FICHA BUENAS PRÁCTICAS

Magistrado Ponente: Dagoberto Hernández Peña
Radicación: 110013107001201400043 06
Procedencia: Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Bogotá
Procesados; Jaime Rodríguez Mondragón, Juan Carlos Muñoz Rodríguez, Amparo Arbeláez Pardo, María Fernanda Rodríguez Arbeláez, Juan Miguel Rodríguez Arbeláez, María Teresa Quiazua Espinel, Rafael Guillermo Arjona Alvarado, y Julio César Muñoz Cortes
Motivo de la alzada: Apelación sentencia condenatoria
Decisión: Confirma Aprobado
Fecha: noviembre catorce de dos mil dieciocho

TEMAS:

Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales, non bis in ídem, cooperación internacional, acuerdos del acusado con autoridades extranjeras, dictámenes contables.

SUBTEMAS:

1. el principio non bis in ídem, según el cual, no puede juzgarse dos veces igual causa, esto es, no es viable investigar, enjuiciar o castigar a una persona más de una ocasión por el mismo motivo, pues, ello, en últimas, atenta severamente contra el principio de proporcionalidad, habida cuenta que la imposición de una doble sanción por una sola acción reprobada normativamente, conduciría a reprochar un hecho, excediendo el ámbito de retribución legal y forjando en el ciudadano la idea de injusticia e inseguridad.

EXTRACTOS:

– “El articulo 29 CP, consagra los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso. Siendo esta la verdadera razón por la cual fue incorporada en los, tantas veces mencionados por los recurrentes, acuerdos suscritos con el gobierno norteamericano por 28 familiares de los hermanos Rodríguez Orejuela.”
– “el gobierno de los Estados Unidos removería de la lista OFAC a los 28 miembros de la familia que suscribieron el acuerdo. Esto se cumplió a cabalidad. Adicionalmente, la fiscalía norteamericana se comprometía a no procesar a ninguno de los miembros de la familia afectados por violaciones de lavado de dinero en las entidades de los Rodríguez Orejuela enumeradas en la lista OFAC (EXHIBIT A).”
– “Por consiguiente, la mención que a la norma Superior se hizo en el – acuerdo,, no tenía como propósito evitar que los allí firmantes eventualmente fueran procesados en Colombia; lo que se buscó fue no comprometer el ordenamiento jurídico ya que estaban adquiriendo como deber ante las autoridades norteamericanas, la renuncia del derecho a la defensa y el debido proceso en las actuaciones de extinción de dominio que se les adelantaría conforme al cumplimiento de la entrega de sus bienes y activos, dejación admitida ante la justicia americana por los 28 familiares de los Rodríguez Orejuela”
– “Procesos judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, que sus nombres, los de 28 familiares, y, las empresas de su propiedad estaban cuestionados por vinculación a la aludida actividad ilícita. Que COOPSERVIR Ltda., escogida para figurar como adquirente del emporio Drogas La Rebaja, no tenía capacidad patrimonial para hacerse a la compañía. Que al ser incluida en la lista Clinton esa cooperativa, se crearon otras y se firmaron contratos de mandato con el propósito de seguir administrando el capital proveniente del narcotráfico y no perder las jugosas ganancias así alcanzadas. Regencia que se materializó a través de la prenda sin tenencia y la vigilancia permanente mediante informes recibidos trimestralmente, como afirmó JAIME RODRIGUEZ MONDRAGON”

BUENAS PRÁCTICAS:

1. El representante de la Fiscalía ante un caso complejo logró desenmascarar el entramado de operaciones financieras entre cooperativas que se creaban y desaparecían una y otra vez, así como de cuentas bancarias, para seguir desde el origen ilícito, la trazabilidad de los recursos utilizados en la operación del delito de Receptación, Legalización y Ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales.

2. Fue muy importante el análisis económico y financiero de las cooperativas y empresas involucradas, realizado por los peritos forenses contables, quienes mediante sus conclusiones lograron determinar las inyecciones de capital ilícito camufladas como recapitalizaciones y otras inconsistencias que dieron solidez en la demostración de la teoría del caso.

3. En este caso fue muy determinante la cooperación judicial internacional para allegar la prueba documental de la actividad del narcotráfico como delito subyacente.

4. El acuerdo entre el acusado y una autoridad extranjera para abstenerse de investigar penalmente la familia de aquel en ese país extranjero o contribuir no ejerciendo el derecho de contradicción en proceso de extinción de dominio, no impide que alguien de la familia del acusado sea investigado por hechos punibles ocurridos en Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales el país del acusado, por tanto no viola el principio de non bis in ídem porque tal condicionamiento no fue celebrado con las autoridades del país del acusado.