REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA DE DECISIÓN PENAL DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO
Magistrado Ponente: PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO
Radicado: 110013107008201200034 01 (L.A. 057).
Estatuto: Ley 600 de 2000.
Proceso: Lavado de Activos agravado.
Procesado: Danilo Bustos Suárez.
Procedencia: Juzgado 8º Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
Asunto: Apelación de Sentencia Condenatoria.
Decisión: Confirma y decreta cesación de procedimiento.
Aprobado: Acta No. 051
Fecha: Veinticuatro (24) de mayo de dos mil dieciocho.
1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
DANILO BUSTOS SUÁREZ, contra la sentencia del cinco (05) de
noviembre de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Octavo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que condenó al prenombrado
a la pena principal de doscientos (200) meses de prisión y multa de
veintiséis mil doscientos treinta y cuatro punto seis (26.234.6) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, como autor responsable de los
delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares y Lavado de activos
agravado; la Sala, de un lado, dispondrá la extinción de la acción penal
por prescripción respecto del reato de Enriquecimiento ilícito de
particulares, de otra parte, confirmará el fallo en lo que tiene que ver con
la declaratoria de responsabilidad del delito de Lavado de activos
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Proceso: Lavado de activos
Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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agravado como quiera que se reúnen los presupuestos que demanda el
artículo 232 de la Ley 600 de 2000.
2. LOS HECHOS
Fueron expuestos en la sentencia de primera instancia de la
siguiente manera:
“Con base en la denuncia presentada el 23 de abril de 2008 por el señor
José Alberto Aponte Novoa, la Unidad Nacional Antinarcóticos y de
Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación inició la
investigación con el fin de esclarecer la veracidad de las manifestaciones del
precitado ciudadano, según las cuales, aproximadamente desde el año
2000, DANILO BUSTOS SUAREZ y la empresa COMERCIALIZADORA E
INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA S EN C (TRANSCIBA), cuyo socio gestor
es el precitado, a través de una flota de tracto-mulas transportaron insumos
químicos para el procesamiento de narcóticos hacia laboratorios del
reconocido narcotraficante Daniel Barrera Barrera, alias “el loco Barrera”, en
el departamento del Meta; posteriormente y en esos mismos rodantes,
cargaban grandes cantidades de cocaína (1 a 3 toneladas) y las
movilizaban hacia Bogotá, ciudad en la que cambiaban de cabezote para
continuar con su objetivo principal, esto es, sacar del país sustancias
prohibidas utilizando diferentes rutas y puertos de las costas colombianas
con destino principal Estados Unidos de Norteamérica en adelante, USA).
La denuncia también da cuenta de que DANILO BUSTOS SUÁREZ participó
por lo menos en los siguientes eventos: (i) en Guatal departamento de
Nariño, en el que se incautaron sustancias prohibidas transportadas en la
mula de placas UFP-617; (ii) en Maicao, departamento de la Guajira,
decomisándose sustancias ilegales que eran movilizadas en la mula de
placas UQO-845; (iii) en Granada, departamento del Meta, en el que las
autoridades incautaron estupefacientes transportados en la mula de placas
SUB-059; (iv) en Popayán mientras se transportaban estupefacientes en un
camión Kodiak; y (v) en Lisboa, Portugal, donde las autoridades
descubrieron un cargamento de cocaína.
Actividad ilícita de tráfico de estupefacientes que le produjo importantes
ganancias y también estructuró los punibles de enriquecimiento ilícito de
particulares y lavado de activos, este último, al dale apariencia de legalidad
a los dineros producto del narcotráfico.
Por tal motivo, mediante providencia de 10 de septiembre de 2010, fue
acusado como autor responsable de los referidos delitos, en concurso con el
de concierto para delinquir agravado.”
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3. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE
Para lo que resulta materia de estudio, la Sala destaca los
siguientes sucesos procesales:
3.1. Los hechos narrados por el señor José Alberto Aponte Novoa, a
los que se aludió en el acápite inmediatamente anterior, dieron origen al
radicado 110016000098200800134; sin embargo, como quiera que las
averiguaciones efectuadas en el decurso de dicha investigación revelaron
que las actividades delictivas denunciadas se remontaban al año 2000,
mediante Oficio No. 976 D-17UNAIM del 7 de septiembre de 2009, se
solicitó un nuevo número de radicación para continuar con el proceso
con base en los lineamientos de la Ley 600 de 20001.
3.2. En atención a ello, la Jefatura de la Unidad Nacional de
Antinarcóticos e Interdicción Marítima (UNAIM) a través de resolución No.
1298 del 7 de septiembre de 2009, asignó el número 75.775 a la Fiscalía
17 Especializada, adscrita a esa unidad, para que asumiera el
conocimiento de la actuación2.
3.3. El aludido Ente Fiscal en proveído de la misma calenda, avocó
conocimiento, ordenó investigación y dispuso la práctica de pruebas,
entre ellas, inspección judicial y obtención de copias del radicado
110016000098200800134 y el testimonio del señor José Alberto Aponte
Novoa, comisionando al Grupo Especial Colombia 1 del Área Investigativa
de Delitos Especiales, para que llevara a cabo labores de verificación de
las circunstancias narradas por el declarante3.
3.4. Luego de un amplio despliegue investigativo, la Fiscalía estimó
que en el presente asunto se estaba frente a una organización criminal
“presuntamente liderada por Daniel Barrera Barrera alias „el Loco
1 Folio 1, Cuaderno original No. 1
2 Folio 2, ibídem
3 Folio 4, ibídem
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Barrera‟, siendo su principal socio Danilo Bustos Suárez quien utiliza sus
diferentes empresas y sociedades legalmente constituidas para desarrollar
los delitos de tráfico de estupefacientes e insumos químicos para el
procesamiento de narcóticos y lavado de activos”, por lo que en proveído
del 16 de septiembre de 2009 dispuso la apertura de la instrucción,
vinculando a través de indagatoria, entre otros, a DANILO BUSTOS
SUÁREZ4, en contra de quien libró orden de captura5.
3.5. Los días 18 y 19 de septiembre de 2009, fue escuchado en
diligencia de injurada DANILO BUSTOS SUÁREZ6, oportunidad procesal
en la que la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de Tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes agravado, Lavado de activos
agravado, Enriquecimiento ilícito de particular y Concierto para delinquir
agravado con fines de Narcotráfico, mismos por los cuales, el 24 de
septiembre siguiente, al resolver su situación jurídica, le impuso medida
de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de
excarcelación7.
3.6. Posteriormente, el 21 de junio de 2010 se dispuso el cierre
parcial de la investigación8, determinación que tras ser recurrida en
reposición, fue confirmada mediante proveído del 29 de julio de 20109.
3.7. El 10 de septiembre de 2010, la Fiscalía 17 Especializada de la
Unidad Nacional de Antinarcóticos e Interdicción Marítima (UNAIM)10,
tras calificar el mérito del sumario profirió resolución de acusación,
contra DANILO BUSTOS SUÁREZ por los punibles de Tráfico, fabricación
y porte de estupefacientes agravado, Enriquecimiento ilícito de
particulares, Lavado de activos agravado y Concierto para delinquir
agravado con fines de narcotráfico, decisión que fue objeto de recurso de
reposición y en subsidio apelación, mecanismo horizontal que se resolvió
4 Folio 92, cuaderno original No. 4
5 Folio 112, cuaderno original No. 4
6 Folios 125 y 135, cuaderno original No. 4
7 Ibídem. Folios 157-186.
8 C.O Principal No. 7, folio 299.
9 C.O Principal No. 8, folios 127-133.
10 Folio 01, cuaderno original No. 9
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por la Fiscalía el 11 de octubre de 201011, en el sentido de no reponer el
llamado a juicio, en la misma determinación concedió el vertical, decisión
que cobró ejecutoria el 27 de octubre de 201012.
En este punto, resulta pertinente destacar que pese a que en la
última de las aludidas providencias el Ente Fiscal concedió el recurso de
alzada, propuesto como subsidiario, el mismo no fue desatado, toda vez
que el recurrente manifestó su desistimiento del referido mecanismo de
impugnación13, el que fue aceptado por la Fiscalía en proveído del 28 de
octubre de 201014.
3.8. Tras ser remitidas las diligencias al reparto de los Juzgados
Penales del Circuito Especializados, correspondió al Despacho Octavo de
esa especialidad el conocimiento de las mismas, que las avocó mediante
auto del 16 de diciembre de 2009 y ordenó allí mismo correr el traslado
previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 200015, al término del cual se
fijó fecha para la celebración de la audiencia preparatoria, que luego de
algunas vicisitudes, se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2011,
oportunidad en la que se resolvió negativamente la declaratoria de
nulidad y se atendieron las solicitudes probatorias de los sujetos
procesales, negando algunas, decretando otras y ordenado unas cuantas
de oficio16, determinaciones que fueron confirmadas en segunda
instancia por la Sala de Decisión Penal de Extinción del Derecho de
Dominio del Tribunal Superior de Bogotá mediante proveído del 17 de
enero de 201217.
Posteriormente, mediante auto de 4 de mayo de 201218, y como
consecuencia del trámite de extradición del señor DANILO BUSTOS
SUÁREZ, y la entrega al gobierno de los Estados Unidos el 23 de
11 Folio 1, cuaderno original No. 10
12 Folio 69, Cuaderno original No. 10
13 Ibídem. Folio 63.
14 Ibídem. Folio 70.
15 C.O Principal No. 11, folio 4.
16 C.O Principal No. 13, folios 23-65. Ver registro de audio en el C.O Principal No. 16.
17 C.O Segunda Instancia Tribunal (Ingreso No. 2010-0009703), folios 4-28.
18 Folio 110, cuaderno original No. 14
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diciembre de ese mismo año, se dispuso la ruptura de la unidad procesal,
y la asignación de un número de radicación para que se adelantara
únicamente respecto del prenombrado.
La vista pública finalizó el 13 de mayo de 201519, calenda en la que
los sujetos procesales e intervinientes tuvieron la oportunidad para
exponer sus alegaciones finales, ingresando la actuación al Despacho
para emitir al correspondiente sentencia.
3.9. Finalmente, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado
de Bogotá, profirió sentencia el 5 de noviembre de 2015, resolviendo,
entre otras determinaciones, condenar a DANILO BUSTOS SUÁREZ por
los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares y Lavado de activos,
determinación contra la cual, su representante judicial interpuso y
sustentó en debida forma recurso de alzada, el cual fue concedido por el
a quo mediante decisión del 9 de junio de 201620.
Sea del caso precisar que en este último proveído, el Juez de
primera instancia también declaró desierta la apelación interpuesta por
el procesado BUSTOS SUÁREZ, dado que no sustentó su disidencia.
3.10. En virtud de lo anterior, una vez surtido el reparto
correspondiente, las diligencias arribaron a esta Sede el 14 de marzo de
2017, avocándose conocimiento mediante auto del día 15 de los mismos
mes y año21.
4. DE LA SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
4.1. El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá,
en sentencia proferida el cinco (05) de noviembre de dos mil quince
(2015), resolvió condenar al ciudadano DANILO BUSTOS SUÁREZ a la
19 Folio 29, cuaderno original No. 17
20 Folio 67, cuaderno original No. 18
21 Folio 5, cuaderno original segunda instancia Tribunal ingreso No. 201200034 01
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pena principal de doscientos (200) meses de prisión y multa de veintiséis
mil doscientos treinta y cuatro punto seis (26.234.6) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, como autor responsable de los delitos de
Enriquecimiento ilícito de particulares y Lavado de activos, junto con la
pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones
públicas por un lapso igual a la sanción privativa de la libertad.
De otra parte resolvió cesar el procedimiento respecto de los delitos
de Concierto para delinquir con fines de narcotráfico y Tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes agravado, ello en virtud de la
aplicación del principio de non bis in ídem.
4.2. Luego de resumir la situación fáctica, identificar al enjuiciado y
sintetizar las principales consideraciones expuestas en la resolución de
acusación, así como los argumentos presentados, como alegaciones
finales, por los sujetos procesales en el decurso de la audiencia pública, y
previo análisis de la comprobación del hecho punible y de la
responsabilidad penal, abordó lo concerniente a la estructuración del
apotegma de non bis in ídem, temática de la que concluyó que en el caso
del señor BUSTOS SUÁREZ se satisfacen los requisitos exigidos por la
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dado que existe
sentencia condenatoria proferida por una Corte del Distrito Sur de la
Florida por cargos de concierto para fabricar y distribuir 5 kg o más de
cocaína, identidad en la persona, como también de los hechos de
juzgamiento.
4.3. Expuesto lo anterior, el a quo presentó un estudio acerca de los
elementos estructurales del delito de Enriquecimiento ilícito de
particulares, y a partir de ello afirmó que el acusado acrecentó su
patrimonio de manera importante a partir de 2001 hasta 2006, sin que
acreditara el origen, legalidad, disponibilidad de dineros para cubrir
deudas cuantiosas de Moderna Express, fundar empresas y efectuar
empréstitos, así como para adquirir bienes muebles e inmuebles, aserto
que fincó en lo consignado en el análisis contable oficial, que arrojó que
no tenía capacidad para manejar tan alto flujo de dinero, menos aún con
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la situación de “bancarrota” de la prenombrada persona jurídica enfocada
al transporte terrestre que a pesar de la difícil situación económica que
afrontaba “salió fortalecido y revitalizado en sus finanzas sin explicación
alguna”.
4.4. Analizó la circunstancia concretada en la propiedad ejercida
por el procesado respecto de un inmueble ubicado en La Dorada (Caldas),
a la luz de la prueba documental, testimonial y pericial que le permitió
arribar al colofón que si bien es cierto se registró a nombre de un tercero,
concretamente de su escolta, también lo es que quien la administraba y
ostentaba su posesión era el señor BUSTOS SUÁREZ, los gastos de la
finca formaban parte de su contabilidad y era quien se encargaba del
pago de los impuestos.
4.5. En relación con el elemento normativo consistente en que el
incremento no justificado debe provenir de actividades ilícitas, valoró el
testimonio del señor José Alberto Aponte Novoa, así como los resultados
de la investigación que dio cuenta de varios eventos relacionados con el
tráfico de estupefacientes e insumos para su procesamiento, actividad de
la que –continúa el a quo- derivan los rendimientos económicos que
enriquecieron injustificadamente a DANILO BUSTOS SUÁREZ y le
permitieron adquirir pluralidad de bienes, pagar deudas, crear la
empresa TRANSCIBA entre otras inversiones, y que los eventos dan
cuenta de la existencia de una poderosa y organizada empresa criminal
dedicada al tráfico de estupefacientes. Todo así lo halló responsable del
delito de Enriquecimiento ilícito de particulares.
