CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

 

 

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Magistrado Ponente

 

SP4366-2015

Radicación N°38179

(Aprobado Acta No.134)

 

 

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince  (2015).

 

 

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el defensor de CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Cúcuta el 31de agosto de 2011, mediante la cual confirmó  la proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad el 31 de agosto de 2010, que condenó al procesado por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

 

Hechos

 

 

El 14 de agosto de 2007, unidades del ejército nacional adscritas a la Trigésima Brigada con sede en Cúcuta, captaron una comunicación entre integrantes de la banda criminal “Águilas Negras”, que informaba que un integrante de esa organización criminal, que había sufrido una caída en los enfrentamientos sostenidos el día anterior con el ejército, se desplazaba por la carretera que comunica a Tibú con Cúcuta, en un camión transportador de leche, en busca de atención médica.

 

Con el fin de verificar la información, el ejército instaló un retén en la Vereda Villanueva, Jurisdicción del Municipio de Tibú, logrando la captura de CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ, quien aceptó pertenecer a la organización armada  “Águilas Negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, desde hacía tres meses, donde le pagaban $400.000 mensuales.

 

 

Actuación procesal relevante

 

 

  1. La fiscalía vinculó al proceso mediante indagatoria a CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ, y el 22 de abril de 2008 calificó el sumario con resolución de acusación en su contra por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tipificado en el artículo 345 del Código Penal (modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006), a título de coautor impropio, decisión que causó ejecutoria el 22 de mayo siguiente, fecha en la cual la fiscalía negó el recurso de reposición interpuesto por la defensa en su contra.[1]

 

  1. Rituado el juicio, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, mediante sentencia fechada el 31 de agosto de 2010, condenó a CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ a la pena principal de 13 años de prisión y multa equivalente a 1.300 s.m.l.m.v., y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito imputado en la acusación.[2]

 

  1. Apelado este fallo por el procesado y su defensor, el Tribunal Superior de Cúcuta, mediante el suyo de 31 de agosto de 2011, que ahora la defensa recurre en casación, lo confirmó en todas sus partes.[3]

 

 

La demanda

 

 

Contiene un cargo contra la sentencia por violación directa de la ley sustancial, derivada de la aplicación indebida del artículo 345 del Código Penal, que tipifica el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y la falta de aplicación del artículo 340 ejusdem inciso segundo, que describe el delito de concierto para delinquir agravado.

 

Sostiene que la conducta desarrollada por el procesado nada tiene que ver con el supuesto fáctico previsto por el tipo penal que describe el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y que los fallos desconocen el principio de legalidad al ubicar la conducta en esta  disposición, y no en el tipo penal que define el concierto para delinquir.

 

Argumenta que la imputación fáctica que se le hace es simplemente de pertenecer al grupo ilegal, conducta que no se aviene con lo previsto en el delito por el cual se condena, porque la investigación no probó que estuviera dedicado a entregar, recibir, proveer, recolectar, administrar, aportar, custodiar o guardar fondos, bienes  recursos del grupo armado ilegal, ni mucho menos, que financiara o apoyara económicamente sus actividades.

 

Sustentado en estas consideraciones, solicita a la Corte casar parcialmente el fallo impugnado, para modificarlo en el sentido de condenar por el delito de concierto para delinquir agravado.

 

 

Concepto del Ministerio Público.

 

 

El Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal estima que el cargo no está llamado a prosperar. Sostiene, después de referirse al principio de legalidad y de citar jurisprudencia de la Sala sobre el contenido y alcance del tipo penal que describe el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos  relacionados con actividades terroristas, que la conducta investigada se enmarca dentro del concepto de apoyo que la norma sanciona, y que ningún error se cometió al imputar y condenar por este punible.

