FICHA BUENAS PRÁCTICAS

Magistrado Ponente: Dagoberto Hernández Peña Radicación: 110013107001201400043 06

Procedencia: Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá

Procesados; Jaime Rodríguez Mondragón, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, María Teresa Quiazua Espinel, Rafael Guillermo Arjona Alvarado, y Julio César Muñoz Cortes

Motivo de la alzada: Apelación sentencia condenatoria Decisión: Confirma Aprobado

Fecha: noviembre catorce de dos mil dieciocho

 

TEMAS:

Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, nulidad, presunción de inocencia, nom bis in ídem, cooperación internacional, medios probatorios, principio de contradicción

SUBTEMAS:

  1. El principio de contradicción, ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, no se agota con el contrainterrogatorio de los testigos, también se ejerce cuando se pide la prueba, se critican éstas en sí mismas y con relación al resto de material probatorio, se impugnan las decisiones, y se presentan alegatos, entre otras muchas actividades
  2. el principio non bis in ídem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad.

 

EXTRACTOS:

  • “Aunque el ordenamiento jurídico nacional no ha dispuesto que la prueba de la responsabilidad penal de un acusado deba ser solo directa o que una declaratoria de responsabilidad penal apoyada en prueba indiciaria plantee el desconocimiento de la proscripción de la responsabilidad objetiva; en este caso, además, se cuenta con él respaldo probatorio contenido en las declaraciones de Alberto Pallomari y Daniel Serrano.”
  • “Adicionalmente ha de advertirse, esa misma norma constitucional, articulo 29 CP, consagra los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso. Siendo esta la verdadera razón por la cual fue incorporada en los, tantas veces mencionados por los recurrentes, acuerdos suscritos con el gobierno norteamericano por 28 familiares de los hermanos Rodríguez Orejuela.”
  • “el gobierno de los Estados Unidos removería de la lista OFAC a los 28 miembros de la familia que suscribieron el acuerdo. Esto se cumplió a cabalidad. Adicionalmente, la fiscalía norteamericana se comprometía a no procesar a ninguno de los miembros de la familia afectados por violaciones de lavado de dinero en las entidades de los Rodríguez Orejuela enumeradas en la lista OFAC (EXHIBIT A).”
  • “Por consiguiente, la mención que a la norma Superior se hizo en el – acuerdo,, no tenía como propósito evitar que los allí firmantes eventualmente fueran procesados en Colombia; lo que se buscó fue no comprometer el ordenamiento jurídico ya que estaban adquiriendo como deber ante las autoridades norteamericanas, la renuncia del derecho a la defensa y el debido proceso en las actuaciones de extinción de dominio que se les adelantaría conforme al cumplimiento de la entrega de sus bienes y activos, dejación admitida ante la justicia americana por los 28 familiares de los Rodríguez Orejuela”
  • “Postulado que. Incluso, es el que ahora impera en el nuevo sistema, pues la Corte Suprema de Justicia al reexaminar el punto al que llegó en las sentencias de casación del 7 de septiembre de 2011 y del 26 de noviembre de 2011, sin discutir que los principios de concentración e inmediación, en cuanto soporte del principio de oralidad, son parte sustancial del sistema penal acusatorio concluyó que no es posible mantener una regla rígida de repetición del juicio en los casos en que la persona del juez que presenció las pruebas en las cuales se basa la sentencia, no sea la misma que anuncia el sentido del fallo y profiere la sentencia ”
  • “La denominada «prueba indiciaría», permite que el conocimiento pueda alcanzarse a partir de un solo dato (hecho indicador) de donde deriva una determinada conclusión. Propósito que puede lograrse en virtud de la convergencia y concordancia de datos que, aisladamente considerados, no podrían servir de respaldo suficiente a la respectiva tesis”
  • “Procesos judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, que sus nombres, los de 28 familiares, y, las empresas de su propiedad, estaban cuestionados por vinculación a la aludida actividad ilícita. Que COPSERVIR Ltda, escogida para figurar como adquirente del emporio Drogas La Rebaja, no tenía capacidad patrimonial para hacerse a la compañía. Que al ser incluida en la lista Clinton esa cooperativa, se crearon otras y se firmaron contratos de mandato con el propósito de seguir administrando el capital proveniente del narcotráfico y no perder las jugosas ganancias así alcanzadas. Regencia que se materializó a través de la prenda sin tenencia y la vigilancia permanente mediante informes recibidos trimestralmente, como afirmó JAIME RODRIGUEZ MONDRAGON”

 

BUENAS PRÁCTICAS:

  1. Se hizo un análisis profundo sobre cada una de las situaciones alegadas por la defensa, en la búsqueda de persuadir a la justicia Colombia, a pesar del intento de acudir al principio non bis in ídem por los acuerdos realizados con la justicia norteamericana con respecto a los familiares de los acusados, se demuestra que no se habla una misma situación jurídica por lo que no se infringe el
  2. Se analiza la debilidad patrimonial de los dueños, este es el factor que llama la atención de las autoridades para iniciar el proceso de investigación a Drogas Las Rebaja Ltda, dicho proceso fue tan complejo que comprendió de cooperación internacional, búsqueda de la lista Clinton, las numerosas veces en las que se abran y cerraban cuentas bancarias, en donde se creaban cooperativas para no perder el capital proveniente de estupefacientes, con esto descartó toda duda razonable y se atacó o desdibujó la presunción de inocencia que poseen los procesados, que argumentaban su actuación dentro del ordenamiento jurídico, y alegaban ignorancia del origen del dinero, cuando en las diferentes pruebas allegadas se demuestra lo contrario.
  3. Con todo lo anterior no se permitió una obstrucción al orden económico y social del estado sin consecuencia alguna