4.6. Respecto del delito de Lavado de activos agravado, realizó un
recuento de hasta lo ese momento probado acerca de la estructuración
del delito de Enriquecimiento ilícito de particulares a partir de actividades
de narcotráfico, para luego de ello referirse a las inversiones efectuadas
con dineros de origen espurio “que deja al descubierto la finalidad (…) de
darle apariencia de legalidad al confundir el dinero ilícito con recursos lícitos
producto de préstamos bancarios. Esto se traduce en una astuta y recurrente
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práctica de blanquear capitales espurios, introduciéndolos a la economía
nacional”.
4.7. Abordó lo vertido por el señor Hubel Ulloa Espitia respecto de
la compra de un apartamento junto con parqueaderos y depósito en el
Edificio Torres de Palma Verde por $903.650.000, sin que aquél tuviera
capacidad económica para ello, ocultando a su verdadero propietario,
esto es, DANILO BUSTOS SUÁREZ, destacando en este puntual tema las
contradicciones en que incurrieron estas personas, en primigenias
intervenciones y en posteriores, todo así para colegir que en realidad la
compraventa se trató de una simulación.
4.8. Además en la sentencia se hizo referencia a una finca ubicada
en La Dorada, tracto-camiones y la empresa TRANSCIBA, catalogada
como fachada, de la que era socio gestor y gerente el acusado, y a partir
de dichos bienes concluir el reiterado lavado de dinero producto del
narcotráfico, valiéndose de una persona jurídica para tal propósito
estructurándose el agravante del artículo 324 del C.P.
Todo así, concluyó que el ciudadano Bustos Suárez es autor
responsable de los delitos de Enriquecimiento ilícito de particulares y
Lavado de activos agravado.
5. DEL RECURSO DE APELACIÓN
Contra la sentencia proferida, por el Juzgado Octavo Penal del
Circuito Especializado de Bogotá el cinco (05) de noviembre de dos mil
quince (2015), interpuso y sustentó, oportunamente, el recurso de
apelación la defensa técnica22, que solicitó a la Colegiatura se revoque el
fallo y se absuelva al acusado de los cargos formulados en la acusación.
5.1. Sostiene que aun cuando en la sentencia de primera instancia
se hace referencia a la existencia de una denuncia formulada por José
22 Folio 36, cuaderno original No. 18
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Alberto Aponte Novoa, en la que presuntamente da cuenta de unos
hechos, lo cierto es que la misma no existe y que en realidad se trata de
un derecho de petición suscrito “al parecer” por el prenombrado, que
carece de presentación personal, no formulada bajo juramento, sin
registro de la dirección del denunciante, estado civil etc., como tampoco
“una mínima relación de hechos delictivos que se pudiera decir fueran
conocidos por el firmante”, y es por ello que cuestiona el recurrente la
valoración que frente a la denominada denuncia se efectuó por el
fallador.
5.2. En lo que tiene que ver con la declaración de José Alberto
Aponte Novoa que se dice recaudada el 7 de septiembre de 2009, afirma
que la misma no se realizó en la referida calenda, pues se hallaba privado
de la libertad en la ciudad de Bucaramanga y no fue remitido al
despacho fiscal 17 de UNAIM con ese fin “no hay al interior del proceso
una orden de remisión y no le aparece al mentado denunciante registro de
ingreso al edificio de la fiscalía(…)”, circunstancia que acompasó del
“comportamiento” de los investigadores Sogamoso Yosa y Quevedo al ser
interrogados en audiencia pública, pues considera que fueron
contradictorios y evasivos al querer mostrar que habían conocido a
Aponte Novoa cuando declaraba ante el instructor.
5.3. Seguidamente confronta lo vertido por el mentado declarante,
con declaraciones de terceros y otros elementos allegados al proceso, que
consideran merman su credibilidad, a más que sus dichos en manera
alguna fueron corroborados por los investigadores adscritos al caso como
tampoco por otro medio de convicción, a más que aquéllas que dan
cuenta de la existencia de procesos por narcotráfico no muestran que en
los mismos haya tenido responsabilidad DANILO BUSTOS SUÁREZ, y
que por el contrario se evidenció la participación del denunciante Aponte
Novoa.
5.4. Se refirió además el libelista a las llamadas telefónicas que
fueron trasladadas de un proceso, fundamento de la resolución de
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acusación las que catalogó como ilegales, dado que no se identificaron, ni
se individualizaron a los interlocutores y que en ninguna de ellas
participó su representado, además que cuando le fueron mostradas a
este último estaban recortadas, incompletas, “manipuladas editadas”
además reprocha que la Fiscalía no allegó al plenario las grabaciones
originales para cotejarlas “y demostrar así que las conversaciones habían
sido alteradas, manipuladas, editadas, recortadas”, por ello considera
que tales elementos no pueden ser esgrimidos como demostrativos de
responsabilidad penal.
5.5. En relación con el “informe de policía judicial contable”
realizado por el teniente Omar Gilberto Moncada Vargas, manifiesta que
este dijo en audiencia pública que lo por él presentado fueron informes
de policía judicial producto de investigaciones y análisis subjetivos con
respecto a la situación económica del procesado en los cuales atribuyó
incrementos patrimoniales por justificar con base en una comparación
patrimonial basada en las declaraciones de renta presentadas por
BUSTOS SUÁREZ, de manera que no tienen la calidad de medios
probatorios y en ese orden debían ser corroborados con otros elementos
de convicción allegados al proceso.
5.6. Dice que en el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000
presentó como prueba documental a favor de su representado trabajos
contables y balances suscritos por contador público con los soportes
respectivos que fueron aceptados en calidad de prueba documental
misma que –continúa la defensa- no fueron valorados ni tenidos en cuenta
en el fallo confutado, además que no se dio curso a la recusación
formulada contra el perito; luego se refiere la defensa a los aumentos
injustificados año a año y refiere la manera como fueron desvirtuados en
el juicio.
Además reprocha las intervenciones de los investigadores Omar
Gilberto Moncada Vargas y William Moreno Guarín ante la primera
instancia “llenas de inconsistencias, evasiones, contradicciones etc. Que
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denotan “la falta de idoneidad en tales personas para rendir un trabajo
serio objetivo y responsable para deducir responsabilidad penal a un
procesado, tuvieron que admitir en repetidas oportunidades que no habían
estudiado los documentos contables existentes en el proceso (…)”.
5.7. Respecto de la estructuración del delito de Lavado de activos,
dice que no se probó que su representado haya estado incurso en los
delitos de Narcotráfico y Enriquecimiento ilícito de particulares o en
concierto para delinquir, o la existencia de acto alguno para ocultar o
encubrir el origen ilícito de los dineros con los que haya comprado sus
bienes. Que en la sentencia no se señala la prueba, indicio o hecho
indicador demostrado que permita establecer si DANILO BUSTOS
SUÁREZ adquirió sus bienes con dineros producto de actividades
contrarias al ordenamiento legal, como tampoco relación con el
extraditado Vargas Toloza.
5.8. Finalmente, censura las consideraciones que se tuvieron en
cuenta para cesar el procedimiento en virtud del principio de non bis in
ídem, pues en criterio de la defensa que debió extender tal determinación
a todos los delitos por los que fue acusado el señor BUSTOS SUÁREZ.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 76
del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), la Sala de
Extinción del Derecho de Domino y Lavado de Activos del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto, en calidad de superior funcional del
Juzgado de primera instancia, contra las decisiones que éste profiera,
precisando que por virtud del artículo 204 ibídem, tal competencia estará
limitada al objeto fijado en la impugnación, siendo extensiva únicamente
para aquéllos aspectos que le resulten inescindibles.
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Adicionalmente, en este mismo contexto, debe destacarse que a esta
Colegiatura, se le asignó especialmente la atribución antes referida, en
los Acuerdos PSAA10-6852, 6853, 6854, 6866, 7335, 7336 de 2010 y
7718 de 2011 y 9165 de 2012, emanados de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura.
6.2. Problemas Jurídicos
1. En virtud del principio de prioridad, se establecerá si como lo
reclama la defensa, en el caso de su prohijado impera reconocer el
principio de “non bis in ídem” respecto de la totalidad de los delitos
por los que fue acusado, ello, en virtud de la sentencia que profirió
el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos – Distrito Sur de
Florida por el cargo de -“concierto para manufacturar y distribuir 5
kilogramos o más de cocaína para la importación hacia los Estados
Unidos”-.
2. Luego, el Tribunal estudiará si en el sub examine ha operado la
prescripción de la acción penal respecto del delito de
Enriquecimiento ilícito de particulares, habida consideración que la
Resolución de acusación proferida el 10 de septiembre de 201023
cobró ejecutoria el 27 de octubre de ese año24, y la sentencia se
emitió el 5 de noviembre de 201525, arribando la actuación a esta
Corporación hasta el 14 de marzo de 201726.
3. Finalmente, con base en los medios de convicción obrantes en el
proceso, se revisará si la decisión objeto de disidencia fue
correctamente fundada en el sentido de satisfacer los presupuestos
del artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para emitir fallo adverso en
contra del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ, y entonces merecer su
confirmación, o si por el contrario habría de revocarse.
23 Folio 1, cuaderno original No. 9
24 Folio 69, cuaderno original No. 10
25 Folio 1, cuaderno original No. 18
26 Folio 4, cuaderno original Segunda Instancia Tribunal ingreso 2012-00034 01
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Radicado: 110013107008201200034 01 (L.A. 057).
Proceso: Lavado de activos
Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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6.3. Caso concreto
6.3.1. Del alegado reconocimiento del principio de non bis in
ídem
El argumento del recurrente radica en que la justicia
Norteamericana adelantó un proceso en contra de DANILO BUSTOS
SUÁREZ, por los mismos hechos por los que aquí se le está juzgando,
independiente del “nomen juris” que se le dio en el extranjero, motivo por
el que considera que debe reconocerse en su favor el mencionado
apotegma por la totalidad de los delitos por los que fue llamado a juicio,
y no únicamente por las conductas de Tráfico de estupefacientes
agravado y Concierto para delinquir con fines de narcotráfico, como así lo
dispuso el fallador de primera instancia.
El instituto de cosa juzgada consagrado en el canon 29 superior,
hace parte del principio de legalidad y del derecho al debido proceso,
tiene desarrollo legal a manera de norma rectora, en los artículos 8º de la
Ley 599 de 2000 y 19 de la Ley 600 de 2000, -ritualidad que orienta el
presente trámite-, e indica que la persona cuya situación jurídica haya sido
definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga la misma
fuerza vinculante, no será sometida a una nueva actuación por la misma
conducta, aunque a ésta se le dé una denominación jurídica distinta.
Por su parte la H. Corte Constitucional27 ha concebido a la res
iudicata como un efecto jurídico de la sentencia, en virtud del cual esta
adquiere carácter inmutable, definitivo, vinculante y coercitivo, que
genera como consecuencia la imposibilidad de plantear nuevo litigio o
pronunciamiento sobre aquellos asuntos ya tratados y decididos. Las
principales características del apotegma en cita, según la Alta
Corporación28, son las siguientes:
27 Corte Constitucional, sentencia C-622 de 2007
28 Corte Constitucional, sentencia C-632 de 2011
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– El principio del non bis in ídem tiene el carácter de derecho fundamental de
aplicación directa e inmediata, y con él se busca “evitar que las personas sean
sometidas por el Estado a permanentes y sucesivas investigaciones y sanciones a
partir de un mismo comportamiento, colocándolas en estado de absoluta
indefensión y de continua ansiedad e inseguridad”.
– Su importancia radica en que, “cualquier individuo puede tener la confianza y la
certeza de que las decisiones definitivas dictadas en su contra, fruto de los
procesos que definen su responsabilidad en la comisión de conductas contrarias a
derecho, realizan la justicia material en cada caso concreto e impiden que tales
comportamientos ya juzgados puedan ser objeto de nuevos debates sin distinta
formula de juicio”.
– El fundamento de su existencia son los principios de seguridad jurídica y justicia
material, los cuales a su vez se amparan en el principio de la cosa juzgada, por
cuyo intermedio se le reconoce carácter definitivo e inmutable a las decisiones
judiciales ejecutoriadas, impidiendo “que los hechos o conductas debatidos y
resueltos en un determinado proceso judicial vuelvan a ser discutidos por otro
funcionario en un juicio posterior”.
– Teniendo en cuenta el ámbito de protección, el non bis in ídem no solo se dirige a
prohibir la doble sanción sino también el doble juzgamiento, pues no existe
justificación jurídica válida para someter a una persona a juicios sucesivos por el
mismo hecho. En este sentido, la expresión “juzgado”, utilizada por el artículo 29
de la Carta para referirse al citado principio, comprende las diferentes etapas del
proceso y no sólo la instancia final, es decir, la correspondiente a la decisión.
– La prohibición del doble enjuiciamiento se extiende a los distintos campos del
derecho sancionador, esto es, a todo régimen jurídico cuya finalidad sea regular
las condiciones en que un individuo puede ser sujeto de una sanción como
consecuencia de una conducta personal contraria a derecho. Así entendida, la cita
institución se aplica a las categorías del “derecho penal delictivo, el derecho
contravencional, el derecho disciplinario, el derecho correccional, el derecho de
punición por indignidad política (impeachment) y el régimen jurídico especial éticodisciplinario
aplicable a ciertos servidores públicos (pérdida de investidura de los
Congresistas)”.
– El principio del non bis ídem le es oponible no solo a las autoridades públicas
titulares del ius puniendi del Estado, sino también a los particulares que por
mandato legal están investidos de potestad sancionatoria. De manera particular,
y dada su condición de garantía fundamental, al Legislador le está prohibido
expedir leyes que permitan o faciliten que una misma persona pueda ser objeto de
múltiples sanciones o de juicios sucesivos ante una misma autoridad y por unos
mismos hechos.
– Conforme con su finalidad, la prohibición del doble enjuiciamiento, tal y como
ocurre con los demás derechos, no tiene un carácter absoluto. En ese sentido, su
aplicación “no excluye la posibilidad de que un mismo comportamiento pueda dar
lugar a diversas investigaciones y sanciones, siempre y cuando la conducta
enjuiciada vulnere diversos bienes jurídicos y atienda a distintas causas y
finalidades”.
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– Así entendido, el principio non bis in ídem no impide que “una misma conducta
sea castigada y valorada desde distintos ámbitos del derecho, esto es, como
delito y al mismo tiempo como infracción disciplinaria o administrativa o de
cualquier otra naturaleza sancionatoria”. Desde este punto de vista, el citado
principio solo se hace exigible cuando, dentro de una misma área del derecho, y
mediante dos o más procesos, se pretende juzgar y sancionar repetidamente un
mismo comportamiento.
Y en relación con los elementos de la cosa juzgada, la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia29 ha precisado que está sometido a la
verificación de tres presupuestos de identidad o equivalencia: i) sujeto
“eadem personae”, ii) objeto “eadem res” y iii) causa “eadem causa”.
