio, que habría cursado para investigar el patrimonio de Miguel Arroyave Ruiz; de allí se extractaron varias piezas que fueron trasladadas a este expediente. Lo mandado se cumplió el 12 de septiembre[54], cuando la Fiscal Delegada acudió ante el Despacho 37 de Extinción de Dominio, que puso a disposición el sumario prenombrado, entre otros elementos suasorios, se obtuvieron los siguientes:

 

  • Resolución de inicio de 26 de mayo de 2005, que en el acápite dedicado al aspecto fáctico menciona:

 

“Con base en un informe presentado por el grupo del D.A.S. adscrito a esta Unidad, en el que se daba cuenta de las anotaciones judiciales que le figuran a los señores JOSÉ MIGUEL ARROYAVE RUIZ y a su esposa MARTHA EDA CARDOZO OSPINA por delitos relacionados con el tráfico fabricación y porte de estupefacientes y posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos, mediante resoluciones 03211 de 7 de diciembre de 2.000 y 1048 de diciembre del mismo año, proferidas por el Director Nacional de Fiscalías y la Jefe de esta Unidad respectivamente, se asignó el trámite de referencia a este Despacho Fiscal.

 

 

En desarrollo de dicha fase [preliminar o inicial] se solicitaron los antecedentes y anotaciones que registraran los señores  – CARDOZO, obteniéndose la siguiente inquisición:

 

  1. Que el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Bogotá informa que dentro del proceso 960 por violación a la Ley 30 de 1986, se encuentra investigada la señora MARTHA EDA CARDOZO.
  2. Que en providencia de 16 de mayo de 1997, la misma autoridad comunica que se decretó la prescripción de la pena de 48 meses de prisión impuesta por el Juzgado 23 Penal del Circuito dentro del proceso 11746 por violación a la Ley 30/86.
  3. Que la Unidad de Fiscalía Regional de oriente de Villavicencio en oficio 2587 de 30 de enero de 1996 comunicó que se encontraba investigada dentro del proceso 2587.
  4. Que el señor JOSÉ MIGUEL ARROYAVE RUIZ registra orden de captura para rendir indagatoria dentro del proceso 11746 por delito relacionado con violación a la Ley 30 /86.
  5. De igual manera el señor ARROYAVE RUIZ estuvo vinculado al proceso 2587 por delitos relacionados con violación a la Ley 30/86.
  6. Que presenta las siguientes anotaciones: Juzgado 6° de ejecución de penas proceso 11746 delito Ley 30/86; Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá, Ley 30/86; Fiscalía 1 Secretaría Común Regional, delito posesión de sustancias para el procesamiento de narcóticos Ley 30/86; Fiscalía 2 Subunidad de Narcotráfico, Villavicencio, delito Tráfico, fabricación o porte de Estupefacientes.”

 

Los reportes de dicha pieza procesal no paran allí, sino que se refieren adicionalmente varios expedientes -149 y 150- de la Unidad Antinarcóticos  y el 188-1, con trámite en los Juzgados especializados; la sentencia del Juzgado 23 Penal del Circuito contra la pareja  Cardozo, lo cual, acompasado con lo que se anota en el informe presentado por el Comité Interinstitucional de Lucha contra las Finanzas de la Subversión, en el que se asocia a Miguel Arroyave con las AUC, como cabecilla del Bloque Centauros, muestra claramente que si bien Miguel era comerciante de drogas ilícitas de vieja data y que con la riqueza que le originó el trafico de insumos líquidos, o aguas, como se les denomina en la jerigonza delincuencial, para la producción de cocaína, compró un bloque paramilitar, de lo cual no era ajena su esposa Martha Eda, quien fue condenada en un proceso conjunto, por violación a la Ley 30 de 1986, cuando a éstos se les encontraron drogas y dólares de los cuales no dieron explicación convincente.    

 

  • En efecto, el informe de de inteligencia 0598 CIME-AOI-INT10-252, data de 31 de marzo de 2005 y es, allí, a propósito de la facción Centauros con influencia en varios pueblos del Meta, del cual fue cabecilla José Miguel Arroyave Ruiz, donde se recaba en que dicho sujeto formó parte del “Cartel de Medellín” y se hizo paramilitar luego de comprar la mentada estructura; sus actividades fueron variadas e incluyen el manejo de “oficinas de cobro” en “San Andresito” en Bogotá, donde existía disputa por el territorio con las FARC; se sabe que fue propietario de varios laboratorios para el procesamiento de cocaína en los Llanos Orientales, cuya custodia corría a cargo de los hombres a su mando. Anexo al documento de inteligencia, se aporta un dossier de prensa en el cual se incluyen: el perfil de Arroyave, publicado el 29 de marzo de 2004 en el diario El Tiempo.

 

  • La sentencia del 12 de agosto de 1991, que se ha venido anunciando, emitida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá[55] es una pieza de capital importancia para esclarecer el origen de los capitales que a éste pertenecieron, y de los que luego de su muerte, Martha Eda se hizo cargo. En el fallo aludido se dice que en un operativo llevado a cabo el 5 de marzo de 1986, miembros de la DIJIN, en el apartamento en el que Miguel y Martha vivían, se encontraron dos bolsas con cocaína cuyo peso alcanzaba 1.816 gramos y dólares camuflados en un “neceser”, de los que no dieron explicación, motivo por el cual resultaron condenados.

 

 Obra copia del acta de audiencia pública de 8 marzo de 2001[56], surtida dentro del expediente 188-1 en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, contra Arroyave, en el cual se ventilaron asuntos relacionados con el tráfico de insumos y falsedad en documento público donde el propio “Arcángel” reconoce la existencia de dos procesos más en su contra: “…150 de enriquecimiento ilícito [así como el]  041 por insumos…”.

 

  • Con oficio 01265 de 21 de septiembre de 2012[57], una Fiscal delegada ante el Tribunal de Justicia y Paz, allegó los “clips” relacionados con declaraciones vertidas en esa especialidad, donde resulta involucrado Miguel Arroyave, dentro de estos, obra la transliteración de las declaraciones de Daniel Rendón Herrera “Don Mario” dentro de las cuales se sostuvo el 6 de noviembre de 2009, que el mentado “Arcángel” tenía negocios de insumos, y que sus cocinas las había permutado con otro sujeto por la finca “El Ocaso”; en la sesión del 1° de diciembre de 2009 en la misma sede, “Don Mario” aseveró conocer a Narciso Cuervo Bermeo, quien trabajaba como “aguatero” con , en la producción y entrega de líquidos para el procesamiento de la coca en todas las cocinas; Cuervo era esposo de Bernarda Patricia , o sea, cuñado de Miguel; el deponente supo que éste lo mandó matar, porque Narciso aparentemente lo estaba robando.

 

Diego Alberto Ruiz Arroyave, “El Primo”, también ofreció declaración en sede de Justicia y Paz el 19 de octubre de 2010 adujo que tenía tratos con Miguel, y sabía que éste se introdujo en el paramilitarismo desde la cárcel; éste apoyó inicialmente con material logístico y armas a las autodefensas, luego, compra el Bloque a Vicente y toma el mando de la facción adquirida.

 

En la declaración conjunta de 21 de febrero de 2011 Daniel Rendón, Jesús Emiro Pereira y Luis Omar Marín Londoño refieren cómo la “oficina” de Miguel  era desde donde se manejaban los negocios en 1998, allí llegaban los compradores de “aguas” a nivel nacional, que eran unos productos químicos que se utilizaban para el narcotráfico, por los cuales se cobraban extorsiones; Arroyave era el que las vendía.

 

En otra explicación conjunta del 30 de marzo de 2011, Daniel Rendón Herrera, Iván Gaviria Castañeda –Fiscalía-, Manuel de Jesús Piraban –El Pirata-, Ramiro Alberto Hernández –Policía-; Orlando Mesa Melo –Diego-; Leonardo Escobar Londo; Misael Enrique Mejía Sánchez –Maicol-; Edilson Cifuentes Hernández –Richard-; Jesús Emiro Pereira Rivera –Alonso Huevoepisca-; Luis Omar Marín Londoño –Orozman-; Orlando Osten Blanco –Javier o Flechas-; Dumar Jesús Guerrero Castillo –Carecucho o Gregorio- José Efraín Pérez Cardona –Eduardo 400- , ventilaron que desde 1991 Miguel había estado en las Cocinas del Guaviare, de las que migró en 1997, cuando pasó al Meta; “Arcángel” era el mayor proveedor de las aguas del país; con la plata que le quedaba por eso, iba comprando armas y material de intendencia para el grupo paramilitar que también iba creciendo.

 

  • Como si lo anterior fuera poco, un investigador de policía judicial, en cumplimiento de la orden emitida por la Fiscalía instructora el 14 de septiembre de 2012[58], allegó los clips correspondientes a las declaraciones de Miguel Ángel Melchor Munera, confeso paramilitar colaborador de Vicente Castaño y postulado en sede de justicia y paz, donde éste informó a partir del 22 de enero de 2009 todo lo que le constaba de las actividades de “Arcángel”, por ejemplo, que el Bloque Centauros de Miguel Arroyave, compraban uniformes y botas; sabía que Miguel y Martin Llanos, coordinaban los demás militares en el Guaviare, siendo el primero de los dos el encargado de coordinar lo que fuera necesario en materia apoyo con la “Fuerza Aérea”, la cual colaboraba con helicópteros durante los combates entre las autodefensas y las FARC.

 

Aunado a ello, tenía conocimiento de que  se involucraba con la producción de coca y laboratorios para su procesamiento, aun más, Mejía Munera dijo que la Cocaína que su grupo traficaba, se la compraban entre otros a José Miguel en el llano del Guaviare; aseveró que una cosa valía la coca comprada en ese lugar y otra si por ejemplo se requería en Barranquilla, donde él, o sea “Arcángel”, en todo caso podía movilizarla por un pago adicional. 

 

Con toda la semblanza reseñada, no es posible desconocer que la Fiscalía acreditó  fehacientemente que alias “El Químico” o “Arcángel”, fue un personaje cuya mentalidad le llevó a afiliarse con toda clase de delincuencia para protagonizar violaciones a la ley de diferente estirpe, lo que se constituye en un hecho notorio ventilado por la prensa escrita.

 

El resultado de esas andanzas fue la riqueza mal habida en cantidades exorbitantes, nunca fruto de la minería o el comercio honesto; es que éste sujeto llegó a comprar y financiar un bloque paramilitar completo por más de seis millones de dólares; dinero que no sólo fue el producto de la droga, sino de la “oficina de cobro” en Bogotá; como es natural, a su muerte, la riqueza no desapareció y fue precisamente por ello que sus sucesores, entre ellos Linda Tatiana Arroyave, se hicieron cargo del manejo de los caudales. Con ese precedente, hizo su aparición Martha Eda Cardozo Ospina quien comenzó su periplo para darle apariencia de legalidad al caudal espurio de su otrora compañero sentimental, conocedora como era, igual que su hija, de los negocios que éste sostenía; tan cierto es que Martha participó de ellos, que fue condenada por narcotráfico años atrás; para la dirección de los emolumentos esta mujer se asoció con su círculo familiar, cuyos miembros contribuyeron para el desarrollo de empresas fachada, o como testaferros de bienes, pretendiendo de esa manera ocultar la fuente original como adelante se estudiará. Su ejemplo fue seguido por Linda Tatiana, al menos con lo relacionado con el apartamento 402 del bloque 2, del edificio “Bosques del Marqués” de Bogotá.

 

Hecho el anterior recuento, lejos de asistirle razón a los defensores que desconocen al “informe de inteligencia”[59] como punto de partida para las subsiguientes verificaciones realizadas por la Policía Nacional y la consecuente noticia criminal registrada en el oficio 2950[60] del 27 de noviembre de 2003, la cual fue el fundamento para que la Fiscalía General de la Nación procediera a dar apertura a la investigación previa el 5 de diciembre de 2003[61], por eso considera la Sala que el tema que fue considerado acertadamente en el proveído confutado. Todo, porque, en efecto, la actividad de las autoridades se ciñó a los postulados del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal.

      

  • Las transcripciones de las interceptaciones telefónicas y los reparos de los defensores y de Martha Eda Cardozo en ejercicio de la defensa material

 

Como se desprende del debate suscitado en el juicio, a la sazón de los testimonios de varios miembros de la Policía Nacional, se supo que el expediente se dirigió originalmente al encuentro de elementos de juicio de los cuales se coligiera la existencia de un presunto delito de tráfico de precursores químicos para la elaboración de cocaína, pues “Arcángel” se dedicó de manera destacada a esa actividad, como quedó ampliamente reseñado; fue por ello que las intervenciones de abonados que se surtieron dentro del radicado 2220 LA, tenían por cometido esclarecer hechos de ese tenor. A la apertura de la investigación, la entidad persecutora se ocupó de ordenar “…todas las diligencias necesarias para lograr la desmembración de la empresa criminal.”, lo cual incluyó la interceptación de varias líneas telefónicas[62].

 

Con ocasión de esas actividades, varios de los aquí defensores, tuvieron interés en que fueran traídos al juicio los policiales que participaron en esas averiguaciones, porque tenían reparos en la  intromisión a las comunicaciones de sus clientes, de lo cual se quejó en la impugnación particularmente Martha Eda Cardozo Ospina. De ese modo depusieron en la audiencia pública el Teniente Coronel Herbert Benavides Valderrama[63]; el Intendente José David Quintero Aristizabal[64]; el Intendente analista Fernando David Rodríguez Moros[65] y su homólogo Daniel Fernando Gutiérrez[66], todos estos declararon haber hecho parte de la investigación cuando cursaba en la Unidad de Precursores Químicos y coincidieron en sostener que en el caso de marras no  encontraron mérito para que la investigación continuara por delitos asociados a ese cuerpo investigativo, así se concluye del oficio 820 GRUJU COPRE de 9 de septiembre de 2005[67]; sin embargo, consiguieron información de la cual se descocía un posible reato de blanqueo de divisas. Así lo informaron a la instructora y por ello la autoridad comisionó[68] al Grupo de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Policía Antinarcóticos las averiguaciones del caso; en consonancia, el investigador Guillermo Herrera Herrera[69] vino a verter testimonio, éste dijo que participó en el trámite y se encargó traer de la investigación primaria a éstas diligencias las transcripciones efectuadas por sus colegas.

 

La Sala en este tópico destaca la intervención de Fernando David Rodríguez Moros, quien acudió al juicio el 16 de julio de 2014[70] y fue el investigador encargado de realizar las grabaciones de las interceptaciones, sus transliteraciones, el análisis de las escuchas para la orientación del equipo en el campo, merced de una llamada que se recibió en la línea del Grupo de Control de Precursores Químicos a la cual pertenecía. Lo dicho se tradujo en un “informe de inteligencia”, que precedió a las órdenes que se dieron por parte del Fiscal; el deponente describió las actividades que se generaban a partir de las escuchas ordenadas por la autoridad judicial, siendo la básica, la elaboración de un perfil de las personas a las cuales escuchaba, con miras a establecer un engranaje de la estructura, si es que la había, elucidando los roles y funciones de cada quien dentro de la organización delictiva; lo que sucedió en este caso es que no se pudo concretar un perfil conteste con el contorno la información recibida por la línea telefónica de la Policía Antinarcóticos, porque no se estableció la existencia de conductas orientadas al tráfico ilícito en los llanos orientales. Su dedicación a la labor fue por el término de 20 o 24 meses.

 

Rodríguez Moros enfatizó que los audios obtenidos como resultado de los seguimientos y que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía eran únicamente los que correspondían a las conversaciones relevantes, de las que se pudiera “sintetizar un hecho delictivo[71], lo cual se dejaba en manos de la autoridad judicial, para que ésta decidiera el paso a seguir. En las conversaciones que escuchó nunca oyó conferencias entre Miguel  y Martha Eda Cardozo, sin embargo, de esta última si se enteró de varias charlas encaminadas a negocios de compra y venta de finca raíz.

 

En punto de la conservación de los medios, desde una perspectiva de la cadena de custodia, el testigo manifestó que la rigidez actual no existía, pero que si se entregaban los medios debidamente rotulados y con una trazabilidad en el tiempo al jefe del equipo de investigación o directamente al Fiscal.

 

Dentro las labores realizadas por este declarante, en diciembre del año 2003 aproximadamente, Martha Eda fue seguida en un viaje que realizó a Cartagena con su esposo José Miguel, hospedándose en el hotel Las Américas, en el cual se veía que la relación entre estos era distante; cada quien en una alcoba distinta, el señor con sus escoltas. Los diálogos de Miguel por medios telefónicos nunca pudieron ser interceptados por el tipo de tecnología que él utilizaba en sus comunicaciones.

 

En punto de los cortes de edición y narración presentes en las grabaciones, el testigo aseveró que se ajustaban a los protocolos del momento, porque en ningún momento se alteró el contenido de las charlas puestas de presente al Fiscal; los documentos obtenidos en los audios son una copia de la fuente original, cuyo respaldo desde una perspectiva de la mismidad y completud se encuentra en que fueron rendidos bajo la gravedad de juramento.    

 

Por otro lado, el Intendente Jefe Herrera Herrera[72], para los efectos de las alegaciones planteadas en las apelaciones al cariz de la legalidad de los audios interceptados y “la cadena de custodia”, tan mentada por Cardozo Ospina en su escrito de apelación,  manifestó que los análisis realizados en el informe 075 MD DIRAN AREIN GRUIC PROLA del 20 de marzo de 2012[73], se ejecutaron a partir de las transliteraciones, por lo tanto las mismas no cuentan con el aludido instrumento de custodia; sin embargo, los casetes en los cuales estaban los registros, en ese momento se encontraban en el despacho de la Fiscal que instruía la investigación, es así como  tuvo la oportunidad de constatar que el contenido de las transcripciones coincidía con las grabaciones que atendió; y no sólo eso, se ratificó bajo la gravedad de juramento que no sólo del contenido del informe aludido, sino de haber constatado las grabaciones que tuvo a su disposición, porque se le facilitaron en el despacho persecutor[74].    

 

Hecha la anterior efemérides, torna importante hacer algunas precisiones conceptuales que permitirán superar los reparos que en contra de los seguimientos a las líneas telefónicas, elevan los apoderados de las partes y Martha Eda Cardozo, todo esto bajo el entendido de que lo que se examinará, como lo hizo la a quo, no son los audios, sino sus transliteraciones, cuyo soporte fue dado y ratificado por investigadores de policía judicial, con el suficiente debate, tal cual lo solicitaron y realizaron los impugnantes. Lo que se advierte es una discusión en torno al traslado de la evidencia obtenida en sede del Grupo de Control de Precursores Químicos, al de Lavado de Activos y Extinción de Dominio; ello a la sazón de varios asuntos: i.) el debido proceso probatorio en la Ley 600 de 2000; ii.) el control de legalidad a las interceptaciones  y iii.) los postulados de libertad probatoria y permanencia que imperaban en el paradigma procesal que rige en las pesquisas.

 

De acuerdo con el camino propuesto se hace necesario precisar qué se entiende por el debido proceso probatorio:

 

“El casacionista reclama frente a determinados elementos de convicción valorados en el fallo: [a] que fueron practicados con la intervención del procesado sin estar asistido de su defensor (prueba de absorción atómica efectuada a COTTA GONZALEZ); [b] que se practicaron por funcionario incompetente (testimonios de Robinsón Acosta Puello y Bierca Carmiña Lever Duke); y [c] que no fue posible ejercer el su contradicción porque los recibieron sin enterar de ello a la defensa (ampliación de Acosta Puello y testimonio de Lever Duke) o porque en la etapa instructiva no se accedió a su práctica y en la del juicio injustificadamente se desistió esta pese a estar ordenada (ampliaciones de Acosta Puello y de Lever Duke).

 

Los tres aspectos atrás puntualizados, que en síntesis constituyen el fundamento del cargo por nulidad analizado, se relacionan estrecha e inescindiblemente con los pasos graduales de solicitud, admisión o decreto, práctica y contradicción del medio probatorio, los cuales conforman el llamado debido proceso probatorio al que alude el artículo 29, inciso final, de la Constitución Política, precepto en el que también se determina el debido proceso propiamente dicho que, en materia penal, incluye una actuación procesal con dos etapas básicas de investigación y juzgamiento, la presunción de inocencia, la legalidad preexistente, el juez o tribunal competente, la favorabilidad, la publicidad, la contradicción, la defensa, la impugnación, el non bis in idem, entre otros.

 

La distinción entre debido proceso y debido proceso probatorio es trascendente “hasta el punto que la misma Carta advierte que la violación del debido proceso probatorio genera «nulidad de pleno derecho» de la respectiva prueba, y no del proceso. La nulidad de pleno derecho, de acuerdo con arraigada doctrina, significa inexistencia jurídica del medio probatorio que da lugar a su desestimación en cualquier decisión judicial, de tal manera que si, verbigracia, se afronta el momento de la sentencia y no existe otra prueba de cargo regularmente aportada, la solución que se impone es la exclusión de la prueba ilegal y la consecuente absolución, mas no la nulidad de parte alguna del proceso”.[75][76]

 

Según se lee, el debido proceso probatorio se refiere a que dentro de la actuación se surtan unos pasos sin los cuales se entienden quebrantadas las garantías previstas en la Carta –art. 29-; así, para el caso, lo debido consiste en que: i.) la motivación por medio de la cual se ejercen actos de investigación que invadan la esfera de la intimidad de las personas persiga un fin plausible constitucionalmente, y que ante el resultado de la pesquisa, el procesado esté provisto de un apoderado que lo represente y ejerza su defensa; ii.) que las ordenes de investigación cumplan con los protocolos y sean emitidas por la autoridad competente y iii.) que sean objeto del ejercicio del derecho de contradicción.

