REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA DE EXTINCION DE DOMINIO
MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM SALAMANCA DAZA
Radicado 110013107005-20100067-00
Procedencia Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Bogotá
Causa Lavado de Activos
Procesados AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, CARLOS ARTURO AGUDELO
GÓMEZ, ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ Y FÉLIX ANTONIO
GIRALDO ARANGO.
Asunto Apelación sentencia anticipada
Decisión Confirmar
Acta No. 18
Bogotá D. C., Nueve (9) de julio de dos mil trece (2013).
El Tribunal resuelve el recurso de apelación interpuesto a través de los apoderados de los sentenciados AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ Y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, contra la sentencia anticipada proferida el 30 de Diciembre de 2011, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
1. DEL FACTUM
Con ocasión a informes adiados 23 de agosto de 2004 expedidos por la Policía Judicial del Departamento Administrativo de Seguridad, se ubicaron los campamentos y los integrantes del Frente VII de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, denominados “JACOBO PRÍAS”, que operan en los Departamentos de Guaviare y Meta.
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El 10 de marzo de 2008, se obtuvo información de la existencia de un grupo de personas ubicadas en la ciudad de Bogotá al mando del alías “ALIRIO ROJAS”, con asentamiento en áreas rurales con influencia guerrillera del Bloque Oriental, a quien rendían un reporte periódico sobre la administración de los recursos; grupo que se dedicaba a actividades de Narcotráfico, Lavado de Activos y Tráfico de Armas, a través de las cuales obtenían los dineros; para suplir las necesidades logísticas, material de guerra, e insumos, para continuar con el procesamiento de alcaloides, la creación de empresas y la compra de bienes muebles e inmuebles.
Con base en la situación fáctica referida, se dispuso la vinculación procesal de AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, GEISON STEVEN PÉREZ ARIAS, ALEXANDER ESPINOSA VILLAMIZAR Y EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, entre otros.
2. ANTECEDENTES PROCESALES
Clausurada la investigación, la Fiscalía 8ª adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, profirió resolución de acusación1 adiada 3 de abril de 2009, contra AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ Y EUFRANIO OLAYA GUZMÁN señalándolos coautores responsables del delito de Lavado de Activos, contra CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO coautores de Lavado de Activos en concurso heterogéneo con Rebelión, y a GEISON STEVEN PÉREZ ARIAS, se le considera coautor de punible de Rebelión.
1 Fl. 100 cuaderno original 24 de la Fiscalía.
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Actuación asignada el 21 de Julio de 2010, al Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Bogotá, despacho que avocó las diligencias en la misma fecha y corrió el traslado previsto en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. Previo a instalar el debate oral, se realizaron sendas audiencias de formulación de aceptación de cargos para sentencia anticipada, el 10 de septiembre de 20102 con ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ y EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, el 21 de septiembre de 20103 con GEISON ESTEVEN PÉREZ ARIAS y con CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, el 17 de enero de 20114.
El 30 de Diciembre de 2011, el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de ésta ciudad, profirió sentencia anticipada por aceptación de cargos en los siguientes términos:
1. En contra de CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, impuso las penas principales de 98 meses de prisión5, multa de 8.567.77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautores del delito de Lavado de Activos en concurso heterogéneo con Rebelión.
2. AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ6 como coautora del delito de Lavado de Activos, le impuso 787 meses de prisión, multa de 8.583.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2 Fl. 1 cuaderno original 1.
3 Fl.7 cuaderno original 1.
4 Fl. 184 cuaderno original 1.
5 8 años 2 meses de prisión.
6 El 28 de Junio de 2008, aceptó cargos por el delito de REBELION, así fue condenada por el Juzgado 39 Penal del circuito de Bogotá, a la pena de 4 años y 2 meses, confirmada por la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el 26 de marzo de 2009 y mediante auto del 18 de enero de 2011, el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad le concede la PRISION DOMICILIARIA mediante VIGILANCIA ELECTRÓNICA.
7 6 años 6 meses de prisión.
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3. ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ y EUFRANIO OLAYA, coautores de Lavado de Activos fueron condenados a la pena de 588 meses de prisión y multa de 1.733.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
4. GEISON STEVEN ARIAS PÉREZ, fue sentenciado a las penas principales de 53 meses 20 días de prisión, multa de 77.77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como coautor del delito de Rebelión.