 

Recuerda que el acusado reconoció, en la indagatoria, que tenía tres meses de pertenecer a las “Águilas Negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, que hacía vigilancia en la frontera con Venezuela para que la guerrilla no pasara hacia Colombia, que portaba camuflado y un M16 con tres proveedores, y que el día anterior a su captura estuvo haciendo patrullaje en esa zona, actividades que son clara expresión del apoyo que prestaba a la organización, entendido éste como la acción de “basar, fundar, favorecer, patrocinar, ayudar, confirmar, probar, o sostener alguna opinión o doctrina”, según lo define el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

 

No existe duda, entonces, de que se está en presencia del autor de un delito de financiación del terrorismo y de administración de recursos relacionados con actividades terroristas, pues, como ya se dijo, el mismo procesado manifestó pertenecer a la banda criminal “Águilas Negras”, donde asumió el rol de patrullero, “actividad de suma importancia como quiera que garantizaba la presencia y control territorial, comportamiento que es catalogado como apoyo al grupo ilegal; en consecuencia tiene suficiente entidad la colaboración y apoyo en la presencia de la organización ilegal, además de la sensación de temor que produce a la comunidad la sola pertenencia e identidad de éstas”.

 

Sostiene, luego de reflexionar sobre la noción penal de autor, que en el presente caso se está ante un auténtico autor de la conducta delictiva de financiación del terrorismo, puesto que el procesado realizó uno de los verbos rectores incluidos en la norma, como es apoyar, “cuyo significado en el contexto del tipo penal, advierte actos determinantes, para la consumación del comportamiento pues de su presencia se establece la existencia del tipo penal por tener dominio funcional del hecho”.

 

En síntesis, la premisa a partir de la cual el libelista pretende demostrar el reproche resulta insuficiente, por cuanto el procesado fue condenado por el delito tipificado en el artículo 345, calificación que se aviene con la  situación fáctica, pues “no allegó los medios de convicción propios para demostrar lo contrario de la decisión objeto de reproche, por cuanto desde la misma aceptación de cargos el procesado admitió pertenecer al grupo armado ilegal y la labor allí desplegada, además de portar elementos e insignias que lo identificaban con esa agrupación, era apoyar las actividades delictivas del grupo, no se aprecia mínima duda de la actividad delincuencial al margen de la ley por la que le fue tipificada la conducta objeto de condena”.

 

 

SE CONSIDERA

 

 

El demandante tiene razón cuando sostiene que los hechos investigados no son constitutivos del delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, sino de concierto para delinquir agravado, y que la sentencia, por tanto, viola directamente la ley sustancial por aplicación indebida del artículo 345 del Código Penal (modificado por el 16 de la Ley 1121 de 2006), y falta de aplicación del artículo 340 ejusdem (modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002 y 19 de la Ley 1121 de 2006).

 

Con el fin de mostrar el error en que incurrieron los juzgadores y dar respuesta a las consideraciones del Procurador Delegado para la Casación Penal, quien se orienta por el mantenimiento de la sentencia impugnada, la Sala se referirá primero al ámbito de protección del tipo penal que define el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tipificado en el artículo 345 del código Penal (con la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006), y  luego analizará los hechos que los fallos declararon probados y su adecuación típica.

 

 

Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

 

 

Este delito, con la modificación introducida por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006, vigente cuando ocurrieron los hechos investigados (año 2007), tiene la siguiente estructura típica,

 

«ARTÍCULO 345. MODIFICADO POR LA LEY 1121/2006, ARTÍCULO 16: Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros,  o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.»[4]

 

Para la correcta comprensión del sentido y alcance de esta disposición, debe tenerse presente, ante todo, que su contenido típico derivó de la necesidad de enfrentar a las estructuras económicas y financieras de los grupos armados ilegales y las organizaciones terroristas, y que todas las conductas que la norma describe están por tanto orientadas a prevenir y sancionar comportamientos  vinculados con el cumplimiento de actividades de esta naturaleza.