 

La crítica que se eleva por parte de la bancada defensiva y la procesada plurimencionada, refiere que el informe de inteligencia del 15 de noviembre de 2003[77], que no se encuentra suscrito, no constituye un motivo serio para haber intervenido la privacidad de las conversaciones de Martha Eda Cardozo y su núcleo familiar. El susodicho documento recaba en que a través de una línea telefónica de la Policía Nacional, se tuvo conocimiento de la existencia de una organización de corte paramilitar dedicada al tráfico de insumos químicos y a la fabricación de estupefacientes, con operaciones en los Llanos Orientales y Bogotá; esa agrupación además expropiaría grandes porciones de tierra y obligaba a sus dueños a vendérsela a terratenientes. Aunado a ello, poseería fincas, ganado y vehículos comprados con el fruto de la espuria riqueza; la fuente aportó el 15 de noviembre de 2003 varios abonados telefónicos; como los eventos descritos en esa pieza alertaban sobre actividades graves, la Policía realizó algunas verificaciones previas y posteriormente alertó a la autoridad judicial mediante oficio 2950 del 27 de ese mes y año de las actividades reseñadas; por eso, la Fiscalía 5° Especializada en resolución del 5 de diciembre, avocó el conocimiento de las diligencias comisionando las labores investigativas a Grupo de Policía Judicial, Área de Interdicción, Control de Precursores Químicos y entre otras cosas ordenó las interceptaciones del caso, en los términos del artículo 301 de la Ley 600 de 2000[78].

 

Bajo la sistemática de la citada norma, la Fiscalía General de la Nación tenía la facultad para ordenar, siempre que tuviera motivos fundados, la intervención a las comunicaciones  “…con el único objeto de buscar pruebas judiciales…”, como en efecto aquí ocurrió; ahora, si bien es cierto, la labor que en ese sentido realizó el Grupo de Precursores Químicos se desplegó por espacio de dos años, ello no descalifica la gestión, sino que denota la dificultad en el rastreo, porque según lo comentó el investigador Rodríguez Moros, fue necesario descartar varios números desde los cuales no se encontró información de interés, lo cual supone que la intervención lejos de ser una suerte de “espionaje” como se sugiere, se erige en  necesaria y proporcional, extendiéndose por un lapso razonable a la luz de la cantidad de líneas e información recaudada. 

 

De ese modo, la cuna de la investigación deviene de un acto complejo; en primer lugar la Policía recibe información de la ciudadanía, que de manera anónima, pero con datos concretos, como eran números telefónicos y modus operandi, detalló la existencia de una organización criminal[79], lo que se ajusta a las previsiones del art. 29/L.600 de 2000; como era su deber, la Policía verificó lo necesario, avalada por el canon 314, ibídem y acto seguido puso en conocimiento del Fiscal los eventos sabidos; de esa forma, la autoridad investigativa adoptó la decisión del caso el 5 de diciembre de 2003[80] y el proceso comenzó su periplo, sin que se advierta que la policía al hacer sus constataciones antes de la judicialización, obrada de forma contraria a los protocolos. Por consiguiente la subsiguiente toma de decisiones obedeció al mandato de la autoridad del ramo, teniendo la prueba recaudada plena valides, en tanto su fuente no es un “árbol ponzoñoso”.

 

Las tareas previas efectuadas por la Policía y apuntadas en el informe 2950 tantas veces referido, al tenor del apartado 314 citado, no eran objeto de una orden judicial; es que, contrario a lo pretendido por la defensa de Martha Eda Cardozo Ospina y Aldemar Ospina Arias, dicho artículo las prevé para “…antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato…”, sin que se pierda de vista que dicho documento lo rindió el entonces Capitán Benavides Valderrama, a instancias de su superior jerárquico, como dice la norma, esto es el Coordinador de la Unidad, Capitán Bernardo Trujillo Pérez[81]; por lo tanto, ninguna anomalía se advierte en la génesis de la actuación.

 

Para finalizar este tópico resta decir que las pruebas recaudadas durante la fase de instrucción, fueron de conocimiento de las partes, quienes las debatieron no sólo en la sede propia, sino además en la audiencia pública, al punto que por iniciativa de los defensores, fue que resultaron convocados los policiales que se mezclaron en la averiguación; bajo esa perspectiva, no se ha violentado el debido proceso probatorio.

 

Como se desprende de la intervención del intendente Guillermo Herrera Herrera, él tomó los resultados del material recaudado cuando el legajo se ocupó de la búsqueda de una organización dedicada al narcotráfico, lo que no supone tampoco menoscabo pues para ello se encontraba habilitado por el artículo 239 de la Ley 600 de 2000, en el sentido de que en pretérita oportunidad se practicaron válidamente probanzas útiles para el asunto y ya en lo que atañe al contenido e identificación de los interlocutores propiamente, Herrera trajo al paginario las transcripciones fruto de la interceptación, lo que no supone irregularidad ni demanda la pretendida cadena de custodia que reclamó uno de los censores; recuérdese, que de tiempo atrás, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estimó que para esos efectos opera el principio de libertad probatoria y que incluso cuando no se tienen los audios disponibles, esa falencia se suple con su réplica escrita como aquí ocurrió, teniendo que el investigador incluso atestiguó que cotejó el contenido de los audios con el de las transliteraciones, existiendo correspondencia entre los mismos. Nótese:

 

“2.3.1. El inciso 5º del artículo 301 de la Ley 600 de 2000 señala respecto de los medios de conocimiento atinentes a la interceptación de comunicaciones que «[e]l funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación».

 

Al respecto, la Corte, en sentencia CSJ SP, 27 marzo 2003, rad. 17247, adujo que la validez de la prueba de la vigilancia telefónica está supeditada «a la demostración de su autenticidad», es decir, a la identificación de los interlocutores en la comunicación:

 

[…] no sólo porque en estos casos su producción se lleva a cabo sin el conocimiento ni el consentimiento de la persona o personas en cuya intimidad se entromete el Estado, pero con un fin legítimo y en los casos y bajo las condiciones impuestas en la Constitución y la ley, sino porque apriorísticamente no puede servir de sustento a una imputación.

 

En realidad, se trata de una prueba de producción compleja, pues no se limita a la captación magnetofónica de las voces, labor que implica una actividad operativa simplemente mecánica como es adaptar los dispositivos del caso para su grabación, por supuesto, previa autorización judicial, para su perfeccionamiento requiere del funcionario judicial la identificación de los autores de las mismas, salvo que aquellos contra quien se opongan no desconozcan antes de la finalización de la audiencia pública “su conformidad con los hechos o con las cosas que allí se expresan”, tal como lo disponía el artículo 277 del Decreto 2700 de 1991 y actualmente lo reitera, en términos similares, el artículo 262 de la Ley 600 de 2000 al regular lo pertinente al reconocimiento tácito, precisamente, en el capítulo pertinente a la prueba documental.

 

Ahora bien, que la validez de las grabaciones telefónicas interceptadas y obtenidas en virtud del artículo 301 del Código de Procedimiento Penal dependa de la concurrencia de otros medios de prueba que apunten a la identificación de las voces allí contenidas no significa, sin embargo, que sea el cotejo de voces el único mecanismo idóneo para acreditar su autenticidad, pues, como bien lo ha precisado la Sala, el funcionario puede acudir a cualquier otro elemento de juicio para ello, en aplicación del principio de libertad probatoria. Así lo explicó la Corte en el fallo de segunda instancia CSJ SP, 27 oct. 2004, rad. 22639:

 

Es cierto que por razones técnicas no se pudo llevar a cabo el cotejo de voces como de ello informa el dictamen […]. También lo es que [el procesado] ha manifestado que no es cierto lo contenido en dichas grabaciones y ha aducido que constituyen un montaje fraguado en su contra para perjudicarlo.

 

Pero esto en modo alguno significa que por defectos en el recaudo de la prueba, o por yerros en el proceso investigativo a efectos de establecer la autenticidad del medio, los cuales le restan eficacia probatoria, como en tal sentido ha sido declarado por la Sala en pronunciamiento invocado por el recurrente […], el juez no pueda establecer, a partir de la confrontación con otros medios válidamente recaudados, la verosimilitud de sus contenidos, siguiendo lo dispuesto por las reglas de la sana crítica, en orden a  adoptar la decisión que en justicia corresponda, pues no puede olvidarse que en nuestro sistema no existe tarifa legal y que “los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales”, según previsión al efecto contenida en el artículo 238 del Código de Procedimiento Penal.

 

Y, más recientemente, en la sentencia de casación CSJ SP, 7 nov. 2012, rad. 37394:

 

Para identificar a las personas que intervienen en una comunicación telefónica, la ley no exige una prueba en particular sino que impone la obligación al funcionario de disponer la práctica de las necesarias a ese fin, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 301 de la Ley 600 de 2000.

 

De otro lado, la Sala ha dicho que para la valoración de las grabaciones magnetofónicas es necesaria la demostración de su autenticidad, porque se realizan sin el consentimiento ni el conocimiento de las personas, a menos que contra quien se opongan manifieste su conformidad con los hechos o las cosas que se expresan en ellas.

 

Ahora bien, el cotejo de voces es un medio idóneo pero no el único para identificar a los partícipes en una comunicación telefónica, de manera que cuando las circunstancias del proceso impiden llevarlo a cabo, habrá de acudirse a otros medios probatorios que hagan posible establecer quién es el que interviene en ella.

 

Por otra parte, en fallos como el CSJ SP, 26 nov. 2003, rad. 19008, la Sala ha indicado que cuando el contenido de las interceptaciones telefónicas ha sido transcrito por un funcionario y no obran las grabaciones en el expediente, no es posible debatir la autenticidad ni por contera la legalidad de tal documento, dada la calidad pública del mismo:

 

Así las cosas, si el documento contentivo de las transcripciones de las conversaciones telefónicas que suscitó la intervención del Estado a través de la investigación adelantada por funcionarios competentes para el esclarecimiento de los hechos de que daban cuenta las mismas fue medio de prueba aducido legalmente al expediente, permitiendo con amplitud el ejercicio del derecho de contradicción como ha quedado visto, esta garantía no se menoscabó por el hecho de no agregarse el medio mecánico a través del cual se interceptaron las conversaciones, habida cuenta que la autenticidad de la prueba documental analizada no ofrece reparo alguno para la Corte.”[82]

 

Por lo anotado, la Sala proseguirá con el estudio al no advertirse ilegal la prueba recaudada.

 

  • El instituto de la carga dinámica de la prueba

 

Tanto Martha Eda Cardozo y como los defensores técnicos coinciden en señalar que la Fiscalía no acreditó ciertos eventos como transferencias de dinero a cuentas bancarias o el origen de los emolumentos con los cuales se realizaron transacciones, a guisa ejemplo, la inyección de capitales de Carlos Augusto Arroyave  Soto a la mina Las Margaritas; los dineros con los cuales el padre de Aldemar Ospina Arias “compró” el apartamento 801; el dinero que Linda Tatiana  recibió con la promesa de compraventa del predio de la urbanización Bosques del Marquez, o la reseña financiera de Ángel María Moncada Moncada lo cual equivaldría al incumplimiento de sus cargas. En ese sentido, las opugnaciones proponen que al no demostrarse las ilicitudes, la carga de la prueba no puede serle transferida a los procesados.

 

En este punto es oportuno realizar un breve análisis del instituto propuesto, para esclarecer definitivamente si la judicatura grabó a los procesados con una exigencia de tal envergadura, que pone la balanza a favor de la Fiscalía en torno a su pretensión de condena, lo que de contera supone que los enjuiciados estarían recibiendo un trato injusto sin una razón constitucional plausible.

 

Entonces, es de utilidad traer a colación algunos razonamientos de la Corte Constitucional, elaborados cuando revisó la exequibilidad del artículo 167 del Código General del Proceso, en la medida en que el axioma de la carga dinámica de la prueba tiene asidero en esa legislación, que de tiempo atrás ha sido adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en asuntos con dificultades probatorias, dentro de los cuales la mejor evidencia de la inocencia de un ciudadano se encuentra en su poder, quedando la Fiscalía en la imposibilidad de cumplir con su rol de investigación integral; este es el caso de los expedientes por delitos de Lavado de Activos o Enriquecimiento Ilícito, así como en sede de extinción de dominio, donde algunas cuestiones son más fáciles de acreditar para quien sobrelleva la acusación. Véase:

 

“Una característica de las cargas procesales es entonces su carácter potestativo (a diferencia de la obligación procesal), de modo que no se puede constreñir a cumplirla. Una característica es que la omisión de su realización “puede traer consecuencias desfavorables para éste, las cuales pueden ir desde la preclusión de una oportunidad o un derecho procesal hasta la pérdida del derecho material”[83]. En palabras ya clásicas, “la carga funciona, diríamos, double face; por un lado el litigante tiene la facultad de contestar, de probar, de alegar; en ese sentido es una conducta de realización facultativa; pero tiene al mismo tiempo algo así como el riesgo de no contestar, de no probar, de no alegar. El riesgo consiste en que, si no lo hace oportunamente, se falla en el juicio sin escuchar sus defensas, sin recibir sus pruebas o sin saber sus conclusiones. Así configurada, la carga es un imperativo del propio interés”[84].

 

5.3.- La Corte ha señalado en forma insistente que evadir el cumplimiento de las cargas procesales no es un criterio avalado por la jurisprudencia constitucional, “en la medida en que el desconocimiento de las responsabilidades de las partes en el proceso atentaría contra los mismos derechos que dentro de él se pretenden proteger y llevaría por el contrario a la inmovilización del aparato encargado de administrar justicia”. Autorizar libremente el incumplimiento de las cargas procesales “llevaría al absurdo de permitir que se propenda por perseguir intereses a través de la jurisdicción sin limitaciones ni restricciones procesales, incluso alegando la propia culpa o negligencia”[85], lo que desde luego rechaza la jurisprudencia constitucional[86].

 

Sin embargo, en la misma providencia precisó que ello no significa que toda carga por el solo hecho de ser pertinente para un proceso, se encuentre acorde con la Constitución, puesto que si resulta ser desproporcionada, irrazonable o injusta, vulnera igualmente la Carta y amerita la intervención de esta Corporación. En estos casos, como ocurre con las normas procesales en general, será pertinente determinar si sus fines son constitucionales y si la carga resulta ser razonable y proporcional respecto a los derechos consagrados en la norma superior”.

 

En otras palabras, que “una carga procesal capaz de comprometer el goce efectivo del derecho de acceso a la justicia de una persona es inconstitucional cuando es irrazonable y desproporcionada”[87]. Para ello será preciso evaluar si la carga procesal persigue una finalidad compatible con la Constitución, si es adecuada para la consecución de dicho objetivo, y si hay una relación de correspondencia entre la carga procesal y el fin buscado, de manera que no se restrinja severamente o en forma desproporcionada algún derecho constitucional[88].”[89]

 

Sobre la carga dinámica propiamente se dijo:

 

6.1.- Una de las principales cargas procesales cuando se acude a la administración de justicia, en general, y a la jurisdicción civil, en particular, es la concerniente a la prueba de los hechos que se alegan. La carga de la prueba es un elemento característico de los sistemas procesales de tendencia dispositiva. Se conoce como principio “onus probandi”, el cual indica que por regla general corresponde a cada parte acreditar los hechos que invoca, tanto los que sirven de base para la demanda como los que sustentan las excepciones, de tal manera que deben asumir las consecuencias negativas en caso de no hacerlo[90].

 

De acuerdo con la doctrina, esta carga procesal se refiere a “la obligación de ‘probar’, de presentar la prueba o de suministrarla, cuando no el deber procesal de una parte, de probar la (existencia o) no existencia de un hecho afirmado, de lo contrario el solo incumplimiento de este deber tendría por consecuencia procesal que el juez del proceso debe considerar el hecho como falso o verdadero”[91]. En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha explicado cómo en el sistema procesal se exige, en mayor o menor grado, que cada uno de los contendientes contribuya con el juez al esclarecimiento de la verdad:

 

“En las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos, esto es, que presenta enunciados descriptivos o proposiciones fácticas a partir de las cuales pretende generar un grado de convencimiento tal, que sea suficiente para que se emita un pronunciamiento favorable al ruego que se eleva ante la jurisdicción. Dicho de otro modo, en el punto de partida de toda controversia procesal, cada uno de los extremos del litigio intenta convencer al juez de que las descripciones que presenta coinciden con la realidad y, a partir de aquéllas, justamente, propicia el litigio.

 

De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

 

Desde luego, al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan”[92].

 

Esta institución pretende que quien concurre a un proceso en calidad de parte asuma un rol activo y no se limite a refugiarse en la diligencia del juez ni se beneficie de las dificultades probatorias o mala fortuna de su contraparte. En otras palabras, “las partes en el proceso deben cumplir con el deber de diligencia en lo que pretenden probar. Ninguna debe obrar con inercia porque ello causa que las consecuencias adversas de la decisión sean deducidas en su contra. El proceso no premia la estrategia sino la solución del conflicto con la participación de las partes”[93].

 

En el ordenamiento jurídico colombiano el postulado del “onus probandi” fue consagrado en el centenario Código Civil[94]. Se mantuvo en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil de 1970 con la regla según la cual “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con excepción expresa de los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas[95].”[96] (resalta la Sala)

 

Ya se advertía al inicio del acápite, que la figura en estudio no es nueva en materia penal donde recurrentemente se evoca, haciendo referencia al interés de cada parte en esclarecer la verdad y dotar al juez de los medios suasorios necesarios para discernir la realidad de la situación, nótese:

 

“Con todo, la Sala ha admitido que en ciertos casos, cuando quiera que la Fiscalía ha cumplido con el rol probatorio asignado, es viable aplicar el concepto de la carga dinámica de la prueba, según el cual, los medios de persuasión deben ser aportados por quien esté en mejor capacidad de hacerlo, dada la dificultad que en algunas oportunidades representa para el agente estatal abarcar el tema de prueba.

 

Sobre el particular, la Corte aseguró en pretérita oportunidad:

 

«No obstante, en atención al denominado concepto de la “carga dinámica de la prueba”[97], cuando el Estado ha demostrado con idoneidad la responsabilidad del acusado como para sustentar una condena, cumpliendo así la carga probatoria necesaria, le corresponderá a la defensa, en sentido amplio, presentar otros elementos de juicio que desvirtúen tal posición cuando quiera que se busque controvertir la certeza para condenar o introducir la duda razonable que permitiera adoptar idéntica determinación.»[98]

 

Es así que, como regla general, el órgano investigativo es el que debe probar con medios lícitos y legales que la persona acusada de participar en una conducta ilícita es responsable, para de esta manera desvirtuar la presunción de inocencia que precede cualquier imputación; pero excepcionalmente, entonces, es viable acudir a las cargas probatorias dinámicas.

 

  1. En el caso de la especie, el censor asegura que el Ad quem erró al aplicar el principio in dubio pro reo tras indicar en el fallo que el procesado no estaba obligado a probar la circunstancia exculpante aducida por el procesado en la confesión calificada, por cuanto ello le corresponde al Estado como titular de la acción penal, y le asiste razón.

 

En efecto, si bien como se anotó atrás, la Fiscalía no solo estaba obligada a recopilar todos los elementos de convicción tendientes a acreditar la materialidad de la conducta punible y la responsabilidad penal del implicado en orden a derruir la presunción de inocencia sino a recaudar los medios de prueba que pudieran favorecerlo (circunstancias de atenuación punitiva o de ausencia de responsabilidad) —esto último en vigencia de la Ley 600 de 2000 por virtud del principio de investigación integral[99]—, lo cierto es que cuando el ente acusador logra probar con contundencia la comisión o la participación del investigado en el reato, en el procesado concurre el deber de ejercer el derecho de contradicción aportando o solicitando la práctica de todos aquellos elementos de persuasión tendientes a favorecer una decisión absolutoria por inocencia o duda probatoria”.”[100]

 

Y recientemente se ha sentenciado:

 

“Por último, dígase que, contrario de lo que afirma la impugnante, no desconoció el magistrado a quo la denominada carga dinámica de la prueba. Dicho concepto no se refiere precisamente al requerimiento de que la parte que tenga la prueba en su poder la allegue; se vincula más exactamente con el deber o iniciativa probatoria que le corresponde a la defensa, frente al decaimiento para la fiscalía del deber de recolección de la prueba exculpatoria (principio de investigación integral) en el proceso de tendencia acusatoria, si lo que pretende es atacar el mérito de las conclusiones judiciales que provienen de lo debidamente demostrado por el acusador (CSJ, SP, 25 de mayo de 2011, rad. 33660).

 

Para la fiscalía, el aludido concepto parece suponer, en cambio, un traslado hacia la magistratura de la carga argumentativa y de apreciación probatoria que le compete a la defensa.      

    

  1. Así las cosas, no cabe duda que tanto la defensa, al sustentar de manera tan precaria el pedido de sustitución de la medida de aseguramiento, como la fiscalía, al acudir al mecanismo de certificar a la ligera y con mínimo o escaso sustento algunos de los requisitos de la sustitución, carecieron de la diligencia necesaria para surtir adecuadamente este trámite.

 

La Corte debe llamar la atención para que, frente a las peticiones de sustitución de la medida de aseguramiento, las partes involucradas cumplan con la debida diligencia y de manera completa con la prueba de todas y cada una de las exigencias que dicha figura requiere, en lugar de trasladarle al magistrado de control de garantías una carga probatoria y de razonamiento jurídico que le compete exclusivamente a los interesados.”[101]

 

De las notas traídas a colación se concluye que si bien a los procesados no se les puede asignar la carga de demostrar su inocencia, cierto es que cuando la Fiscalía aporta los elementos de los que se infiere la conformación de su tesis, en este caso que los inculpados en cuestión incurrieron en los delitos de Lavado de Activos y Testaferrato, respectivamente; en esa medida, a los defensores les asistía el interés de reivindicar que los raciocinios de la contraparte no eran acertados con el fin de enervar la acusación y mantener incólume el principio de presunción de inocencia. En tal virtud si se increpó que no tenían los recursos para realizar una transacción, era de su resorte probar con los medios idóneos que la capacidad económica si existía; esto no ocurrió, porque en sus alegatos los apoderados y acusados se dedicaron a deconstruir cualquier vínculo o conocimiento de las actividades de Miguel, cuando la acusación era de otro caris, como se ha descrito en extenso.

 

Como la instructora trajo a colación pruebas que señalan la responsabilidad penal de los procesados, seguidamente esta sentencia se ocupará de justipreciar si el acervo  es suficiente para el quebranto de la presunción de inocencia, o si por el contrario, la discusión presentada por los togados en ejercicio de la defensa técnica y por los propios encartados, instando su derecho material, desmoronan los cargos, aclarando desde ya, que si cualquiera de los censurados estaba en posición de aportar las pruebas y no lo hizo, ello tendrá como consecuencia que el pronunciamiento se emita en su contra.