En palabras de esa Corporación: “[e]l primero exige que el mismo individuo
sea incriminado en dos o más actuaciones; el segundo, la identidad de objeto, requiere
que el factum motivo de imputación sea igual, aún si el nomen iuris es diverso; y el
tercero, la identidad en la causa, postula que la génesis de los dos o más
diligenciamientos sea la misma”.
Entre los documentos que obran en el expediente milita la
acusación en el caso No. 1:11-cr-20179-JEM, del Tribunal del Distrito de
los Estados Unidos – Distrito Sur de Florida en contra del procesado
DANILO BUSTOS SUÁREZ, en la que se formuló un único cargo en su
contra con el siguiente tenor30: “Concierto para manufacturar y distribuir 5
kilogramos o más de cocaína para la importación hacia los Estados
Unidos”, el recuento de los hechos se presentó de la manera siguiente31:
“La investigación sobre DANILO BUSTOS SUÁREZ (de ahora en adelante BUSTOS)
comenzó hace más de un año, luego de que Agentes de la DEA en Bogotá, Colombia
adquirieran información relacionada a las actividades de Narcotráfico de Bustos
durante una investigación de un hombre llamado Daniel Barrera Barrera. A través
de profunda reuniones con testigos, y la corroboración de esas reuniones, Agentes
del orden público de Estados Unidos conocieron extensamente acerca de Bustos y
su rol en el Narcotráfico. Aquéllos testigos establecieron que Bustos apoyaba a la
organización de tráfico de estupefacientes de Barrera Barrera de dos maneras
principales: la primera, proporcionando los precursores químicos utilizados para la
manufactura de la cocaína y la segunda, usando su compañía de camiones para
transportar cientos de kilogramos de cocaína en polvo manufacturada hacia varias
29 Sala de Casación Penal – Corte Suprema de Justicia, Proceso No. 36828 de 18 de marzo de 2015, MP. Eyder Patiño Cabrera.
30 Folio 171, cuaderno original No. 15
31 Folio 169, cuaderno original No. 15
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locaciones para eventuales embarques hacia Centro América, y finalmente, hacia
Estados Unidos.
Por ejemplo, durante el periodo de tiempo de la conspiración, Bustos Suárez
organizó varios camiones cargados con cientos de kilogramos de cocaína en polvo
para ser enviados desde la bodega localizada en o sobre los alrededores de
Bogotá, Colombia, hacia otras destinaciones, algunas de las cuales se encontraban
en Venezuela, y trabajadores en la bodega a quienes les pagaban para cargar la
cocaína. Uno de los empleados de Bustos admitió que la cocaína sería
eventualmente embarcada hacia los Estados Unidos. El propio Bustos sabía que la
cocaína que era distribuida en Venezuela y en otras locaciones terminaría siendo
eventualmente embarcada y enviada a los Estados Unidos.
Además de organizar el transporte de la cocaína en polvo para su distribución,
Bustos también le proveía los precursores químicos a otra persona quien tenía cinco
laboratorios para la elaboración de cocaína en Colombia.
La DEA obtuvo de sus homólogos en Colombia numerosos documentos que
corroboran lo dicho por los testigos y que prueban la participación de Bustos en
concierto para cometer narcotráfico. Por ejemplo, registros corporativos obtenidos
muestran que Bustos controlaba una compañía de camiones. Se descubrieron
camiones que contenían una cantidad significativa de precursores químicos en Julio
de 2005 y aproximadamente 800 kilogramos de cocaína en polvo en Marzo de
2006, que fueron todos rastreados a la compañía de camiones de Bustos. Se
encontró un tercer camión que contenía 10.000 galones de químico precursor de
cocaína en Mayo de 2009 y que fue registrado a uno de los hombres que reportó
directamente a Bustos. Sin embargo, los Agentes del orden público en Colombia
encontraron un documento en el apartamento de Bustos fechado Mayo 02 de 2009
el cual solicitaba información pública en cuanto a la titularidad de la camioneta
incautada.
Además, Autoridades Colombianas han obtenido numerosas grabaciones que
contienen conversaciones entre bustos y otras personas en las que discuten una
variedad de temas sobre narcotráfico.”
Ahora bien, en la resolución de 10 de septiembre de 2010, proferida
por la Fiscalía 17 de la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de
Interdicción Marítima, las premisas fácticas sustento de la imputación
por los delitos contra el bien jurídico del orden económico y social se
concretaron a partir de los incrementos patrimoniales32 detectados entre
2001 a 2006, mediante dictámenes periciales de 7 de septiembre de 2009
y de 17 de marzo de 2010 a Danilo Bustos Suárez y la empresa
TRANSCIBA S en C, de la que hizo parte como socio mayoritario y
representante legal, así como la individualización de varias propiedades
con un valor comercial aproximado de $30.000.000.000 representados en
32 Folios 76 y s.s. del Cuaderno original No. 9
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empresas, fincas, predios urbanos y vehículos, producto de actividades
relacionadas con el narcotráfico, a los que le dio apariencia de legalidad:
“Ocultó y encubrió por intermedio de la empresa TRANSCIBA, la cual era
utilizada como fachada para el transporte de sustancias estupefacientes el
verdadero origen de los bienes adquiridos y que hoy presentan incremento
patrimonial sin que lo haya podido justificar hasta este momento procesal”.
Además, respecto de la estructuración del delito de Lavado de
activos se enlistaron pluralidad de pruebas que le permitieron colegir el
ocultamiento y la apariencia de legalidad de bienes de diferente
naturaleza.
Por manera que contrastada la documentación allegada por la
Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia33, como
producto de solicitud de asistencia judicial elevada al interior de la
presente causa, y la resolución de acusación formulada por la Fiscalía
en el trámite que nos ocupa, emerge que en el caso del señor DANILO
BUSTOS SUÁREZ no se estructuran los elementos para predicar que
existe el instituto jurídico bajo estudio frente a los delitos de
Enriquecimiento Ilícito de Particulares y Lavado de Activos, dado que si
bien es cierto se trata del mismo sujeto, lo cierto es que no se cumple el
elemento de identidad de objeto, esto es, el factum motivo de imputación
en el proceso adelantado en territorio nacional no es equivalente a aquél
tenido en cuenta en el extranjero.
De la lectura de los acápites del llamado a juicio que dan cuenta de
la atribución de los reatos contra el orden económico y social, emerge
diáfano que se corresponden con las circunstancias posteriores a la
ejecución del delito de Tráfico de estupefacientes, pues los dineros
obtenidos como producto de esa conducta subyacente, -acorde con lo
expuesto por el investigador- le representaron incrementos patrimoniales
injustificados que fueron posteriormente invertidos en la adquisición de
diferentes bienes para así darles cariz de legitimidad, aspectos que en
33 Folios 162 y s.s del Cuaderno original No. 15
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manera alguna fueron objeto de juzgamiento por el Tribunal de Distrito
de los Estados Unidos Distrito Sur de Florida, y que dicho sea de paso se
trata de conductas autónomas e independientes de los delitos que le
anteceden.
Y es que, en el Lavado de Activos, se actualizan diversos
comportamientos tendientes a la legalización de capitales, ejecutados
desde el momento en que son percibidos por la organización delictiva
hasta que son reintegrados al sistema económico, valiéndose al efecto de
medios considerados oficiales; en fin, se trata de todo un proceso en el
que es posible identificar diferentes estancos o fases –colocación u
ocultación, conversión e integración-, que claramente no pueden equipararse
con los hechos constitutivos del delito de Tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes, como tampoco pueden asumirse como el agotamiento del
delito contra la salud pública.
Además, tampoco se configura el requisito de identidad de causa o
de fundamento, ya que cada uno de los reatos a los que se ha referido la
Sala vulneraron la salud pública y el orden económico social, existió una
transgresión de pluralidad de bienes jurídicos, estructurándose en su
oportunidad un concurso real o material de conductas punibles (art. 31,
Código Penal), esto es, se presentaron acciones independientes, que se
adecuaron en varios tipos penales. Al respecto, la jurisprudencia de la
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia34 ha señalado:
“Finalmente, de similar forma, el concurso real o material —no aparente— de tipos,
también descarta la violación del principio non bis in ídem, partiendo de la
base que un solo comportamiento humano puede dar lugar a la infracción de varios
bienes jurídicos tutelados, como ocurre, verbi gratia, con la falsedad en documento
público o privado y el fraude procesal o el enriquecimiento ilícito de particulares y la
estafa”.
Colofón, contrario al argumento de la defensa técnica del señor
DANILO BUSTOS SUÁREZ, en este caso no se acreditan los
34 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, radicación: SP-9235 de 2014.
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presupuestos jurisprudenciales para el reconocimiento del principio de
non bis in ídem, ya que los hechos constitutivos del delito de Tráfico de
estupefacientes, por los que fue llamado a juicio en el extranjero, no son
los mismos fundamento de la acusación proferida por la Fiscalía General
de la Nación por los reatos de Enriquecimiento Ilícito de Particulares y
Lavado de Activos Agravado, se trata de conductas autónomas; y en ese
contexto no se agotó la capacidad del Estado para castigar dichos
punibles.
6.3.2. De la prescripción de la Acción Penal
La prescripción de la acción penal es una institución de orden
público, en virtud de la cual el Estado fenece el ejercicio del ius puniendi
por el cumplimiento del término señalado en la respectiva ley.
Así, dicho fenómeno se configura cuando los operadores jurídicos
dejan vencer el plazo señalado por el legislador para investigar y
adelantar las gestiones necesarias tendientes a determinar la
responsabilidad de quien ha cometido una conducta punible, lo cual a la
postre implica que la autoridad judicial competente pierde la potestad de
seguir una investigación en contra del ciudadano.
Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que esta figura
posee una doble connotación: “La primera es a favor del procesado y
consiste en la garantía constitucional que le asiste a todo ciudadano de
que se le defina su situación jurídica, pues éste no puede quedar sujeto
perennemente a la imputación que se ha proferido en su contra; la segunda
en tanto y en cuanto se trata para el Estado de una sanción frente a su
inactividad.”35
De esta manera, condicionar el ejercicio de la acción penal a un
término prescriptivo, implica garantizar la seguridad jurídica y el debido
proceso, habida consideración de que se le impone al Estado el deber de
35 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-416 del 28 de mayo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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obrar con diligencia en la persecución del delito, precisando que “la
fijación de tales términos debe obedecer a criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, particularmente a la luz de la consideración conforme a
la cual unos términos procesales demasiado reducidos „conllevan el recorte
del derecho de defensa del sindicado y la denegación del derecho a la
justicia de las víctimas, pues impiden establecer con claridad la verdad de
los hechos y obtener una justa reparación‟.”36
En este contexto, el inciso 1º del artículo 83 de la Ley 599 de 2000
en el inciso 1º contempla como regla general que “la acción penal
prescribirá en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si
fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior a cinco (5)
años, ni excederá de veinte (20)”.
No obstante, la citada norma establece varias excepciones al
término antes descrito, a saber:
1. Cuando se trata de conductas tales como genocidio, desaparición forzada,
tortura, homicidio de miembro de una organización sindical legalmente
reconocida, homicidio de defensor de Derechos Humanos, homicidio de
periodista y desplazamiento forzado, el término de prescripción se incrementa a
treinta (30) años.
2. Cuando se cometen delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o
el tipificado en el artículo 237 del Código Penal, en menores de edad, el
fenómeno prescriptivo se amplía a veinte (20) años contados a partir del
momento en que la víctima alcanza la mayoría de edad.
3. Cuando se trate de un servidor público que en ejercicio de las funciones de su
cargo o con ocasión de ellas realice una conducta punible o participe en ella, un
particular que ejerza funciones públicas en forma permanente o transitoria o de
quienes obren como agentes retenedores o recaudadores, el término de
prescripción se aumentará a la mitad, lo cual también sucede cuando la
conducta punible se hubiere iniciado o consumado en el exterior.
36 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-401 del 26 de mayo de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Adicionalmente, el artículo 86 ejusdem señala que la prescripción
de la acción penal se interrumpe con la resolución acusatoria o su
equivalente debidamente ejecutoriada, y que acaecido ello, el término
prescriptivo comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual al señalado
en el artículo 83, evento en el cual no podrá ser inferior a cinco (5) años
ni superior a diez (10).
Pues bien, expuesto lo anterior se procederá entonces a analizar si
la acción penal en el presente caso se halla prescrita.
6.3.3. De la prescripción de la Acción Penal en el presente caso
Como punto de partida, debe precisar esta Sala que la Fiscalía 17
de la Unidad Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima,
mediante resolución de 10 de septiembre de 201037, calificó el mérito
del sumario en contra del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ, y lo acusó
como autor responsable de los delitos de Tráfico, fabricación y porte de
estupefacientes agravado, Enriquecimiento ilícito de particular, Lavado
de activos agravado y Concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
En contra del llamado a juicio, la defensa de uno de los procesados
formuló recurso de reposición y en subsidio apelación38, que fue
sustentado por el profesional del derecho en término39 y resuelto por la
delegada fiscal mediante proveído de 11 de octubre de 201040 en el
sentido de no reponer la decisión y conceder el vertical presentado como
subsidiario contra la misma, en el efecto suspensivo.
En este punto, resulta pertinente destacar que pese a que en la
última de las aludidas providencias el Ente Fiscal concedió el recurso de
alzada, el mismo no fue desatado, toda vez el recurrente manifestó su
37 Folio 1, cuaderno original No. 9
38 Folio 159, cuaderno original No. 9
39 Folio 217, cuaderno original No. 9
40 Folio 1, cuaderno original No. 10
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desistimiento del referido mecanismo de impugnación41, el que fue
aceptado por la Fiscalía el 28 de octubre de 201042.
El 20 de octubre de 201043, la Fiscalía ordenó a la Secretaría de la
unidad que adelantara el trámite de enteramiento de la resolución de 11
de octubre de ese año44, cobrando ejecutoria la determinación el 27 del
mismo mes, de conformidad con la constancia emitida en ese sentido por
el área de notificaciones UNAIM45.
Así las cosas de dicho recuento procesal emerge que la resolución
de acusación proferida en contra del procesado BUSTOS SUÁREZ cobró
ejecutoria formal el 27 de octubre de 2010, fecha en la que se presentó la
interrupción del término de prescripción para los delitos endilgados.
Ahora bien, al procesado se le atribuyó, entre otros, el delito de
Enriquecimiento ilícito de particular, cargo que se formuló46 conforme al
texto original del artículo 327 del Código penal cuyo tenor es el siguiente:
“El que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, para sí o para
otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de
actividades delictivas incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6)
a diez (10) años y multa correspondiente al doble del incremento ilícito
logrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.”