3. SENTENCIA IMPUGNADA
La Juez Quinta Penal del Circuito Especializada de Bogotá, luego de analizar las circunstancias fácticas y el acervo probatorio obrante en el proceso, concluyó que tanto la materialidad del injusto como la responsabilidad y autoría de los delitos que individualmente se enrostraron a los procesados ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ, EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, GEISON ESTEVEN PÉREZ ARIAS, CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, se encuentra plenamente acreditada, en el entendido que el punible de Lavado de Activos está constituido por los verbos rectores que denotan la acción incriminatoria y se refleja en el conjunto de operaciones tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de unos bienes de dudosa procedencia, pretendiendo dar apariencia de legalidad a dineros que son producto de actividades ilícitas, afectando con ello el sistema financiero del Estado Colombiano. Por ello, el grupo revolucionario de las Farc, para solventarse recurre a actividades delictivas como el secuestro, la extorsión, la comercialización y distribución de alcaloide,
8 4 años 10 meses de prisión.
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dinero que acrecentaba las arcas del grupo insurgente al mando de alías “Alirio Rojas”.
Se estableció –afirma la Juez de primera instancia-, que la estructura de la organización delincuencial, liderada por GILDARDO GARCÍA CARDONA alías “ALIRIO ROJAS”, cabecilla del Frente VII quien deriva su poder en dos mandos asumidos por AYDEE LILIANA alías “AMANDA”, y CARLOS ARTURO, alías “MANPOWER”, reciben órdenes de su inmediato superior, quien les indica la forma en que deben invertir los dineros provenientes de las actividades del grupo guerrillero. AYDEE LILIANA, a su vez dirige a AURELIO GALINDO AMAYA alías “MONO AURELIO”, MIGUEL AMADO GARAY, FREDY MOLINA CRUZ, LUZ ADRIANA MOLINA, PEDRO GERMÁN ARIZA QUINTERO alías “BIGOTES”. Por su parte, CARLOS ARTURO AGUDELO, dirige el bloque integrado por FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, GILDARDO ARANGO, YURI CONSTANZA CASTELLANOS RUÍZ, MARÍA LYDA GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, OMAR PEDRAZA VELÁSQUEZ, EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, GEISON STEVEN PÉREZ ARIAS Y ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ, ésta última persona por su condición de abogado realiza los trámites legales para perfeccionar el delito Lavado de Activos.
Consideró que AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ y CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, eran los encargados de ingresar el dinero de origen ilícito al torrente financiero a través de la compra y venta de inmuebles, constitución de empresas, adquisición de vehículos, actividades para las cuales utilizaban personas naturales, que se incorporan en el comercio informal.
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Dado que la estructura del delito de Lavado de Activos, exige un sujeto indeterminado, que haya o no participado en el ilícito, constituye un delito autónomo frente a la conducta punible que produce y origina los fondos ilícitos, es así que en el evento sub examine, se estableció la participación activa en el delito tráfico de estupefacientes, de cuyo accionar es perjudicado el Estado, siendo suficiente probar el conocimiento previo de una actividad ilícita, a través de los verbos adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar custodiar, o administrar bienes, es decir, desarrollar pluralidad de conductas que persiguen dar apariencia de legalidad a bienes provenientes de actividades ilícitas.
La Juzgadora reparó en el señalamiento realizado por un integrante de ese grupo guerrillero, que permitió establecer que alías “Alirio Rojas”, era el encargado de las finanzas del Frente VII y a través de los contactos que gestionaban AYDEE LILIANA, CARLOS y FÉLIX, posibilitaban las inversiones y la adquisición de bienes.
Se precisó que de las transliteraciones telefónicas, entre otras, la N° 390 del 6 de marzo de 2007, se realizaron retiros por $20.000.000 y $30.000.000 de pesos, el 1° de febrero de 2007 y que alías “ALIRIO ROJAS”, envió desde San José del Guaviare $50.000.000 de pesos, a CARLOS ARTURO y a FÉLIX, como también las instrucciones a AMANDA para invertir los dineros recaudados. Así mismo, se establece el reporte de esta última a su dirigente guerrillero, de la gestión encomendada, movimientos financieros que finalmente son coincidentes con las conversaciones.
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Se dice que se probó la creación de empresas fachada de razón social “Financiamiento Estructural S.A.”,9 Comercializadora Industrial Agudelo y Cia Ltda, Karlytez Ltda, Bam Baixon Ltda, el Parqueadero Giraldo, Servimos Medellín, High-T, Maxbol Ms Sport y Taxivisión Ltda, como también la adquisición de fincas en Puerto Boyacá denominadas: El Marfil, El Porvenir, El Martirio, El Diamante y Las Brisas; otros inmuebles en San Juan de Arama como Agua Linda, La Ceibita, La Esperanza, Las Brisas y Normada; los inmuebles ubicados en esta capital, en la carrera 88ª No 70-74 de Bosa La Libertad bajo la titularidad de CARLOS AGUDELO GÓMEZ Y EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, en la calle 1ª N° 27ª-32 barrio Santa Isabel de propiedad de CARLOS Y NUBIA AGUDELO, y en Ibagué (Tolima) a nombre de ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ, ubicado en la carrera 10 No 61-19 casa 34.