 

  • Los testimonios de los policiales del Grupo Control de Precursores Químicos

 

Ya se ha referido la Sala a que por interés de la bancada defensiva, intervinieron en las diligencias los policiales Teniente Coronel Herbert Benavides Valderrama[102]; así como  los Intendentes José David Quintero Aristizabal[103]; Fernando David Rodríguez Moros[104] y Daniel Fernando Gutiérrez[105]; el cuestionamiento que se presenta frente a sus testimonios es que a pesar de que las intervenciones telefónicas y seguimientos se prolongaron en el tiempo, ellos no encontraron huella delictiva en las charlas escuchadas.

 

En efecto, los deponentes coincidieron en referir que no hubo rastro delictivo que evidenciara la existencia de una organización dedicada al tráfico de tóxicos con asiento en Bogotá y Villavicencio, como inicialmente se refirió en el informe de 27 de noviembre de 2003; dicho parte habría tenido fundamento en el documento de inteligencia al que ampliamente se ha referido la Colegiatura en esta sentencia.

 

Ello, sin embargo, no significa que el material probatorio recaudado fuera descartado por la Policía Nacional; por el contrario, en cumplimiento de la resolución de 10 de agosto de 2005, emitida por el Despacho 23 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía[106] el Coordinador Encargado del Grupo de Control de Precursores Químicos acotó:

 

“De otro lado, se comisionó a este grupo para que practique diligencias encaminadas a establecer la actividad comercial o económica de la esposa o compañera permanente del extinto MIGUEL ARROYAVE, al respecto, muy respetuosamente me permito comunicar a ese despacho que en el momento no se cuenta con personal idóneo y de experiencia en temas investigativos relacionados con el lavado de activos, toda vez que la misión principal de esta unidad es la investigación relacionada con el tráfico de sustancias químicas controladas por el Gobierno Nacional.

 

No obstante, me permito informarle que el grupo de Policía Judicial Antinarcóticos cuenta con un grupo que se encarga de las investigaciones relacionadas con Lavado de Activos, por lo que sugiero dirija a ellos su solicitud, a fin de dar cumplimiento al despacho comisorio.”[107] (subraya la Sala)

 

Lo anterior para significar que en el preludio de la investigación, se pensó en la existencia de una banda dedicada al comercio de sustancias relacionadas con la elaboración de estupefacientes, pero lo que se encontró fue una organización dedicada al Lavado de Activos, cuya cabeza visible era Martha Eda Cardozo; nótese que, en todo caso, desde finales del 2003, dicha hipótesis se contemplaba como posible, porque a propósito de las actividades irregulares que se perseguían se dijo que la riqueza obtenida contribuiría a la compra de terrenos, ganado y vehículos, lo cual se traduce en la hipótesis delictiva de blanqueo de capitales; ningún valor tiene que originariamente ésta o los demás coprocesados no hubieran sido relacionados en los informes iniciales, porque con posterioridad se fue compilando material que los comprometía, como es natural dentro del ejercicio de la labor policiaca.

 

En otras palabras, el resultado de las averiguaciones no propuso a la Fiscalía hallazgos sobre una red de narcotráfico, sino de Lavado de Activos, dedicada a la compra de bienes con el dinero obtenido de forma ilícita, esto sin perder de vista que aquél comportamiento es uno de los delitos subyacentes en estas diligencias. En tal virtud, no prosperan las alegaciones orientadas a cuestionar que por el hecho de que los gendarmes del grupo primigenio, no hubieran encontrado información del reato puesto a su consideración, no fuera posible encontrar elementos de juicio que apuntaran a una segunda actividad, por la cual Martha Eda y su grupo cercano fue condenada en primera instancia.

 

8.3.5.                     Respuesta a las alegaciones propuestas por la defensa contractual y material de Martha Eda Cardozo Ospina y Aldemar Ospina Arias

 

El togado encargado de la representación de estas dos personas recabó en cuanto a Martha que:

 

  • La Fiscalía utilizó como comodín para la acusación a José Miguel , sin que existiera nexo causal entre las increpaciones relacionadas a partir de ello con el patrimonio de ella y sus hijas, porque él se vinculó con la AUC en el 2002; antes de ello él era un avezado minero; ) la pareja Cardoso, se había separado de tiempo atrás, siendo Martha ajena a los ilícitos que Miguel cometió con posterioridad; el viaje a Cartagena no varía la situación; iii.) el funcionamiento de la mina Las Margaritas y de la Comercializadora Arroyave Cardozo era legal; iv.) el contenido de  las interceptaciones realizadas a las llamadas de ella y José María Moncada, tenían cariz profesional; las charlas en las que se refleja un viaje, son ajenas a la imputación que se le increpó; v.) su sustento lo deriva de negocios de finca raíz y eso es lo que reflejan las charlas que sostenía telefónicamente; vi.) no es que Martha pusiera a nombre de terceros las propiedades, es que éstas eran de sus familiares; vii.) el ingreso de recursos, incluyendo bienes inmuebles a las cuentas de los familiares de Martha no proviene de actividades ilícitas. viii.) de cara a las conversaciones telefónicas en las cuales se toca el terma de la “lipo”, que nunca se llevó a cabo, cuestiona el hecho de que la prueba que debió practicarse en punto de unas transferencias de dinero, debieron ser los rastreos de capitales en bancos y no erigir criterios de condena a partir de las llamadas; ix.) desmiente que en las charlas se reseñe a Miguel con la palabra señor, cuando con la misma se alude es al contador Moncada, como se reconoce posteriormente en la sentencia –folios 74,36 y 35, versus 37,76,77 y 78 del fallo-; x.) parte de los negocios de Martha, se centraba en la compra venta de vehículos, así es que la interceptación de diciembre de 2003, en la cual se indica que “el señor” mandaría a recoger la camioneta, no alude a Arroyave Ruiz, porque él en ese momento estaba negociando la dejación de armas, por ello era inverosímil que estuviera al tanto de la transferencia de un rodante; xii.) la casa de Manizales era de propiedad de una tía de la procesada, quien se la dio para que la negociara; xiii.) el deber de la judicatura era el de efectuar la valoración de lo favorable y desfavorable a su cliente frente a las disertaciones alrededor de la dama Luz Elvia Ospina, tía de la procesada y propietaria de la casa de esa ciudad; xiv.) los avalúos de predios. Sobre este particular la defensa concreta sus reparos en el hecho de que aunque se refieren varios bienes y gruesas sumas de dinero, los negocios allí referidos nunca se realizaron y en el fallo se pretendió que eran delictivas, aseveraciones que no llegaron a concretarse. xv.) Las palabras señor y doctor que permanentemente se emplearon en las conversaciones aluden al coprocesado Moncada; para el censor no existe prueba en contra de sus aseveraciones en este aspecto; xvi.) la mención de ser casada en algunas de las charlas, obedeció a cuestiones circunstanciales que no constituyen delito; xvii.) los testimonios de los policiales no tienen la virtud de quebrantar la presunción de inocencia, en el sentido de la comercialización de bienes inmuebles cuya titularidad recaía en otras personas y xviii.) falta de acreditación de lo espurio de los dineros por parte de la Fiscalía.  xix.) Sobre Aldemar Ospina se alegó: El padre de éste fue quien compró el apartamento 801, en el cual habían durado tres años, pero éste cayó en la iliquidez y se vio obligado a prescindir del  fundo por medio de un corredor de finca raíz; la actuación de Aldemar se habría circunscrito únicamente a la suscripción de la escritura; se relacionaba con Martha, porque él era quien le ayudaba con ciertas diligencias; en realidad lo que se le increpa a esta persona es el hecho de que a pesar de que él figuraba como titular del inmueble, Martha era su real propietaria, al punto que ella era quien podía disponer del mismo, dado que lo iba a entregar como parte de pago de otra propiedad, lo cual era normal porque Cardozo Ospina se dedicaba al corretaje inmobiliario y el padre de Aldemar, le había solicitado a ella que se encargara de su enajenación. Ya en punto de la interceptación de la charla entre Martha Eda y Moncada Moncada, donde se acota que Aldemar no seguiría siendo utilizado para colocar a su nombre bienes, no es cierta, porque él sí figuraba como dueño por voluntad de su padre, sin embargo ello no lo pone en el escenario de abrir cuentas bancarias para ella, realizar retiros o tener a nombre de sí otros bienes. Concluyó su reparo aseverando que dada la licitud del negocio del inmueble, no existía ningún afán por encubrirlo. xx.) Amén de las propuestas ya resueltas en el los títulos de nulidades, interceptaciones telefónicas y carga dinámica de la prueba, Martha Cardozo se quejó de que no se probó ni se estudió contablemente, que la cuenta de Conavi hubiera sido utilizada para la compra del apartamento 801 del edificio ERA 2003; que el mismo no fuera de Aldemar Ospina, o que por la cuenta se hubieran movilizado gruesas sumas de dinero para el financiamiento de las AUC. Finalmente utilizó su recurso para ventilar sus opiniones frente a la acusación que enfrentó su hija.

 

Sea lo primero decir que la sentencia en contra Martha Eda Cardoso recaba en la existencia de varios informes de policía, que daban cuenta de llamadas telefónicas, comenzando por el 040 GRUJU-SATEC de 2 de febrero de 2004, hasta el 370 GRUJO-COPRE-SATEC del 20 de octubre de ese año, en los cuales se  logró establecer la existencias de conversaciones realizadas por algunos miembros de la familia  Cardoso, quienes tenían tareas de compra y venta de bienes en gran escala, lo cual resultó llamativo para las autoridades. Así mismo, el informe 075/MD-DIRAN-AREIN-GRUIC-PROLA, refería que los recursos de Miguel Arroyave Ruiz habrían entrado a las cuentas de sus familiares, amén de muebles e inmuebles, en tanto que las sociedades por él constituidas, lo fueron con sus aportes y los de su esposa, hijos y otras personas; de esa manera, se estableció que dinero espurio, hizo parte de ellas.

 

Conforme las quejas planteadas por el defensor, se hace necesario estudiar si durante la vigencia de la unión marital de Martha y Miguel, éste era un personaje recto y por ello, sus firmas comerciales, particularmente Mina Las Margaritas y Comercializadora Arroyave Cardoso, gozaban de un funcionamiento regular; por lo tanto, la riqueza conseguida con ellas es honesta. Lo que se sabe es que cuando se constituyó la primera de las sociedades, el vínculo marital permanecía. Martha ha insistido en que ella ignoraba los delitos cometidos por éste; ella lo tenía por avezado minero. Con el paso de los años Arcángel se vinculó con las AUC, pero para entonces ya no tenían relación alguna. En ese orden, un primer elemento a esclarecer es el de la legalidad de los capitales con los cuales se conformó la mina, pues para entonces ellos eran marido y mujer.

 

Un segundo aspecto lo constituye el tipo de relación que Martha tenía con Ángel María Moncada Moncada, lo cual estará acompañado de una lectura de las transcripciones de las llamadas pertinentes, todo esto orientado a establecer si es cierto que ella lo mentaba con el mote de “señor”; además si su vínculo era eminentemente profesional o si estaban cohonestados para la comisión de delitos. Otro tanto se revisará del contenido de las charlas entre éstos, donde se refieren a Aldemar Ospina; todo con miras a descartar si era o no testaferro de Martha; por último se estudiarán otras charlas telefónicas de las cuales se desprenda información que corrobore los juicios de valor efectuados en su contra.

 

El punto de partida del Tribunal es el que emerge de los siguientes presupuestos: 1.) se encuentran acreditadas las labores de Miguel Arroyave como narcotraficante y paramilitar, mucho antes del otorgamiento de la licencia minera para la explotación de oro en la municipalidad de Santa Rosa del departamento de Bolívar; 2.) Martha y Miguel fueron esposos y socios; y 3.) no hay discusión acerca de la dedicación de esta procesada al corretaje inmobiliario.

 

En efecto, la Resolución No. 701454, del 17 de septiembre de 1997, emitida por el Ministerio de Minas y Energía otorgó la licencia No. 20175 a José Miguel Arroyave Ruiz para “…la exploración técnica de un yacimiento de ORO EN VETA Y ALUVIÓN, localizado en jurisdicción del Municipio de SANTA ROSA, Departamento de BOLIVAR, con una extensión superficiaria de 549 hectáreas y 3864 metros cuadrados, comprendida dentro de los siguientes linderos: Punto Arcifinito: CONFLUENCIA DEL RIO TIQUI Y LA QUEBRADA BORRACHERA tomado de la plancha 0 95-3-B-0 del ICAIG, con coordenadas X= 1329800.00, Y=957050.00”[108].

 

La Judicatura no pone en duda la existencia del permiso de explotación, sin embargo, ello no desvanece que Arroyave Ruiz en ese momento ya era narcotraficante lo que es incontrovertible porque sentencia del 12 de agosto de 1991, emitida por el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá[109] lo condenó por infringir la Ley 30 de 1986, en el sentido conservar de cocaína, a la pena de 48 meses de prisión; en los hechos de esa decisión se refiere que el 5 de marzo de 1986 en el apartamento 302 de la carrera 7ª No. 65-74 de Bogotá, sitio donde convivían Martha Eda Cardozo y su compañero sentimental, se encontró la sustancia ilícita y dólares.

 

Eso no es todo; el catálogo de registros SIAN[110] y CISAD[111], por los reatos de Concierto para Delinquir; Secuestro Extorsivo; Entrenamiento para actividades Ilícitas y Falsedades Materiales en Documentos Público y Privado[112], es conteste con las declaraciones de los paramilitares que se reseñaron en el acápite correspondiente, quienes dieron cuenta de las acciones de José Miguel como el máximo líder en la comercialización de “aguas” del país[113], sin contar con la “oficina de cobro” ubicada en Bogotá, donde confluían todos los tratantes de los insumos que él distribuía para la elaboración de cocaína.

 

Valga destacar en este tópico: Daniel Rendón Herrera señaló que  era el proveedor de los precursores químicos hacia los años 1997 o 1998[114]; es por lo anotado que no puede inferirse algo diferente a que el pluricitado “Arcángel” era trafagador desde 1985 y perseveró en esa actividad hasta el momento en que fue ultimado por sus compinches paramilitares en el año 2004; entre tanto, durante la década del 90, consiguió hacerse célebre por su liderato en la trata de esos ingredientes, así es que, durante la vigencia de la sociedad Mina Las Margaritas[115], éste mezclo la riqueza legal, si es que la contera le produjo alguna, con los enormes réditos que le daba la negociación y control nacional de materias primas para las “cocinas”, cuyo recaudo se situaba en Bogotá. No cabe duda de que el consorcio Las Margaritas del cual hacían parte José Miguel; Martha Eda Cardozo Ospina, Linda Tatiana Arroyave Cardozo y dos menores más, fue concebido con dinero que fue producto del delito y Martha Eda era conocedora de ello, porque aunque porfíe en que Miguel era un experimentado minero, lo cierto es que lo acompañaba en sus andanzas como narco, al punto que fue condenada al unísono con el susodicho sujeto; de ahí, que comenzara la serie de maniobras intrincadas para resguardar a nombre de otros los emolumentos que cargaban la mácula de la fuente del caudal.

 

Las actividades delictivas de “Arcángel” se perpetuaron en el tiempo, pues aún cuando pretendió comprar el bloque paramilitar, convirtiéndose en jefe de una facción y negociador para la desmovilización, a efectos de que a sus conductas se le diera trato político en los convenios que adelantaba con el Gobierno Nacional, siendo este un hecho notorio referenciado en el dosier de prensa anexo, en todo caso, los irregulares que ofrecieron sus versiones en Justicia y Paz recuentan que parte de los recaudos por el tráfico de insumos iban a parar en la manutención del bloque o excepcionalmente a la “Casa Castaño”[116].

 

Por lo antes dicho, no existe asomo de duda en cuanto a que los bienes y sociedades adquiridos o constituidos por Arroyave Ruiz fueron conseguidos con recursos con cimiento en el quebrantamiento de la ley; por lo tanto, las negociaciones subsiguientes conservan el rastro de su fuente, lo que descarta la querella defensiva encaminada a señalar que la Fiscalía utilizó como comodín a ésta persona, cuando en realidad sus nexos con el crimen organizado y las movidas financieras de su núcleo cercano corresponden al mismo tipo de dinámica, o sea el dinero del narcotráfico.

 

Ante a las amonestaciones que enfrenta Cardozo Ospina, se expondrá que a pesar de no cohabitar con Miguel, él estaba al tanto de todos los convenios que ella realizaba, pues así se infiere de las interceptaciones realizadas; Martha Eda dirigía, libre de apremio, su voluntad a invertir la riqueza espuria, lo cual explica su afán por esconder los bienes de los que era dueña. De tal manera, involucró a su linaje en toda clase de ardides y explicaciones carentes de respaldo, cuando no, fuera de la lógica del comercio.

 

Recuérdese, las transliteraciones de las conversaciones 15 a 29, se aportaron al proceso con el oficio 116 GRUJO-SATEC del 31 de marzo de 2004[117], allí en la conferencia rotulada con el número 16, donde hablan Martha y Ricardo el 23 de marzo de 2004 a las 17:14, a través de los teléfonos 3153095860 y 0316120745, la mencionada acotó: “Listo, entonces pongámonos primero de acuerdo que este si es un hecho que necesito, para poder mostrarle a mi esposo cuanto (sic) vale ese apartamento.

 

Dentro de la conferencia No. 17 surtida desde el abonado 3153095860 el 24 de marzo de 2004[118] a las 8:13 am, con destino al 3108777463, Martha le dice a Luis Ovidio Gallego, cuando éste le preguntó si “…al fin hizo el negocio…” ante lo cual ella se empecinó en que “Estamos ahí pues prácticamente eh… si prácticamente si esta hecho, lo que pasa es que eh… Mi esposo me exigió que llevara un… avaluó (sic)…”, “Un avaluó (sic) de eso, entonces me dijo que si que eso había que hacerlo era con calma y todas esas cosas que, cuando uno va a comprar tiene que ser con Calma y mirar bien que si, este el metro cuadrado lo que están diciendo y valgan las cosas no?”.

 

En la intervención a la llamada No. 18 de 27 de marzo de 2007[119] a las 8:16 am, interactúan Martha y Luis Ovidio con los mismos abonados, así, ella refiere haberle comentado a su consorte, a propósito de dos mujeres que se desempeñan en el sector inmobiliario, que para el negocio con el “judío” cuya residencia es en Estados Unidos, que él necesitaba mínimo trescientos millones de pesos en efectivo, existiendo la posibilidad de que les recibiera el resto en permuta ; luego de ello le dice a Luis “Entonces yo… y le comente a mi esposo y todas esas cosas entonces mi esposo me dijo… que no, pues que en este momento la plata no la había que, que, que (sic) por que (sic) no mas bien no…hm… le decía que si era así, que mejor dicho que lo que podía para que lo entre… Y el apartamento esta ya desocupado listo pa (sic)  entregar y todo, que unos cien millones podía el (sic) ya levantar y que si recibían todo a canje al o que estuvieran las cosas.”.

 

Esto, ni más ni menos, informa apenas en tres llamadas, que Martha Eda no tomaba decisiones autónomas en torno a la compraventa de inmuebles, sino que las transacciones eran consultadas con su esposo, o sea, con José Miguel Arroyave y él era quien suministraba el dinero con el cual se completaban los tratos; incluso como se lee, autorizaba los canjes y ordenaba tras bambalinas la elaboración de los avalúos para los inmuebles pendientes de negociación; amén de ello, sugería además la forma de pago. Por lo tanto, no es cierto que ella refiriera la existencia de un compañero sentimental para no aparecer como una mujer sola y desamparada, cuando en contexto su siniestro marido era quien manejaba las inversiones y hacía los negocios por interpuesta persona, en tanto era el encargado del abasto de los peculios con fuente en sus rentas como buhonero de materiales líquidos para la fabricación de droga, respecto de los cuales, el cometido de Martha únicamente era el ocultamiento de su verdadero origen.

 

Otro ejemplo de lo anotado se suscita en la plática entre Martha y Norma, el 25 de marzo de 2004[120] a las 11:10 am, abonados 3153095860 y 3153625114, la primera dijo, refiriéndose un negocio aplazado: “Y si el viejito nos recibe una sola cosa, y yo logro que este marido de (sic) la plata en efectivo lo otro, por eso le digo que venga de esto otro no descartemos porque mire la verdad yo estoy muy entusiasmada con ese de alabar, lo que pasa es que han salido sapos como se dice, y gente lambona, no se (sic) que (sic) pasa…”; aún más, Martha nunca perdió contacto con Miguel, nótese que en la misma oportunidad recabó: “Si, que uno pues no le dice al marido, porque el marido esta es por allá viajando y el no sabe de esas cosas, pero, pero, pero bueno, como nosotros no lo vamos a vender es pa (sic) nosotros, y esta bonito el apartamento pues… Entoes (sic) yo no se (sic) pues yo le dije pues yo lo voy na (sic) notar, anotar a todas a todas esas cosas pues yo le comento a usted.”; más adelante repuso: “Ah… Si usted quiere mire coordinemos todo, y, y si no han vendido el de Santa bárbara(sic)  pues haber (sic), haber (sic), hm…Yo como me voy pa (sic) donde mi marido y si el, vuelvo y no lo han arrendado y yo le comento a el (sic) todo, pero entonces hábleme cuanto recibe el señor de todas maneras yo no voy a descartar aquí ese otro apartamento porque si a mi marido no le importa eso, ni, ni la gente va por allá de lambona a decir que el sector y que po (sic) allá no se (sic), que debajo de la autopista compre no…”.  

 

En tertulia con Ángel María Moncada, el 25 de marzo de 2004[121] a las 11:23 am, Martha reconviene al contador público por no tener listas las declaraciones de renta y le alerta: “…usted se va ha (sic) ganar un regaño, por que (sic) como (sic) le parece que este señor, quería que yo me fuera madrugada para donde el (sic) y a (sic) noche cuando yo le dije, que yo no podía viajar por que (sic) yo no, por que (sic) yo tenía que firmar una cosa me colgó el teléfono todo bravo…” “…entonces esta mañana me llamo (sic) y me dijo…”, “le dije que se encargara de este señor, y aquí estrenos (sic) sabe que dijo (sic) si usted ve que no están haciendo las cosas… pues digame y yo pongo una persona si es que no sirven pa nada, pero bravo, y yo le dije pero yo que culpa tengo si el (sic) me dijo a mi que tenia (sic) yo que firmar eso hoy.”.