En este contexto, atendiendo las reglas del artículo 83 del Estatuto
Punitivo, se tiene que la acción penal prescribe en un tiempo igual al
máximo de la pena privativa de la libertad fijada en la ley, que no puede
ser inferior a cinco (5) años, ni exceder de veinte (20), salvo especiales
excepciones que no se aplican al sub lite.
41 Ibídem. Folio 63.
42 Ibídem. Folio 70.
43 Folio 65, cuaderno original No. 10
44 Folio 65, cuaderno original No. 10
45 Folio 69, ibídem
46 Folio 49, ibídem
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De tal forma que en este asunto, el tiempo ordinario de prescripción
de la acción penal es de diez (10) años, el cual se interrumpe por la
ejecutoria de la resolución de acusación, momento procesal a partir del
cual, según lo normado por el artículo 86 de la Ley 599 de 2000,
empezará a correr de nuevo por un lapso igual a la mitad, es decir, 5
años, por manera que dado que en el sub examine el calificatorio cobró
firmeza el 27 de octubre de 2010, válido resulta concluir que el término
prescriptivo se superó el 27 de octubre de 2015, calenda para la cual no
se había dictado la sentencia de primera instancia.
Por manera que se declarará prescrita la acción correspondiente al
delito de Enriquecimiento ilícito de particular y consecuentemente cesar
todo procedimiento que por los hechos constitutivos de aquél se siga en
contra del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ.
6.3.4. Del recurso de apelación
Compete ahora a la Sala determinar si en el presente caso se
reúnen los presupuestos de orden fáctico y probatorio exigidos por el
artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para proferir sentencia condenatoria,
o si por el contrario, el a quo sancionó punitivamente al encartado
desconociendo garantías fundamentales y quebrantando el principio de
necesidad de la prueba.
Pues bien, para atender tal cuestionamiento, como punto previo,
deben señalarse los elementos normativos que estructuran el delito por el
cual fue llamado a juicio DANIEL BUSTOS SUÁREZ, y a partir de allí,
determinar si su proceder actualiza la descripción típica del reato de
Lavado de activos agravado.
La tipificación autónoma del delito de Lavado de Activos tiene como
fundamento la correspondencia con una política criminal, que pretende
evitar el ingreso de grandes sumas dinerarias al sistema económico
producto de la delincuencia organizada, comportamiento también
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denominado blanqueo de capitales, el cual ha sido definido por la
doctrina, como:
“… el proceso tendiente a obtener la aplicación en actividades económicas
lícitas de una masa patrimonial derivada de cualquier género de conductas
ilícitas, con independencia de cuál sea la forma que esa masa adopte,
mediante la progresiva concesión a la misma una apariencia de
legalidad…”47,
Caracterizándose dicho comportamiento por el despliegue de una serie
de conductas, cuya finalidad es introducir al torrente económico legal,
recursos y bienes de origen espurio, acciones que van desde el transporte
físico de metálico, hasta la realización de intrincadas operaciones
financieras, cuya teleología es generar la pérdida de todo rastro de ilicitud
del capital o de los bienes sometidos a dicho proceso, para distraer la
atención de las autoridades, materializar el lucro personal y de
organizaciones delictivas, que sostienen su accionar, precisamente con
recursos ilícitos.
Dado el alcance trascendental y las afectaciones graves al orden
económico no sólo nacional sino universal, pactos internacionales como
la Convención de Viena de 198848 y la Convención de Palermo de 200049,
han generado la creación de una serie de instrumentos destinados a
evitar la circulación de esos capitales de origen subrepticio, medidas
entre las cuales se dispuso la penalización del Lavado de Activos o
Blanqueo de Capitales como conducta autónoma, frente a otros tipos
penales como la receptación.
La doctrina señala “…que una de las características de este fenómeno
(el blanqueo de capitales) es su internacionalización27, pues sobrepasa las
47 FABIÁN Caparros, Eduardo A. El delito de blanqueo de capitales. Colex. Madrid. 1998. P 76
48 La Convención de Viena de 1988 fue ratificada por Colombia, mediante la ley 67 de 1993 y entró en vigencia el día 9 de
mayo de 1994.
49 Su entrada en vigencia en el derecho interno se produjo el 4 de septiembre de 2004.
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fronteras nacionales de los Estados e implica su desarrollo en otros, con
los cambios de soberanía y jurisdicción que conlleva…”50.
Como consecuencia de lo anterior, en el ordenamiento interno se
estructuró el punible de Lavado de Activos, consagrado en el artículo
323 del Código Penal modificado por la Ley 747 de 200251, cuyo tenor es
el siguiente:
“Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta,
transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su
origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata
de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos
objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los
bienes provenientes de dichos actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro
acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola
conducta, en prisión de… (…)”.
“Artículo 324. Circunstancias específicas de agravación. Las penas
privativas de la libertad previstas en el artículo anterior se aumentarán
de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada
por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una
organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres
cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes,
administradores o encargados de las referidas personas jurídicas,
sociedades u organizaciones”
50 CALLEGARI, André Luís, Lavado de Activos. ARA Editores. 1ª Edición, Perú 2009. P. 32.
51 Valga resaltar lo anotado en la sentencia del 6 de febrero de 2012 dentro del radicado 110010704001200900027 01
(L.A.006), al respecto “se tiene que inicialmente el Lavado de Activos se contempló en el artículo 177 del Decreto 100 de 1980,
el cual fue objeto de modificación por la Ley 190 de 1995, como “receptación, legalización y ocultamiento de bienes
provenientes de actividades ilegales”; posteriormente, se circunscribió a los que lesionan el bien jurídico del orden económico
y social en el artículo 9º de la Ley 365 de 1997; igualmente, se sancionó en la Ley 599 de 2000, fue objeto de modificación por
las leyes 747 de 2002 y 1121 de 2006; y, recientemente se modificó por la denominada “Ley de Seguridad Ciudadana”
(artículo 42 de la Ley 1453 de 2011)51”.
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Adicionalmente, la Jurisprudencia del máximo órgano de la Justicia
ordinaria52 ha concretado:
“II. Del elemento normativo del tipo penal de Lavado de activos
1. El delito de lavado de activos, blanqueo de capitales o reciclaje de dinero
como también se le denomina, consiste en la operación realizada por el
sujeto agente para ocultar dineros de origen ilegal en moneda nacional o
extranjera y su posterior vinculación a la economía, haciéndolos aparecer
como legítimos.
Cuando el tenedor de los recursos ejecuta esa mera actividad (aparentar la
legalidad del activo) y oculta su origen e inclina su actividad al éxito de ese
engaño, orienta su conducta a legalizar la tenencia del activo, es claro que
incurre en la conducta punible porque su comportamiento se concreta en dar
a los bienes provenientes o destinados a esas actividades apariencia de
legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza ilícita del producto.
2. Por virtud de los distintos verbos alternativos que lo acompañan, es un tipo
penal paradigma de alternatividad penal. Lo anterior significa, que dicha
conducta típica puede ser realizada por cualesquier persona a través de uno
de sus verbos rectores relacionados en la norma -adquirir, resguardar,
invertir, transportar, transformar, custodiar, administrar- bienes provenientes
de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión,
o relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
sicotrópicas, así como también del tráfico de armas y comportamientos
delictivos contra el sistema financiero, la administración pública y los
vinculados con el producto de los ilícitos objeto de un concierto para delinquir .
Es de anotar, que estas últimas conductas fueron adicionadas en la nueva
normatividad ya que no aparecían descritas en el precepto derogado, como
también, las relacionadas con actividades de tráfico de migrantes y trata de
personas por el artículo 8º de la Ley 747 de 2002; entonces, darle apariencia
de legalidad o legalizar tales bienes, ocultar o encubrir su verdadera
naturaleza, origen ubicación o destino, movimiento o derechos sobre los
52 Corte Suprema de Justicia SP No. 7816-2016, 41.427, M. P. José Francisco Acuña Vizcaya.
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mismos; o realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito
se subsume en la conducta investigada.
3. Ahora bien, la jurisprudencia de la Sala ha sentado una línea jurisprudencial
pacífica frente al elemento normativo de la conducta objeto de estudio, la que hoy
se prohíja, así53:
“Se insiste: la imputación por lavado de activos es autónoma e
independiente de cualquier otra conducta punible y para fundamentar la
imputación y la sentencia basta que se acredite la existencia de la
conducta punible subyacente a título de mera inferencia por la libertad
probatoria que marca el sistema penal colombiano.
iv) La inferencia que hace el fiscal y/o el juez en relación con la actividad
ilícita subyacente estructura, con suficiencia, el elemento normativo del
tipo (que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de…), para
acreditar la existencia de la actividad ilegal que sirve de fuente de la
tenencia del activo.
Con esa fundamentación (probatoria o inferida) producto de la
apreciación de los elementos materiales probatorios y de la evidencia con
la que cuenta el proceso, basta para fundamentar adecuadamente la
imputación y la condena54; la carga de desquiciar la imputación
corresponde al procesado en ejercicio legítimo del contradictorio”.
De conformidad con estos criterios jurisprudenciales se puede concluir
que el punible de Lavado de activos es una conducta autónoma, es decir,
no subordinada; y en este orden de ideas, se abordará el estudio de los
elementos probatorios para verificar si sobre este cargo asiste razón al
impugnante, en cuanto la ausencia de estructuración.
Dilucidado lo anterior, descendiendo a los reproches del recurrente,
se tiene que la carga argumentativa se orienta a refutar la conclusión de
condena del Juez de primera instancia, aduciendo que: i) En este caso no
53 Sentencia del 28 de noviembre de 2007, radicado 23.174.
54Cfr. Sentencia del 28 de febrero de 2007, radicación 23881
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existió una denuncia “a la luz del derecho procesal penal Colombiano”, y
que lo catalogado como tal reviste circunstancias que la enervan y
afectan su legalidad; ii) Reprocha el valor probatorio otorgado por el
Juzgado al testimonio del señor José Alberto Aponte Novoa, dado que
para la defensa presenta serias inconsistencias y sus dichos no fueron
corroborados con otros elementos de convicción, iii) Las interceptaciones
telefónicas aducidas en contra del procesado fueron pruebas secretas e
ilegales, pues no se identificaron ni individualizaron a los interlocutores,
y, iv), No existe prueba indicativa que su representado haya adquirido
sus bienes con dineros producto de actividades ilícitas.
La defensa cuestiona la legalidad de la denuncia formulada por el
señor José Alberto Aponte Novoa, que dio pábulo al inicio de la
investigación en contra del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ,
principalmente, porque aquello que aparece como tal –sostiene-, no se
formuló bajo la gravedad de juramento, carece de registro de dirección del
denunciante y otros datos personales; tampoco una mínima relación de
hechos delictivos “que pudiera decir fueron conocidos por el firmante”, en
fin, que se trata de una mera petición formal hecha a la Fiscalía.
Además, afirma que en la actuación obra un segundo documento
calendado 23 de abril de 2008, en el que faltan referencias de
identificación, firma o sello de recibido, aspectos que en su criterio van en
contra de lo dispuesto en el artículo 29 del Código de Procedimiento
Penal55.
Para la Sala la temática propuesta por el profesional del derecho,
para cuestionar el fallo de origen carece de la entidad suficiente para
derruir su legalidad; en primer término, porque en la denuncia
55 Requisitos de la denuncia, de la querella o de la petición. La denuncia, querella o petición se hará bajo juramento,
verbalmente o por escrito, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los
hechos que conozca el denunciante. Este deberá manifestar, si le consta, que los mismos hechos ya han sido puestos en
conocimiento de otro funcionario. Si la denuncia fuere escrita, el juramento se entenderá prestado por la sola presentación de
la misma.
Se inadmitirán las denuncias sin fundamento y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan
encauzar la investigación, las que serán remitidas a los organismos que desarrollan funciones de policía judicial para que
realicen las diligencias necesarias de verificación.
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presentada, además que es posible identificar plenamente a su autor,
existe también una relación pormenorizada y amplia de una serie de
circunstancias y datos puntuales, entre los que se encuentran la
identidad de DANILO BUSTOS SUÁREZ, lugar de residencia, NIT de la
empresa “TRANSCIBA”, vehículos de carga afiliados a la mencionada
persona jurídica con sus correspondientes placas, las rutas empleadas
para el traslado de cocaína, inmuebles de propiedad del acusado,
miembros que colaboraban con el propósito delictivo, lugares en los que
se construyeron caletas para los rodantes, posibles testaferros, nombres
y alias de sujetos encargados de la compra de insumos, distribución y
transporte, así como pluralidad de conductas delictivas, que a no
dudarlo, solo una persona perteneciente al conglomerado criminal podía
conocer y que impone concluir que la aludida noticia criminal trasciende
de ser una “mera petición formal”.
En segundo lugar, porque de conformidad con el artículo 27 de la
Ley 600 de 2000, bajo cuya égida se adelanta el presente trámite, el
servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una
conducta punible que deba investigarse de oficio, deberá iniciar sin
tardanza la investigación si tuviera competencia para ello; por su parte el
inciso 2º del artículo 29 de la norma procesal, señala que se inadmitirán
las denuncias sin fundamento y las anónimas que no suministren
pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación,
mismas que serán remitidas a los organismos que desarrollan funciones
de policía judicial para que realicen las diligencias necesarias de
verificación.
En relación con esta particular temática la Corte Suprema de
Justicia56 ha señalado que la condición de anónimo no impide al referido
escrito servir de fundamento para activar la jurisdicción penal,
posibilidad que se supedita a que en él se suministren pruebas o datos
concretos que permitan encauzar la investigación de manera oficiosa,
siendo ello suficiente para que surja en la Fiscalía la obligación de
56 Corte Suprema de Justicia, radicado AP036-2014, 42.690, MP María del Rosario González Muñoz.
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iniciar la respectiva indagación, cuando se trate de hechos, que
comporten connotaciones de índole delictual.
Lo anterior, para significar, que si la ley permite que el inicio de una
investigación pueda darse con la mera presentación de un escrito
anónimo, con más razón tenía el ente Fiscal en este caso, la obligación y
potestad para adelantar la indagación correspondiente, partiendo de la
seria denuncia formulada por José Alberto Aponte Novoa, precisando que
no era necesario que prestara juramento alguno, pues acorde con el
artículo 29 del C.P.P., el mismo se tiene como implícito con la
presentación del correspondiente escrito ante las autoridades respectivas.
Además, el prenombrado solicitó en el mismo memorial al Investigador la
inclusión de él y su familia en el programa de protección a víctimas y
testigos57, dado el talente de la organización que estaba desvelando, de
allí que lógico resultara que este último no consignara datos adicionales
como por ejemplo la dirección de residencia o de contacto.