Ahora bien, en cuanto a AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, alías “Amanda, la Negra, Lucía o Doña Escopeta”, data su vinculación desde 1988, con la cuadrilla 27 denominada “Alirio Rojas”, conocida como la compañera sentimental de este cabecilla, quien para el mes de septiembre del año 2005 abandonó el área guerrillera, con autorización del Estado Mayor Bloque Central –EMBC-, condicionada a coordinar las inversiones a favor de las Farc, y a realizar los respectivos informes financieros de su gestión a su inmediato superior, así ingresó a la vida civil y se hizo conocer como comerciante prestigiosa de ganado en la región del Magdalena Medio10.
9 Ver transliteraciones de llamadas telefónicas de alias Amanda Nº 385 y 386 cuaderno anexo.
10 Aspecto que se conoce de la transliteración de las comunicaciones 340,341,342,343,y 344.
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Discurre que en la diligencia de allanamiento realizada el 10 de abril de 2008, en la finca El Porvenir, caserío de “El Ermitaño” en Puerto Boyacá, se incautaron dineros, documentos y agendas que dan cuenta de las transacciones bancarias entre las cuales se destaca movimientos financieros realizados por FABER VANEGAS AVILES, como también se deduce la estructura de la organización criminal.
Concluyó que CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, alías “Manpower”, desarrollaba actividades de comerciante en la Población de Cachicamo Departamento del Guaviare, región de notoria influencia del Frente VII de las Farc. De acuerdo a la afirmación brindada por Miller Alexander Cruz y Luis Ariosto Torres Sanabria, desplazados de la región, indican que AGUDELO GÓMEZ, coordina el grupo miliciano que opera en la región, manipula armas de fuego, también lo distinguen como comerciante de base de coca y ganado, actividad de público conocimiento en las calles de esa población. Así mismo, de la transliteración de la llamada N° 39011 del 6 de marzo de 2007 y del estudio patrimonial que se le efectuara se estableció que desde el año 2003, era propietario de la “comercializadora industrial Agudelo y Cia, Ltda, Karlytex Ltda, en asocio con MARÍA LYDA GUTIÉRREZ, cuyo avalúo asciende a $117.021.000. En el año 2005, adquirió otro inmueble en sociedad con EUFRANIO GUZMÁN OLAYA, por $29.270.000, año en que también registra la compra de dos predios en la localidad de Lejanías (Meta), y tres, en el Municipio de San Juan de Arama por valor de $18.000.000, para el año 2004 adquirió un predio por $43.800.000 que posteriormente vendió en $46.000.000 y en el año 2007, registra la compra de un vehículo por valor de $29.112.000, y la constitución de la empresa Karlytex Ltda por valor de $71.400.000, y su aporte se cifra en $10.000.000, en el mismo año se constituyó la empresa Baixon Ltda con $50.000.000, y
11 Pista 00341013.
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en el año 2006, aparece como socio aportante de la empresa Taxivisión con un capital de $16.000.000.
En cuanto a FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, “alías Mono” fue hallado penalmente responsable de los delitos de Lavado de Activos y Rebelión, en tanto que se estableció que es propietario del “ALMACÉN Y CACHARRERÍA GIRALDO” localizado en Puerto Cachicamo (Guaviare), proporcionaba los insumos indispensables para el procesamiento de la cocaína, y préstamos al grupo insurgente hasta por cien millones de pesos; es propietario de dos fincas ubicadas en el caño Cachicamo, con cultivos de coca. Así mismo, registra la titularidad de inmuebles en Villavicencio y Bogotá y de la finca “Catire”, de aproximadamente 400 hectáreas ubicada en la vereda Argentina del Departamento del Guaviare; y en el mismo sector del otro predio rural denominado “El Rolo” cuya extensión aproximadamente es de 120 hectáreas, sembrada en coca y pasto; un inmueble urbano en el centro de la población, y otras propiedades en Bogotá entre ellas un club de billares, buses colectivos de uso público, almacenes de venta de ropa. Luego, cuando se trasladó a la ciudad de Bogotá, conformó una sociedad con su cuñado CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, con quien incluso compraron una serviteca en esta Capital de la República y se registró en la Cámara de Comercio como Representante Legal del “Parqueadero Giraldo” ubicado en la carrera 19 No 10-95, matrícula inmobiliaria 50C-13703592.