 

Hasta aquí se tiene que: i.) Martha si visitaba a Miguel donde quiera que estuviera, lo que coincide con la charla que anteriormente se citó en la cual ella asevera que se va a ir donde su esposo; ii.) por otro lado, que Ángel María Moncada sí conocía a  Ruíz; iii.) entre tanto, cuando en el fragmento probatorio predicho la procesada le dice a Ángel María que habló con “este señor”, y que él se molestó porque Moncada no tenía al día los asuntos encomendados; es allí cuando se representa a su interlocutor, o sea, al contador público, en el contexto de la conversación que refería había sostenido con su pareja como a “este señor”, así es que en medio de la jerigonza propuesta no es posible que Martha esté hablando con Moncada y al mismo tiempo le llame indefinidamente como señor; por eso no resulta de recibo que la defensa se escude en que esa forma velada de lenguaje denote únicamente a Ángel María Moncada, cuando lo que en realidad se hizo fue eludir que la expresión “este señor” representa a José Miguel.

 

Segundos más tarde en llamado del mismo par de coprocesados, Moncada le explica a Martha, de cara al reproche que ella le hacía por la reacción de Miguel “…ya paso para que me la firme y yo me encargo de presentársela [la declaración de renta] no le, no le voy a incumplir ni mucho menos inclusive yo hable (sic) con el (sic) ahorita, porque el (sic) me llamó aquí para que, para que hablarme precisamente de cosas de esas, el (sic) me llamó acá, yo me estuve comunicando a través del Avantel del primo.”.

 

En la misma fecha, pero a las 11:27, Martha sostiene al mismo interlocutor, que ese día no podría salir hacia donde Miguel, porque “…de todas maneras es que los viajes son es en la madrugada, usted sabe por que (sic)”; es que Cardozo Ospina sabía de los riesgos que entrañaba ir en búsqueda de su esposo y por eso teme ir cuando ya ha avanzado el día. Estas interceptaciones entre otras, apuntan a que el vínculo entre la pareja  Cardozo se mantenía latente, al punto en que se realizó un viaje familiar que incluyó a Miguel a Cartagena de Indias, y al cual se refirió el Intendente Rodríguez Moros en su salida en el juicio; incluso se sabe de la promesa Miguel Arroyave del otorgamiento de unos emolumentos para una eventual práctica  quirúrgica o “la lipo” que se quería hacer Martha.

 

En suma, los negocios inmobiliarios de los cuales habla la procesada no se desarrollan la sazón de su talento como comerciante de finca raíz, sino en procura de la inversión de los capitales de Miguel Arroyave, quien era el proveedor de los recursos necesarios; ya a la muerte de éste, Martha y Linda Tatiana se concentran en salvaguardar los bienes que quedaron a su disposición.  

 

Es por eso que la Sala no puede darle crédito a los pregones de la defensa que porfían en la posición de privilegio de la acusada, en el sentido de que tías y primos de Martha, embelesados con su maestría en los temas inmobiliarios le prodiguen sin más, capacidad para negociar el dominio de los fundos, a la sazón de la posibilidad de alguna ganancia o que, como en el caso de Aldemar Ospina, quien aparece en la nota 23 fechada 20 de noviembre de 2003 del certificado de tradición del apartamento 801, edificio ERA 2003, ubicado en la carrera 10 A No. 120-30 de Bogotá, distinguido con la matrícula inmobiliaria 50N-20008203 que es el dueño en asocio con una hermana menor de edad[122],  que supuestamente la citada dama lo recibió en consignación, porque el progenitor de Aldemar, quien es su homónimo, y el que lo adquirió en realidad, no pudo concluir el pago de las acreencias hipotecarias, por carecer de los fondos para ello.

 

Es que, si el problema del padre de Aldemar era la iliquidez, no tiene ningún sentido que Martha Eda en vez de una venta, planeara un trato en el cual se iba a entregar un inmueble que no le pertenecía como parte de pago, cuando su familiar, lo que requería era metálico en efectivo para cancelar sus obligaciones.

 

Dicha versión acerca de la inocencia de éstas dos personas en punto del Testaferrato  podría ser acogida si no fuera porque en la conferencia de 23 de marzo de 2004, a las 16:35, transliteración 15[123], Martha en charla con Moncada acotó que ella estaba mercadeando el apartamento 801, registrado a nombre de Aldemar y Jakelin, para entregarlo con varias propiedades; entonces le embarga la duda de si era necesario que Aldemar presentara declaración de renta, máxime cuando “…a ellos no los vamos a volver a ocupar mas (sic), por las edades…”; Ángel María, conocedor como era de lo retrechero del acaecer[124], reparó en que sí era menester hacerlo, e incluso refirió cómo tenía a Aldemar citado en la DIAN a la mañana siguiente, para los efectos pertinentes y aún más, reveló que aunque Ospina Arias figuraba en la escritura 3316 del 4 de noviembre de 2003 de la Notaría 34 de Bogotá, apenas con el 50% de la heredad, era obligatoria la manifestación ante la autoridad tributaria, porque “…además de eso tiene arriba, porque alfil (sic) el año pasado no se vendió nada…”.

 

Considera la Colegiatura que Martha Eda Cardozo ordinariamente instrumentalizaba a Aldemar Ospina y a su hermana, para que éstos aparecieran en cabeza de propiedades, como se avista de la matricula inmobiliaria 50N-725448, que corresponde al apartamento 225 de la carrera 89 No. 129-26 del Edificio Multifamiliar AFIDRO que ella obtuvo el 18 de octubre de 1996, mediante escritura 4117 de la Notaría 45 de Bogotá, el cual enajenó a favor de esta pareja de consanguíneos -Aldemar y Jakelin-, el 19 de abril de 1999, según el instrumento público 881, de la Notaría 8 de Bogotá[125]; así es que, aunadas la prueba documental y las transcripciones de las llamadas, no cabe duda de que Martha lejos de ser la mujer con dotes de corretaje ante su familia, en realidad era la potentada oculta de los bienes, cuyo umbral era el de los oficios de Miguel, de ese modo, fue la determinadora de Aldemar Ospina Arias como autor del Testaferrato por el cual se le acusó y condenó;  al mismo tiempo, ella infringió directamente el tipo de Lavado de Activos, dado que con su comportamiento dio apariencia de legalidad a diversas propiedades cuya fuente era ilícita.

 

Es por lo anotado que las quejas elevadas por la procesada, acerca de los caudales que habrían circulado por una cuenta en el banco Conavi, no revistan ningún interés, en la medida en que emergen superfluos, dado que no se le increpa por no tener el dinero para haber comprado la heredad, sino que invirtió dineros fruto del delito en la compra de la misma, pues Martha desde un comienzo manifestó que el apartamento no era suyo, sino de su familiar, aunque esto quedó desvirtuado merced de sus conversaciones telefónicas, como se vio; tampoco es del resorte de este proceso verificar si contribuyó o no al sostenimiento de algún grupo paramilitar, de manera que el estudio que echa de menos, no guarda pertinencia con lo que se estudia.

 

Además, no puede interpretarse de otra manera la disponibilidad que tenía para decidir a nombre de quien quedaban los elementos, como se vio con los hermanos Ospina Arias; otro ejemplo se analizará a continuación: se trata del caso de Luz Elvia Ospina de Saldarriaga; se sabe por la intervención de la llamada 09 del 26 de enero de 2004 a las 10:34 horas[126], donde Martha se comunica desde el 3153095860, con el 57-036-8808383 y en coloquio con Daniel Aristizabal de la Inmobiliaria Millán y Asociados de Manizales, recaban en una compraventa y permuta dentro del cual se iba a dar como parte de pago un carro modelo 94; la procesada alude a que tiene cuentas en Colmena y Conavi y a través de esos bancos haría el pago restante; el apartado bancario a través del cual se realizaría una transferencia de dinero era de Bogotá, e insístase, su propietaria era Martha[127], o en su defecto, se girarían unos títulos valores desde su chequera[128]; cuando el agente de finca raíz le preguntó a Cardozo Ospina quién sería el titular de la casa, lo hizo en estos términos: “…No esperame (sic), lo otro es… a queda a nombre de tu tía la casa (sic) cierto”, “ósea tu no vas a ir por ningún lado”, la respuesta a eso fue: “Si, no ella después que me haga, ehh de pronto cuando ya firme la esta (sic), que me haga un poder, que me haga un poder porque uno no sabe si de pronto la quiere vender o alguna cosa.[129]; ciertamente el negocio se celebró el 3 de febrero de 2004, mediante escritura pública 353 de la Notaría 24 de Manizales, como lo reseña la nota 14 del certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 100-109049, que corresponde al casa de la carrera 29 Ano. 69-03 de la Urbanización San Cancio[130].

 

Se concluye de la nota elaborada: no es como lo ha divulgado la defensa, esto es, que la tía de la procesada fuera a invertir un dinero, fruto de su trabajo honesto, con el propósito de obtener ganancia por medio de las pericias en finca raíz de Martha Eda, sino que la encartada, desde sus propias cuentas, efectuaría los pagos, cuidándose de tener la forma de reversar lo invertido, exigiéndole a Ospina de Saldarriaga un poder, a efectos de disponer en cualquier momento de su posesión. No puede perderse de vista que el mismo modus operandi lo utilizó con el apartamento 801, teniendo que al ser menor de edad uno de sus titulares, en todo caso tendría bajo control cualquier tipo de gazapo en torno a su fortuna, por ello se cuidó de manejar los hilos de los asuntos sin que la titularidad sobre los mismos se le saliera de las manos a ella.

 

Como colofón de lo visto, se dirá que el talante pragmático de la emplazada judicialmente, se deslinda del poder para entregar propiedades “ajenas”, como parte de pago de los negocios que perseguía; pero ella ejecutaba actos de señora y dueña, porque era quien ostentaba el dominio subrepticio de las edificaciones; así, las interceptaciones aunadas con los documentos de propiedad, confluyen en mostrar que no paró mientes en utilizar a personas como Aldemar Ospina, miembro de su propia estirpe, para desvanecer los rastros delictivos de los caudales que utilizó en las transacciones, y aunque no existen charlas directas entre ella y Miguel Arroyave, debido a que este se comunicaba mediante aparatos Avantel, habiendo restricciones para los investigadores al enfrentarse a ese tipo de tecnología, fue de boca de la propia acusada que se supo, merced de sus charlas con otras personas, que estaba bajo permanente contacto y fiscalización de éste, para cualquier movimiento de riqueza. Por lo anotado, la sentencia condenatoria contra Martha Eda Cardozo Ospina y Aldemar Ospina Arias será confirmada.

 

8.3.6.       La alzada propuesta por la defensa de Linda Tatiana Arroyave Cardozo 

 

El fallo en punto de esta procesada se concentró en el tema de su participación en la venta del apartamento 402 del bloque 2, urbanización Bosques del Marquez, ubicado en la Avenida 7ª número 139-40, de Bogotá; la decisión se apartó de las razones defensivas en torno a este inmueble según los cuales Miguel  se lo había regalado Tatiana; posteriormente él quiso venderlo, y conminada por éste, firmó los documentos del caso, sin haber recibido ningún emolumento; ha de recordarse que “Arcángel” fue ultimado el 19 de septiembre de 2004. La situación se reduce a: que teniendo por objeto ese inmueble del que era condueña, se concertó promesa de compraventa el 28 de enero de 2005, recibiendo en esa fecha sesenta y cinco millones de pesos ($65’000.000.oo), fue así como para el efecto extendió poder a una abogada de nombre Norma Ruth Gómez Sandoval[131] el 27 de abril de 2004, para su enajenación; el negocio se protocolizó el 7 de febrero de 2005, mediante escritura pública 0201, otorgada en la Notaría 44 del Circulo de Bogotá .

 

Para la Judicatura fue llamativo que Linda refiriera que el inmueble lo estaba recibiendo como una herencia, pero que compartía la titularidad con Marleny Ramírez y Rubén Darío Ospina Ballesteros, tal y como se resaltó en el poder; por ello consideró que en su contra se configura el indicio de mala justificación, en el sentido de que no es creíble que fundada en la confianza, haya firmado la escritura 2963 del 1° de octubre de 2003, por medio de la cual vendió el 60% del inmueble y después nuevamente haya extendido mandato para que se vendiera el resto, sin haber recibido dinero en ninguno de los dos eventos; por eso el segundo suceso resulta contrario a la lógica, porque su padre había fallecido y el dinero debió recibirlo porque figuraba como una de las titulares; de contera su participación en esos negocios denota que dirigió su voluntad, sin causa que la justifique, a encubrir el origen de los emolumentos con los cuales se adquirió la propiedad.

 

Es así como la impugnación refuta las conclusiones a las que arribó la Juez porque según acota, i.) se desconoce la máxima de la experiencia según la cual los hijos deben respeto y obediencia a sus padres; ii.) la Fiscalía no hizo seguimiento de los dineros que supuestamente recibió Tatiana; iii.) las interceptaciones telefónicas se encuentran viciadas, por no haber cumplido con los protocolos como la cadena de custodia; vi.) no existe prueba que vincule a Linda Tatiana como colaboradora del delito subyacente del Lavado de Activos; v.) los bienes que José Miguel puso a nombre de su hija, nunca estuvieron disponibles realmente.

 

Como se lee, ninguno de los motivos de censura apunta al reproche efectuado en la sentencia, o sea, que Tatiana  se prestó para ocultar el verdadero origen del inmueble en cuestión, porque su padre adquirió el apartamento el 22 de octubre de 2002[132], esto es, cuando ésta contaba con su mayoría de edad[133]; en uso de sus facultades lo negoció y recibió el caudal producto de la venta del porcentaje que aún recaía sobre ella.

 

Vale decir que los derechos reales del inmueble fueron objeto de inusuales maniobras, así, la nota 6 del certificado de tradición[134] refirió que mediante escritura 2742 del 25 de septiembre de 2002, protocolizada en la notaría 34 de Bogotá, Restrepo Pérez Luz Marina y Rincón Quintero José Fernando vendieron el fundo a Linda Tatiana, identificada con cédula de ciudadanía No. 43’254.678, por la suma de $350’000.000.oo, luego, el 1° de octubre de de 2003, ella traspasó por $160’000.000.oo el 60% de su propiedad a Ríos Ramírez Marleny y Ospina Ballesteros Rubén Darío y el 7 de febrero de 2005, Arroyave Cardozo y las otras dos personas venden el predio a Saavedra y Ferretería Sociedad Renting LTDA, por $380’000.000.oo.

 

La Corporación considera que objetivamente para el momento del otorgamiento del poder, su progenitor aún estaba vivo, pero lo cierto es que en la data de la suscripción de la promesa de compraventa, el 28 de enero de 2005, y el perfeccionamiento de la escritura pública del 7 de febrero de esa anualidad, ya no lo estaba. Claramente lo que se cuestiona es que los dos últimos actos ocurrieron cuando ya había fenecido “Arcángel”; lo particular del caso es que aunque Tatiana lo negó, sí recibió dinero del negocio, porque en la promesa se escribió que en esa fecha se le entregaron $65’000.000.oo como parte del pago, estando por cancelarse la suma restante.

 

Se caen de su peso las afirmaciones de la procesada, en el sentido de que ese predio lo estaba recibiendo como herencia, cuando el instituto sucesoral sólo opera, conforme se pretende, por causa de muerte; con ese prolegómeno, si “El Químico” no figuraba como titular del fundo, por lo tanto Linda no podía sucederlo; además, no puede perderse de vista el significado natural de esa palabra, esto es: “Ir detrás de alguien o de algo, seguirlo en el tiempo o en el espacio.” o en una segunda acepción: “Pasar a ocupar el puesto o a desempeñar la función de alguien o de algo.[135], es por ello que no puede darse crédito a las exculpaciones defensivas, porque no se avienen al evento estudiado; no es verosímil que Cardozo estuviera recibiendo “herencias” cuando ella era la titular del bien; de contera, no es posible que estuviera recogiendo “ordenes” de su padre cuando otorgó el poder y si así lo fuera, cuando extendió la promesa de compraventa, actuaba de manera autónoma porque días atrás él había sido ultimado; así, siendo ella la titular del inmueble, recibió una suma de dinero, porque de ese modo quedó consignado en el documento y más aún, cuando otorgó la escritura.

 

Por eso resulta peregrina la razón exculpatoria según la cual, si no realizaba la enajenación, respetando la voluntad de su padre, posteriormente debería abrirse el proceso de sucesión; itérese, es un imposible lógico que se sucediera a sí misma, ya que ella es quien ostentaba la titularidad. Por ello, se le increpa el delito de Lavado de Activos, porque de esa manera coadyuvó conscientemente a ocultar el verdadero origen de la riqueza con la que se obtuvo el bien, y posteriormente, de manera reprochable, lo enajenó, lucrándose del negocio, pero conservando el dineral la sombra por su origen fraudulento.

 

Eso fue lo que acreditó la Fiscalía, y no era necesario que le hiciera seguimiento a los emolumentos que Linda recibió para el momento de la promesa del negocio; tampoco se advierte la insuficiencia orientada a que se atestiguara sobre la participación de la procesada en el delito base de la infracción objeto de censura, porque la imputación no fue como a título de autora de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, o cualquier otro de los referentes por el cual se hizo célebre su ascendiente, baste decir que para los efectos de las diligencias, se encuentra documentado con suficiencia que el patrimonio de la familia  Cardozo, tiene su fuente en los delitos de los cuales fue protagonista Miguel, y a partir de ello se realiza la inferencia lógica necesaria para esgrimir el juicio de valor; a la sazón en cuanto a esta persona, la sentencia será confirmada, rememorándose, en todo caso que para la comisión del delito de blanqueo de divisas, no es necesaria prueba directa del reato básico; así lo ha enseñado la Corte Suprema de Justicia :

 

“Frente a la anterior inquietud, la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en sostener que el delito de lavado de activos es de carácter autónomo; de ahí que para la acreditación que los bienes objeto del mismo proviene de algunas de las actividades ilícitas a que se refiere el artículo 323, no es necesario la existencia de una sentencia previa sino que en el trámite debe estar patente esa situación, ya sea atribuida a quien se investiga o a un tercero.

 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto se puede concluir que el punible de lavado de activos es una conducta autónoma no subordinada. De manera que para probar la actividad ilegal subyacente sólo se requiere de una inferencia judicial  que debe evidenciarse dentro el proceso.

 

Es decir, dentro del trámite penal y en razón de las pruebas allegadas al mismo, no debe emerger el grado de conocimiento de certeza que permita dar por demostrada la actividad subyacente, sino que sólo se requiere de una inferencia lógica que conduzca a evidenciar que los objetos o instrumentos para la comisión del delito previo (extorsión, enriquecimiento ilícito, tráfico de drogas, etc.)  vinculan al acusado del lavado de activos.”[136]

 

8.3.7.       De las censuras formuladas por la representación de Carlos Augusto Arroyave Soto.

 

La ilustre defensa del éste reclama la aplicación del principio In dubio pro reo, según las notas del artículo 7º de la Ley 600 de 2000, porque las pruebas obrantes no echan abajo la presunción de inocencia de su cliente. Trae a colación las motivaciones  expuestas en el fallo en relación con el dinero mal habido que se mezcló, por parte de Miguel Arroyave, Martha Eda Cardozo y las restantes socias, en la constitución de la Mina Las Margaritas, lo que daría piso a un delito de Lavado de Activos; con la maniobra se buscó darle apariencia de legalidad a la riqueza. En ese sentido porfía en que el dinero con el cual Miguel inició su patrimonio tenia buena fuente y el tipo penal del blanqueo no contempla el verbo rector “mezclar” dineros. Siguiendo esa línea argumentativa pregunta ¿cuándo un capital es ilegítimo?, todo ello para escindir qué porción de la riqueza está manchada y cuál no.

 

Refirió la génesis de Las Margaritas, la cual data de 1997 y dice que en el proceso no existe prueba de que los recursos con los cuales se constituyó fueran ilegales, ni mucho menos que el vinculado conociera las situaciones ilegítimas ventiladas; recaba en que la empresa cumplió con su objeto social, lo cual descarta que la misma se utilizara como fachada.

 

Porfía en que cuando Carlos Augusto Arroyave invirtió los $50’000.000.oo, tiempo después, por los medios de comunicación se enteró de los retorcidos propósitos de Miguel, que en esa época eran tan solo presunciones. Su pupilo no tenía por qué conjeturar lo que subyacía en torno a “Arcángel”, porque aquél desde joven forjó camino como minero, teniendo que la explotación aurífera reporta como gruesas ganancias cantidades de dinero.

 

Se queja de que no se le hubiera conferido crédito a los documentos aportados por su cliente en la audiencia pública, de los cuales se desprende que lo que él asevera es cierto. Concede que Carlos estuvo vinculado con el yacimiento, pero reprocha que en el proveído se desdibuja la certeza acerca de su desempeño; es que, en el 2003 tenía la capacidad para comprar las acciones, sin que existan motivos que ponga en duda que ello era así; sumado a esto, ese mismo año, en abril, se puso en contacto con su familiar Miguel, para retomar el título minero, ingresando como accionista a la empresa, lo que de paso sirvió para darle un nuevo objeto social, con el cometido de percibir más utilidades.

 

Trajo a cuento que la sentencia le resta validez a la forma en que Carlos culminó su participación en Las Margaritas, lo que obedeció a un mejor contrato en ARGOS S.A., y otro en GEOMINAS S.A.; por lo tanto, su salida no fue precipitada. Ahora, el hecho de que se desprendiera de sus acciones por el mismo precio en el que las había comprado no quiere decir que su concurso haya sido sólo para colaborar con el encubrimiento del origen de los capitales.

 

Ante las disertaciones sobre la simulación del negocio entre las damas Cardozo Ospina, Arroyave Cardozo  y él, responde que el hecho de que se hubiera efectuado  el pago de la retención en la fuente a propósito del precio de las acciones, es una prueba de que ello si ocurrió. Recaba en que un punto a favor de su cliente es que no aparece en las interceptaciones ni en los informes de policía judicial, ni mucho menos en las intervenciones de los restantes coprocesados como para que se deduzca en su contra la condición de lavador de activos. Es incontrastable, dice, que Carlos  luego de su retiro de la mina, hubiera continuado sus gestiones profesionales en empresas del mismo ramo, de esa manera el fallo en su contra debe ser revocado.

