FICHA BUENAS PRÁCTICAS

 Tribunal Superior De Bogotá Sala De Extinción De Dominio Magistrado Ponente: William Salamanca Daza

Radicado: 110016099067201400042 01

Procedencia: Juzgado 5º Penal Del Circuito Especializado De Bogotá Procesado: Diego Fernando González Cruz

Asunto: Apelación Sentencia Decisión: Revoca Y Ordena El Comiso

Bogotá, D.C., Octubre Veintiuno (21) De Dos Mil Quince (2015)

 

TEMAS:

Lavado De Activos, Enriquecimiento ilícito, bienes de comiso, extinción de dominio, competencia.

SUB-TEMAS:

  1. Dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, y en consecuencia sigan ciertos actos procesales de notificación a sujetos determinados o indeterminados que puedan tener interés en este.

EXTRACTOS:

  • “El artículo 82 de la Ley 906 de 2004, prevé la figura del comiso sobre los bienes y recursos del penalmente responsable o sobre aquellos utilizados en los delitos dolosos como medio o instrumentos para su ejecución, sin perjuicio de los derechos que tengan los sujetos pasivos o terceros de buena fe.”
  • “Resulta necesario recabar en que, contrario a lo sostenido en el fallo atacado, la figura de comiso de bienes, dista de las causales previstas en la Ley 1708 de 2004, teniendo en cuenta el tema fue claramente previsto en la Legislación Penal, tanto en el Catálogo punitivo como en la Codificación adjetiva que señala que ha de entenderse que los bienes a que hace referencia el artículo 82 son aquellos incautados u ocupados con fines de comiso, como en el caso sub ”
  • “Al examinar la decisión cuestionada, advierte la Sala, cierto nivel de confusión conceptual del Juez de primer grado, en torno del ámbito de aplicación de las figuras jurídicas en cuestión, es decir el comiso sobre bienes en el ejercicio de la acción penal, y el trámite de extinción de dominio a que hace referencia la Ley 1708 de 2014 y deplora esta Corporación la forma en que se proveyó, pues de manera errada se negó la solicitud de comiso definitivo sobre los bienes incautados en este trámite, que corresponden al capital y el vehículo automotor que fueron incautados en los hechos acaecidos el 24 de Diciembre de 2014.”
  • “En el fallo, el Juez 5º Penal el Circuito Especializado de Bogotá se apartó de las pretensiones del Ente persecutor y consideró que ante la eventual existencia de terceros de buena fe, quienes podrían realizar reclamaciones sobre el dinero y el vehículo, era procedente compulsar copias para que se inicie la acción de extinción de dominio y garantizar de tal forma los derechos de esos terceros, si aparecieran a reivindicarlos ”
  • “el Juez 31 con función de control de garantías de Bogotá, impartió legalidad a la incautación de los referidos bienes con fines de comiso, lo cual significa que el procedimiento acogió absoluta validez para ese momento procesal y las medidas proferida sobre las cosas incautadas tenían un carácter eminentemente preventivo y provisional ”
  • “Debe enfatizar la Sala que en audiencia preliminar realizada el 24 de diciembre del año 2014, el Juzgado 31 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, entre otras decisiones, declaró la legalidad de la medida de incautación sobre la suma dineraria y el automotor camioneta marca Tracker, placa UBX-558, con fines de comiso; luego, la medida preventiva con esos fines se originó al interior del proceso penal, y contrario a una posible vulneración de derechos, se advierte pleno conocimiento de las medidas restrictivas al dominio; nótese que una persona particular, quien al parecer ostenta la propiedad, promovió ante la Justicia una audiencia para la entrega del vehículo de marras ”
  • “El decomiso penal. se ha definido como una sanción ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible, pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito1.”
  • “Así las cosas, si dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, deriva incontrastable que tal decisión debió estar precedida de esas reglas que comportan un proceso como es debido, esto es, que en forma diligente los servidores públicos competentes debieron haber realizado las gestiones a su alcance a fin de notificar a todos los que pudieran tener algún derecho sobre la cosa para que, si a bien lo tenían, acudieran a hacer valer sus pretensiones dentro de un debate contradictorio, con igualdad de oportunidades2, como en efecto se advierte pues por ello, es que el propietario del rodante se acercó a reclamar su ”

1 Sentencia C-459 de junio 1º de 2011.

2 Casación 32.452 del 28 de Octubre de 2009.

 

  • “Por lo anterior, resta decir que con la decisión proferida por el Juez Quinto Penal del Circuito especializado de Bogotá, de trasladar a otra Sede Judicial el pronunciamiento sobre los bienes incautados pese a que tiene plena competencia para ello-, representa la afectación de principios y valores de la esencia del procedimiento penal vigente, no garantiza la economía procesal, genera un desgaste mayúsculo para la Administración de Justicia, y se torna ajena al sistema acusatorio, como la pronta y cumplida justicia y la solución de conflictos sociales generados con el delito ”

 

BUENAS PRÁCTICAS:

  1. Es claro que los bienes que hicieron parte ya sea directa o indirectamente del delito, ya sea como instrumentos o medios para la realización de este, deben ser parte del comiso penal y que estos queden a titularidad del estado, con la salvedad de que un tercero tenga un derecho legítimo sobre estos, pueda hacer el pronunciamiento sobre esto, pero dejando claro que como tal el dinero incautado no puede dársele esta figura por ser la prueba contundente del delito imputado, y es de claro conocimiento que no tiene derecho de terceros o indeterminados dado que no se ha enrostrado su origen licito y por ello la imputación de los cargos
  2. El juez de segunda instancia hace la salvedad de la competencia con la que cuenta el juez de primera instancia para pronunciarse sobre los bienes incautados, y que dicha acción de trasladar la decisión afecta de gran manera la administración de justicia y los principios que por ella se rige, para evitar que esto siga ocurriendo y desgastando el proceso