FELIX GIRALDO y CARLOS AGUDELO, según las declaraciones de JORGE CABRERA MEDELLÍN desmovilizado del grupo guerrillero los identifica como representantes de la Empresa KARLYTEX o BOM BAIXON, también son reconocidos en tal calidad, por empleados que laboran en esa empresa, cuya gerencia está al mando de MARÍA LYDA GUTIÉRREZ, el socio accionista es LUCAS SILVA, y a través del
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certificado de instrumentos públicos se estableció la existencia del inmueble localizado en el barrio Santa Isabel de Bogotá, adquirido por AGUDELO GÓMEZ y MARÍA LYDA GUTIÉRREZ.
Se dijo en el fallo, que de las interceptaciones telefónicas se estableció que ALEXANDER ESPINOSA, es un profesional en derecho, al servicio de las finanzas del grupo insurgente y con absoluto conocimiento de las acciones irregulares que desplegaban ALIRIO ROJAS, FÉLIX GIRALDO, CARLOS AGUDELO y otros, cumplía las órdenes impartidas por “ALIRIO ROJAS”, por ello, coordina, verifica y legaliza la adquisición de los bienes, consolida los negocios pactados, entre otros la compra del inmueble en el barrio Santa Isabel en Bogotá, rinde cuentas a FÉLIX GIRALDO; funge como actual titular del inmueble ubicado en la carrera 10ª N° 61-19 casa 34, barrio Tierra Linda, de la ciudad de Ibagué, cuya propietaria era RAQUEL LUCÍA PARGA ROJAS, negocio celebrado por el valor de $50.000.00 de pesos; sin embargo, se acopió a la actuación procesal la promesa de compra venta por valor de $120.000.000, firmada por CRISTOBAL PARGA. Así mismo, se acreditó que este abogado, adquirió un inmueble ubicado en la ciudad de Girardot (Cund), de razón social “la Bodega”, registrado a nombre de LUZ ADRIANA Y JULIÁN ESTEBAN MOLINA CRUZ.
La Juzgadora aseveró que la existencia del delito de Rebelión imputado a CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO y GEISON STEVEN PÉREZ ARIAS, es incontestable dado que su objetivo es cambiar el sistema de Gobierno Nacional y por ello los aquí procesados como integrantes de la organización criminal de las Farc despliegan actividades propias de esa filosofía. Aunado a que existe el pleno señalamiento que además
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de ser miembros activos y milicianos, acatan las ordenes del comandante insurrecto alías “ALIRIO ROJAS”. Por ello, se destacó que en la diligencia de allanamiento12 realizada el 1º de septiembre de 2006, en el inmueble ubicado en la carrera 19G N° 59ª-08 sur barrio Villa Helena de Ciudad Bolívar de ésta capital, propiedad de MARÍA DEL CARMEN ÁVILA VACCA, esposa de JESÚS ALBERTO GIRALDO ARANGO, hermano de FÉLIX GIRALDO, se incautaron 330 granadas MGL, 1152 cartuchos para fúsil, hecho que permite deducir la vinculación de CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, EUFRANIO OLAYA GUZMÁN, y GEISON PÉREZ alías “Animal puerco o mico”, con el grupo insurgente de las Farc, dada la adquisión, almacenamiento y custodia del material bélico de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Finalmente –la Juez de primera instancia-, en el ejercicio de tasación punitiva y dentro del marco legal de los tipos penales enrostrados de Lavado de Activos y Rebelión, una vez establecido el ámbito de movilidad resolvió condenar por aceptación de cargos a CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO coautores de Lavado de Activos en concurso heterogéneo con Rebelión a la pena de 8 años 2 meses y multa de 8567,77 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, coautora del delito de Lavado de Activos, le irrogó la pena de 6 años, 6 meses de prisión, multa de 8.583 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ, coautor de Lavado de Activos, le impuso 58 meses 20 días de prisión y negó la suspensión condicional de la pena para todos los sentenciados, por no reunir el requisito objetivo; tampoco concedió la libertad provisional deprecada por los dos primeros sentenciados, en virtud a que no se reunía el quantum punitivo para su otorgamiento.
12 Cuaderno anexo 1 folio 289 y 290.
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4. DE LA ALZADA
El sentenciado ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ13 confutó la sentencia proferida el 30 de Diciembre de 2011 por el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado, pretende su revocatoria y en su lugar se adecúe correctamente la dosificación de la pena, por cuanto en el fallo en forma desigual, injustificada y sin motivación alguna se incrementó la pena en 16 meses de prisión. Insiste en que la Funcionaria Judicial no argumentó las razones de orden legal para adoptar una posición diversa frente al confeso, apartándose del imperativo legal y de los pronunciamientos del máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, que exige a los funcionarios judiciales, adoptar decisiones acompañadas de las razones que brindan el sustento.