Todo así, no prospera la censura que frente a la denuncia formula
la defensa contra la sentencia de primer grado, ya que el medio a través
del cual se generó la investigación contra DANIEL BUSTOS SUÁREZ,
cumple con los criterios señalados en la norma adjetiva, y revistió total
seriedad y credibilidad, tanto así que los hechos puestos en conocimiento
de las autoridades, como se verá, fueron corroborados por policía judicial,
y reafirmados con otros elementos de convicción.
Además, cuestiona el recurrente el valor probatorio del testimonio
del señor José Alberto Aponte Novoa, de un lado, porque considera que el
mismo no tuvo lugar el 7 de septiembre de 2009 ante el investigador con
sede en este ciudad, ya que para esa fecha estaba preso en
Bucaramanga, no fue solicitado en remisión por ese Despacho y no obra
registro de ingreso al bunker de la Fiscalía concluyendo que se debía
establecer por la primera instancia si se estaba en presencia de un “claro
montaje”; y de otro, censura que lo vertido por aquél no fue corroborado
57 Folio 161 y S.S. Cuaderno original No. 1, denuncia elevada por José Alberto Aponte Novoa.
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por miembros de la policía judicial como tampoco por otros medios de
convicción.
En relación con lo primero, esto es, el cuestionamiento de la real
existencia de la diligencia de testimonio practicada por la Fiscalía con el
ciudadano Aponte Novoa el 7 de septiembre de 2009, carece de todo
fundamento como quiera que revisada la misma, se observa que el
instructor se ciñó a las reglas contenidas en el artículo 276 para la
recepción del testimonio, y en el medio en el que se recogió lo vertido por
el testigo58 se observa claramente no solo el lugar, sino también la fecha,
a más que aparece suscrita por el prenombrado y se halla estampada su
huella, por manera que ninguna duda existe acerca de su realización.
Agréguese que si bien es cierto el recurrente sostiene que acorde
con la cartilla biográfica del interno José Alberto Aponte Novoa59 se
confirma que se hallaba privado de la libertad en un centro carcelario en
la ciudad de Bucaramanga para los días de la diligencia, lo cierto es que
en dicho documento se consignó como fecha de ingreso al penal el 2 de
octubre de 2009; soslayando además el acápite del mismo documento
que corresponde a los traslados, en donde registra que el 31 de agosto de
2009 fue llevado desde el EPAMS GIRÓN a la DIJIN con sede en Bogotá,
con motivo de diligencia judicial, y posteriormente remitido el 30 de
septiembre del mismo año de la ciudad de Bogotá al EPMSC de
Bucaramanga, indicativo ello de que para la fecha en que rindió su
testimonio, esto es, el 7 de septiembre de 2009 se encontraba en la
capital, argumentos suficientes para rechazar la infundada censura que
frente a la veracidad de la diligencia postula el apoderado del señor
DANILO BUSTOS SUÁREZ.
Ahora bien, lo expuesto por Aponte Novoa, a juicio de esta Sala
merece credibilidad, pues contrario a lo que sostiene el libelista, las
58 Folio 01, cuaderno original No. 4
59 Folio 245, cuaderno original No. 16
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aseveraciones de aquél fueron objeto de constatación al interior del
plenario.
En efecto, las labores de verificación efectuadas por funcionarios de
policía judicial, cuyos resultados se consignaron en el informe del 15 de
septiembre de 200960, permitieron establecer la existencia de varias
propiedades –de las mencionadas por el señor Aponte Novoa– registradas
a nombre de Danilo Bustos Suárez, entre ellas, las sociedades “Moderna
Express Transporte de Carga Ltda.” y “Comercializadora e Inversiones
Bustos Ariza y Cia. S. en C.”, la finca “Cahvilonia” situada en Puerto
Gaitán (Meta), el apartamento 801 del Edificio Torres Palma Verde de la
ciudad de Bogotá, varios tracto-camiones, así como automóviles de
servicio particular y blindados.
Asimismo, se constataron las identidades de varias personas que el
testigo relacionó como empleados y colaboradores de Danilo Bustos
Suárez, entre los que se destacan Pablo José Lenis Calderón, Carid Parra
Cordobés, Igor Parra Cordobés y José Lizardo Corredor Puentes, quienes
se desempeñaban como escoltas; Víctor Hugo Sierra, Javier Orlando
Parra y Guillermo Acevedo Forero, conductores que operaban los tracto
camiones del señor Bustos Suárez; y la señora Rosa Elena Vanegas
Poveda, encargada del diligenciamiento de licencias, permisos y toda
clase de documentos relacionados con las autoridades de tránsito.
Los policiales también corroboraron dos eventos de incautación de
sustancias para el procesamiento de alcaloides. El primero de ellos,
involucró a los tracto-camiones de placas UFP-617 y VAG-090, el último,
detenido en el municipio de Guatal (Nariño), el 31 de julio de 2005, con
un cargamento de canecas con insumos químicos, hechos por los cuales
fueron retenidos Omar Germán Molina Bastidas y Jesús Hernán
Guatavita Mora, pero solo se judicializó al primero por cuanto el segundo
se escapó de las autoridades61.
60 Folios 11-66, Cuaderno original No. 4
61 Ibídem. Folios 37-39.
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El otro incidente constatado por los funcionarios de policía judicial,
fue el que comprometió al vehículo UQO-845, inmovilizado en el
municipio de Maicao (Guajira) por transportar un cargamento de cocaína,
operativo en el que fueron capturados Wilmer Enrique de las Salas
Álvarez y Antonio Rodríguez Griego y la investigación asumida por la
Fiscalía Segunda Especializada de Riohacha, ente que instruyó el
radicado 32471.
Es de resaltar que en la inspección judicial efectuada al
mencionado proceso, los investigadores encontraron que al interior del
paginario se dejó constancia del hallazgo, en la cabina del mencionado
automotor, de “los documentos del vehículo a nombre de la señora Torres
Hernández Luz Estela y un carnet de salud total a nombre del señor José
Alberto Aponte Novoa 79.428.224 y una factura de Codensa a nombre de
José Luciano Aponte…”62.
Todo lo antes expuesto indica entonces que José Alberto Aponte
Novoa conocía muy bien las propiedades, el personal y las operaciones
delictivas de Danilo Bustos Suárez; es más, sus dichos revelan que él
también fue partícipe en la ejecución de las mismas, pues no de otra
manera se explica el detalle con el que describe el modus operandi de la
organización y el hecho de que en uno de los vehículos inmovilizados con
cocaína se hayan encontrado sus documentos personales.
Por manera que, contrario a lo expuesto por el disidente, las
afirmaciones del denunciante Aponte Novoa, están probatoriamente
respaldadas por los informes suscritos por los funcionarios de policía
judicial que efectuaron las labores de verificación, quienes se ratificaron
de sus conclusiones, no solo ante la Fiscalía Instructora, sino también
ante el Juez de la Causa63.
62 Ibídem. Folio 39.
63 Ver las declaraciones juramentadas de Herney Sogamoso Yosa del 15 de septiembre de 2009 (C.O Principal No. 4, folios 70-
82 –f) y 23 de julio de 2013 (CD Registro de audio No. 110013107008201200034-0, video 1, Récord: 01:14); y Freddy Alonso
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Ahora, la defensa sostiene que la credibilidad del testigo está
seriamente cuestionada, concretamente por las afirmaciones que aquél
realizó acerca de la responsabilidad que tendría DANILO BUSTOS
SUÁREZ en el secuestro y muerte de dos personas de origen brasilero a
quienes habría enterrado en una de sus fincas.
Revisado el contenido de la denuncia suscrita por Aponte Novoa, en
relación con tal hecho señaló: “Tlayson Márquez Cordeirp [sic] y Carlos
Linares Alcántara de nacionalidad (Brasilera) los tiene desaparecidos (secuestro)
en una de sus propiedades el señor DANILO BUSTOS por el motivo de pérdida de
250 Kg de cocaína en Lisboa (Portugal).64”. En posterior diligencia de
declaración precisó este dato e indicó que Danilo Bustos tuvo que ver con
la desaparición de Carlos Linares Alcántara en el 2006, por la pérdida de
la sustancia estupefaciente ya señalada.
En la audiencia pública celebrada el 23 de julio de 2013, declaró
el señor Clayson Márquez Cordeiro, -prueba solicitada por la Defensa- quien
dijo no conocer a Danilo Bustos Suárez, pero admitió haber tenido
contacto con José Aponte Novoa, por negocios de madera, en el
municipio brasileño Pacaraima, relató que este último le preguntó si le
gustaría viajar Europa, pues necesitaba una persona con
conocimientos en dicho ramo y que además hablara portugués,
propuesta que rechazó, recomendando para ello a Carlos Eduardo
Alcántara Linares, quien recibió de manos de Apone Novoa una
mercancía que debía llevar a dicho continente.
Posteriormente, se enteró por una familiar de Alcántara Linares
que estaba privado de la libertad en Portugal, motivo por el cual
decidió ponerse en contacto con la persona que le habría presentado al
señor Apone Novoa, pero fue advertido de que este último era
Quevedo Rivera del 16 de septiembre de 2009 (C.O Principal No. 4, folios 83-91) y 03 de septiembre de 2013 (CD Registro de
audio No110013107008201200034-3., Récord: 01:58)
64 Folio 179, Cuaderno original No. 1
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paramilitar y trabajaba con grupos armados “y con otras cosas que
nadie sabe que están en la ilegalidad”, sostuvo que nunca más visitó
Pacaraima y negó haber recibido amenazas en su contra o haber sido
víctima de secuestro por parte de Danilo Bustos Suárez.
Para el censor la fiabilidad del testimonio de José Alberto Aponte
Novoa está en entredicho porque este último afirmó que Danilo Bustos
habría desaparecido a los dos ciudadanos brasileros, sin embargo,
soslaya que el denunciante en posterior declaración precisó que quien
habría corrido tal suerte fuera Carlos Alcántara Linares, persona que
llevó a Portugal la cocaína, y respecto de quien Clayson Márquez
Cordeiro, afirmó desconocer su paradero desde el momento que se
enteró de su captura, en parte por la advertencia que recibió acerca
del talante de la organización a la que pertenecía Aponte Novoa.
Lo anterior para significar que, si bien es cierto, la circunstancia
relacionada con la presunta desaparición de Carlos Alcántara Linares
a manos de Danilo Bustos Suárez no fue corroborada, ello en manera
alguna merma la credibilidad de José Alberto Aponte, porque
confrontado su dicho con lo vertido en juicio por Márquez Cordeiro, se
puede afirmar que el acercamiento entre la organización liderada por
Danilo Bustos Suárez y los señores Carlos Alcántara Linares y Clayson
Márquez si existió; y, que dicha relación tuvo un claro propósito
delictivo, ya que tanto el denunciante como el declarante coinciden en
que se presentó un envío de sustancias ilegales a Portugal que trajo
como consecuencia la captura de Carlos Alcántara Linares.
Por manera que, permanecen incólumes las afirmaciones de este
testigo, porque la prueba vertida en la audiencia pública antes bien,
reforzó su aserto en torno al motivo por el que la organización de
Danilo Bustos Suárez tomó contacto con aquellas personas, así como
el resultado del insuceso, sin que pueda asumirse como una acción
individual o propia de José Aponte Novoa pues probada está la
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pertenencia de este último al conglomerado ilegal liderado por el aquí
procesado, de manera que tal hecho puntual corresponde a la esfera u
órbita del accionar ilícito de DANILO BUSTOS SUÁREZ.
Otro aspecto materia de inconformidad por la defensa técnica,
radica en el nexo que atribuyó José Alberto Aponte Novoa a miembros de
la Policía Nacional y de la Fiscalía con BUSTOS SUÁREZ, quienes al
parecer prestaban su apoyo para la ejecución de actividades ilícitas,
señalando al respecto que tales afirmaciones se desvirtuaron con los
testimonios de Ángel Antonio Torres Terreros –Teniente de la Policía
Nacional-, Jaime Arturo Saavedra –Coronel de la Policía Nacional-, Laura
Lissette González Peña y Aníbal Villamizar Serrano –Mayor de la Policía
Nacional- y Víctor Alfonso Sierra.
En efecto, en audiencia verificada el 22 de julio de 2013, se
recibió el testimonio del señor Jaime Arturo Saavedra Peñalosa,
Coronel retirado de la Policía Nacional, quien afirmó conocer a
DANILO BUTOS SUÁREZ concretamente para la época en que fungió
como Comandante del Distrito No. 1 de la Policía Metropolitana de
Bogotá, en un procedimiento, cuando aquél se movilizaba en un
vehículo blindado rehusándose a la requisa, por lo que fue llevado a
un CAI, en donde se identificó y le fue hallado armamento, ante lo que
manifestó que era transportador y tenía un departamento de
seguridad, motivo por el cual el oficial le entregó su número personal y
le recomendó que asistiera al CAI más cercano para que le prestaran
colaboración; dijo que esta persona no tenía antecedentes y que “el
armamento estaba cubierto por el departamento de seguridad”,
manifestó que posteriormente recibió una llamada a su celular de
DANILO quien le manifestó que en un restaurante de su propiedad
ubicado en el barrio Castilla de la ciudad de Bogotá, habían colocado
un petardo, y por ello lo asesoró para que solicitara protección, pero
que desconocía que este se dedicara a actividades ilícitas.
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Dijo que el día de la captura del señor BUSTOS SUÁREZ, estaba
en una reunión y recibió una llamada de él, en la que le decía que “le
tenían un carro adelante y uno atrás”, le aconsejó que pidiera que lo
trasladaran a un CAI, pero que no intervino, ni pidió a autoridad
alguna que le colaborara y reconoce como cierto el contenido de la
transliteración de la interceptación de la llamada telefónica que da
cuenta de tal comunicación.
También se recibió el testimonio del señor Ángel Antonio Torres
Terreros65, quien aseguró que entre 2007 y 2008 se desempeñaba
como comandante del CAI Castilla de la estación de Kennedy de la
Policía Metropolitana de Bogotá, en donde conformó una red de apoyo
y comunicaciones con los comerciantes y residentes de dicho barrio y
alrededores, motivo por el cual visitó a DANILO BUSTOS SUÁREZ
para que hiciera parte de dicho programa, en la ejecución del mismo
se efectuaron visitas a la empresa que tenía en la jurisdicción del CAI,
circunscribiéndose su relación únicamente a tal hecho, y negó tener
conocimiento de las actividades al margen de la legalidad realizadas
por parte del acusado.
A su turno, la señora Laura Lisseth González Peña66, aseguró que
estuvo vinculada al CTI, Unidad de Homicidios, dijo que conoce al aquí
procesado “fue una relación de familia, posteriormente, sentimental y
finalmente amigos o conocidos por ser paisanos”, pero negó que
BUSTOS SUÁREZ la buscara solicitando colaboración en actividad
alguna.