 

Específicamente se ocupa de sancionar conductas relacionadas con el manejo de fondos, bienes o recursos de estas organizaciones criminales, y con la financiación o apoyo económico de sus actividades, o de las personas que los integran, caracterización que la hace inconfundible con otros tipos penales, como ya lo ha subrayado la Corte en oportunidades anteriores,

 

«[…] importa destacar que el tipo penal solo se ocupa de sancionar conductas vinculadas con las actividades de administración de bienes de los grupos armados al margen de la ley, o de grupos terroristas nacionales o extranjeros, y comportamiento relacionados con su financiación, o la financiación de sus actividades o el apoyo económico de las personas que lo integran» (CSJ, sentencia de 23 de febrero de 2011, radicado 31464).

 

“[…] en cuanto a su ámbito de protección se encuentra orientado a sancionar la administración de dinero o bienes, lo cual supone desarrollar conductas complejas y de importantes decisiones sobre tales objetos, pues comporta las actividades de administración de bienes de los grupos al margen de la ley, o de grupos terroristas nacionales o extranjeros, y comportamientos relacionados con su financiación, o la financiación de sus actividades o el apoyo económico de las personas que los integran…” (CSJ, SP13290-2014, radicado 40401).

Su estructura típica, ha dicho igualmente la Sala, consta de dos partes. Una inicial donde describe varias modalidades comportamentales referidas a actividades relacionadas con los fondos, bienes o recursos de estos grupos, a través de los verbos rectores proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar y guardar. Y otra donde  alude a la promoción, organización,  apoyo, mantenimiento, financiación, y sostenimiento  económico, que por cualquier otro medio se le preste a estas organizaciones, a sus actividades, o a sus miembros (CSJ, 23 de febrero de 2011, radicado 31464 y CSJ, SP13938-2014, radicado 41253).

 

El apoyo al que se refiere la norma en su segunda parte, no es comprensivo de cualquier clase de auxilio o ayuda, sino sólo del que tenga contenido económico, condición que igualmente deben cumplir las actividades de promoción, organización, mantenimiento, sostenimiento y financiación, que la disposición paralelamente regula, pues, como ya se dijo,  lo que se busca a través de este tipo penal es combatir las estructuras financieras y económicas de estas bandas criminales.

 

Situación similar se presenta con las actividades vinculadas al manejo de los fondos, bienes o recursos de estas organizaciones, que la norma tipifica en su primera parte a través de los verbos proveer, recolectar, entregar, recibir, administrar, aportar, custodiar y guardar, las cuales, por las mismas razones, deben tener connotación económica o financiera.

Los hechos probados 

 

 

Los fallos declararon probado que CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ perteneció durante varios meses a la banda criminal “Las Águilas Negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, y que su accionar dentro de la misma consistió  en realizar actividades de patrullaje en la zona de frontera con la República de Venezuela, para lo cual fue dotado de un camuflado, un fusil M16 y tres proveedores.

 

 

Calificación jurídica de los fallos de instancia

 

 

Los juzgadores subsumieron este comportamiento en el artículo 345 del Código Penal (modificado por el artículo 16 de la Ley 1121 de 2006), que describe y sanciona el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, por considerar que el accionar del procesado constituía, de una parte, una labor de apoyo a la organización, y de otra, que actualizaba la hipótesis alternativa consistente en recibir bienes, que la norma preveía en su primera parte.

 

Los siguientes apartes del fallo de primera instancia, que el Tribunal Superior y el Procurador Delegado acogen sin reservas, muestran con claridad el criterio que acompañó el proceso de adecuación típica,

 

“[…] en su indagatoria admitió el acusado conformar el grupo ilegal denominado ÁGUILAS NEGRAS desde hacía tres meses, desempeñando dentro del mismo el rol de patrullero, para cuyo desempeño portaba un camuflado y utilizaba un arma M16 con tres proveedores que ellos le suministraron, elementos que indiscutiblemente son bienes muebles de propiedad de la aludida organización, los que recibió al momento de ser encargado por sus superiores de realizar la labor ejercida para ellos en el momento de su captura, así como también es indiscutible que el hecho de servir de patrullero, no puede ser catalogado en forma diferente a una importante forma de apoyo prestado a la aludida organización y no de poca monta, pues como la experiencia judicial nos lo enseña, son éstos quienes se enteran de que personas del sector son afectos a la guerrilla o miembros de la misma, reporte en el que basan sus superiores sus criminales determinaciones de cesar (sic) sus vidas.