Destacó, el Abogado Defensor, que en forma vaga se enunció como fundamento algún pronunciamiento de la Corte Suprema, sin precisar la fuente exacta, como tampoco se fijó la postura jurídica allí adoptada, de lo cual colige que obedece únicamente al arbitrio personal de la Juzgadora, vulnerando derechos fundamentales de la titularidad del procesado, dado que la ausencia de motivación imposibilita controvertir la decisión, tal como se analizó en la sentencia de tutela T-247/2006, presupuesto de garantía de la doble instancia, que se refleja en la afectación del ejercicio efectivo de los recursos como también la posibilidad de conocer la inferencia judicial del derecho frente a los hechos relevantes en la actuación procesal.
Por su parte, el abogado defensor14 de AYDEE LILIANA MOLINA GÓMEZ y CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, impugnó la decisión condenatoria, solicitando se revoque parcialmente el fallo de primera
13 A través del apoderado DAVID BENAVIDES MORALES (fl 175 )
14 GERMÁN GUSTAVO DÍAZ FORERO.
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instancia y se modifique el quantum punitivo impuesto a sus representados. (Fl.179)
Una vez rememoró el decurso procesal, enfatizó en el anuncio de la Directora Judicial para que los enjuiciados aceptaran los cargos en similares condiciones de otros de los procesados, quienes fueron beneficiados con libertad provisional, por ello, sus representados en el marco de confianza, expectativa y seguridad jurídica optaron por aceptar los cargos enrostrados por la Fiscalía General de la Nación.
Insistió en la desigualdad aplicada por ese Despacho Judicial, dado que frente a ALEXANDER ESPINOSA condenado por el delito de Lavado de Activos se le irrogaron las penas principales de 58 meses y 20 días de prisión, multa de 1733 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en tanto que, a AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ y CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ, se le impusieron 78 meses, quantum desiguales, teniendo en cuenta los demás sentenciados quienes ostentan idénticas circunstancias fácticas y jurídicas y en el ámbito de la dosimetría punitiva se debe acudir al sistema de cuartos, que aunado a criterios subjetivos que son producto del libre albedrío del juzgador quien realiza la ponderación y proporcionalidad de la sanciones que a la postre resultaron inequitativas, precisamente producto de la confianza creada por la jueza en sentencias anticipadas proferidas con antelación, frente a otros procesados en el mismo caso.
Citó como argumento jurisprudencial, el expediente T-952-07 con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra, matizando para el efecto, la disminuida ilustración académica de MOLINA CRUZ, cuyo nivel ni siquiera alcanza la primaria, en tanto, que el primero de los mencionados –ESPINOSA-, es profesional del derecho, por ello estima que contrario sensu, debieron ser beneficiados con la sanción
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mínima prevista para el delito contra el Orden Económico y Social, relievando que en la audiencia pública el Ente Acusador no invocó mayor carga punitiva.
Afirmó que se vulneró el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, pues en la sentencia confutada, se tuvo en cuenta para imponer el extremo máximo la condición de la sentenciada dentro de la organización criminal, aunado a que AYDEE LILIANA, fue condenada anticipadamente por el delito de Rebelión, y registra en su contra una pena de 50 meses de prisión, impuesta por el Juzgado 39 Penal del Circuito de Bogotá15; luego entonces porfía que esta sentencia no debe considerarse en el juzgamiento del delito de Lavado de Activos dado que es un delito autónomo, que apuntala a resguardar, invertir, transportar, transformar, custodiar, o administrar bienes, dar apariencia de legalidad a los adquiridos ilícitamente, ocultar, encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino; sin embargo, cree que para incrementar el quantum punitivo, el Juzgado tuvo en cuenta que AYDEE LILIANA y CARLOS ARTURO, participaban y colaboraban bajo el mando de GILDARDO DE JESÚS GARCÍA CARDONA alías “ALIRIO ROJAS”; razonamiento que riñe y vulnera el principio constitucional del “non bis in dem”16.
La apoderada de FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO17, planteó su disenso con la sentencia de marras, coadyuvando las peticiones esbozadas en precedencia, y pretende se redosifiquen las penas impuestas con ocasión de la aceptación de cargos por los delitos de Lavado de Activos en concurso con Rebelión, dado que existen circunstancias de atenuación que lo favorecen como la ausencia de
15 Radicado 2008.0741, y ejecuta la pena el Juez 1ª Penal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Descongestión de Bogotá.