El ciudadano Aníbal Villamizar Serrano67, Oficial de la Policía
Nacional, manifestó que en una ocasión una patrulla reportó que
había un explosivo en la “ciudad de Cali” y atendió el caso, se trataba
de la entrada de una empresa propiedad de DANILO BUSTOS
65 Folio 215, cuaderno original No. 16
66 Folio 71, cuaderno original No. 16
67 Folio 136, cuaderno original No. 16
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SUÁREZ, y que las ocasiones en que este último lo llamó no fueron
para pedir favores sino por cuestiones de servicio.
Pues bien, analizadas en conjunto las precitadas declaraciones,
como también las preguntas que se les formularon, emerge como nota
características que fueron cuestionados respecto del contenido de
diferentes transliteraciones, en los que BUSTOS SUÁREZ sostuvo
comunicación con personas denominadas como N.N, en donde se daba
a entender la calidad de pertenecientes a las autoridades, así como
algún tipo de confianza y cercanía, contenidos que fueron rechazados
como de su autoría por los declarantes.
Con todo, lo cierto es que, si bien, las declaraciones denotan
algún tipo de conocimiento del procesado, en calidad de agentes del
orden en el despliegue de operativos o en planes de seguridad para
comerciantes, inclusive como amigo o compañero sentimental,
también lo es que ni confirman como tampoco desvirtúan los dichos
del declarante, más aún si se tiene en cuenta que revisadas tanto la
denuncia68 como la declaración del señor José Alberto Aponte Novoa,
se advierte que efectivamente señaló la existencia de pagos por
colaboración, pero los circunscribe a un Comandante del Batallón de
Puente Aranda; a una Fiscal, entre octubre y noviembre de 2006; a un
Comandante de Policía de Acacias o Granada en 2004 – 2005 de
apellido Rico; a un Comandante de Policía de Villavicencio; y, a un
“Mayor Salazar” sin más datos.
Además, las declaraciones a las que alude la defensa técnica no
tienen el alcance suficiente para controvertir las manifestaciones del
testigo, si se tiene en cuenta que los cuestionamientos realizados a
estas personas tenían implícitas acusaciones de responsabilidad o
68 Folio 182, cuaderno original No. 1
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Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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participación en las actividades ilícitas de Danilo Bustos Suárez, por
manera que no estaban obligadas a declarar en su contra.
De otra parte, dice el recurrente que el delito de Narcotráfico o la
participación de Danilo Bustos Suárez en el mismo, de ninguna
manera se acreditó en el proceso, y que por el contrario lo que se
demostró fue la participación del testigo de cargo en eventos de
incautaciones de estupefacientes como en el de “Maicao”; sin embargo,
soslaya la defensa que en esta causa no sólo obra prueba que permite
verificar su pertenencia al crimen organizado, sino también su
participación, itérese en delitos contra la salud pública, dado que al
plenario se allegó legalmente69 la sentencia condenatoria proferida el 27
de septiembre de 2012 por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos
– Distrito del Sur de Florida – División Miami, como consecuencia de la
asunción de responsabilidad en el reato de Concierto para manufacturar
y distribuir 5 kilogramos o más de cocaína para la importación hacia los
Estados Unidos.
La decisión proferida en el extranjero tiene pleno valor suasorio, ya
que acorde con el criterio de la Honorable Corte Suprema de Justicia70,
este tipo de prueba documental revela una declaración de verdad en
relación con determinados hechos, que en este caso lo serían la
participación de BUSTOS SUÁREZ en los delitos contra los bienes
jurídicos de la salud y seguridad públicas.
Así las cosas, para el Tribunal, de las pruebas previamente
reseñadas, contrario a lo expuesto por el recurrente, emerge que el señor
Danilo Bustos Suárez perteneció a la organización criminal liderada por
el señor Daniel Barrera Barrera, y participó en actividades de
narcotráfico, delito por el que finalmente fue condenado por la Justicia
Norteamericana, razón por la que el Juzgado de Primera Instancia
resolvió cesar el procedimiento respecto de los delitos de Concierto para
69 Folio 171, cuaderno original No. 15
70 Corte Suprema de Justicia, radicado: 40.552, auto de 7 de julio de 2014. M.P. José Luis Barceló Camacho.
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Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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delinquir con fines de narcotráfico y Tráfico, fabricación o Porte de
Estupefacientes agravado.
El paginario también cuenta con el informe del 8 de febrero de
2010, que contiene el examen de las interceptaciones efectuadas dentro
del radicado 2009-8007771 –obtenidas mediante diligencia de inspección
judicial del 28 de diciembre de 200972– a varios abonados telefónicos
pertenecientes a presuntos miembros de la organización de Danilo
Bustos Suárez. El análisis de los diálogos establecidos entre los
interlocutores permitió a los investigadores concluir que el antes
mencionado hacía parte de “una red criminal dedicada a la adquisición,
transporte, comercialización y distribución de insumos químicos para el
procesamiento de cocaína, los cuales son llevados a la zona de injerencia y
a su regreso traen consigo cocaína oculta, que es llevada a los centros de
acopio, para posteriormente ser enviados al exterior por vía aérea y
marítima”73.
Para el censor en tales llamadas no se individualizaron a los
interlocutores, y “en ninguna de ellas participó DANILO BUSTOS SUÁREZ”
como que aquéllas que le fueron mostradas en diligencia de indagatoria
estaban recortadas, incompletas, manipuladas o editadas; con todo, deja
de lado el recurrente que en diligencia de ampliación de indagatoria de 12
de marzo de 201074, la Fiscalía le mostró el contenido de algunas
interceptaciones telefónicas, como así se dejó constancia en el acta de la
diligencia, en la que reconoció como suyo el abonado telefónico
3202356680, y respecto de la conversación que en esa oportunidad se
catalogó como “001-3202356680-06.09.2009 at 20.44.48.953, reconoció
su voz, así como a su interlocutor, situación que también se presentó con
las No. 002-3202356680-06.11.2009 at 09.41.32875, No. 009-
3202356680 – 06.20.2009 at 13.57.54.3214, No. 003-3202356680-
06.15.2009 at 11.33.18.703, No. 004-3202356680-06.16.2009 at
71 Folios 173-18, cuaderno original No. 5.
72 Folios 190-300 cuaderno original No. 5 y C.O Principal No. 5A, folios 1-19.
73 Folio 186, cuaderno original No. 5.
74 Folio 117, cuaderno original No 6.
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09.27.42.843, No. 005-3202356680-06.16.2009 at 09.32.37.125, No.
006-3202356680-06-18-2009 at 10-26.38.453, No. 007-3202356680-
06.18.2009 at 10.44.34.937 entre otras, de allí que es inadmisible el
reproche consistente en que tales comunicaciones no participara
BUSTOS SUÁREZ cuando él mismo reconoció que fue su autor.
Sobre esta temática dice el recurrente que “existió una indebida
sustracción por la instructora de los CDS que hacen parte del proceso y que
contienen las llamadas interceptadas que le pusieron a explicar en las
injuradas” ello con el propósito, según la defensa, de “fabricar pruebas en
contra de mi defendido y por lo tanto tales elementos no pueden ser
esgrimidos como demostrativos de responsabilidad penal en los
aconteceres que da cuenta este proceso”.
Afirmaciones carentes de fundamento sustancial alguno, si se tiene
en cuenta que en la diligencia de audiencia pública de 5 de noviembre de
2013, verificada ante el Juez de primera instancia, no sólo declaró el
investigador de Policía Judicial Fabio Andrés Rodríguez Castro, quien
participó en la misión orientada a obtener las interceptaciones materia de
reproche, sino que también fue posible escuchar el contenido de las
mismas a petición de los sujetos procesales, e inclusive la defensa tuvo
oportunidad de controvertirlas e interrogar al funcionario en mención,
despejando toda duda, no sólo de la existencia real de las grabaciones,
sino también de que se haya tratado de elementos de convicción
soterrados, ilegalmente confeccionados, u ocultos a la defensa material y
técnica.
No prosperan los reproches del defensor, permaneciendo de este
modo incólumes los resultados de los informes que dieron cuenta de la
real existencia del conglomerado criminal, así como las actividades
delictivas a las que se dedicaba la misma, y de la cual hacía parte el
acusado BUSTOS SUÁREZ.
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Ahora bien, en relación con la estructuración del delito de Lavado
de Activos Agravado, debe recordarse que en la Resolución de Acusación,
la Fiscalía sostuvo que DANILO BUSTOS SUÁREZ adquirió bienes a
nombre de terceros con dineros producto de actividades de narcotráfico,
con el fin de darles apariencia de legalidad, tesis acogida por la primera
instancia que halló plenamente demostrados los elementos del tipo penal
en cuestión; puntualmente analizó lo concerniente a la tradición del
apartamento 801, junto con los parqueaderos 92, 93, 94 y el depósito 18ª
del edificio Torres de Palma Verde, localizado en la calle 126 No. 11-
63/79 de Bogotá, como también la finca “Dorada” y flotas de mulas a
través de la empresa Transciba.
Por su parte la defensa reprocha que en este caso no se demostró
que el procesado estuviese inmerso en los delitos de Narcotráfico,
Enriquecimiento ilícito o Concierto para delinquir, que en todo caso en la
sentencia no se alude a prueba o indicios que permitan inferir que
DANILO BUSTOS SUÁREZ adquirió bienes con dineros producto de
actividades al margen de la ley.
Tales oposiciones para esta Sala no están llamadas a prosperar,
toda vez que acorde con los elementos de convicción hasta ahora
estudiados en esta decisión, no existe duda alguna de la real existencia
de los hechos delictivos ni de la responsabilidad que el acusado tiene
respecto de la conducta de Tráfico de estupefacientes, así como de su
pertenencia a la organización criminal liderada por él y por Daniel
Barrera Barrera, que inclusive le significó una condena por las
autoridades norteamericanas, y que a no dudarlo le representó ganancias
que fueron invertidas en bienes de diversa naturaleza para de esta
manera mimetizarlas y darles apariencia de legalidad.
Y es que, necesario surge considerar que el señor Danilo Bustos
Suárez, para finales de la década de los 90 afrontaba una difícil situación
económica, que se acreditó no sólo con lo vertido por el testigo Aponte
Novoa, quien conoció de la misma por su cercanía con el procesado, sino
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Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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también con la prueba documental consistente en certificados de
tradición y libertad de los inmuebles de su propiedad, certificado de
existencia y representación legal de la empresa MODERNA EXPRESS,
que dan cuenta de tal circunstancia, resultando de esa manera llamativo
el boyante desarrollo económico que a principios de 2000 presentó, y que,
a no dudarlo, obedece de manera exclusiva al despliegue de actividades
contrarias al ordenamiento jurídico.
En efecto, José Alberto Aponte Novoa indicó en diligencia de
declaración que “DANILO, vive muy agradecido con el LOCO BARRERA
porque el [sic] le dio la mano cuando quebró con su compañía de
aeromensajería que se llamaba MODERNA EXPRESS”, afirmación que
tiene respaldo en el certificado de existencia y representación legal de
dicha sociedad75, creada mediante Escritura Pública No. 0003900 de 2 de
diciembre de 1997, en el que se observa que efectivamente fue disuelta y
entró en liquidación, mediante documento notarial de 28 de junio de
200476.
Reflejó de lo anterior se puede verificar en los certificados de
tradición y libertad de los inmuebles de propiedad de DANILO BUSTOS
SUÁREZ, en los que se registraron pluralidad de medidas cautelares
como consecuencia de procesos ejecutivos iniciados en su contra, como a
continuación se relaciona:
MATRÍCULA INMOBILIARIA TIPO DE BIEN
ANOTACIÓN PROCESO
JUDICIAL
50S-40244653677
Predio ubicado en la calle 26
sur No. 72-95, EP. No. 111 de
15/01/1998
Anotación No. 3: 15/12/1999
embargo ejecutivo mixto. De:
Leasing de crédito, A: Bustos
Suárez Danilo y Moderna
Express Transporte de Carga
LTDA.
50N-2012672278 Transversal 29 No. 122-31, Anotación No. 7: 18/05/2000
75 Folio 106, cuaderno original No. 1
76 Folio 151, cuaderno original No. 2
77 Folio 42, cuaderno original No. 1
78 Folio 38, cuaderno original No. 1
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apartamento 304, edificio
Llano II, EP. No. 1279 de
22/04/1998
embargo ejecutivo. De: Alfredo
Montenegro, A: Danilo Bustos
Suárez.
50N-2012671979
Transversal 29 No. 122-31,
apartamento 301, edificio
Llano II, E.P. No. 1279 de
22/04/1998
Anotación No. 7: 10/05/2000,
embargo ejecutivo. De: Verjan
Carmen, A: Danilo Bustos
Suárez.
Ahora, en el análisis No. MD-GRUES-DIJIN-73.19 de 17 de marzo
de 2010, efectuado por policía judicial a la documentación incautada en
diversas diligencias de allanamiento y registro e inspecciones judiciales
realizadas a las propiedades del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ y sus
familiares80, se registró que en acta No. 25 correspondiente a la asamblea
general de socios de MODERNA EXPRESS LTDA, de 15 de mayo de 2002,
se observó que para dicha calenda los socios eran el prenombrado, Edgar
Bustos Suárez y Ludivia Bustos Suárez, y que acorde con dicho
documento se evidenció que la totalidad de la empresa estaba en cabeza
de la familia Bustos Suárez a pesar de su situación económica, al igual
que la totalidad de las obligaciones financieras y comerciales81.
Es por lo anterior que llama la atención a la judicatura que en el
mes de septiembre de 2000, constituyera la sociedad
COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BUSTOS ARIZA Y CIA –
TRANSCIBA -, también para la prestación del servicio de transporte de
carga por carretera, con un capital de $100.000.000, siendo los socios
comanditarios sus hijos Juan Carlos Bustos Ariza, Leidy Andrea Bustos
Ariza y Óscar Danilo Bustos Ariza, que acorde con las labores de
verificación adelantadas por policía judicial “al verificar son menores de
edad lo que nos permite afirmar que no tienen capacidad económica para
la inversión en este tipo de empresas, así mismo podría inferir que el
dinero utilizado para la constitución de la empresa fue aportado por el
señor DANILO BUSTOS”82
79 Folio 36, ibídem
80 Folio 134, cuaderno original No. 6
81 Folio 142, ibídem
82 Folio 3, cuaderno original No. 3
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Y es que, dicho contexto es necesario acompasarlo de lo
manifestado por el testigo Aponte Novoa, quien señaló que ingresó a la
organización de DANILO BUSTOS SUÁREZ a principios de 2002
transportando insumos para el procesamiento de cocaína (ácido
sulfúrico, etil metil y alcohol), entre otros, en tanques con destino a
Puerto Lleras o Puerto Rico Meta para los Laboratorios de alias el Loco
Barrera, denotando con su testimonio que para la época en que ingresó a
la empresa “TRASNCIBA” sociedad fachada, ya el acusado tenía una
sólida infraestructura conformada por varios vehículos y personal
organizados para el cumplimiento de su propósito delictivo, mismo que
permaneció en el tiempo pues aquél dio cuenta de diversas incautaciones
y hechos cometidos por ese conglomerado criminal, a manera de ejemplo
la pérdida de 250 kilos de cocaína en Portugal para el año 2006, evento
que fue registrado por los medios de comunicación83.
