20140004306(14-11-2018) Non Bis In Idem

FICHA BUENAS PRÁCTICAS

Magistrado Ponente: Dagoberto Hernández Peña
Radicación: 110013107001201400043 06
Procedencia: Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá
Procesados; Jaime Rodríguez Mondragón, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, María Teresa Quiazua Espinel, Rafael Guillermo Arjona Alvarado, y Julio César Muñoz Cortes
Motivo de la alzada: Apelación sentencia condenatoria
Decisión: Confirma Aprobado
Fecha: noviembre catorce de dos mil dieciocho

TEMAS:

Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, non bis in ídem, cooperación internacional, acuerdos del acusado con autoridades extranjeras, dictámenes contables.

SUBTEMAS:

1. el principio non bis in ídem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad.

EXTRACTOS:

– “El articulo 29 CP, consagra los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso. Siendo esta la verdadera razón por la cual fue incorporada en los, tantas veces mencionados por los recurrentes, acuerdos suscritos con el gobierno norteamericano por 28 familiares de los hermanos Rodríguez Orejuela.”
– “el gobierno de los Estados Unidos removería de la lista OFAC a los 28 miembros de la familia que suscribieron el acuerdo. Esto se cumplió a cabalidad. Adicionalmente, la fiscalía norteamericana se comprometía a no procesar a ninguno de los miembros de la familia afectados por violaciones de lavado de dinero en las entidades de los Rodríguez Orejuela enumeradas en la lista OFAC (EXHIBIT A).”
– “Por consiguiente, la mención que a la norma Superior se hizo en el – acuerdo,, no tenía como propósito evitar que los allí firmantes eventualmente fueran procesados en Colombia; lo que se buscó fue no comprometer el ordenamiento jurídico ya que estaban adquiriendo como deber ante las autoridades norteamericanas, la renuncia del derecho a la defensa y el debido proceso en las actuaciones de extinción de dominio que se les adelantaría conforme al cumplimiento de la entrega de sus bienes y activos, dejación admitida ante la justicia americana por los 28 familiares de los Rodríguez Orejuela”
– “Procesos judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, que sus nombres, los de 28 familiares, y, las empresas de su propiedad estaban cuestionados por vinculación a la aludida actividad ilícita. Que COOPSERVIR Ltda., escogida para figurar como adquirente del emporio Drogas La Rebaja, no tenía capacidad patrimonial para hacerse a la compañía. Que al ser incluida en la lista Clinton esa cooperativa, se crearon otras y se firmaron contratos de mandato con el propósito de seguir administrando el capital proveniente del narcotráfico y no perder las jugosas ganancias así alcanzadas. Regencia que se materializó a través de la prenda sin tenencia y la vigilancia permanente mediante informes recibidos trimestralmente, como afirmó JAIME RODRIGUEZ MONDRAGON”

BUENAS PRÁCTICAS:

1. El representante de la Fiscalía ante un caso complejo logró desenmascarar el entramado de operaciones financieras entre cooperativas que se creaban y desaparecían una y otra vez, así como de cuentas bancarias, para seguir desde el origen ilícito, la trazabilidad de los recursos utilizados en la operación del delito de Receptación, Legalización y Ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales.

2. Fue muy importante el análisis económico y financiero de las cooperativas y empresas involucradas, realizado por los peritos forenses contables, quienes mediante sus conclusiones lograron determinar las inyecciones de capital ilícito camufladas como recapitalizaciones y otras inconsistencias que dieron solidez en la demostración de la teoría del caso.

3. En este caso fue muy determinante la cooperación judicial internacional para allegar la prueba documental de la actividad del narcotráfico como delito subyacente.

4. El acuerdo entre el acusado y una autoridad extranjera para abstenerse de investigar penalmente la familia de aquel en ese país extranjero o contribuir no ejerciendo el derecho de contradicción en proceso de extinción de dominio, no impide que alguien de la familia del acusado sea investigado por hechos punibles ocurridos en Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales el país del acusado, por tanto no viola el principio de non bis in ídem porque tal condicionamiento no fue celebrado con las autoridades del país del acusado.