 

«Hago la anterior observación, utilizando, para mayor claridad, las negrillas tanto al acopiar en forma textual la norma como al adecuarla al caso concreto, ya que en mi criterio se extrae de la indagatoria del implicado, sin lugar a equívoco alguno, que en efecto, recibió y utilizó bienes muebles de propiedad de la organización delincuencial ÁGUILAS NEGRAS de la cual dijo formar parte activa, siendo tal labor de apoyo brindado, el cual si bien no significa mando y disposición de bienes y enseres, si es importante para el sostenimiento y la viabilidad del grupo, pues como sabemos bien, son estos integrantes, repito, los encargados de reportar a sus superiores la presunta presencia de subversivos o sus colaboradores, con las funestas consecuencias que ello trae consigo…»[5] (Las negrillas pertenecen al texto transcrito).

 

 

Error en la calificación jurídica de la conducta

 

 

El casacionista tiene razón cuando sostiene que la calificación jurídica realizada por la fiscalía y los fallos de instancia es equivocada, pues, como ya se indicó, el apoyo que reclama la estructura típica de la norma no es  cualquier apoyo, sino sólo el de contenido económico o financiero.

 

Los juzgadores y el Procurador Delegado para la Casación Penal, incurrieron en el error de desvincular la acción del compendio normativo y su teleología, al analizar, en forma totalmente aislada, la expresión apoyar, lo cual los llevó a concluir, equivocadamente, que el simple aporte del recurso humano para el cumplimiento de los fines de la organización, o de cualquiera otra clase de apoyo material, actualizaba el comportamiento típico.

 

Y en el mismo error incurrieron al considerar que el  hecho de recibir un uniforme, un fusil y tres proveedores para el adelantamiento de las actividades de la empresa criminal, quedaba también comprendido dentro del ámbito de protección de la norma, dejando de lado que las modalidades conductuales que la disposición prevé en su primera parte están igualmente vinculadas a la exigencia  que se desarrollen dentro del  marco de apoyo a la logística financiera o económica de la organización.

 

 

Norma dejada de aplicar

 

 

El demandante acierta también cuando afirma que la conducta imputada a CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ se subsume en el artículo 340 inciso segundo del Código Penal (modificado por los artículos 8° de la Ley 733 de 2002 y el artículo 19 de la Ley 1121 de 2006), que describe el concierto para delinquir agravado, y que los juzgadores incurrieron en un error adicional al dejar de aplicar esta norma, cuyo texto dice,

 

“Art. 340. Modificado por la Ley 733/2002, artículo 8°.  Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

 

Modificado Ley 1121 de 2006, artículo 19. Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o financiamiento de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

“La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir”.

 

La Corte tiene dicho que para la estructuración de este delito es necesario, (i) que varias personas se concierten con el propósito de cometer delitos, (ii) que la organización tenga vocación de permanencia, y (iii) que ponga en peligro o altere la seguridad pública.

 

Estos presupuestos se cumplen a cabalidad en el caso que se estudia, pues el procesado es acusado de pertenecer a la banda  “Águilas Negras” de las Autodefensas Unidas de Colombia, una organización criminal, con vocación de permanencia, conformada para cometer toda clase de delitos, entre los que se cuentan los relacionados en su inciso segundo.

 

El cargo prospera

 

 

Decisión y principio de congruencia.