16 Cita como sustento Jurisprudencial la radicación 25629 de la Corte Suprema de Justicia, ponencia del magistrado ALVARO ORLANDO PEREZ PIZON.
17 Doctora Victoria Eugenia del Socorro Rodríguez Reynell (fl 193)
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antecedentes penales, teniendo en cuenta que en esa organización criminal se establece una estructura basada en la jerarquía liderada por “ALIRIO ROJAS”, jefe de finanzas del frente VII, quien instruye y dirige las inversiones de los dineros obtenidos por el grupo guerrillero, y para el caso resalta que AYDEE LILIANA, y CARLOS ARTURO reciben órdenes de su jefe inmediato; en tanto que FÉLIX ANTONIO, se hallaba bajo las directrices de CARLOS ARTURO alías “Manpower”, tal como lo afirmó el Ente Acusador en la resolución de acusación. No obstante, la Juez de Primera Instancia lo califica en el mismo grado que sus inmediatos superiores, pese a que únicamente cumple órdenes de AGUDELO GÓMEZ, colige que el test de razonabilidad fue equivocado y por tanto, considera la defensa que la pena impuesta fue excesiva para GIRALDO ARANGO. (folio 20 y 27).
Afirmó que el principio de igualdad no impide reconocer distinciones legítimas, sino que admite tratos desiguales, es decir, que no contengan una justificación objetiva y razonable, o que no guarden proporcionalidad entre los hechos. Para el caso, pone de presente la situación de ALEXANDER ESPINOSA Y EUFRANIO OLAYA quienes en circunstancias análogas fueron beneficiados con una sanción menor, pese a la identidad del tipo penal juzgado, surgiendo por ello, una disparidad frente a la situación que enfrenta FÉLIX ANTONIO GIRALDO, distanciándose el juzgador de efectuar un análisis razonable y objetivo frente a la misma situación de hecho, probatoria y el ejercicio de dosificación punitiva y que hace más gravosa la situación del reo, que desconoce de tajo el derecho a la igualdad frente a identidad de circunstancias. Concluye que la pena de 8 años y 2 meses de prisión impuesta a su prohijado, ostenta una excesiva e injusta privación de la libertad ajena a los beneficios de la Justicia Premial, aunado que la Fiscalía General de la Nación no invocó la imposición de una pena mayor.
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Finalmente, consideró que la multa de 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, aumentada en 66.66, riñe con los postulados previstos para el efecto, dado que esta sanción pecuniaria obedece a aspectos disímiles por su naturaleza, filosofía y cumplimiento.
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1 De la Competencia
Esta Corporación es competente para conocer de este proceso en razón de lo dispuesto en los artículos 76 inciso 1º y 204 de la Ley 600 de 2000, así como en los Acuerdos PSAA10-6852 del 19 de marzo de 2010 y PSAA11-7718 del 16 de febrero de 2011 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Debe advertirse igualmente que de conformidad con el precepto normativo citado, y la precisión sentada por la Corte Suprema de Justicia, radicado 26128 del 11 de abril de 2003, magistrado ponente doctor Jorge Luís Quintero Milanés, la facultad de revisión de la Sala se circunscribirá a los aspectos materia de alzada y se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados a los mismos.
5.2 Del asunto en concreto
Prima facie, sentada jurisprudencia del Alto tribunal de Cierre ha decantado que con ocasión de una sentencia anticipada, el ámbito de impugnación se restringe a tópicos atinentes con la dosificación de la
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pena, los mecanismos sustitutivos de la sanción privativa de la libertad, la extinción del dominio sobre los bienes, o la vulneración de los derechos o garantías fundamentales, así como la cuantía de perjuicios, por ello, le asiste legitimidad a los recurrentes para confutar el fallo como producto de la aceptación de cargos para sentencia anticipada, en razón a que puntualmente se aborda el tema del quantum punitivo desde tres aristas, 1° motivación de la imposición punitiva y de contera la dosificación por el concurso de tipos penales, 2° la presunta vulneración de principio non bis in ídem, y 3°.dosificación de la multa como pena principal.
Ahora bien, la Sala abordará también el estudio de los tópicos sobre los cuales fincan la proclamada vulneración del derecho de igualdad por falta de motivación para el momento de individualizar la pena y el incremento impuesto por el concurso.