 

Se ocupó de hacer algunas aclaraciones en torno al acceso geográfico a la mina, esto es, por El Bagre hacia el sur de Bolívar, por la zona de Guamoco, pues por Santa Rosa era más difícil el trayecto, siendo más seguro hacerlo así.

 

Por lo demás insiste en la aplicación, por favorabilidad de la ley 1709 de 2014, por medio de la cual, Carlos Augusto Arroyave podría continuar gozando del beneficio de la detención domiciliaria, máxime si se tiene en cuenta que sólo le faltan diez meses para cumplir con las 3/5 partes de la pena que se le impuso.

 

En contraste con las exposiciones sintetizadas, la ratio decidendi  del fallo apuntó a que ciertamente, él fue quien manejó la mina, desde el 29 de abril de 2013, cuando le “vendieron” un paquete de acciones, evento formalizado con la escritura pública 1137 de la Notaría 8ª de Bogotá; es así como resultó designado gerente de Las Margaritas, lo cual se registró debidamente en la Cámara de Comercio; a su ingreso, se modificó el objeto social, que seguidamente incluiría el desarrollo de obras civiles. Luego, el 5 de noviembre de 2004, cuando ya había muerto Miguel Arroyave, entregó a título de venta su participación y las compradoras fueron Martha Eda Cardozo Ospina, Linda Tatiana Arroyave y Blanca María  Cardozo, renunciando de paso a su cargo de manejo y dirección, todo esto por el mismo precio en el que se había comprado, pese a que según sus dichos, la prosperidad caracterizaba a la sociedad.

 

Por ello se le enrostró que no dio cuenta acerca del origen de los $50’000.000.oo invertidos, de ahí se realizó la inferencia de que el dinero era del propio Miguel, quien reactivó de esa forma el negocio; para el efecto, como estaba en medio de las negociaciones del tema paramilitar, Martha Eda buscó a Carlos quien aceptó la dirigencia de una empresa que no cumplía con su objeto, salvo para el pago de algunas cargas laborales. También se reparó dentro del proveído atacado en que la explotación no era en El Bagre, Antioquia, porque la licencia era para la extracción de  oro en veta y aluvión en Santa Rosa, al sur de Bolívar, llamando la atención de la a quo que el inculpado ni siquiera sabía a ciencia cierta dónde era que actuaba la firma, pese a gerenciarla.

 

Considera la Sala que en este caso la defensa resulta estéril, porque no se ocupó de controvertir el tema nuclear del fallo condenatorio, esto es, que no se justificó el origen de los emolumentos que Carlos Augusto Arroyave  invirtió en Las Margaritas, de donde se concluyó que pertenecían directamente a José Miguel  y luego, a su muerte, de forma vertiginosa Arroyave Soto dejó su participación en la empresa, pese a gozar de gran crecimiento a merced de su gestión, sin obtener algo de ganancia por la venta de su paquete.

 

Pues bien, ha de recordarse que la estrategia defensiva se orientó a omitir informar la existencia de cuentas bancarias a su nombre; recuérdese que desde la indagatoria de 7 de septiembre de 2012[137], cuando se le preguntó por el particular, guardó silencio, lo mismo que acerca de las acreencias patrimoniales que poseía. También calló cuando se le preguntó sobre su parentesco con Miguel o de sus relaciones con los restantes coprocesados; la investigación se cerró parcialmente el 1° de febrero de 2013[138], sin que el procesado solicitara evidencia en pro de sus intereses.

 

En esa fecha, la defensa aportó documentación irrelevante para mantener incólume su inocencia, a saber:

 

  • Certificación del edificio Torres de la 100 PH[139], en la cual se acota que Arroyave Soto es vecino de la comunidad desde mayo de 2009, caracterizándose por ser responsable en sus obligaciones; cohabita con sus hijos y esposa.
  • Contrato de extracción de material calcáreo (sin suscribir) de 6 de junio de 2006[140]
  • Cuentas de cobro sin suscripción de Geominas y Cementos Argos[141], año 2006
  • Certificados de retención en la fuente, sin suscribir. Cementos Argos, año 2006 y 2007[142].
  • Informe detallado de pagos de Cementos Argos a favor de Carlos Augusto Arroyave de 1 de noviembre de 2007 a 10 de enero de 2008[143].
  • Contrato de transporte de estéril, sin suscribir, de 2 de enero de 2008 de Geominas[144].
  • Certificados de pago de 30 de enero de 2008 a 5 de marzo de 2008 de Cementos Argos, siendo beneficiario Carlos Augusto Arroyave[145].
  • Certificado de retención de impuesto a las ventas de 2008, Cementos Argos[146].
  • Certificado de retención en la fuente de 2008, Geominas[147].
  • Cuenta de cobro de la Promotora y constructora LAMBDA SA a favor de Carlos Arroyave, de marzo de 2009[148].
  • Contratos de obra civil de 16 de junio de 2009[149] y de 1° de octubre de 2009.
  • Certificación expedida por Latinco SA, según la cual Carlos Augusto Arroyave ha ejecutado para esa empresa obras en diciembre de 2008 a enero de 2009; de enero a marzo de 2009; de junio a septiembre de 2009[150].
  • Contratos de obra civil de 1 de febrero de 2010; 11 de febrero de 2010; 1° de abril de 2010 y 15 de abril de 2010[151].
  • Facturas de venta de Latinco SA, de abril 13 de 2010[152].
  • Contratos de obra civil de 1° de junio de 2010 y 1° de agosto de 2010[153].
  • Documentos de la Unión temporal San Francisco del Catatumbo de diciembre de 2010[154]
  • Comprobante de suministros de almacén de 1° de diciembre de 2010 a 15 de diciembre de 2010[155].
  • Contrato de transporte de 12 de noviembre de 2010[156].
  • Contrato de alquiler de vehículos de noviembre de 2010[157].
  • Facturas de 28 de julio de 2009 a 15 de junio de 2011[158].
  • Contratos de obra civil de 15 de enero de 2011y 15 de febrero de 2011[159].
  • “Dos certificados de conducta”[160]

 

Como lee, el hoy censor tributó a sede de instrucción una cantidad de documentos que dan cuanta de algunas actividades desarrolladas por Carlos Augusto Arroyave, de quien no cabe duda, se ha desempeñado en calidad de contratista de obras civiles desde junio de 2006, sin que dichos documentos refieran sus acciones anteriores o concomitantes al 2002 o 2003; si las tuviera, habrían militado a su favor en los asuntos referentes a la capacidad financiera para realizar la inversión en el patrimonio  de Mina Las Margaritas; sin embargo, el procesado no pudo justificar lo propio, por lo que la tacha en su contra permanece incólume.

 

Los postulados de la defensa hoy, no son desconocidos; desde sus alegaciones conclusivas en la fase instructiva[161] apeló a las mismas piezas procesales que se enlistaron aquí, acotando que de ellas se desprende que de tiempo atrás su pupilo se ha dedicado profesionalmente a labores como contratista; reivindicó que ninguno de los restantes procesados aluden a él en su indagatoria y que sus declaraciones de renta compiladas por la policía judicial, en lo atinente a los años grabables 2001 a 2005[162], son prueba de que sí tenía capacidad económica para vincularse con Las Margaritas; frente al punto la Sala rememora que una cosa es que en sede tributaria se presuma veraz la información en ellas anotada y otra, que en el evento en que quiera hacerla valer dentro de un proceso, no deba allegar el contenido que la justifica:

 

“El artículo 746 del E.T. prescribe que “se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones a las mismas o en las respuestas o requerimientos administrativos, siempre y cuando que sobre tales hechos, no se haya solicitado una comprobación especial, ni la ley la exija”. La presunción es un indicio determinado por la ley que puede ser legal o de derecho, conforme se infiere del artículo 66 del Código Civil. La presunción legal admite la prueba en contrario, la presunción de derecho, no. En esa medida, el interesado en hacer valer la presunción legal no está exento de probar el hecho que el legislador señaló como probado, y, quien se opone a la presunción, a desvirtuar esa conclusión legal. La presunción prevista en el artículo 746 del E.T. es legal y, en esa medida, admite prueba en contrario del hecho que el legislador señaló como probado. En consecuencia, los hechos que el contribuyente refleja en su declaración privada o en la que la corrige, así como los que manifiesta con ocasión de la respuesta a los requerimientos de la Administración, gozan de presunción de certeza. Sin embargo, el contribuyente no está exento de respaldar con pruebas los hechos que expuso como ciertos en esos documentos, ni la Administración tributaria de respaldar, así mismo, con pruebas, que esos hechos no son ciertos o, incluso, veraces o, mejor, irreales. La facultad fiscalizadora de la administración tributaria, entonces, persigue probar, más allá de la certeza, veracidad o la realidad de los hechos que justifican el denuncio rentístico del contribuyente,  el cumplimiento de los presupuestos que la ley dispone para legitimar el tributo declarado.”[163] (resalta la Sala)

 

Si como entonces lo dijo el censor, con su memorial de 11 de marzo de 2012[164] , con sus declaraciones ante la DIAN, Carlos Augusto Arroyave muestra que tenía el dinero necesario para hacer la inversión que hoy lo trae al proceso; en los términos del instituto de la carga dinámica de la prueba, debió aportar todo aquello que considerara de utilidad para darle cimiento a sus razones, pero como se ha explicado, se dedicó a contribuir con pliegos de los que se deducen sus faenas del 2006 en adelante, cuando lo que se le requirió fue que explicara cómo fue que hizo para inyectarle a Mina Las Margaritas $50’000.000.oo, convirtiéndose en socio y a la vez en gerente el 29 de abril de 2003, para luego, muerto Arroyave Ruiz, dejar la boyante empresa, sin ganar un peso en la venta de la participación, cuando ahora la mina era una mayor fuente de riqueza; de ahí que resulten estériles sus aportes, porque no explican su condición financiera previa a la alineación con la asociación de su familiar José Miguel, de quien desde luego sabía a qué se dedicaba, como lo dijo ante la inquietud formulada por la defensa de Martha Eda Cardozo en cabeza del Dr. Ernesto Pavel Santos Vélez, durante su salida de 31 de marzo de 2014 en el juicio, a propósito de que Las Margaritas era una fachada de José Miguel, para financiar la guerra con grupos paramilitares:

 

“Honorable Juez. Qué pena Dr., me asustan esos términos de guerra, no conozco nada de guerras. Sé, que desafortunadamente, y vuelvo y repito, soy reiterativo, no nos podemos poner  las manos en los ojos y no querer ver cosas que ya existían y que eran evidentes: la situación del señor Miguel Arroyave y sus actividades al margen de la ley, pero creo que, y soy un convencido, de que en ningún momento, en ningún momento, fuimos personas que, que tratamos de, de, de llevar las cosas a rumbos que no eran, por el contrario éramos personas que estábamos realizando una actividad económica que ya les he pasado algunos documentos y que demuestran que ese objeto social que se amplió para poder realizar actividades en el ámbito de la ingeniería civil, se llevaron a cabo como tal, entonces no hay ninguna evidencia tal de que sea una empresa papel, porque yo lo estoy demostrando con hechos, con documentos.[165] (resalta la Sala)

 

Para la Colegiatura, emerge claro que Carlos Arroyave sí sabía de las andanzas de su primo, y pese a ello, se involucró en una empresa cuya fuente era el dinero ilícito de “Arcángel” ya como traficante de insumos, narcóticos, o converso en “paramilitar” propiamente. Sobre el tópico basta ver el acápite correspondiente a la acreditación de las trastadas a las cuales se dedicaba, aunado a lo analizado en el título dedicado a Martha Eda Cardozo, por lo tanto, Carlos no ignoraba ese trasegar su primo.

 

Además, durante el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000[166], el defensor no hizo solicitud de probanzas contestes con el hecho; sus intervenciones se limitaron a invitar, “por lealtad procesal” que se les comunicara a los procesados privados de la libertad, sobre el momento a partir del cual se surtió el traslado –memorial de 5 de agosto de 2013, fl. 200 y ss, cuaderno original 10-; pidió igualmente la nulidad de lo actuado; sus requerimientos de pruebas se restringieron a obtener copia de la resolución que otorgó la licencia minera a José Miguel, el testimonio de Diego Alberto Ruiz Arroyave, y al aporte de un dictamen contable elaborado por John Jairo Castaño Álvarez, accediendo la a quo a las dos primeras y negando la relacionada con la pericia, al tenor del artículo 249 de la Ley 600 de 2000, por cuanto el perito de la defensa no ostenta el carácter de oficial. La decisión de 15 de octubre de 2013[167], fue objeto de alzada y el Tribunal le impartió confirmación en auto de 6 de octubre de 2014[168].

 

El 31 de marzo de 2014, en ejercicio de la defensa material, dentro del juicio, y por consiguiente fuera de la oportunidad consagrada en el canon 400 ya referido, el propio Carlos Augusto Arroyave rogó la incorporación de unos documentos de los que pretende, soportan su inocencia, esto es, el contrato con Geominas de 6 de junio de 2006; una cotización de equipos fechada 13 de diciembre de 2006; documento de compras de cementos 16 de agosto de 2006, a propósito de la oferta mercantil de Carlos Arroyave; historia laboral de Jorge Antonio Arroyave Soto del periodo de octubre de 2003, donde se registran pagos efectuados por Mina Las Margaritas y otros pliegos como la oferta mercantil 0106-2006, de 1° de junio de 2006, suscrita por Carlos Augusto Arroyave; la historia de aportes de Mina Las Margaritas a la EPS Sura, siendo beneficiario el aquí encartado para los meses de agosto de 2003 a enero de 2005; cotizaciones para pensión y pagos a otras entidades prestadoras de salud, sumados a cantidad de cuentas de cobro de obligaciones entre Cementos Argos y Arroyave Soto, todas del 2006[169].

 

Es por lo anterior que la Sala considera que el acopio presentado por la defensa contractual y material (ésta última fuera del estanco apropiado) no conlleva a dilucidar la inocencia, porque el periodo cuestionado se encuentra huérfano de soporte; en otras palabras, la instructora no presentó reparo relacionado con sus actividades profesionales en el 2006, sino de sus aportes en la cuantía tantas veces referida a mina en el 2003, teniendo Carlos Augusto Arroyave la forma para interpelar la acusación; no obstante, asumió una estrategia pasiva, desdeñando el llamado de la justicia y perdiendo la oportunidad de controvertir, desde la indagatoria, con elementos de juicio pertinentes los reproches que en su contra elevó la autoridad de persecución, por lo que la sentencia en su contra será confirmada. Resáltese bajo ese horizonte lo siguiente:

 

  • Se encuentra acreditada la existencia de la Resolución No. 701454, del 17 de septiembre de 1997, emitida por el Ministerio de Minas y Energía otorgó la licencia No. 20175 a José Miguel Arroyave Ruiz para “…la exploración técnica de un yacimiento de ORO EN VETA Y ALUVIÓN, localizado en jurisdicción del Municipio de SANTA ROSA, Departamento de BOLIVAR, con una extensión superficiaria de 549 hectáreas y 3864 metros cuadrados, comprendida dentro de los siguientes linderos: Punto Arcifinito: CONFLUENCIA DEL RIO TIQUI Y LA QUEBRADA BORRACHERA tomado de la plancha 0 95-3-B-0 del ICAIG, con coordenadas X= 1329800.00, Y=957050.00”[170].

 

  • También se tiene certeza acerca de cómo se constituyó la sociedad Mina Las Margaritas, mediante instrumento público 0000363 de la Notaría 4ª de Medellín, que data del 31 de enero de 1997[171] y se inscribió en el registro mercantil hasta el 30 de julio de 1997[172]; con escritura pública 11374 del 29 de abril de 2003, de la Notaría 8ª de Bogotá[173], se registró el ingreso de Carlos Augusto Arroyave Soto; de paso, se reformó el capital social de la compañía, tras su  aporte como socio inversionista de $50’000.000.oo; a su vez, Arroyave Soto, fue designado gerente de esa razón social; así quedó explicado en el acta de 2 de abril de 2003[174], teniendo que en los documentos mencionados se anota que el capital que pasó a ser de $130’000.000.oo con el ingreso del procesado, en efecto fue cancelado. De esa manera, no hay duda relacionada con el pago del dinero que convirtió en socio de Las Margaritas a Carlos, como tampoco de la dignidad que allí ocupó.

 

  • Aunado a ello, a partir del 7 de diciembre de 2003, bajo la tutela de Carlos Arroyave Soto, el objeto social de la mina cambió e incluiría en adelante “…el estudio, diseño, planeación, contratación y ejecución de toda clase de edificaciones, obras civiles y bienes inmuebles en general, así como la realización en ellas de adiciones, mejoras, modificaciones, restauraciones y reparaciones.”[175].

 

  • No resultan plausibles las explicaciones acerca de la ubicación geográfica de la extracción de material precioso, porque la dispensa fue otorgada por la autoridad del ramo para el Municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar y el acusado sólo atinó a destacar que sus tareas se cumplían en la zona de El Bagre en Antioquia, siendo distantes la una de la otra, como para que exista duda de si se trata del mismo lugar.

 

Lo anterior significa que la labor de venta, transformación y extracción de metales preciosos  resultaba insuficiente al punto que Carlos Augusto Arroyave tuvo que darle un vuelco a la casa para entonces inoperante, merced de sus habilidades como empresario en obras civiles, según lo declaró en su salida durante el juicio; esto concuerda con el raciocinio de la resolución de acusación según el cual José Miguel Arroyave, en plena negociación con el gobierno para su reinserción, deseaba preparar el disfrute de su riqueza fruto del delito, por eso reactivó con su dinero la empresa de tiempo atrás creada, pero haciendo ver que la inyección la hacía su pariente. Ello hace que se pregunte el Tribunal, ¿y del peculio invertido por Carlos Augusto Arroyave qué razón se dio?, la respuesta no puede ser otra: ninguna. Ante tal realidad, la conclusión es que ello es así, porque no existe excusa que ampare las razones defensivas; el caudal como se coligió desde los albores del instructivo, tenía la fuente en los negocios de narcotráfico y por eso no es posible darle sostén. En suma, como se había avanzado, la sentencia por Lavado de Activos en su caso será ratificada, porque Arroyave Soto contribuyó a transformar y ocultar el verdadero origen del capital, siendo indiferente a las pesquisas la disertación acerca del verbo rector “mezclar”, porque eso no tiene nada que ver con lo que encara. En esa medida es un subterfugio pensar en qué parte del dinero era espurio o legal, a la hora de constitución de la empresa.

 

8.3.8.      De la responsabilidad de Blanca Ligia Mosquera Ospina

 

La alzada interpuesta por el apoderado de la dama en cuestión apunta a que la sentencia condenatoria viola el debido proceso, porque se condenó a su cliente por un delito que para 1992 no existía y siendo así se le dio carácter retroactivo al tipo penal de Lavado de Activos, cuya vigencia fue posterior por ello propone error de tipo en la calificación de la conducta punible.

 

Bajo ese entendido se aparta del juicio de valor según el cual, en este caso se le dio al blanqueo la condición de delito de ejecución permanente. Recabó además en que no se aportara al legajo más evidencia que la escritura de cesión de cuotas; por ello que solicita la revocatoria del numeral cuarto de la sentencia y en su lugar se profiera absolución a favor de Blanca Ligia Mosquera Ospina.

 

Frente a las alegaciones esbozadas, vale recordar que Blanca Ligia fue acusada de lavar activos porque se hizo dueña de la Sociedad Concentrados Animales del Llano LTDA, junto con Ulises Ospina, ya fallecido[176], cuando compraron la totalidad de cuotas el 21 de julio de 1992, transacción que supuso un valor de $5’000.000.oo, y a su vez, le inyectaron $30’000.000.oo adicionales; el término de vigencia de la compañía se extendió hasta el 2010 y ésta perteneció a José Miguel Arroyave y José Narciso Cuervo Bermeo, de éste último se sabe que se dedicaba al narcotráfico.

 

El carácter delictivo de la actividad radica en que Blanca carecía del patrimonio para adquirir las acciones, sin embargo, se prestó para encubrir el verdadero origen del caudal, otorgándole apariencia de legalidad a los recursos de José Miguel Arroyave, cuando decidió figurar como socia.

 

Siguiendo esa línea argumentativa, la a quo se encargó además de resaltar las explicaciones contradictorias que la procesada ofreció en relación con los eventos anotados y se destacó la connotación criminal de Cuervo Bermeo, concretando que Blanca, dirigió su voluntad a el ocultamiento del origen espurio de la empresa; en tal virtud, el reato consistió en el ingreso del dinero manchado con el que se realizó la transacción, en el sistema financiero, para que éste circulara libremente, lo que cesó cuando Concentrados Animales del Llano se disolvió por haber vencido su duración.

 

Se desestimó que la encartada apenas hubiera contribuido en la empresa criminal  estampando su firma en los documentos, desentendiéndose posteriormente de ésta. Cuestionó la primera instancia que dado su nivel escolar, Blanca estaba en capacidad de tener claridad acerca de las consecuencias de permanecer como miembro de una sociedad inactiva, que no arrojaba ningún resultado financiero, en cambio de haber intervenido para su liquidación, antes de esperar que la sociedad feneciera por haber culminado su lapso de duración; por eso fue condenada como autora de la infracción varias veces anotada.

 

Para desatar la alzada, resulta de utilidad volver al postulado traído a colación en el punto donde se estudió la figura de la prescripción de la acción, bosquejada por Ángel María Moncada, allí se citó proveído de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al tamiz de los efectos permanentes del testaferrato:

 

“…la referida norma es de ejecución permanente, porque continúa cometiéndose mientras subsista la condición de testaferro, o ilícita simulación, doctrina que ha venido siendo reafirmada por la Corte en repetidos pronunciamientos…”[177]

 

En el presente asunto el raciocinio opera de la misma forma; los efectos relacionados con la comisión del blanqueo de divisas según se le enrostra a Mosquera Ospina, permanecen en el tiempo, porque Blanca siguió fungiendo como socia de Concentrados Animales del Llano hasta su disolución; y no podía ser de otra forma porque la empresa utilizada para ingresar en el torrente financiero dineros ilícitos, existió jurídicamente hasta que expiró el 7 de mayo de 2010[178], como lo certificó la Cámara de Comercio de Villavicencio; es que Blanca Mosquera se registra como socia capitalista con una porción de 15.000 cuotas a su favor, por valor de $15’000.000.oo, suma que nunca explicó cómo consiguió. Es que, en el caso que concita el presente estudio, la procesada no soportó de dónde sacó los guarismos que inyectó a Concentrados Animales del Llano, coligiéndose que al igual que en el caso de Carlos Augusto Arroyave Soto, el dinero no le pertenecía.