 

 

La prosperidad de la censura impone anular la condena por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, y dictarla por el de concierto para delinquir agravado, con las modificaciones punitivas que la nueva tipificación demanda.

 

Como esto implica condenar por un delito distinto del que fue imputado en la acusación, con compromiso del principio de congruencia, es necesario determinar si para el caso concurren las condiciones bajo las cuales es posible, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, dictar fallo de sustitución, tratándose de una disconformidad de carácter  estrictamente jurídico.

 

Estas exigencias, frente al procedimiento bajo el cual se reguló este asunto,  se reducen a cuatro, (i) que la nueva imputación respete el núcleo fáctico de la acusación, (ii) que se proceda por delitos del mismo género, (iii) que no implique agravación de la situación jurídica del procesado, y (iv) que no afecte los derechos fundamentales de otros sujetos intervinientes.

 

Todas estas condiciones se cumplen en el caso analizado, pues, (i) el núcleo fáctico de la acusación es comprensivo de los hechos que sirven de sustento para la condena por el delito de concierto para delinquir (pertenencia a la organización criminal), (ii) ambos tipos penales atentan contra el bien jurídico de la seguridad pública, (iii) las penas para el delito de concierto para delinquir son más benignas, y (iv) no se advierte que la variación de la calificación jurídica afecte garantías fundamentales de otros sujetos procesales.

 

 

Redosificación de la pena

 

 

El delito de concierto para delinquir agravado se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad de ocho (8) a dieciocho (18) años de prisión y multa de dos mil setecientos (2.700) a treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por lo que los ámbitos punitivos de movilidad para efectos de la tasación de la pena son como siguen:

 

PRISIÓN:

 

Primer cuarto     :      96 meses           A               126 meses

Segundo cuarto  :     126 meses exclusive     A     156 meses

Tercer cuarto      :     156 meses exclusive     A     186 meses

Cuarto máximo   :     186 meses exclusive      A    216 meses

 

 

MULTA:

 

Primer cuarto      :    2700                A              9525

Segundo cuarto   :    9525    exclusive     A     16350

Tercer cuarto       :   16350  exclusive      A     23175

Cuarto máximo   :   23175   exclusive      A     30000

 

El juzgado de conocimiento al dosificar la pena para el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la fijó en  13 años de prisión y multa de 1.300 s.m.l.m.v., que corresponde al mínimo legal. Siguiendo el mismo criterio, la Corte aplicará el mínimo de la pena privativa de libertad para el delito de concierto para delinquir agravado, que equivale a 96 meses de prisión, pero la multa la mantendrá en 1.300 s.m.l.m.v., teniendo en cuenta que el mínimo previsto para el delito por el que se condena es mayor (2.700 s.m.l.m.v.). y que de aplicarse, se violaría la prohibición de reforma en peor.  En el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad se fija la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas.

 

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, oído el concepto del Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal,  administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

 

 

RESUELVE

 

 

  1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada.

 

  1. Dejar sin efecto la condena por el delito de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

 

  1. Condenar a CARLOS CÉSAR CORRALES IBÁÑEZ a la pena principal de noventa y seis (96) meses de prisión y multa equivalente a mil trescientos (1.300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado.

 

 

  1. En lo demás, el fallo no sufre variaciones.

 

Contra esta decisión no proceden recursos.

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.

 

 

 

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

EYDER PATIÑO CABRERA 

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

 

 

 

 

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria

 

 

 

 

 

 

 

[1] Folios 26-28, 50-51, 110-122, 141-143 del cuaderno original 1.

[2] Folios 227-238 del cuaderno original 2.

[3] Folios 8-25 del cuaderno del tribunal.

[4] Este tipo penal fue modificado después por el artículo 16 de la Ley 1453 de 2011, para ampliar su cobertura, en el sentido de incluir en su enunciado y su texto la financiación y la administración de recursos de los grupos de delincuencia organizada.

[5] Página 6 del fallo de primera instancia.