5.2.1 MOTIVACION PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EL CONCURSO DE TIPOS PENALES Y LA PRESUNTA VULNERACION DEL NON BIS IN IDEM:
-Las razones esgrimidas por cada uno de los recurrentes, gravitan en debatir la imposición de las penas, por ausencia de argumentación en la sentencia de primer grado frente al ítem de individualización del quantum punitivo, como también el incremento por la modalidad concursal de los hechos punibles, censurándose el alejamiento de las líneas Jurisprudenciales fijadas por el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, falencias que en sentir de los opugnantes, violan el derecho de igualdad, en tanto que fueron condenados por el mismo tipo de Lavado de Activos y otros en concurso con Rebelión; inexactitudes que vulneran ostensiblemente el principio universal reivindicando
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desaciertos, que así mismo, se reflejan en la dosificación de la pena principal de multa impuesta.
Luego, de una lectura contextualizada de la pieza procesal controvertida, se arriba al colofón que objetiva y subjetivamente fue suficientemente argumentada en el capítulo de la materialidad de la conducta; sin embargo, puntualmente en el acápite de dosimetría penal, pese a que se traen a colación con claridad las fuentes normativas aplicables, es decir, los criterios y reglas que pautan la fijación del quantum punitivo, se echa de menos, justamente una suficiente argumentación que sustente la imposición en el extremo máximo del cuarto mínimo de la pena impuesta en contra de cada uno de los sentenciados. No obstante, del haber probatorio se advierte suficientes elementos que permiten al Juzgador fijar la punibilidad, bajo criterios objetivos como la intensidad del dolo y el daño causado.
Incontrastable que en decisión judicial confutada se realizó el juicio axiológico previo a la consagración del sistema de penas, en el entendido de determinar los bienes jurídicos vulnerados, el impacto sobre la sociedad, labor que encuentra singular trascendencia en los principios de proporcionalidad, necesidad, igualdad, y dignidad, que en el marco del Estado Social y Democrático del Derecho, la clase de pena debe guardar cierta entidad con el comportamiento consagrado como punible matizando el grado de afectación del bien jurídico protegido por el Legislador, y debe ser suficiente para cumplir con un efecto preventivo, no debiéndose producir tratos desiguales, frente a situaciones de hecho idénticas o castigos iguales a situaciones de hecho disímiles y para ello es que la Sala repara en la actividad exteriorizadas por cada uno de los coautores que hoy son juzgados.
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Recuérdese que AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, si bien no lideraba el grupo guerrillero del frente 7° de las Farc, si es relevante que dirigía un grupo minoritario como se dijo en precedencia; también, administraba de manera personal y con celo, la empresa de “Financiamiento Estructural”, que a su vez compró la finca “El Porvenir”, ubicada en Puerto Boyacá bajo la égida del jefe Alirio Rojas; aunado a que incorporó a su entorno familiar tres hermanos, fortaleciendo de esta manera la estructura que tenía bajo su mando.
De otra parte hay que rememorar que AGUDELO GÓMEZ, coordina un grupo miliciano, se distingue como comerciante en coca, y ganado en la región del Guaviare, propietario de la “Comercializadora Industrial Agudelo y Cía Ltda”, en sociedad, avaluado en la suma de $117.021.000. Adquirió un inmueble con EUFRANIO GUZMÁN OLAYA de $29.270.000, dos predios en la región de Lejanías y tres inmuebles en San Juan de Arama por $18.000.000, para el año 2004 adquirió un predio por $43.000.000 millones; circunstancias que posibilitaron ocultar el origen del dinero, incorporarlo en el sistema financiero colombiano lo que se traduce en la gravedad de los hechos, atendiendo la afectación de la economía nacional, y así surge en forma correlativa la necesidad de incrementar la pena por encima del extremo mínimo, tal como se puntualizó en la sentencia de primera instancia.
FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, es propietario del almacén y cacharrería Giraldo, en Puerto Cachicamo en el Guaviare, su aporte al grupo guerrillero era tan significativo, que procesaba cocaína, prestaba dinero al grupo insurgente, es propietario de la finca Catire de 400 hectáreas, y otro predio denominado “el Rolo” de aproximadamente 120 hectáreas, sembrada en coca, y pasto, pero también propietario de buses colectivos de uso público, y cuando se trasladó a la ciudad de Bogotá conformó una sociedad con AGUDELO
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GÓMEZ, adquirieron una serviteca, y es representante legal del “parqueadero Giraldo” ubicado en el centro de la ciudad. Se debe precisar que GIRALDO ARANGO y AGUDELO GÓMEZ, figuran como representantes legales de las empresas KARLYTEX, o BOM BAIXON, constituidos con el propósito criminal que aquí se les achaca.
Finalmente, hay que decir que el abogado ALEXANDER ESPINOSA, ostenta la responsabilidad de coordinar, y verificar la adquisición de bienes, consolida los negocios, es titular de bienes en Ibagué, y Girardot que a la postre fueron registrados a nombre de LUZ ADRIANA Y JULIAN ESTEBAN MOLINA CRUZ; bienes de origen igualmente ilícito.