 

De ese modo se considera que se ha acreditado con suficiencia cómo José Miguel Arroyave, venía dedicándose al narcotráfico desde 1985 inclusive, y el modus operandi que utilizó para canalizar la riqueza mal habida fue justamente el de crear o comprar empresas como ocurrió con Mina Las Margaritas, apareciendo de la nada un socio capitalista que no tiene manera de justificar sus aportes, poniendo en marcha compañías que en realidad sólo existen o funcionan en papeles; es así como con su conducta, Blanca cohonestó con el ilícito proceder de “Arcángel”, fungiendo como accionista de una persona jurídica, cuando en contexto no tenía la capacidad económica para ello; eso es lo que se anota en la escritura 5425[179] de 17 de septiembre de 1991, de la Notaría 9ª de Bogotá, cuando el susodicho compró la firma junto con José Narciso Cuervo Bermeo; el valor del acto fue de $5’000.000.oo; posteriormente con la escritura 3173 del 21 de julio de 1992[180], los antiguos dueños les ceden la totalidad de las cuotas a Blanca y Ulises, por semejante suma, y éstos invirtieron $30’000.000.oo adicionales.

 

Como se ha visto, la intervención antisocial se desplegó desde el momento en que  Mosquera ingresó como dueña de unas cuotas y se extendió en el tiempo, porque así continuó figurando en los registros del ramo, tal y como ocurre con los delitos permanentes, por manera que no son de recibo las alegaciones defensivas en el sentido de que el Lavado de Activos no existía, en tanto que el comportamiento se perpetró en el tiempo hasta mayo de 2010, sin que la aplicación de la norma tenga el cariz de la retroactividad por el hecho de que en 1992, se tipificara como Encubrimiento. Sobre el punto vale rememorar lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, fallo 40559 de 17 de abril de 2013 con ponencia de Gustavo Enrique Malo Fernández:

 

“(i) En los delitos de carácter permanente no es posible invocar el principio de favorabilidad por vía de la ultraactividad de la norma vigente para cuando inició el comportamiento, pues el tramo cometido bajo el imperio de una legislación benévola, no es el mismo acaecido en vigencia de una nueva ley más gravosa, en cuanto difieren, por lo menos en el aspecto temporal, así se trate del mismo ámbito espacial, pues el tiempo durante el cual se ha lesionado el bien jurídico objeto de protección penal en vigencia de la nueva legislación más severa, es ontológicamente diferente del lapso de quebranto acaecido bajo el imperio de la anterior normatividad más benévola.

 

(ii) Si en materia de aplicación de las normas penales en el tiempo rigen los principios de legalidad e irretroactividad, es claro que si se aplicara la norma inicial más beneficiosa, se dejaría impune, sin más, el aparte de la comisión del delito que se desarrolló bajo la égida de la nueva legislación más gravosa.

 

(iii) Si quienes comenzaron el delito en vigencia de la ley anterior se les aplicara la ley benévola de manera ultraactiva con posterioridad a su derogatoria, obtendrían un beneficio indebido, pues si otras personas cometieran el mismo delito en vigencia de la nueva legislación se les impondría esa pena más grave.”

 

Es por lo anotado que la sentencia condenatoria será confirmada en lo que a ella respecta.

 

8.3.9.      La Apelación de Ángel María Moncada Moncada

 

La defensa del procesado se quejó de asuntos diversos a los que afronta el contador público Moncada y que fueron el motivo de su llamamiento a juicio, véase: ausencia de verificación del contenido del informe 2950 del 27 de noviembre de 2003[181], en el sentido de que no obra prueba de la existencia de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en los Llanos Orientales cuyo dinero hubiera ingresado a las arcas de una sociedad, especificando cifras y fechas, o que con la riqueza se hubieran adquirido inmuebles; en el fallo así mismo no se valoraron, en lo favorable los testimonios de los policiales que intervinieron en la audiencia pública.

 

Se criticaron los audios por carecer de cadena de custodia; los bienes que se mencionan en las llamadas guardan la presunción de haber sido comprados con el producto de la venta de oro de Miguel Arroyave, según se soporta en los documentos  allegados; no se habrían tenido en cuenta los anexos 2,3,6,7,8,10, 11, 12,13,14 y 15, lo que afectó el derecho de contradicción y el debido proceso, porque con estos se controvierte el señalamiento de que las empresas no cumplían con su objeto social, pero además, que fueron creadas de forma legal; los movimientos financieros de las sociedades en las que intervino Moncada, fueron anteriores a su vinculación, de ahí que no pueda colegirse encubrimiento u ocultamiento con el ánimo de dar apariencia de legalidad; las diligencias carecen de prueba que denote el acto voluntario de cualquiera de los procesados encaminado a la comisión del Lavado de Activos, ni que a sus patrimonios, o específicamente al de su cliente ingresaran suma alguna con fuente en el delito.

 

Se desmiente la condición aparente de hombre de confianza de Arroyave Ruiz, o de conocedor de sus actividades al punto que de una de las conferencias interceptadas se deduce que  Martha Eda, estaba en libertad de conseguir otro contador público para satisfacer sus necesidades. Su vínculo con la procesada, José Miguel, antes de 2003, y las empresas, fue de orden profesional. Insistió en que Ángel María no se prestó para encubrir el origen ilícito de la riqueza porque cuando fue nombrado gerente de la Comercializadora Arroyave Cardozo, el objeto social se cumplía, tan es así, que se hacían las declaraciones de renta del caso, lo cual denota el carácter lícito de los capitales, que provenía de la venta de inmuebles y oro de la mina Las Margaritas.

 

El hecho de haber participado en la liquidación de las empresas de José Miguel Arroyave, a su muerte, no quiere decir que el procesado supiera de las actividades de “Arcángel”; cuando fue inscrito en tal condición, ello obedeció a que Martha debía ausentarse del país el 20 de diciembre de 2004. No es cierto que haya asumido esas tareas el  6 de ese mismo mes, pero del año 2001, porque la sociedad entró en esa fase el 12 de mayo de 2005, precediéndolo en su cargo Hernando García Loaiza; por su parte, a Moncada lo nombraron para el efecto mediante acta 11 de 18 de noviembre de 2011, pero no desarrolló ninguna actividad, porque la sociedad tenía sus activos embargados.

 

Reprocha el hecho de que la Fiscalía hubiera sido relevada de la obligación de acreditar la ilicitud del dinero con el que fueron constituidas las sociedades, imponiéndole al procesado la carga bajo el paradigma dinámico de la prueba, evento que torna más injusto, porque no fueron valorados los anexos aportados. Otro tanto sucede con el hecho de que no se haya probado el ingreso de recursos mal habidos en el patrimonio de las personas vinculadas porque al tratarse de un delito de lavado, justamente era eso lo que debía atestiguar, sin que resulte atinado restarle importancia a ello en la sentencia, siendo además los procesos de extinción de dominio aquéllos en los cuales es aplicable el instituto en comento.

 

Tampoco existe evidencia de que Moncada se prestó para que la delincuencia pusiera en su nombre bienes cuyos propietarios eran otros. Propone una disertación en el sentido de que a pesar de que se dice que los dineros utilizados por Arroyave provenían de las actividades de las AUC, esto contrasta con el hecho de que por las empresas no se registró ningún movimiento dinerario.

 

Con esos argumentos reclama en la absolución para su cliente.

 

Ha de recordarse que a éste contador público se le acusó de haber participado deliberadamente en las labores de encubrimiento del patrimonio de Miguel Arroyave, en la medida en que teniendo conocimiento profesionales en el ramo, contaba con  elementos de juicio para dirigir su comportamiento en esa línea delictiva. Las pruebas que lo comprometen son la conversación No. 15 de 23 de marzo de 2004; 24 y 25 de marzo de 2004; No. 1 del 2 de abril de 2004; la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003. Dentro de las tareas a su cargo estaban las de fungir como liquidador de la Comercializadora Arroyave Cardozo S en C; Muebles Globana LTDA.

 

Siendo el trasegar de Moncada con la familia Arroyave es de vieja data al punto en que la 1201 del 17 de julio de 2001, de la Notaría 39 lo sitúa como gerente de la Comercializadora Arroyave Cardozo, lo que se repite en 2003, cuando intervino en la reforma de los estatutos, a la sazón de la escritura 2096 del 11 de agosto 2003.

 

Tanto sabía el procesado bajo análisis de los negocios de Martha, que intervino en las conversaciones Nos. 15, 24 y 25 atinentes al apartamento 801, de las cuales no se asoma duda sobre el conocimiento de las actividades a encubrir; sumado a esto, era notoria la confianza de su jefe José Miguel hacia el encartado, que mantenían comunicación, como se deduce de la charla No. 1 del 2 de abril de 2004, del abonado 3158589563, donde Moncada recaba en la urgencia de que el “señor” le quitara la escritura a Jhony. El acompañamiento de Ángel María por consiguiente no puede interpretarse como de mera asesoría contable, sino de encubrimiento de la verdadera naturaleza del origen ilícito de los recursos, lo cual se adecúa al comportamiento regulado por el artículo 323 del Código Penal.

 

Concluyó la Fiscalía diciendo que no eran de recibo las exculpaciones del encartado  porque si Mina Las Margaritas era un negocio importante para la familia, y que la misma generaba gran cantidad de utilidades, no es verosímil que siendo así, para ese momento no se hubiera liquidado.

 

Finalmente el hecho de que Moncada carezca de propiedades y no tenga activos es irrelevante, porque el Lavado de Activos no consiste en incrementar el patrimonio, sino en hacer circular los activos mal habidos, alejándolos de su fuente.

 

La sentencia de primera instancia, en cuanto a las increpaciones hechas a esta persona, parte de la premisa de que es contador público y por lo tanto tenía discernimiento de lo que estaba sucediendo; por lo tanto su acompañamiento no fue el de un asesor tributario y mero liquidador de unas empresas. Se dice en el fallo que el procesado estaba empapado de las andanzas de José Miguel, y tan es así que Martha le increpa en una oportunidad que ella no había podido viajar a verse con “este señor” por estarlo esperando, entre tanto, Moncada replicaba que él ya había hablado con dicho “señor”, quien ni más ni menos era Arroyave Ruiz; en sus aseveraciones el acriminado porfiaba en que no era culpa de nadie que ella no se hubiera podido trasladar.

 

En cuanto al nivel de confianza que Arroyave le tenía, destacó que fue a éste a quien se le encomendó continuar con el departamento de seguridad de la Comercializadora Arroyave Cardozo, en la condición de gerente de la misma, según escritura pública 1201 de 17 de julio de 2001, Notaría 39 de Bogotá, y como él mismo lo refirió, no tuvo reparo en continuar como directivo de una empresa que no cumplía con su objeto social, máxime cuando José Miguel Arroyave, en ese momento estaba detenido.

 

El compromiso de Ángel era tan importante, que fue quien, a la muerte de Miguel, realizó la liquidación de las empresas creadas por éste, esto, porque él conocía bien las actividades ilícitas de aquél; así fue se ocupó de saldar la Comercializadora Arroyave Cardozo el 6 de diciembre de 2001, fue inscrito para hacer lo propio con Mina Las Margaritas; con esa cantidad de actos se buscó darle apariencia de legalidad a los capitales que se introdujeron por medio de esas firmas, lo que equivale a la realización del Lavado de Activos.

 

En efecto, se ha dicho con insistencia en esta decisión que el origen de los recursos empleados para la consolidación de las empresas de José Miguel Arroyave, tiene su cantera en las actividades que él protagonizó como máximo capo del tráfico de insumos químicos para la fabricación de cocaína, los que comúnmente se denominan “aguas”; el tema de la legalidad de las interceptaciones telefónicas fue desatado en precedencia, lo mismo que las disquisiciones de cara al instituto de la carga dinámica de la prueba.

 

Considera la Sala que ninguna relevancia tiene en las pesquisas que los estipendios espurios de las AUC o de José Miguel Arroyave hubieran ingresado directamente al patrimonio de Ángel María Moncada o a las cuentas bancarias de los demás procesados, puesto que, como se señaló desde la instancia, la acusación no es por Enriquecimiento Ilícito de Particulares, sino por Lavado de Activos; de ese modo el ejercicio defensivo debió dedicarse a desvirtuar el reproche efectuado al enjuiciado en el sentido de ser conocedor de las peripecias de su mentor, y sin embargo haberse facilitado para el encubrimiento de la ilicitud del origen de la fortuna utilizada en la conformación de las empresas, lo que se traduce en que por medio de éstas, ingresó en el torrente dinero con fuente en el tráfico de estupefacientes. Ninguna virtud poseen los anexos de los que se reprocha la ausencia de verificación, porque su contenido apunta al inmaculado cumplimiento de las empresas con su objeto social, lo que no se cuestiona; itérese, en su caso, el punible se manifiesta en el maquillaje del dinero con génesis el delito, lo que Moncada facilitó esconder. 

 

Es que, sin temor a equivocarse, Ángel María Moncada sí se comunicaba directamente con su patrón, como se acotó por éste al decírselo a Martha Eda, como ya se trajo a colación a propósito de la conferencia del 25 de marzo de 2004[182] a las 11:23 am, cuando Martha amonesta Moncada por no tener listas las declaraciones de renta: “…usted se va ha (sic) ganar un regaño, por que (sic) como (sic) le parece que este señor, que ría que yo me fuera madrugada para donde el (sic) y a (sic) noche cuando yo le dije, que yo no podía viajar por que (sic) yo no, por que (sic) yo tenía que firmar una cosa me colgó el teléfono todo bravo…” “…entonces esta mañana me llamo (sic) y me dijo…”, “le dije que se encargara de este señor, y aquí estrenos (sic) sabe que dijo (sic) si usted ve que no están haciendo las cosas… pues digame (sic) y yo pongo una persona si es que no sirven pa (sic) nada, pero bravo, y yo le dije pero yo que culpa tengo si el (sic) me dijo a mi que tenia (sic) yo que firmar eso hoy.”.

 

Momentos después, Moncada le explica a Martha: “…ya paso para que me la firme y yo me encargo de presentársela [la declaración de renta] no le, no le voy a incumplir ni mucho menos inclusive yo hable (sic) con el (sic) ahorita, porque el (sic) me llamó aquí para que, para que hablarme precisamente de cosas de esas, el (sic) me llamó acá, yo me estuve comunicando a través del Avantel del primo.”.

 

Es que, la gestión de Moncada no sólo se circunscribió a la liquidación de las sociedades y a asesorías contables y tributarias, sino que se involucró a profundidad en el encubrimiento de los negocios que Martha Eda comandaba, y que fueron tocados en precedencia: verbigracia, durante el 23 de marzo de 2004, a las 16:35, transliteración 15[183], Martha en charla con Moncada de cara al negocio del apartamento 801, que esa procesada puso a nombre de sus parientes Aldemar y Jakelin; ella pregunta a Moncada si era necesario que Aldemar presentara declaración de renta, porque “…a ellos no los vamos a volver a ocupar mas (sic), por las edades…”; Ángel María[184], que sabía de lo simulado de la situación adujo que sí era menester, aún más, para el día siguiente Aldemar sostendría con él una cita en la DIAN, para ese tema, porque aunque el testaferro Ospina Arias figuraba sólo con un porcentaje en la escritura 3316 del 4 de noviembre de 2003 de la Notaría 34 de Bogotá, la declaración era inminente en la medida en que “…además de eso tiene arriba, porque alfil (sic) el año pasado no se vendió nada…”; en ese momento se tocaba lo atinente a la matricula inmobiliaria 50N-725448, que corresponde al apartamento 225 de la carrera 89 No. 129-26 del Edificio Multifamiliar AFIDRO que ella obtuvo el 18 de octubre de 1996, mediante escritura 4117 de la Notaría 45 de Bogotá.

 

Finalmente, como se analizó en el acápite destinado a la impugnación propuesta a favor de de Martha y Aldemar, se sabe que el negocio del apartamento 801, los garajes 7 y 8 y el depósito No. 1, del edificio ERA 2003, ubicado en la carrera 10 A No. 120-30 de Bogotá, que consta en la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003, fue aparente, porque la citada dama, quien supuestamente lo recibió en consignación, era en realidad su dueña y Moncada Moncada lo sabía; pese a ello, dirigió inequívocamente su voluntad para la concreción de esa transacción traslapa, pues se prestó para suscribir el aludido documento como “apoderado” de José de Jesús Ruíz, para el levantamiento de la restricción relacionada con un patrimonio familiar, y aunque en su recurso se porfía en su condición mandatario, lo cierto es que en el contexto del proceso penal, no queda duda de su compromiso como cómplice del Testaferrato, porque él era conocedor de los torcidos propósitos de Cardoso Ospina, cohonestando con ellos, para que Aldemar y su hermana figuraran en cabeza de algo que no les pertenecía, todo ello para ocultar el verdadero origen de la riqueza, como soporte de ello, valga citar la interceptación de 23 de marzo de 2004, a las 16:35, transliteración 15[185], en la que Martha acotó sobre negocios con el apartamento 801 y, Ángel María, con todo el conocimiento tributario, dio su consejo.

 

Es por ello que no existe dubitación en torno al verdadero rol de Ángel María Moncada en la organización, porque su concurso no tenía el talante peregrino de un contador público apegado a la ley, sino el de encubrir a través de toda clase de maniobras la fuente de la riqueza de los Arroyave Cardozo; por eso, la sentencia condenatoria emitida en su contra, será confirmada en su totalidad.

 

9.   Otras determinaciones

 

La solicitud de aplicación de lo dispuesto en los artículos 451 y 314, de la Ley 906, propuesta por la defensa de Aldemar Ospina Arias y el instituto de la prisión domiciliaria, propuesta por el apoderado de Carlos Augusto Arroyave Soto

 

El apoderado de Ospina Arias, legitimado para efecto, solicitó a favor de su pupilo y de Linda Tatiana Arroyave Cardozo la aplicación del instituto contemplado en los artículos 451 y 314 modificado por la Ley 1142 de 2007 de la Ley 906 de 2004, o sea, el otorgamiento del subrogado penal a los condenados, referente a la sustitución de la detención preventiva intramural por domiciliaria; a su demanda suma que se contemple igualmente el apartado 23 de la Ley 1709 de 2014, que adicionó el artículo 38B, el cual prevé que para conceder la detención domiciliaria, la pena mínima de que se trate, sea de ocho (8) años, todo ello en virtud del principio pro homine.

 

Como argumentos adicionales acotó que los dos procesados son personas sin antecedentes, estudiantes jóvenes, cuya única participación se concretó en firmar escrituras por decisión de sus padres; de ese modo es posible dárseles un trato diferencial y que no se les aplique como en todos los casos, la cárcel.

 

Sobre el particular se dirá que el togado Efraín Mora Castillo, carece de legitimidad en la causa para ventilar situaciones a nombre de Linda Tatiana Arroyave Cardoso, por cuanto ella ejerció su derecho de postulación confiriéndole poder al profesional Luis Eduardo Salazar Reyes, quien fue el encargado de la sustentación del recurso de alzada formulado en contra de la sentencia que aquí se revisa. Otro tanto se predica de las alegaciones traídas por Martha Eda Cardozo, que tampoco goza de la condición de apoderada de confianza de su hija, y sin embargo se refirió en extenso al compromiso que ésta afronta en sede penal.

 

Como ello es así, la Sala se referirá a lo que compromete a Aldemar Ospina Arias.

 

Por su parte el defensor de Carlos Augusto, alternativamente, evocando las disertaciones de la Fiscalía reclamó la  aplicación a lo contenido en la Ley 1709 de 2014, en el sentido de la concesión de la prisión domiciliaria, deben estudiarse los aspectos favorables y el  objetivo de esa norma, desechando los que no lo son, todo esto, de manera concomitante con la Ley 599 de 2000.

 

Adujo que es gravoso para la sociedad y el entorno familiar de su prohijado continuar el cumplimiento de la sentencia  de manera intramural, en vez de permitírsele hacerlo en su domicilio, aunado a que a éste sólo le faltaban –al momento de la interposición del recurso-, tan solo 10 meses para cumplir con las tres quintas partes de la condena, por lo que “…no vale la pena enviarle a un centro penitenciario causando grave daño a la sociedad y a la familia que goza de especial protección por parte del Estado. Además no se puede soslayar que uno de los fines de la pena, el más importante, es rehabilitar a quien ha violado la Ley penal, penal, pero en el caso particular es evidente que mi amparado no necesita ninguna rehabilitación, así lo expresó la Fiscalía en sus alegatos finales.”    

Como las solicitudes referenciadas son del mismo tenor, se resolverán de una sola vez; para esto, se hace útil evocar el razonamiento que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando dijo:

 

“Mediante el artículo 23 de la Ley 1709 de 2004, se introdujo a la Ley 599 de 2000, el artículo 38 B, el cual prevé cuáles son los presupuestos o requisitos para conceder la prisión domiciliaria, entre ellos: i) que la condena se imponga “por una conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos”, y ii) “Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2º del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000”.

 

Justamente sobre esta última condición las instancias también encontraron que no estaba satisfecha, ya que por expreso mandato de la última norma aludida, modificada por el artículo 32 de la Ley 1709 de 2004, el subrogado de la prisión domiciliaria no puede ser concedido para quienes sean condenados, entre otros delitos, por aquéllos “relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, y el aquí sentenciado lo fue por una hipótesis delictiva perteneciente a ese género.

 

8.1. El demandante, so pretexto de la aplicación del principio de favorabilidad, como lo destacaron las instancias, no propugna por la aplicación de un único régimen concreto en relación el comentado mecanismo, sino que toma de la Ley 1709 de 2004 el artículo 23, el cual introdujo el 38B al Código Penal, ya que esa norma beneficia a su prohijado pues respecto de delitos con pena mínima de ocho (8) años o menos prevé como viable el subrogado en cuestión, pero a la vez repugna o rechaza la aplicación del artículo 32 del mismo compendio normativo (Ley 1709 de 2004), el cual prohíbe tal mecanismo para las conductas punibles relacionadas con el “tráfico de estupefacientes y otras infracciones”, y en su lugar reclama la aplicación del artículo 68 A del Código Penal, porque antes de la reforma introducida por el precepto últimamente citado, esos comportamientos no estaban excluidos del subrogado.