201400042(21-10-2015) Preacuerdo Comiso – ED

FICHA BUENAS PRÁCTICAS

Tribunal Superior De Bogotá Sala De Extinción De Dominio
Magistrado Ponente: William Salamanca Daza
Radicado: 110016099067201400042 01
Procedencia: Juzgado 5º Penal Del Circuito Especializado De Bogotá
Procesado: Diego Fernando González Cruz
Asunto: Apelación Sentencia
Decisión: Revoca Y Ordena El Comiso
Bogotá, D.C., Octubre Veintiuno (21) De Dos Mil Quince (2015)

TEMAS:
Lavado De Activos, Enriquecimiento ilícito, bienes de comiso, extinción de dominio, competencia.

SUB-TEMAS:
1. Dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, y en consecuencia sigan ciertos actos procesales de notificación a sujetos determinados o indeterminados que puedan tener interés en este.

EXTRACTOS:
– “Resulta necesario recabar en que, contrario a lo sostenido en el fallo atacado, la figura de comiso de bienes dista de las causales previstas en la Ley 1708 de 2004, teniendo en cuenta el tema fue claramente previsto en la Legislación Penal, tanto en el Catálogo punitivo como en la Codificación adjetiva que señala que ha de entenderse que los bienes a que hace referencia el artículo 82 son aquellos incautados u ocupados con fines de comiso, como en el caso sub judice.”
– “el Juez 31 con función de control de garantías de Bogotá, impartió legalidad a la incautación de los referidos bienes con fines de comiso, lo cual significa que el procedimiento acogió absoluta validez para ese momento procesal y las medidas proferidas sobre las cosas incautadas tenían un carácter eminentemente preventivo y provisional.”
– “El decomiso penal. se ha definido como una sanción ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible, pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales
se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito1.”
– “Así las cosas, si dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, deriva incontrastable que tal decisión debió estar precedida de esas reglas que comportan un proceso como es debido, esto es, que en forma diligente los servidores públicos competentes debieron haber realizado las gestiones a su alcance a fin de notificar a todos los que pudieran tener algún derecho sobre la cosa para que, si a bien lo tenían, acudieran a hacer valer sus pretensiones dentro de un debate contradictorio, con igualdad de oportunidades2, como en efecto se advierte pues por ello, es que el propietario del rodante se acercó a reclamar su propiedad.”
– “Por lo anterior, resta decir que con la decisión proferida por el Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de trasladar a otra Sede Judicial el pronunciamiento sobre los bienes incautados pese a que tiene plena competencia para ello-, representa la afectación de principios y valores de la esencia del procedimiento penal vigente, no garantiza la economía procesal, genera un desgaste mayúsculo para la Administración de Justicia, y se torna ajena al sistema acusatorio, como la pronta y cumplida justicia, y la solución de conflictos sociales generados con el delito.”

BUENAS PRÁCTICAS:
1. Los bienes que tengan relación directa o indirecta con el delito ya sea que sirvan como medio, instrumento o que provengan de su ejecución y se legalice su incautación con fines de comiso por el Juez Municipal con Funciones de Control de Garantías, en la audiencia correspondiente, dicho bien se encuentra vinculado en dicho proceso penal y su situación jurídica definitiva del comiso ha de resolverse en el mismo.
2. No es procedente en la sentencia penal, compulsar copias para de nuevo investigar un bien en extinción de dominio, que ha sido incautado con fines de comiso, porque con ello se evitaría el desgaste de la administración de justicia, lo cual atentaría contra el principio economía procesal.
1 Sentencia C-459 de junio 1º de 2011.
2 Casación 32.452 del 28 de Octubre de 2009.

20100000246(08-10-2014) Prueba indirecta (No toda circunstancia la configura)

FICHA BUENAS PRÁCTICAS

 

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL – EXTINCIÓN DE DOMINIO.

MAGISTRADO PONENTE: MARIA IDALI MOLINA GUERRERO

Radicado: 1100107040082010000024-6

Procedencia: Juzgado 8° Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Procesado:           Jorge Enrique Jiménez Urrego; Carmen Rosa Jiménez Urrego; José Reinaldo Jiménez Martinez.

Decisión: Confirma

 Bogotá D. C., Octubre ocho (8) de dos mil catorce (2014).

 

TEMAS: 

Lavado de activos; Prueba indirecta: No cualquier circunstancia la configura.

