FICHA BUENAS PRÁCTICAS

Tribunal Superior De Bogotá Sala De Extinción De Dominio
Magistrado Ponente: William Salamanca Daza
Radicado: 110016099067201400042 01
Procedencia: Juzgado 5º Penal Del Circuito Especializado De Bogotá
Procesado: Diego Fernando González Cruz
Asunto: Apelación Sentencia
Decisión: Revoca Y Ordena El Comiso
Bogotá, D.C., Octubre Veintiuno (21) De Dos Mil Quince (2015)

TEMAS:
Lavado De Activos, Enriquecimiento ilícito, bienes de comiso, extinción de dominio, competencia.

SUB-TEMAS:
1. Dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, y en consecuencia sigan ciertos actos procesales de notificación a sujetos determinados o indeterminados que puedan tener interés en este.

EXTRACTOS:
– “Resulta necesario recabar en que, contrario a lo sostenido en el fallo atacado, la figura de comiso de bienes dista de las causales previstas en la Ley 1708 de 2004, teniendo en cuenta el tema fue claramente previsto en la Legislación Penal, tanto en el Catálogo punitivo como en la Codificación adjetiva que señala que ha de entenderse que los bienes a que hace referencia el artículo 82 son aquellos incautados u ocupados con fines de comiso, como en el caso sub judice.”
– “el Juez 31 con función de control de garantías de Bogotá, impartió legalidad a la incautación de los referidos bienes con fines de comiso, lo cual significa que el procedimiento acogió absoluta validez para ese momento procesal y las medidas proferidas sobre las cosas incautadas tenían un carácter eminentemente preventivo y provisional.”
– “El decomiso penal. se ha definido como una sanción ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible, pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales
se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito1.”
– “Así las cosas, si dentro de una actuación judicial-penal se incautan bienes con fines de comiso, y esa pretensión se logra, esto es, el Órgano Judicial competente restringe el dominio, para que del mismo pase a ser titular el Estado, deriva incontrastable que tal decisión debió estar precedida de esas reglas que comportan un proceso como es debido, esto es, que en forma diligente los servidores públicos competentes debieron haber realizado las gestiones a su alcance a fin de notificar a todos los que pudieran tener algún derecho sobre la cosa para que, si a bien lo tenían, acudieran a hacer valer sus pretensiones dentro de un debate contradictorio, con igualdad de oportunidades2, como en efecto se advierte pues por ello, es que el propietario del rodante se acercó a reclamar su propiedad.”
– “Por lo anterior, resta decir que con la decisión proferida por el Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, de trasladar a otra Sede Judicial el pronunciamiento sobre los bienes incautados pese a que tiene plena competencia para ello-, representa la afectación de principios y valores de la esencia del procedimiento penal vigente, no garantiza la economía procesal, genera un desgaste mayúsculo para la Administración de Justicia, y se torna ajena al sistema acusatorio, como la pronta y cumplida justicia, y la solución de conflictos sociales generados con el delito.”

BUENAS PRÁCTICAS:
1. Los bienes que tengan relación directa o indirecta con el delito ya sea que sirvan como medio, instrumento o que provengan de su ejecución y se legalice su incautación con fines de comiso por el Juez Municipal con Funciones de Control de Garantías, en la audiencia correspondiente, dicho bien se encuentra vinculado en dicho proceso penal y su situación jurídica definitiva del comiso ha de resolverse en el mismo.
2. No es procedente en la sentencia penal, compulsar copias para de nuevo investigar un bien en extinción de dominio, que ha sido incautado con fines de comiso, porque con ello se evitaría el desgaste de la administración de justicia, lo cual atentaría contra el principio economía procesal.
1 Sentencia C-459 de junio 1º de 2011.
2 Casación 32.452 del 28 de Octubre de 2009.