 

De esa manera el actor no hace otra cosa que confeccionar su propio régimen o “lex tertia” frente a la prisión domiciliaria, al combinar fragmentos de distintas leyes para sacar adelante su pretensión, criterio que es inadmisible como ya ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta Corporación, en pronunciamientos como el que con acierto citó el Tribunal[186].

 

Sobre el particular no solo en la decisión rememorada por el ad-quem se abordó la improcedencia de la tesis por la que aboga la defensa, sino que esta Sala en posteriores ocasiones reiteró las mismas razones, las cuales se erigen en línea jurisprudencial pacífica…”

 

De lo anterior se colige que por expresa prohibición del artículo 68 A del Código Penal, resulta improcedente el estudio de la solicitud, por cuanto el Lavado de activos y el Testaferrato, son delitos respecto para los cuales el legislador excluyó la posibilidad de conceder beneficios y subrogados penales; en tal virtud, al no cumplirse con los requisitos preliminares, mal puede ahondar el Tribunal en otras razones concernientes al estudio propuesto.

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Extinción de Dominio, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

 

10.                    RESUELVE

 

PRIMERO: NEGAR la solicitud de prescripción de la acción penal a favor de Ángel María Mocada Moncada, en lo que atañe a su calidad de cómplice del delito de Testaferrato, según lo estudiado en el acápite correspondiente.

 

SEGUNDO: NEGAR el sustituto de la ejecución condicional de la pena y la prisión domiciliaria deprecados por la defensa de Aldemar Ospina Arias y Carlos Augusto Arroyave Cardozo.

 

TERCERO: CONFIRMAR en lo que fue materia de impugnación, la sentencia de 3 de junio de 2015, proferida por el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá, emitida en contra de los aquí procesados.

 

CUARTO: Contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación, de conformidad con la ley.

 

Notifíquese y Cúmplase

Los Magistrados,

 

 

 

WILLIAM SALAMANCA DAZA

 

 

 

 

PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO

MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO

 

[1] Folios 96 y siguientes del cuaderno original 9

[2] Folios 96 a 98 del cuaderno original 9

[3] Folios 9 a 12 del cuaderno original 1

[4] Folio 159 y siguientes del cuaderno original 2

[5] Folios 164 a 203 del cuaderno original 2

[6] Folio 211 del cuaderno original 6

[7] Folios 246 a 300 del cuaderno original 8 y 1 a 16, del cuaderno original 9

[8] Así se anotó en la resolución visible a folio 182 del cuaderno original 9

[9] Folio 6, cuaderno original 10

[10] Folio 4 del cuaderno original 10

[11] Folios 5 a 38 del cuaderno radicado 110013107009201300152 02

[12] Folio 15 del cuaderno original 16

[13] Folios 1 a 6 del cuaderno original 1

[14] Folio 176 Cuaderno original 18

[15] Folios 62 y 63 del cuaderno anexo 56

[16] Folio 290 del cuaderno original de anexos 4.

[17] El defensor insiste que con los motes de “doctor” y “señor” Martha Eda se refiere a Moncada Moncada; así lo sostiene en la sustentación de recurso –Fl. 21; Fl. 23, CO 24-

[18] Folio 183 a 196 del cuaderno original 24

[19] La constancia de la celebración de dicho acto, se encuentra visible a folios 9 y siguientes del cuaderno original 20

[20] Cuaderno original 11, fls. 598 y 146.

[21] Cuaderno original 11 fls 13 y 155

[22] C.o. 1 1 fls 13.

[23] C.o.11 fls 155.

[24] Cuaderno copias Tribunal de Bogotá, radicado 110013107009201300152 02, auto de 6 de octubre de 206, que resuelve los recursos de apelación interpuestos contra la negativa de nulidades y el decreto de pruebas

[25] Folio 10 cuaderno original del Tribunal, radicado 110013107009201300152 04, proveído de 26 de septiembre de 2014

[26] Con ocasión del informe de inteligencia de fecha 15 de noviembre de 2003, rendido por investigadores de la Policía Judicial antinarcóticos, se tuvo noticia de la existencia de una presunta organización de narcotráfico que operaba en las ciudades de Bogotá y Villavicencio (Meta), al mando de grupos paramilitares quienes adquirían bienes muebles e inmuebles, con los recursos obtenidos de actos realizados al margen de la Ley. A través de las labores investigativas se estableció que MARTHA EDA CARDOZO OSPINA, ÁNGEL MARÍA MONCADA, LINDA TATIANA  CARDOZO, ALDEMAR OSPINA ARIAS, BLANCA LIGIA MOSQUERA OSPINA Y CARLOS AUGUSTO ARROYAVE , utilizando los recursos derivados de las actividades ilícitas ejecutadas por José Miguel Arroyave Ruíz, adquirieron bienes en el territorio nacional.

[27]Se ha determinado en el proceso, que en plena actividad ilícita de MIGUEL , su esposa MARTHA EDA, realizó varias acciones tendiente a la adquisición y transferencia de bienes obtenidos con recursos ilícitos, los cuales eran colocados a nombre de terceras personas, para ocultar su verdadero origen. En efecto, obra en el proceso prueba documental que corrobora, que MARTHA EDA CARDOZO OSPINA recurrido a terceros, que prestaban su nombre para aparecer como propietarios de bienes, que en realidad eran de su marido”. (Fl. 245 y ss cuaderno c.original 8).

[28] C.o. 8 fl. 262.

[29] Folios 17 a 18, del cuaderno copias del Tribunal, radicado 110013107009201300152 02, proveído de 6 de octubre de 2014

[30] Radicado 110016211001200700326 13, auto de 15 de febrero de 2013, Magistrado Ponente, William Salamanca Daza

[31] Folios 254 a 255 del cuaderno original 19

[32] Folio 258 del cuaderno original 19

[33] Folio 260 del cuaderno original 19

[34] Folio 290 del cuaderno original 19

[35] Folio 52 del cuaderno original 5

[36] Track 2 del primer audio, segundo 0: 26 de la audiencia de juicio de 31 de marzo de 2014

[37] Dicha determinación fue conteste con la pretensión de la Fiscalía que lo acusó con idéntico grado de participación en la resolución de 8 de abril de 2013; nótese, la parte resolutiva de ese proveído a numeral 2 indicó: “ACUSAR a ANGEL MARÍA MONCADA MONCADA, en calidad de autor y presunto responsable de los delitos de lavado de activos, y cómplice de Testaferrato, de que tratan los artículos 323 y 326 del Código Penal”folio 15, cuaderno 9; dicha determinación como fue reseñado en el acápite correspondiente cobró ejecutoria el 8 de julio de 2013, según previó en la resolución visible a folio 182 del cuaderno original 9

 

[38] De tiempo atrás, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le ha dado ese tratamiento al instituto de la dosificación punitiva para los participes en grado de complicidad, véase por ejemplo, el fallo 15494 de 20 de febrero de 2003, con ponencia del magistrado Édgar Lombana Trujillo, donde se anotó:

 

“8. En el régimen penal vigente, Ley 599 de 2000, ya no subsiste la discusión que el caso examinado comporta, puesto que el artículo 60, que establece los parámetros para la determinación de los máximos y mínimos aplicables, en su numeral 5° estipula:

 

“Si la pena se disminuye en dos proporciones, la mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de la infracción básica”

 

Como para la complicidad el artículo 30 ibídem reserva la pena prevista para la correspondiente infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad, no cabe duda que la rebaja de la mitad se predica del mínimo y que la merma del la sexta parte se efectúa del máximo.”

 

[39] Casación 14568, ponente  Fernando E. Arboleda Ripoll, sentencia de 19 de diciembre de 2001

[40] Folio 184 y siguientes del cuaderno anexo original 3 (inserto en el paquete 1/7)

[41] Cuaderno original 1, folios 1 y siguientes

[42] Folio 62 del cuaderno original 1

[43] Folio 206 del cuaderno original 1

[44] Folios 211 a 212 del cuaderno original 1

[45] Folio 270, cuaderno original 1

[46] Folio 285 del cuaderno original 1

[47] Sistema de Información de antecedentes y Anotaciones

[48] Centro de Informaciónn Sobre Actividades Delictivas

[49] Folios 25 a 29 del cuaderno original 2

[50] Folio 76 del cuaderno  original 2

[51] Folio 84 del cuaderno original 2

[52] Folio 104 y siguientes del cuaderno original 2

[53] Folios 104 a 120 del cuaderno original 2

[54] Folios 1 y 2 del cuaderno anexo original No. 4

[55] Folio 223 y siguientes del cuaderno anexo original 4

[56] Folio 245 y siguientes del cuaderno anexo original 4

[57] Folio 287 a 295 del cuaderno anexo original 4

[58] Folios 1 a 10 del cuaderno anexo original 5

[59] Folio 6 del cuaderno original 1

[60] Folios 1 a 4 del cuaderno original 1

[61] Folio 9 y siguientes del cuaderno original 1

[62] Folio 12 del cuaderno original 1

[63] Sesión de juicio de 16 de julio de 2014, según acta visible a folio 255 el cuaderno 18 original

[64] Ibídem

[65] Folio 256 ibídem

[66] Ibídem

[67] Folio 272 del cuaderno original 1

[68] Resolución de 22 de septiembre de 2005, folio 273 del cuaderno original 1

[69] La declaración de éste policial se surtió el 31 de marzo de 2014 y se puede ver en el track 2, minutos 29:38 y siguientes del DVD 2

[70] El testimonio del señor Fernando David Rodríguez Moros se puede escuchar en el track 1 del audio de 16 de julio de 2014, a partir de la segunda hora, minuto 8, segundo 10°

[71] Track 1 del audio de 16 de julio de 2014, a partir de la hora 2, minuto 24, segundo 30

[72] Track 2, minuto 56, segundo 30 del audio de 31 de marzo de 2014, DVD 2

[73] Folio 84 del cuaderno original 2

[74] Track 3, minuto 30, segundo 12 del audio de 31 de marzo de 2014, DVD 2

[75] Sentencia de 24 de enero de 2001. Proceso Nº 17080.

[76] Corte Suprema de Justicia, casación 18255 de 21 de febrero de 2007; ponente: Julio Enrique Socha Salamanca

[77] Folio 6 del cuaderno original 1

[78] “El funcionario judicial podrá ordenar, con el único objeto de buscar pruebas judiciales, que se intercepten mediante grabación magnetofónica las comunicaciones telefónicas, radiotelefónicas y similares que utilicen el espectro electromagnético, que se hagan o reciban y que se agreguen al expediente las grabaciones que tengan interés para los fines del proceso. En este sentido, las entidades encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, tienen la obligación de realizar la misma dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la orden  Cuando se trate de interceptación durante la etapa de la investigación la decisión debe ser remitida dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la Dirección Nacional de Fiscalías. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. El funcionario dispondrá la práctica de las pruebas necesarias para identificar a las personas entre quienes se hubiere realizado la comunicación telefónica llevada al proceso en grabación. Tales grabaciones se trasladaran al expediente, por medio de escrito certificado por el respectivo funcionario”.

[79] Folio 6 del cuaderno original 1

[80] Folio 9 del cuaderno original 1

[81] Folio 5 del cuaderno original 1

[82] Expediente AP-490-2014, radicación 39069, casación de 12 de febrero de 2014, ponente Eugenio Fernández Carlier.

 

[83] Corte Constitucional, Sentencia C-1512 de 2000.

[84] Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3ª edición, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, 1958, p. 211 a 213.       

[85] Corte Constitucional, Sentencia C-662 de 2004.  

[86] Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 2015: “En efecto, favorecer el desconocimiento general de las responsabilidades procesales, no puede ser nunca un objetivo constitucional último, en la medida en que un propósito semejante atentaría contra los derechos y las garantías que dentro de los mismos procedimientos se pretenden proteger, lo que no sólo afectaría las actividades propias del aparato justicial (C-1104 de 2001), – inmovibilizándolo eventualmente-, sino que comprometería las expectativas ciudadanas de un juicio legítimo, justo y con garantías”.

[87] Corte Constitucional, Sentencia C-807 de 2009.

[88] “Para determinar si esas cargas impuestas al demandante son desproporcionadas como lo señala el demandante, corresponde indagar (i) si la limitación que introduce el contenido normativo acusado persigue una finalidad que resulta acorde con el ordenamiento constitucional; (ii) si la configuración normativa que contiene dicha limitación es potencialmente adecuada para cumplir el fin estimado, y (iii) si hay una proporcionalidad en esa relación, en el sentido que la limitación no sea manifiestamente innecesaria o claramente desproporcionada”. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2009. La Corte declaró exequible el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, en cuanto se refiere a las causales de nulidad previstas en los numerales 1° y 2° del artículo 140 del CPC, “en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante”.  

[89] Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016, ponente Jorge Iván Palacios Palacios

[90] “Luego de una prolongada evolución, las reglas de la carga de la prueba en materia civil han decantado hasta el punto que es posible resumir su doctrina en tres principios jurídicos fundamentales: ‘onus probandi incumbit actori’, al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción; ‘reus, in excipiendo, fit actor’, el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa; y, ‘actore non probante, reus absolvitur’, según el cual el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción”. Corte Constitucional, Sentencia C-070 de 1993.

[91] Leo Rosenberg, La Carga de la Prueba, Ediciones Jurídicas Europa América, p.18.- Cfr. Sentencia T-733 de 2013.

[92] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 28 de mayo de 2010. Exp. 23001-31-10-002-1998-00467-01.M.P. Edgardo Villamil Portilla.

[93] Corte Constitucional, Sentencia T-733 de 2013.

[94] “ARTÍCULO 1757.- PERSONA CON LA CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta”.

[95] “ARTÍCULO 177. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba”.

[96] Corte Constitucional, sentencia C-086 de 2016, ponente Jorge Iván Palacios Palacios

[97] “Confrontar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 13 de mayo de 2009. Radicación 31147”

[98] “Auto del 19 de mayo de 2010. radicación 33.567.”

[99] “Pues en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal el rol de la fiscalía como ente acusador y parte sometida al principio de igualdad de armas, adquirió un carácter estricto, de tal forma que dejó de estar obligado a recaudar prueba que pudiera favorecer al procesado, salvo que en su ejercicio investigativo la encuentre, debiendo en este caso, revelarla en procura de hacer efectivo el fin constitucional de justicia y el postulado de lealtad procesal.”

[100] Sala Penal, Corte Suprema de Justicia, Casación 4634, proveído de 31 de julio de 2013, ponente Fernando Alberto Castro Caballero

[101] Sala Penal, Corte Suprema de Justicia; ponente: José Luis Barceló Camacho. Sentencia AP335-2016 -27 de enero de 2016-; radicación Nº 46979

 

[102] Sesión de juicio de 16 de julio de 2014, según acta visible a folio 255 el cuaderno 18 original

[103] Ibídem

[104] Folio 256 ibídem

[105] Ibídem

[106] Folio 270 del cuaderno original 1

[107] Folio 272 del cuaderno original 1

[108] Folios 82 a 84 del cuaderno original 19

[109] Folio 223 y siguientes del cuaderno anexo original 4

[110] Sistema de Información de antecedentes y Anotaciones

[111] Centro de Informaciónn Sobre Actividades Delictivas

[112] Folios 25 a 29 del cuaderno original 2

[113] Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Alfonso Huevoepisca refirió que [Miguel ] “…mandaba [aguas] para todo el país al Putumayo, al Caquetá; al Llano, Al Magdalena Medio…” folio 294 del cuaderno anexo 4

[114] Folio 293 del cuaderno anexo 4

[115] Ha de recordarse que la sociedad Mina Las Margaritas LTDA se constituyó por escritura pública No. 0000363 de la Notaría 4ª de Medellín, que data del 31 de enero de 1997, pero sólo fue inscrita en el registro mercantil hasta el 30 de julio de 1997, como se indica en el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio visible a folios 12 y siguientes del cuaderno anexo original 2

[116] Folio 291 del cuaderno anexo original 4

[117] Folio 57 a 61 del cuaderno original 1

[118] Folio 72 del cuaderno original 1

[119] Folio 74 del cuaderno original 1

[120] Folio 102 del cuaderno original 1

[121] Folio 105

[122] Folio 241 vuelto del cuaderno anexo 60

[123] Folio 62 del cuaderno original 1

[124] Eso es así, porque Ángel María intervino como suscriptor de la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003 en calidad de apoderado de José de Jesús Ruíz  para el levantamiento de la restricción del inmueble por pesar sobre él la condición de patrimonio de familia, lo que le valió el haber sido condenado como cómplice de Testaferrato.

[125] Folio 24 del cuaderno anexo 56

[126] Cuaderno anexo 61, folio 56 y siguientes

[127] Folio 64 del anexo 61

[128] Folio 65 del anexo 61

[129] Folio 61 del cuaderno anexo 61

[130] Folio 119 y siguientes del cuaderno original anexo 4

[131] Folio 51 vuelto, del cuaderno anexo 53

[132] Folio 62 vuelto, cuaderno anexo 56

[133] Según la información contenida en la indagatoria, Linda Tatiana  Cardozo, nació el 16 de marzo de 1982 –folio 189 del cuaderno original 2

[134] Folio 62 vuelto del cuaderno anexo 56

[135] Diccionario de la Real Academia Española, consultado por internet en el sitio http://dle.rae.es/?id=Yc3xdSr

[136] Corte Suprema de Justicia, casación 27144; sentencia de 2 de febrero de 2011, Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés

[137] Folios 195 y siguientes del cuaderno original No. 2

[138] Folio 211 del cuaderno original 6

[139] Folio 17 del cuaderno original 6

[140] Folios 19 a 20 del cuaderno anexo original 5

[141] Folios 21 a 43 del cuaderno anexo 5

[142] Folios 44 a 49 del cuaderno anexo 5

[143] Folios 58 a 59; cuaderno anexo 5

[144] Folios 60 a 61;cuaderno anexo 5

[145] Folios 61 a 62 del cuaderno anexo 5

[146] Folios 64 a 69, del cuaderno anexo 5

[147] Folio 70 del cuaderno anexo 5

[148] Folio 72 del cuaderno anexo 5

[149] Folio 73 cuaderno anexo 5

[150] Folio 76 del cuaderno anexo 5

[151] Folios 77 a 80 del cuaderno anexo 5

[152] Folios 82 a 86 del cuaderno original 5

[153] Folios 87 a 88 del cuaderno anexo 5

[154] Folios 89 a 90 del cuaderno original anexo 5

[155] Folio 91 del cuaderno original anexo 5

[156] Folio 92 a 97 del cuaderno anexo original 5

[157] Folios 98 a 102 del cuaderno anexo 5

[158] Folios 104 a 134 del cuaderno anexo original 5

[159] Folios 135 a 148 del cuaderno anexo 5

[160] Folios 148 a 149 del cuaderno anexo 5

[161] Folio 10 del cuaderno original 8

[162] Folios 180 a 186 del cuaderno original 5

[163] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, fallo de 15 de abril de 2010, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

[164] Folio 10, cuaderno original 8

[165] Track 2, audio de 31 de 31 de marzo de 2014, minuto 7, segundo 22.

[166] Auto de 17 de julio de 2013, visible a folio 6 del cuaderno original 6, cuyo término comenzó a correr desde ese día y se extendió hasta el 6 de agosto, como consta a folio 7 ibídem.

[167] Folio 38 y siguientes del cuaderno original 13

[168] Cuaderno de segunda instancia radicado 110013107009201300152 02

[169] Folios 41  a 132 del cuaderno original 17

[170] Folios 82 a 84 del cuaderno original 19

[171] La escritura pública 363 de 31 de enero de 1997, Notaría 4 de Medellín,  se encuentra inserta a folios 21 a 32 del cuaderno anexo 2

[172] Folio 16 del cuaderno anexo 2

[173] Folio 39 a 56 del cuaderno original anexo 2

[174] Folio 52 del cuaderno original anexo 2

[175] Folio 68 del cuaderno original anexo 2

[176] Se consigna a folio 5 del cuaderno original 9, dentro de la resolución de acusación, que éste había fenecido

[177] Casación 14568, ponente  Fernando E. Arboleda Ripoll, sentencia de 19 de diciembre de 2001

[178] Folios 78 a 81 del cuaderno original 14

[179] Folio 141 y siguientes del cuaderno original anexo 3

[180] Folio 165 y siguientes del cuaderno original anexo  3

[181] Folios 1 y siguientes del cuaderno original 1

[182] Folio 105

[183] Folio 62 del cuaderno original 1

[184] Eso es así, porque Ángel María intervino como suscriptor de la escritura pública 3316 de 4 de noviembre de 2003 en calidad de apoderado de José de Jesús Ruíz  para el levantamiento de la restricción del inmueble por pesar sobre él la condición de patrimonio de familia, lo que le valió el haber sido condenado como cómplice de Testaferrato.

[185] Folio 62 del cuaderno original 1

[186] CSJ. AP782-2014, 24 feb. 2014, rad. 34099, y en igual sentido AP801-2014. 26 feb. 2014, rad. 43184.

20130013302(16-02-2015) Ultractividad

FICHAS BUENAS PRÁCTICAS

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL – EXTINCIÓN DE DOMINIO.

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA

Radicado: 110013107003201300133 02

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Procesado: Alba Marina Carreño Rodríguez

Asunto: Apelación auto interlocutorio.

Decisión: confirma 

Bogotá D. C., febrero dieciséis (16) de dos mil quince (2015) 

 

TEMAS: 

Lavado de activos; Ultraactividad; Precedente judicial.

 

EXTRACTOS: 

  • “El 18 de diciembre de 2014, el Juzgado de Primera Instancia le reconoció a Carreño Rodríguez 68,75 días de redención de pena por enseñanza en la reclusión de mujeres de Bogotá, El Buen Pastor de Bogotá, de conformidad con las normas vigentes y la documentación allegada por el INPEC.

 

Una vez que reflexionó sobre la sucesión de normas que gobernaron el instituto, la Judicatura destacó que el artículo 5 de la ley 890 de 2004 sería el llamado a resolver el caso, a pesar de contener mayores exigencias que las del artículo 64 originario del Código Penal, en el entendido que la conducta de lavado de activos es de carácter permanente y la sentenciada la ejecutó hasta el mes de diciembre del año 2005, teniendo por adoptada la postura del radicado 31407 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, le imprimió solución al caso con el artículo 30 de la ley 1709 de 2014, por tratarse de una norma posterior y más favorable.”