 

EXTRACTOS: 

  • “Las investigaciones llevadas a cabo le permitieron concluir al órgano fiscal que, las personas dedicadas a esta actividad se valían de empresas legalmente constituidas para realizar operaciones aparentemente ilícitas de arbitraje internacional de divisas, lo que les permitió adquirir, administrar, transportar y transformar recursos de origen espurio con el propósito de darles apariencia de legalidad.”
  • “Correspondió al Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C, adelantar la fase del juicio, Despacho que luego de celebrada la audiencia pública, mediante sentencia del 7 de septiembre de 2012, absolvió a los coprocesados JORGE ENRIQUE JIMENEZ URREGO, CARMEN ROSA JIMENEZ URREGO, JOSE REINALDO JÍMENEZ MARTÍNEZ, JAIME BRONSTEIN TISMINESKY, FRANKLIN ANTONIO LADINO LEYTON y ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON del delito de Lavado de Activos r el que habían sido objeto de acusación.”
  • “Por todo lo anterior, concluyó el a quo, la Fiscalía General de la Nación no probó el delito subyacente al de Lavado de Activos a JORGE ENRIQUE JIMENEZ URREGO, CARMEN ROSA JIMENEZ URREGO, JOSE REINALDO JÍMENEZ MARTÍNEZ, JAIME BRONSTEIN TISMINESKY, FRANKLIN ANTONIO LADINO LEYTON y ERICK ALEXANDER LADINO LEYTON, solo señaló indicios generales que se derruyen con la misma prueba por ella practicada y suscitan serias dudas sobre la tipicidad de la conducta punible acusada. Así, en aplicación del principio de in dubio pro reo absolvió a los mencionados acusados.”
  • “La providencia anterior fue recurrida por el Fiscal 22 Especializado para que se revoque la absolución de los sindicados JORGE ENRIQUE JIMÉNEZ URREGO (…) Considera que las motivaciones de la sentencia son limitadas en lo que tiene que ver con el entendimiento de las características y tipicidad del punible de Lavado de Activos, así como de la interpretación y valoración del acervo probatorio, a pesar de ser éste abundante y capaz de colmar los presupuestos de un fallo de carácter condenatorio, para lo cual deben valorarse los indicios que el juzgado de primera instancia desestimó como medios de prueba.”
  • No basa entonces el Delegado Fiscal su argumentación en prueba directa sobre el origen de los recursos de la compañía Firmesa de Colombia y la que dice es indirecta o indiciaria, dígase desde ya, se constituye en presunciones o conjeturas insulares producto de su particular criterio que apunta simplemente a su interés en que se revoque la sentencia absolutoria (…)”

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

  1. Si bien el delito de lavado de activos tiene un carácter autónomo, y no se requiere demostrar la existencia de una sentencia condenatoria que acredite alguna de las actividades ilícitas previstas en la tipificación, es importante resaltar que no toda circunstancia o situación puede ser considerada como un indicio demostrativo del delito base o subyacente: Así por ejemplo, en el presente caso, el proceso que cursó 22 años atrás en Alemania contra uno de los procesados por tráfico de estupefacientes; el proceso penal que cursó ante la Fiscalía General de la Nación por exportaciones ficticias, concierto para delinquir y falsedad contra algunos de los procesados y el proceso penal en curso por manejo irregular de divisas en contra de la hermana de uno de ellos, entre otros, son circunstancias que estudiadas una a una, objetivamente y con relación a las hipótesis fácticas del proceso, no alcanzan a ser consideradas como indicios a partir de los cuales se pudiese constatar el delito subyacente del lavado de activos endilgado.

 

Lo anterior por cuanto el proceso en Alemania culminó en una sentencia absolutoria y no tiene una conexión lógica con los hechos del proceso; la investigación por exportaciones ficticias y otros delitos culminó con la prescripción de la acción penal y la presunción de inocencia no fue desvirtuada; y el proceso en contra de la hermana de uno de los procesados se encontraba vigente sin decisión definitiva, pero aún en el caso de que fuera condenada, la responsabilidad atribuible a dicha persona no puede ser trasladada a los procesados de este proceso, de tal forma que en conclusión, no hubo una debida construcción de la prueba indiciaria en este caso.