Nótese además, que en ese lapso que refiere el testigo, el señor
BUSTOS SUÁREZ presentó operaciones en el sector financiero que
resultaron llamativas o fuera de lo normal como así se concluyó por
policía judicial84, luego del análisis a extractos de sus cuentas bancarias:
“En el análisis de la cuenta No. 262-007149 se observa en el año 2003 se observa [sic] dos
transacciones que superan los superan [sic] los $340.000.000, en el mes de diciembre
movimiento que no es normal dentro de las transacciones realizadas dentro del año.
Para el año 2004 dentro de la misma cuenta se observa la que aumentaron [sic] de forma
representativa las transacciones y en el mes de diciembre se realizaron tres transacciones
por un valor de $1.234.500.000.
La cuenta No. 960-008969 de [sic] presenta una gran cantidad de transacciones en efectivo
que no se encontraban en el reporte de la UIAF, pero que al analizar se observa una gran
cantidad de operaciones fraccionadas y otras por valores altos realizados desde las
ciudades de Villavicencio, Tame, Pasto y Bogotá, transacciones realizadas en el año
2000 precisamente cuando se encontraba en iliquidez financiera.
Revisados los extractos bancarios del banco BBVA se observa que para el año 2000 en la
cuenta No. 0100008969 realiza una gran cantidad de movimientos en efectivo algunos por
83 Folio 185, cuaderno original No. 1
84 Folio 6-7, cuaderno original No. 3
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altas sumas de dinero y otras por cifras inferiores a $10.000.000 observando un
fraccionamiento, las transacciones se realizan desde Pasto, Villavicencio, Bogotá, (…)”
Elementos de convicción que valorados en conjunto, evidencian que
en realidad su situación económica a principios de 2000 no era la mejor,
y que esos dineros que pretendió amparar con presuntas actividades
legales de la empresa “TRANSCIBA” son en realidad producto del
narcotráfico, cuyas ganancias fueron transformadas en bienes
patrimoniales.
Y es que, una de las conductas desplegadas por las
organizaciones criminales, con el propósito de ocultar o encubrir el
dinero de origen espurio, es la modalidad conocida como sociedad de
pantalla, la que se caracteriza porque está constituida legalmente,
existe físicamente y cumple con su objeto social, pero en la que el
propósito real buscado es mezclar los recursos ilícitos con sus
ganancias, modalidad en la que claramente se enmarca la sociedad
“TRANSCIBA”, por medio de la cual el procesado adquirió pluralidad
de rodantes, y ejecutó toda la infraestructura para el transporte de
sustancias ilícitas.
Además adquirió bienes inmuebles de significativo valor comercial,
que si bien, en algunos casos pretendió dejar a nombre de terceros, lo
cierto es que se desveló que todo se trató de una estratagema para
desviar la atención de los entes de control. Al efecto, obran en el proceso
suficientes elementos de convicción e indicios, que permiten afirmar, que
la negociación efectuada respecto del bien identificado con matrícula
inmobiliaria No. 50N-20422247, esto es, el apartamento 801 del edificio
Torres de Palma Verde ubicado en la Calle 126 No. 11-63/79 de Bogotá,
fue un acto jurídico simulado, cuya finalidad era la de ocultar que la real
titularidad de la propiedad la ejercía el procesado Danilo Bustos Suárez.
Frente a ello, se tiene que en el paginario obra copia de la Escritura
Pública No. 2487 del 4 de octubre de 2005, otorgada ante la Notaría 39
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de Bogotá85, mediante la cual la compañía “A & S Constructores Ltda.”
enajenó a los señores HUBEL ULLOA ESPITIA, IGOR PARRA CORDOVÉZ
y CARID PARRA CORDOBÉS, el apartamento antes referido, así como el
derecho de uso exclusivo de los garajes comunes 92, 93, 94 y el depósito
común 18 A, por la suma de $903.650.000,oo, que según la cláusula
séptima del referido instrumento notarial la parte vendedora declaró
haberlos recibido “a entera satisfacción”86.
Pues bien, consta en autos que las personas que figuran como
compradoras del inmueble laboraban para el acusado DANILO BUSTOS
SUÁREZ, pues así lo reconoció éste último en diligencia de inquirir del 18
de septiembre de 200987, al afirmar que Igor y Carid hacían parte del
departamento de seguridad de la empresa TRANSCIBA, prestándole el
servicio de escolta, por el cual, devengaban un salario aproximado de
$1.500.000, y que Hubel Ulloa Espitia, además de ser su cuñado, le
colaboraba atendiendo asuntos relacionados con una de sus fincas (pago
de obreros y suministro de insumos) y “cuando él estaba de balde”
acompañaba a su esposa, servicios por los cuales le abonaba
mensualmente $1.000.000.
Existen también en el plenario varios informes contables y
financieros suscritos por funcionarios de policía judicial, en los que se
concluye, tras el análisis patrimonial de los supuestos compradores, que
éstos, dadas sus condiciones socioeconómicas y el nivel de sus ingresos,
no estaban en capacidad de llevar a cabo de manera individual ni
conjunta una inversión como la que se consignó en la Escritura Pública
de compraventa antes reseñada.
En efecto, en informe de calenda 7 de septiembre de 2009, en
relación con Igor Parra Cordobés se estableció que su perfil “es de un
extracto (sic) 2 o 3 según su actividad como escolta, lo que indica que sus
ingresos no son altos y no tiene una capacidad económica para adquirir ni
85 Folios 128-142, cuaderno original No. 2
86 Ibídem. Folio 131 (anverso).
87 Folios 125-134, cuaderno original No. 4
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en forma individual ni en compañía un apartamento de este tipo, por el
valor, de igual manera no tiene cuentas en el sector financiero en la cual
haya ahorrado algún dinero para invertir o solicitado un préstamo a una
entidad financiera ya que se encuentra reportado por el no pago de sus
obligaciones”88.
En lo que concierne a Carid Parra Cordobés, en el mismo
documento forense, se concluyó que “el señor en mención ha trabajado
con el cargo de escolta desde el año 2000, lo que nos indica que esa ha
sido su actividad durante los últimos 10 años los salarios devengados
corresponden a valores inferiores a dos mínimos mensuales, su patrimonio
para el año 2000 no superaban los $4.000.000, por lo que evidencia que
no cuenta con la capacidad económica para realizar en conjunto […] la
compra del apartamento 801 del conjunto Torres de Palma Verde ubicado
en Multicentro (sic), y el cual tiene un valor en documentos de
$950.000.000, pero que su valor comercial es de $1.700.000.000”89.
De otra parte, frente a Hubel Ulloa Espitia, el análisis contable
realizado el 24 de marzo de 2010 reveló que de “la información obtenida
en los allanamientos y la obtenida con anterioridad en el transcurso de la
investigación se puede afirmar que la actividad económica del señor Hubel
Hulloa Espitia (sic) corresponde a la comercialización de productos de
consumo al detal, pertenece a un estrato 2, no posee la capacidad
económica para adquirir de manera personal o en compañía de terceros
una propiedad por valor de $900.000.000”.
El funcionario de policía judicial también agregó que la última
actividad productiva desarrollada por el antes mencionado “es la de
administrador de un pequeño negocio de su propiedad en el municipio de
Soacha Cundinamarca”90, la cual, según el dicho del propio Ulloa Espitia,
le reportaba un ingreso mensual promedio de $500.000 a $700.000,
88 Cuaderno original No. 3, folio 17.
89 Ibídem. Folio 20.
90 Cuaderno original No. 6, folios 290-291.
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recursos destinados para su manutención, el de su familia y el
abastecimiento del local comercial91.
Por manera que, la ausencia de capacidad adquisitiva de los
compradores, sumado a las inconsistencias en las que incurrieron, Hubel
Ulloa Espitia y Danilo Bustos Suárez al explicar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que rodearon la varias veces citada negociación,
permiten reforzar la tesis de la simulación contractual en el presente
caso.
Al respecto, nótese que en indagatoria del 17 de septiembre de
200992, el señor Ulloa Espitia, indicó que el apartamento de la
“urbanización palma verde” lo adquirió en asocio con dos compañeros de
trabajo de la empresa TRANSCIBA, aproximadamente en el 2004, para lo
cual solicitaron a DANILO BUSTOS SUÁREZ que les hiciera un préstamo
por el valor necesario para cubrir el precio de compra, aclarando que en
lo que a él respecta, el señor Bustos, su cuñado, le prestó $300.000.000,
agregando que fue éste último el gestor de dicho negocio y quien efectuó
el pago correspondiente al vendedor, mientras que él no hizo nada.
Afirmaciones que presentan serias inconsistencias, si se confrontan
con lo vertido por el procesado DANILO BUSTOS, quien sobre el
particular, en diligencia de inquirir del 18 de septiembre de 2009, explicó:
“Resulta que yo les presté a ellos [aludiendo a Hubel Ulloa y sus dos
escoltas] no me acuerdo en qué año, yo le hago llegar las copias, les presté
como cuatrocientos cincuenta millones a los tres, no recuerdo cuánto le di a
cada uno, yo se los presté para que negociaran el apartamento y el resto lo
pusieron ellos, yo les di los cuatrocientos millones en efectivo y yo les hice
firmar un documento individual a cada uno por la suma que posteriormente
aportaré, no me acuerdo por cuánto tiempo se lo presté, eso se los presté
91 Cuaderno original No. 4, folios 118-123. Diligencia de indagatoria de Hubel Ulloa Espitia del 17 de septiembre de 2009.
92 Ibídem. Folios 118-134
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Procesado: Danilo Bustos Suárez.
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el dinero en el 2007 o 2008, el documento está en la empresa, ellos
negociaron directamente el apartamento”93 (Destaca la Sala).
En posterior salida procesal el señor ULLOA ESPITIA, cambió por
completo su anterior versión, y explicó que en realidad su inversión en la
compra del inmueble del edificio Palma Verde fue de $300.000.000,
recursos que provinieron de: i) un préstamo por $150.000.000 otorgado
por Danilo Bustos; ii) $70.000.000 que obtuvo al venderle a Rodrigo
Rodríguez un ganado de su propiedad que tenía en el municipio de
Puerto López (Meta), y iii) $80.000.000 que fueron facilitados por Juan
Carlos Barrera Peña, yerno del mencionado señor Rodríguez, a quien le
firmó una letra de cambio como garantía de la obligación94.
En esta nueva versión, afirmó que Danilo Bustos Suárez no
intervino en la negociación, sino que simplemente les prestó el dinero
para adquirir el inmueble, aduciendo que quienes llevaron a cabo todos
los trámites del contrato fueron sus socios, “los hermanos Parra
Cordobés”, quienes aparentemente habían contactado a un comprador
que pagaría un valor muy superior al que ellos sufragaron, lo que les iba
a representar una ganancia significativa, pero dado que tal arreglo no se
materializó, finalmente el apartamento fue adquirido por DANILO
BUSTOS SUÁREZ en la suma de $950.000.000,oo, hecho que se
protocolizó en la Escritura Pública No. 1598 del 8 de julio de 2008,
otorgada ante la Notaría 49 de Bogotá95.
Como puede observarse, existe un cambio abrupto en las versiones
de una de las personas que participaron en la negociación concretamente
el ciudadano Ulloa Espitia, frente a su participación en el acto jurídico
que involucró el apartamento del Edificio Palma Verde, pues mientras en
su primera salida refirió que la idea y la gestión del referido negocio
estuvo a cargo del señor DANILO BUSTOS, quien además le proporcionó,
a título de préstamo, la totalidad de su cuota de inversión, esto es,
93 Ibídem. Folio 125
94 Folios 77-85, cuaderno original No. 7
95 Folios 265-273, CUADERNO ORIGINAL No. 2
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$300.000.000, y que él “no hizo nada”, en su segunda diligencia de
injurada, retiró del escenario del contrato al aquí acusado y descargó
toda la responsabilidad en sus socios, Igor y Carid, adicionando que su
aporte en el negocio no fue subsidiado por Bustos Suárez, sino que
acudió a otro tipo de ingresos, como la venta de ganado y otro préstamo
particular.
En suma, todo lo anteriormente expuesto permite concluir que en
realidad lo pretendido fue desviar la actuación de las autoridades para
que mediante un contrato solemne, el bien inmueble pasara a figurar
como de propiedad de terceros, y así ocultar al verdadero dueño, en este
caso DANILO BUSTOS SUÁREZ, y de paso excluir de la relación negocial
al poseedor precedente que, según consta en autos, respondía al nombre
de Alirio Vargas Toloza96, quien según informe de policía judicial fue
solicitado en extradición en el año 2004 y capturado en el 200997,
personajes éstos vinculados con el punible de narcotráfico y delitos
conexos.
Conclusión ésta que se robustece, al analizar una de las múltiples
conversaciones telefónicas interceptadas dentro del radicado 2009-80077
–que fueran objeto de traslado a esta investigación a través de inspección
judicial del 28 de diciembre de 200998– a varios abonados telefónicos
pertenecientes a presuntos miembros de la organización de Danilo
Bustos Suárez.
En efecto, en uno de los apartes de la conversación No. 8, realizada
el 19 de septiembre de 2009 desde el celular “3114623470”, se aprecia
un diálogo entre los interlocutores “Chico” y “nn persona”, en el que el
primero de ellos, en relación con el apartamento del que se ha venido
hablando, comenta:
96 Folios 140-14, cuaderno original principal No. 2.
97 Folio 20. Informe de Policía Judicial del 7 de septiembre de 2009, cuaderno original principal No. 3
98 Folios 190-300, cuaderno original Principal No. 5 y folios 1-19, cuaderno original principal No. 5A
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“[…] nn chico dice…al edificio donde vive Lenis le hicieron allanamiento
porque eso es de Danilo gimnasio restaurante, como Danilo vivía en un
apartamento que vale 1.500 millones de pesos, ese apartamento está a
nombre de un cuñado y unos escoltas que él tenía, entonces al cuñado lo
agarraron y le hicieron allanamiento y está preso y los escoltas están en
Pereira ya no trabajan con Danilo también les pusieron orden de captura
por el apartamento ese, están a nombre de ellos son como tres
apartamentos en ese edificio eso vale una cantidad de plata y no tienen
como justificar eso, el sapo dio una lista grande […]”99.