 

  • “En esta ocasión le corresponde a la Sala resolver si el Juzgado de Primera Instancia seleccionó correctamente la norma que en últimas reguló el presente caso y, consecuente con ello, determinar si con el tiempo que Alba Marina Carreño Rodríguez ha redimido dentro del penal y otros aspectos subjetivos, se hace merecedora del beneficio de la libertad condicional como causal de libertad provisional prevista en el artículo 365 numeral 2º de la ley 600 de 2000. (…)

 

Conforme a lo ilustrado, no le asiste razón al recurrente acerca de la aplicación ultraactiva del artículo 64 original del Código Penal, norma instrumental que prevé unas directrices de mayor laxitud, pues advertido que la conducta de Carreño Rodríguez siguió ejecutándose cuando entró a regir su modificación por la Ley 890 de 2004, se impone su aplicación. (…)

 

En ese orden, la Sala encuentra que la cita jurisprudencial de la providencia confutada hace parte una línea de pensamiento ajustada a varias decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tomadas antes y después de ésta, donde ha establecido coherentemente una tesis negativa para el conflicto presente con la aplicación de la ley en el tiempo y el delito continuado en casos semejantes al que se aborda en este momento. Por ende, el haberse acogido por el Juzgado el radicado 31407 como doctrina probable, no constituye un desatino en algún sentido.”

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  1. Cuando se trata de la comisión de delitos de ejecución continuada como es el caso del lavado de activos, que inician bajo la vigencia de una ley benévola pero que en su ejecución posteriormente resulta aplicable una ley más gravosa, se configura esta última como ley aplicable al caso en concreto en respeto del principio “Tempus regit actus” que es la regla general, no siendo entonces permitido la aplicación ultraactiva de la primer ley por no presentarse los presupuestos para alegarse el principio de favorabilidad, pues de lo contrario, quedaría impune el hecho ejecutado bajo la vigencia de la nueva ley, resultando injustamente favorecido el delincuente que mas ha perseverado en el mantenimiento o reiteración de la conducta punible.

 

 

 

 

20130011902(16-12-2014) Favorabilidad (Sentencia anticipada-allanamiento a cargos)

FICHAS BUENAS PRÁCTICAS

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL – EXTINCIÓN DE DOMINIO.

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA

Radicado: 110013107005201300119 02

Procedencia: Juzgado Quinto Penal Del Circuito Especializado De Bogotá

Procesado: Tulio Alejandro Cruz Gómez

Asunto: Apelación Sentencia Anticipada 

Decisión: Modifica

Bogotá D. C., diciembre dieciséis (16) de dos mil catorce (2014) 

 

TEMAS: 

Concierto para delinquir con fines de narcotráfico; principio de favorabilidad – Sentencia anticipada y allanamiento a cargos.

 

EXTRACTOS: 

  • “Según el diligenciamiento, Carlos Alberto Rincón Díaz, quien adelanta ante la justicia un trámite por colaboración eficaz, contó lo concerniente de la organización al margen de la ley de la que hizo parte desde el año 2000, abanderada por Luis Cuesta, alias Maradona, y alias J, hermano del Alemán y varias personas más, con el objeto de remitir cocaína hacia distintas latitudes de la geografía colombiana. (…)

 

Durante la ampliación de declaración jurada, que data el 08 de octubre de 2010, al señor Rincón Díaz se le preguntó por alias GACHA, BAZUCO y FELIX. Sobre el particular, esto se consignó en el acta de aceptación de cargos relacionada con el procesado: “a GACHA lo conoce porque es muy amigo suyo y se llama TULIO ALEJANDRO GÓMEZ CRUZ y él transporta, vende y consigue personas para que le compren la cocaína. Dice que cargaba cocaína en la Bodega de él, quien también le prestaba las tractomulas de él para transportar la cocaína suya, por lo cual le pagaba a él 40 o 50 millones por eso, agrega que “GACHA” es un transportador pequeño tiene como tres o cuatro mulas y una bodega de su propiedad al pie del peaje de Mosquera, en sentido occidente – oriente (…) BASUCO es un conductor de tractomula que se la pasa moviendo cocaína a todo el país, él se la pasa mucho con GACHA y BASUCO en el barrio Valladolid de esta ciudad”.  

 

  • “En el aspecto punitivo, la Juez de primera instancia se movió en el primer cuarto y, conforme el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, le impuso al procesado 90 meses de prisión y multa de 6.500 SMLMV, en el límite superior; a ella le descontó un 15% por virtud de la sentencia anticipada, y consolidó la sanción en 76 meses y 15 días de prisión y multa de 5.525 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria, porque no concurren los factores objetivo y subjetivo.”
  • El abogado no comparte el procedimiento de cuantificación de la pena. Asegura que el Juzgado no se ciñó al acta de cargos, supuso los elementos de convicción, se adentró en un análisis profundo de los medios de prueba como si estuviera resolviendo una sentencia ordinaria; incluso, adujo hechos que no fueron cargados al procesado, ni alcanzaron el plano demostrativo.
  • Por haberse consignado esa consideración adicional en el cuerpo de la sentencia, el Juzgado no desequilibró la amplitud de los supuestos de hecho enrostrados y admitidos por el acusado. La intervención es incapaz de desquiciar la congruencia fáctica entre la sentencia y el acta de cargos, en vista que sólo sirvió para darle relieve a una situación que no era novedosa, porque el recorrido testimonio tiene como base incriminatoria del procesado la destinación ilícita del transporte de carga o, lo que se deduce de la decisión cuestionada, el aprovechamiento de una actividad legal, para llevar a cabo otra a favor de la delincuencia organizada. A lo anterior, puede agregarse la exposición de CRUZ GOMEZ, cuando habló de su inveterado camino como transportador. Que desde 1998 distingue al testigo Carlos Rincón, en razón de un paro de transportadores y porque alguna vez concretaron la venta de un rodante que, con el tiempo se frustró.

De ahí, los cuestionamientos sobre punibilidad por haberse superando el núcleo factico o con sacrificio del límite conceptual reconocido en el acta de cargos, por las razones expuestas, no prosperan.

 

  • El recuento de la actividad procesal muestra que la defensa del procesado presentó el recurso de reposición que admite tal proveído, el cual desató el Ente Instructor el 01 de marzo de 2013; por lo tanto, el Juzgado no podía confiarse en la constancia de vencimiento de ejecutoria visible a folio 4 del cuaderno 75, que tuvo en cuenta para definir ni más ni menos que el beneficio punitivo aplicable. Sin lugar a dudas, la ejecutoria del cierre de la investigación tuvo lugar sólo una vez fue dictada la providencia que solucionó el recurso horizontal, después de que el procesado había manifestado su sometimiento a la sentencia anticipada, en la calenda en cita.

 

La Juez incurrió en otro desatino al indicar que el procesado era merecedor de un descuento punitivo de 1/8 parte, que por favorabilidad podía llegar a ser de hasta la ½, aludiendo que era el criterio jurisprudencial. Luego yerra de nuevo, al señalar que el descuento definitivo sería de un 15%. La Sala aprecia que en ese discurrir argumentativo, se interpretaron, por fuera de los linderos, las normas que regulan los beneficios por sentencia anticipada y allanamiento a cargos (…)

 

Como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal, el instituto del allanamiento a cargos guarda similitud con la sentencia anticipada y, por tanto, es factible reconocer la rebaja de pena consagrada en el artículo 351 de la ley 906 de 2004, respecto de hechos cometidos en vigencia de la ley 600 de 2000.

 

  • Bajo ese contexto, resulta razonable colegir que si el inciso 1° del artículo 351 de la ley 906 de 2004 establece una rebaja de “hasta la mitad” de la pena imponible, lo pertinente es otorgar al procesado una rebaja, no del cincuenta por ciento (50%) como lo reclama su defensor, sino del cuarenta por ciento (40%), los cuales aplicados a noventa (90) meses y multa de seis mil quinientos (6.500), que fue la sanción que finalmente dedujo el Juzgado, corresponde imponer al acusado cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y tres mil novecientos (3.900) salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  1. Cuando se trata de contrastar institutos procesales regulados tanto en la ley 906 de 2004 como en la Ley 600 de 2000, y de esta forma determinar si resulta aplicable el principio de favorabilidad en uno u otro caso, debe tenerse en cuenta que se traten de supuestos de hecho idénticos, pues tanto la sentencia anticipada como el llamamiento a cargos por ejemplo, se refieren a aquella situación en la que un ciudadano admite su culpabilidad en unos hechos y releva al Estado del realizar la demostración probatoria en juicio, por lo anterior, es factible reconocer la rebaja de pena consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, respecto de hechos cometidos bajo la vigencia de la Ley 600 de 2000.

 

20130010703(27-06-2017) Enriquecimiento ilícito – prueba trasladada – carga dinámica de la prueba

FICHA BUENAS PRÁCTICAS

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL – EXTINCIÓN DE DOMINIO.

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA

Radicado: 110010704008201300107 03

Procedencia: Juzgado 8° Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Procesado: Nubia Idaly Ortíz Rivas

Asunto: Apelación Sentencia

Decisión: Confirma 

Bogotá D. C., Junio veintisiete (27) de dos mil diecisiete (2017).

 

TEMAS: 

Elementos del delito de enriquecimiento Ilícito de Particular; Delito subyacente; Licitud y legalidad de la prueba trasladada; Carga dinámica de la prueba; 

 

EXTRACTOS: 

  • “El proceso se inició por la compulsa de copias ordenadas por la Fiscalía Cuarta Especializada de la unidad de Extinción de Domino y Lavado de Activos, dentro del proceso penal que adelantó contra Gino Giovanny Susatama quien resultó privado de la libertad el 13 de agosto de 2004, en inmediaciones del almacén Éxito, ubicado en la calle 170 con autopista norte en la ciudad de Bogotá, cuando transportaba $250.000.000,oo “larvados” entre hortalizas que llevaba dentro del taxi de placa SGZ-086. De la indagatoria de SUSATAMA ALFONSO se estableció que el dinero incautado era de propiedad de NUBIA IDALY ORTÍZ RIVAS, quien era su empleadora, tía y propietaria del establecimiento de comercio de razón social “LLANO EXPRESS”.

 

  • “Para el fallado de primera grado, las pruebas arrimadas al plenario son suficientes para acreditar la existencia del delito enrostrado por la Agencia Fiscal, quien sostiene que para el súb judice, el delito subyacente es el de tráfico de insumos para procesamiento de narcóticos. Estima que con las interceptaciones telefónicas se demuestra la existencia de una organización que comercializaba estupefacientes desde Bogotá con destino a los Llanos Orientales, fue así que se inició la investigación penal en contra de NUBIA IDALY ORTÍZ RIVAS y su compañero permanente Pedro Joaquín Alfonso Ramírez, a quienes se les impuso medida de aseguramiento por el punible de Concierto para Delinquir con fines de Narcotráfico, en razón a que de las interceptaciones 20, 21 y 22 se estableció que Gino Susatama acata las órdenes impartidas por Pedro Joaquín, quien dispone la forma de distribuir el dinero”. 

 

  • “Destaca el censor, que en el presente evento no se pueden tener en cuenta las interceptaciones telefónicas recaudadas en el proceso que se adelantó en contra de su prohijada por el punible de Concierto para delinquir y Tráfico de insumos para el procesamiento de estupefacientes, en virtud a que respecto de dicho trámite la Corte Suprema de Justicia cesó el procedimiento por prescripción de la acción penal. (…) La condena debe ser el producto de un análisis imparcial y no puede condenarse a una persona por una aparente actividad ilícita, pues, en su opinión la Fiscalía no probó que el dinero incautado fuera injustificado, por ello se debe aplicar la duda en favor de la procesada y consecuentemente absolverla del cargo enrostrado”.

 

  • “La conducta ilícita de Enriquecimiento como delito especial y autónomo que es, corresponde a un “incremento patrimonial no justificado”, tiene una equivalente en las palabras empleadas por el mismo constituyente para anatematizar las fortuna o patrimonios conformados por “los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social”, por ello surge deber a cargo de toda persona de no enriquecerse ilícitamente -de lo contrario no tendría sentido la sanción de extinción del dominio que en ella se impone- y, de la correlativa obligación de las autoridades, de perseguir su violación. Por lo demás, la ley podría desarrollar el texto constitucional, estableciendo deberes y cargas de información con miras a prevenir y sancionar dichos comportamientos desviados (…)”.

 

De lo anterior, forzoso concluir el conocimiento que tenía NUBIA IDALY RIVAS sobre el origen delictivo de las capitales que administraba, dejando entrever una regla de la experiencia según la cual quien es consciente de la legalidad de su comportamiento no oculta su materialidad, ni ofrece explicaciones ayunas de verdad; incluso, compila todas las pruebas que tenga en su poder para que el Operador Judicial logre establecer el origen lícito de sus haberes; es por ello que acoge gran importancia el principio de la carga dinámica de la prueba en este tipo delictivo (…)”. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  1. El hecho de configurarse la prescripción de la acción penal en un proceso bajo el cual se practicaron determinadas pruebas y respecto de las cuales se requiere su traslado a otra actuación, no conlleva automáticamente la invalidez o ilicitud de las mismas, púes se trata de dos fenómenos jurídicos completamente distintos, la prescripción implica la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción teniendo como causa la inactividad punitiva del estado, lo cual es totalmente ajeno al mérito suasorio que pueda arrojar una prueba al momento de su valoración, mas aún, si en su producción se cumplieron las exigencias legales y el respeto por los derechos fundamentales, por lo que en este caso, resultan totalmente válidas las interceptaciones telefónicas practicadas en el proceso ya prescrito.

 

  1. Las actividades delictivas de las cuales se general el incremento patrimonial no justificado, no implica que deba existir una sentencia condenatoria respecto de esa misma persona u otra para su constatación, pues bastará la valoración realizada por el juzgador para determinar si esa conducta precedente goza de tales características, de allí deriva precisamente el carácter especial y autónomo de este tipo penal.

 

  1. En virtud de la expresión “no justificado” que trae el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particular, y como manifestación del derecho de defensa, el imputado es quien debe aportar los elementos suficientes para controvertir la validez o capacidad de convencimiento de las pruebas presentadas por al fiscalía, a quien le corresponde probar el hecho típico, antijurídico y culpable, ello no implica una inversión de la carga probatoria, por el contrario, bajo la aplicación excepcional del principio de la carga dinámica de la prueba, y bajo ciertos criterios lógicos y racionales, es el imputado quien se encuentra en mejor posición, no de probar sino de desvirtuar, lo alegado por el ente acusador, pues ciertos elementos cognoscitivos y probatorios radican únicamente en su poder, como ciertamente lo es, la justificación del patrimonio porfiado.

 

20130003603(23-06-2017) Enriquecimiento ilicito- carga dinámica de la prueba

FICHAS BUENAS PRÁCTICAS

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL – EXTINCIÓN DE DOMINIO.

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA

Radicado: 11001 60 00019 2013 00036 03

Procedencia: Juzgado 8º Penal Del Circuito Especializado Bogotá 

Procesado: Samuel Mezrahi Hemsani

Asunto: Apelación Sentencia

Decisión: Confirma 

Bogotá D. C., Junio veintitrés (23) de dos mil diecisiete (2017)

 

TEMAS: 

Elementos del delito de enriquecimiento Ilícito de Particular; Delito subyacente; Licitud y legalidad de la prueba trasladada; Carga dinámica de la prueba; 

 

EXTRACTOS: 

  • “Tuvieron ocurrencia el 3 de abril de 2013, aproximadamente a las 20:30 horas, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, de esta ciudad, cuando el ciudadano SAMUEL MEZRAHI HEMSANI, se disponía a abordar el vuelo 087 de la aerolínea Avianca con destino a la ciudad de Buenos Aires, y al revisar su equipaje, se encontraron ocultos en dos paquetes de pañitos húmedos, la suma de cincuenta mil reales (R50.000) y trescientos veinte mil euros (E320.000), lo que equivale en moneda nacional a setecientos noventa y tres millones ochenta y siete mil doscientos setenta y cinco pesos con cuarenta y siete centavos ($793’087.275,47), según la tasa representativa del mercado que regía para esa época. MEZRAHI MENSANI no efectúo la declaración ante la DIAN de esos dineros, ni señaló la procedencia, por ello, se efectuó la aprehensión del ciudadano”.

 

  • “El Juzgado 8º Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de acuerdo con los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación, y las pruebas practicadas en el juicio oral concluyó que se probó más allá de duda razonable la existencia de los delitos de Lavado de Activos y Enriquecimiento ilícito de particulares (…)

 

Se adveró en el fallo que si bien es cierto no se puede relevar a la Fiscalía de la obligación de demostrar a cabalidad los elementos de la conducta punible, no es menos cierto que en aquellos eventos en que los elementos incriminatorios presentados por el ente acusador comprometan seriamente la presunción de inocencia que proteja al acusado, surge para la defensa técnica y su patrocinado el deber de allegar pruebas tendientes a derrumbar el poder suasorio de las allegadas.”

 

  • “El defensor del procesado impugnó el fallo de primer grado, con el fin de obtener su revocatoria y la emisión de una sentencia absolutoria, argumentando la incapacidad del ente acusador, para probar la comisión de las conductas por las cuales acusó, razón por la cual invocó los postulados de la presunción de inocencia e in dubio pro reo. (…) Manifestó su inconformidad frente a la carga dinámica de la prueba, la cual corresponde al Estado y, que en el presente caso, fue invertida. Reiteró la imposibilidad de la Fiscalía para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, por lo que concluyó en la falta de motivación del fallo condenatorio.”

 

  • (…) basta con que el sujeto activo de la conducta no demuestre la tenencia legítima de los recursos, para deducir con legitimidad y en sede de sentencia que se trata de esa adecuación típica (Lavado de Activos), porque en esencia, las diversas conductas alternativas a que se refiere la conducta punible no tienen como referente “una decisión judicial en firme”, sino la mera declaración judicial de la existencia de la conducta punible que subyace al delito de lavado de activos.”

 

Nótese que demostrar el amparo legal del capital que ostenta o administra, etc., es cuestión a la que está obligado el tenedor en todo momento; y es dable inferir, con la certeza argumentativa que exige el ordenamiento jurídico penal, que la actividad ilegal consiste en “…encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes”, de manera que por esa vía se estructura la tipicidad y el juicio de reproche a la conducta de quien se dedica a lavar activos.

 

  • (…) La labor defensiva quedó en el plano enunciativo, en aras de demostrar el origen lícito de los dineros portados por SAMUEL MEZRAHI HEMSANI y su actividad económica, la cual de manera lacónica soportó con las declaraciones de los señores Carmen Yaneth Medina y Roberto Hemsani, mismos que descartó el a quo para inferir su vigorosa capacidad económica; y es que el profesional del derecho anunció que serían muchas las personas que acudirían al debate final, para lograr este fin; no menos cierto resulta que en sesiones del juicio, manifestó la imposibilidad de su comparecencia por residir en otras ciudades, incluso pese que se ventiló la posibilidad de realizar  la audiencia por video conferencia;  tampoco fue posible, establecer la calidad de prestamistas de grandes sumas de dinero o la pregonada  solidez económica; como también se echa de menos prueba documental que garantice el  pago de las obligaciones (…)

 

Así, en el caso examinado, estando claro que la Fiscalía demostró que la procesada tenía consigo el objeto material del delito, bajo su férula de protección y dominio, emerge absurdo demandar del ente estatal la demostración de que ese dinero no pertenecía a ninguna otra persona (…)

 

En el caso de los particulares, cabe recordar que éstos deben demostrar al Estado anualmente sus ingresos y la procedencia de los mismos mediante la declaración de renta, no sólo para que el Estado, de conformidad con leyes preestablecidas, grave en alguna medida su patrimonio; sino además, para ejercer control sobre su licitud. Un desproporcionado e injustificado incremento es precisamente lo que da lugar al ejercicio de la acción penal por enriquecimiento ilícito, debiendo el Estado establecer plenamente la responsabilidad del imputado o su inocencia. Al pasar al terreno penal, no puede sostenerse que abruptamente cese todo asomo de colaboración de la persona a la que se pide explicaciones sobre sus movimientos patrimoniales (C.P. Art. 95 nums. 7 y 9). El derecho a la no autoincriminación ciertamente autoriza al sindicado o procesado a asumir ciertos comportamientos procesales, pero su silencio o sus aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente demeritar su posición si en su contra se reúnen suficientes elementos probatorios allegados por el Estado y no refutados. Por lo demás, el proceso penal implica necesariamente una valoración de conducta; la etapa de investigación no supone calificación; sólo habiendo pruebas suficientes se llama a juicio.

 

Lo anterior, para relievar que dentro del concepto restringido de carga dinámica de la prueba que aquí se usa, hallándose claro que el  procesado era el único de las partes con posibilidad de entregar elementos suasorios encaminados a controvertir la evidencia probatoria surgida de su captura flagrante, fácil se colige que no cumplió con las mínimas exigencias establecidas sobre el particular, pues, como ya reiterada y pacíficamente lo ha dicho la Corte Suprema a la justicia no se le puede pedir imposibles en el campo probatorio (…)”

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  1. Las actividades delictivas de las cuales se genera el incremento patrimonial no justificado, no implica que deba existir una sentencia condenatoria respecto de esa misma persona u otra para su constatación, pues bastará la valoración realizada por el juzgador para determinar si esa conducta precedente goza de tales características, de allí deriva precisamente el carácter especial y autónomo de este tipo penal. 
  1. En virtud de la expresión “no justificado” que trae el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particular, y como manifestación del derecho de defensa, el imputado es quien debe aportar los elementos suficientes para controvertir la validez o capacidad de convencimiento de las pruebas presentadas por la fiscalía, a quien le corresponde probar el hecho típico, antijurídico y culpable, ello no implica una inversión de la carga probatoria, por el contrario, bajo la aplicación excepcional del principio de la carga dinámica de la prueba, y bajo ciertos criterios lógicos y racionales, es el imputado quien se encuentra en mejor posición, no de probar sino de desvirtuar, lo alegado por el ente acusador, pues ciertos elementos cognoscitivos y probatorios radican únicamente en su poder, como ciertamente lo es, la justificación del patrimonio porfiado.