Por manera que en el presente diligenciamiento se acreditaron los
nexos del señor DANILO BUSTOS SUÁREZ con una organización
dedicada al Tráfico de estupefacientes, como también que su
participación se concretó en disponer de los vehículos que hacían parte
de su empresa TRANSCIBA, para transportar sustancias ilícitas por
diferentes rutas, actividad que le representó ganancias que fueron
invertidas en la adquisición de bienes, circunstancia que se acreditó con
el testimonio de José Alberto Aponte Novoa, los análisis de
documentación hallada en diligencias de allanamientos e
interceptaciones de llamadas telefónicas, demostrándose su
responsabilidad en el delito de Lavado de Activos Agravado.
Así, las cosas, y dado que los reproches del apoderado de la
defensa, no prosperaron, por encontrarse la decisión del a quo, conforme
a derecho, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Octavo
Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C.
6.3.5. De la redosificación del quantum de la pena
En el proceso de cálculo de la pena, el a quo, para el delito de
Lavado de Activos, el Juzgado de primera instancia, partió de la sanción
prevista en el artículo 323 de la Ley 599 de 2000, que oscila entre seis (6)
y quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a cincuenta mil
(50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, agravado conforme
99 C.O Principal No. 5, folio 252.
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el artículo 324 ejusdem100; resultando los limites punitivos de 108 a 315
meses de prisión y multa de 750 a 87.500 s.m.l.m.v.
Luego, especificó que el cuarto mínimo iría de 108 a 159 meses, 22
días, y para la multa de 750 a 22.437.5 smlmv, fijando como pena
definitiva en contra de DANILO BUSTOS SUÁREZ la de 158 meses de
prisión y multa de 22.241.09 s.m.l.m.v, por el delito de Lavado de
Activos Agravado.
En lo que tiene que ver con el delito de Enriquecimiento ilícito de
particulares, luego de aplicar los preceptos contenidos en los artículos 60
y 61 del Código Penal, individualizó la sanción privativa de la libertad en
84 meses de prisión, y multa correspondiente al doble del
incremento ilícito logrado, esto es, $2.573.224.000.
Por efectos del concurso de conductas punibles, y acorde con los
lineamientos del artículo 31 del Código Penal, partió de la pena más
grave, que en este caso, correspondió al delito de Lavado de Activos
Agravado -158 meses-, y la aumentó en una proporción de 42 meses, por
el reato de Enriquecimiento Ilícito de Particular, para imponer en
definitiva doscientos (200) meses de prisión y multa de veintiséis mil
doscientos treinta y cuatro punto seis (26.234.6) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Ahora, como se especificó en el acápite 6.3.3. de la presente
determinación, en el sub examine se observa que la resolución de
acusación cobró firmeza el el 27 de octubre de 2010, motivo por el cual el
término prescriptivo se superó el 27 de octubre de 2015, calenda para la
cual no se había dictado la sentencia de primera instancia, trayendo
como consecuencia la declaratoria de prescripción de la acción penal
respecto del delito de Enriquecimiento ilícito de particular -que acorde con
100 “las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea
desarrollada por quien pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y
de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas
personas jurídicas, sociedades u organizaciones (…)”
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el artículo 327 de la Ley 599 de 2000 comporta una pena privativa de la libertad de 6 a
10 años-, con la consecuente cesación de procedimiento que por los
hechos constitutivos de aquél se siguió en contra del señor DANILO
BUSTOS SUÁREZ.
Es por lo anterior, que impera redosificar la pena impuesta por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado en la sentencia de 5 de
noviembre de 2015.
Por manera que el Tribunal, en aras de no menoscabar el principio
de “non reformatio in pejus”, y ante la declaratoria de prescripción por el
delito de Enriquecimiento ilícito de particulares, modificará la sanción
punitiva y la fijará en aquélla finalmente impuesta respecto del delito de
Lavado de Activos Agravado, esto es, 158 meses de prisión y multa de
22.241.09 s.m.l.m.v.
7. DE LA ORDEN DE CAPTURA
El inciso 1º del artículo 188 de la Ley 600 de 2000, establece que
“las providencias relativas a la libertad y detención, y las que ordenan medidas
preventivas, se cumplirán de inmediato”, y en el inciso 2º prevé la citada
norma que “si se niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la
captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo
que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de
aseguramiento de detención preventiva” (Destaca la Sala).
Acorde con reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia101, el contenido y alcance de la norma
previamente citada, cuyo tenor es similar al del artículo 198 del derogado
Decreto 2700 de 1991, tiene las siguientes implicaciones:
“1. La regla general es que las decisiones judiciales sólo pueden ejecutarse o cumplirse una
vez ejecutoriadas. Es lo que se infiere de la correlación lógica de los artículos 197 y 198 del
101 Consultar entre otras: Auto del 10 de marzo de 1998, radicado 12.939, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego; Sentencia del 20
de mayo de 2003, radicado 18.648, M.P. Marina Pulido de Barón; Sentencia de Tutela del 12 de septiembre de 2006, radicado
27.464, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; y Sentencia de Tutela del 23 de mayo de 2013, radicado 60.433, M.P. Luis
Guillermo Salazar Otero.
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Código de Procedimiento Penal, el primero referido a la “ejecutoria de las providencias”,
como presupuesto de su ejecución, y el segundo atinente al “cumplimiento inmediato” de las
determinaciones “relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas
preventivas”, como excepción a la regla. De todas maneras, la relación condicional entre
“ejecutoria” y “ejecución o cumplimiento” es más nítida y directa en la previsión del artículo
334 del Código de Procedimiento Civil.
2. El artículo 198 contiene una cadena de salvedades, cuyo entendimiento cabal sólo puede
lograrse si se busca el significado de cada una de sus partes y, sobre todo, si se descubre
la relación de las parte entre sí. Por obra del primer inciso de la disposición, se tiene que las
decisiones sobre libertad y detención, como excepción a la regla de la exigencia previa de la
ejecutoria, se cumplirán de inmediato (primer eslabón).
3. Más si lo que ocurre es que se dicta sentencia condenatoria, en primera o segunda
instancia (la norma no distingue), y “se niega el subrogado de la condena de ejecución
condicional, la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia…”.
Es decir, en caso de negación del sustituto, se hace otra distinción pero para regresar a la
regla general de la ejecutoria previa a la ejecución (segundo eslabón).
4. Sin embargo, a continuación se introduce otra limitación dentro del contexto de la
ejecución de la captura a que daría lugar la negación del subrogado. La lectura de este
inciso segundo del artículo 198 es la siguiente: negado el sustituto, la privación de la
libertad sólo podrá ordenarse una vez en firme la sentencia; pero, si en el curso del proceso
se había dictado medida de aseguramiento de detención sin excarcelación, fundado este
último matiz en el no cumplimiento del requisito objetivo del subrogado o en las
prohibiciones expresas de la respectiva causal de libertad (C. P. P., arts. 415-1 y 417), la
captura podrá ordenarse de inmediato (tercer eslabón). La expresión “sin excarcelación”
tiene necesariamente que referirse a la que se funda en la anticipación del sustituto penal
de la suspensión de la condena, como que ese es el tema traído a colación por la primera
parte del mencionado inciso 2°, pues, según lo recomienda el artículo 30 del Código Civil,
“el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera
que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”.
(…)
Es que la libertad obtenida con motivo de una absolución no se signa de “provisional”
simplemente por la opción de que se convierta en “definitiva” una vez ejecutoriado el fallo,
pues ello comportaría absurdamente que la decisión de primera instancia necesariamente
será confirmada, sino que también tiene ese matiz por la posibilidad alternativa de que
dicha sentencia se revoque, se adopte otra de sentido condenatorio, se niegue el subrogado
y, por ende, deba desaparecer la excarcelación.
9. La teleología del inciso 2° del artículo 198 es clara: negado el subrogado, “la captura sólo
podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia”; pero la salvedad apunta a
que en algunos procesos en que haya mediado detención sin excarcelación, con fundamento
en la consideración anticipada del mismo sustituto penal, se pueda ordenar dicha
aprehensión sin la ejecutoria del fallo. Esta finalidad sería irrealizable y el precepto
resultaría totalmente ineficaz si se entiende, para los fines de la excepción, que la última
determinación en materia de libertad que se toma en el proceso, antes de la sentencia,
siempre debe ser la detención sin excarcelación, porque esta medida ha lugar
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inmediatamente a la orden de captura y entonces, se pregunta: ¿cuándo o en qué casos
será que se dispone la aprehensión inmediata en el fallo?
10. Si la salvedad última del artículo 198 no se refiere a una medida de aseguramiento de
detención sin excarcelación precedente, que precisamente revive por la negación del
subrogado de la condena condicional en la sentencia, habría que suponer entonces la tesis
de que dicho distingo exige siempre como condición de aplicabilidad que la última
determinación adoptada sobre la libertad del procesado sea la detención sin excarcelación,
caso en el cual, si por norma inicialmente con la negación del subrogado no podía
ordenarse “la captura” y la salvedad es precisamente para poder dictarla de una vez en la
sentencia, se llegaría al absurdo de que, verificado el requisito, se emitiría una orden de
aprehensión respecto de una persona que ya se encuentra privada de la libertad o cuya
privación ya había sido ordenada como consecuencia de la detención sin excarcelación
finalmente adoptada que no necesita revivir con el fallo sino que sencillamente está vigente.
Por un argumento de reducción al absurdo, que muestra lo inaceptable de la conclusión, no
puede ser esta la inteligencia del citado precepto.
11. La cuestión era de más sencilla apreciación en el Código de Procedimiento Penal del año
de 1987 (Decreto 050), aunque con el sentido fundamental de ordenar la captura inmediata
en los fallos, pues, de acuerdo con el artículo 217 las providencias en el juicio sólo se
cumplían cuando quedaran ejecutoriadas, salvo lo establecido en el mismo ordenamiento.
Precisamente, el artículo 198 de aquel entonces, como una de las salvedades invocadas,
disponía que las resoluciones relativas a la libertad y detención, aun cuando estuviesen
“contenidas en providencias apelables en el efecto suspensivo”, eran de cumplimiento
inmediato. El artículo 198 de hoy, en cambio, quiso conservar la misma línea de acción,
pero con la salvedad adicional de que el cumplimiento inmediato está supeditado a la
preexistencia de una detención sin excarcelación en el curso del proceso.
En conclusión, sólo cuando la excarcelación se ha concedido como factor anticipado del
sustituto, el juez no podrá disponer la captura antes de la ejecutoria de la sentencia que lo
niega. Si en este proceso se produjo una medida de aseguramiento de detención sin
excarcelación, después se concedió la libertad provisional como consecuencia de la
sentencia absolutoria de primera instancia, y después el Tribunal revocó la absolución y
dictó fallo de condena sin derecho al subrogado, significa que la captura podía ordenarse
de inmediato, porque había desaparecido el presupuesto de la liberación provisional
(absolución) y cobraba vigencia la anterior detención sin excarcelación que se basó en la
ausencia de los requisitos de la condena de ejecución condicional”102.
Aplicando tales premisas al caso concreto, se tiene que a DANILO
BUSTOS SUÁREZ, la Fiscalía 17 Especializada UNAIM, en proveído del 24
de septiembre de 2009103, al resolver la situación jurídica, le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de
excarcelación.
102 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 10 de marzo de 1998, radicado 12.939, M.P. Jorge Aníbal
Gómez Gallego. Criterio reiterado en: Sentencia del 20 de mayo de 2003, radicado 18.648, M.P. Marina Pulido de Barón;
Sentencia de Tutela del 12 de septiembre de 2006, radicado 27.464, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca; y Sentencia de
Tutela del 23 de mayo de 2013, radicado 60.433, M.P. Luis Guillermo Salazar Otero.
103 Folio 157, cuaderno original No. 4
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Ahora bien, de conformidad con el acta de derechos del capturado
que milita en el expediente104, se observa que el señor DANILO BUSTOS
SUÁREZ fue capturado el 17 de septiembre de 2009, por orden No.
0016714 expedida por la Fiscalía 17 UNAIM; posteriormente, fue
aprehendido con fines de extradición para comparecer a juicio por delitos
federales de narcotráfico105.
En este orden de ideas, se torna imperioso, dada la preexistencia
de una medida de detención preventiva sin excarcelación, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 188 de la Ley 600 de 2000, ordenar la captura de
DANILO BUSTOS SUÁREZ para que una vez culminada la sanción
proferida por las autoridades norteamericanas cumpla con la pena
privativa de la libertad impuesta al interior de la presente causa.
Así las cosas, se dispondrá que, a través de las autoridades
competentes para que una vez DANILO BUSTOS SUÁREZ cumpla la
decisión proferida en el extranjero, se proceda con la aprehensión
inmediata del sentenciado, para lo cual, se librará la correspondiente
orden de captura.
8. OTRAS DETERMINACIONES
Dado el tiempo transcurrido entre la fecha en que cobró ejecutoria
la resolución de acusación de 10 de septiembre de 2010 y la sentencia de
primera instancia, circunstancia que concretó el fenómeno extintivo, se
ordenará compulsar copias de esta decisión ante la Sala Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura.
9. DECISIÓN
Con base en las consideraciones expuestas en precedencia, la Sala
Penal de Extinción del Derecho del Dominio del Tribunal Superior de
104 Folio 189, cuaderno anexo original No. 3
105 Folio 34, cuaderno anexo “Solicitud de extradición de Danilo Bustos Suárez”
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Bogotá, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR prescrita la acción penal correspondiente al
delito de Enriquecimiento ilícito de particular imputado a DANILO
BUSTOS SUÁREZ y en consecuencia cesar todo procedimiento que por
tales hechos se le adelanta.
SEGUNDO: MODIFICAR la sanción impuesta al señor DANILO
BUSTOS SUÁREZ, en la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Penal
del Circuito Especializado de Bogotá el 5 de noviembre de 2015, para en
su lugar condenarlo a la pena principal de CIENTO CINCUENTA Y
OCHO (158) MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE VEINTIDÓS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PUNTO NUEVE (22.241.09)
S.M.L.M.V, como autor responsable del delito de Lavado de Activos
Agravado, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena
principal.
TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida por el
Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, el 5 de
noviembre de 2015.
CUARTO: DISPONER LA CAPTURA INMEDIATA del procesado
DANILO BUSTOS SUÁREZ; para el efecto, en su oportunidad, se
LIBRARÁ la respectiva orden.
QUINTO: Por Secretaría de la Sala de Extinción del Derecho de
Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, DÉSE cumplimiento al acápite
otras determinaciones.
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Proceso: Lavado de activos
Procesado: Danilo Bustos Suárez.
60
SEXTO: INFORMAR a los sujetos procesales que contra este fallo
procede el recurso extraordinario de casación, en la forma y los términos
contenidos en los artículos 205 y siguientes del Código de Procedimiento
Penal (Ley 600 de 2000).
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO
Magistrado
MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO
Magistrada
WILLIAM SALAMANCA DAZA
Magistrado