Subyace necesario relievar que no existe una conexión natural entre delito y la sanción, como una cantidad de pena indefectiblemente definida, acorde con la clase de delito ejecutado, dado que es una relación, que obedece al principio de proporcionalidad sobre la base de la jerarquía de los bienes jurídicos consagrados en el ordenamiento penal dignos de protección, susceptible de ser mesurada como un cálculo, producto de efectuar una representación de valores frente al caso concreto y que se refleja en la individualización de pena, punición que inexorablemente debe ser equivalente, no solo al grado de culpabilidad, sino a la gravedad del hecho y al daño ocasionado.
Para el caso, la Juzgadora tras dilucidar el marco normativo aplicable y las reglas para dosificar las penas, destacó que CARLOS ARTURO AGUDELO GÓMEZ Y FÉLIX ANTONIO GIRALDO ARANGO, fueron acusados por el delito de Lavado de Activos, previsto en el artículo 323 del Código Penal, cuya pena de prisión oscila de 6 a 1518 años, multa de 500 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que milita en su favor circunstancias atenuantes más no
18 72 a 180 meses de prisión
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agravantes, por ello, acude al primer cuarto, una vez realizada la operación aritmética del ámbito de movilidad, es decir, fijando el cuarto entre 72 y 99 meses de prisión y multa de 500 a 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y con base en el accionar delictivo y sus consecuencia jurídicas les impuso la pena máxima establecida, esto es, 99 meses de prisión y multa de 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Así, consideró que se debe incrementar este quantum por el concurso con el delito de Rebelión, en cuatro (4) años19 y 66.66 smlmv de multa, lo cual arroja una pena de 147 meses de prisión y 12851.66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, sentenciada por el delito de Lavado de Activos, con ocasión de la dosimetría analizada en precedencia, la existencia de circunstancias de menor punibilidad de las previstas en el numeral 1° del artículo 55 del Código Penal, la condición destacada dentro de la organización criminal, en razón a que era la encargada de ejecutar las órdenes impartidas por el comandante guerrillero y tenía bajo su mando personas que ejercían actividades ilícitas y posibilitaban el sostenimiento del grupo insurgente, se le debía imponer el máximo de la pena fijada en el cuarto mínimo es decir, 99 meses de prisión y multa de 12.785 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En cuanto a ALEXANDER ESPINOSA GÓMEZ, no impuso el mínimo de pena establecida, con ocasión a un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que en su criterio se identifica con la misma situación de hecho y de derecho, y amerita que la pena mínima se incremente en 18 meses por ello, fijó la pena en 88 meses de
19 48 meses de prisión.
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prisión y multa de 2600 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Finalmente, una vez efectuada la rebaja de pena por aceptación de cargos para sentencia anticipada dentro del marco del principio de favorabilidad aplicó el porcentaje previsto en los artículos 351, 352 y 356 de la Ley 906 de 2004, es decir, 1/3 parte y concluyó que CARLOS ARTURO Y FÉLIX ANTONIO, coautores del delito de Lavado de Activos y Rebelión merecen una pena de 8 años y 2 meses de prisión, multa de 8.567,77 smlmv, AYDEE MOLINA, coautora del delito de Lavado de Activos, 6 años y 6 meses de prisión, multa de 8.583,4 smlmv y ALEXANDER ESPINOSA, responsable del delito de Lavado de Activos, 4 años, 10 meses y 20 días de prisión, multa de 1.733 smlmv, coautor del punible de Lavado de Activos.
Frente al quantum punitivo impuesto en el fallo de primer grado contra AGUDELO GÓMEZ y GIRALDO ARANGO, es del caso relievar que tratándose de pluralidad conductas punibles indiscutible que deben partir de las reglas del concurso prevista en el artículo 31 del Código Penal, en el entendido que “el que con una acción u omisión o varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la Ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave, según la naturaleza, aumentada en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas”.
A Propósito de las reglas a tener en cuenta en estos casos, la Corte Suprema de Justicia, precisó:
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La normativa citada “al ser confrontada con el contenido de los artículos 60 y 61 del mismo Estatuto, y con la postura jurisprudencial de la Sala en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena de prisión, tanto para delitos individuales, como en los eventos de concurrencia de comportamientos punibles, permite ver que el incremento punitivo previsto para los casos de concurso de comportamientos punibles, sin distinción de su modalidad, es decir, independientemente de las formas de concurso que la ley, la doctrina y la jurisprudencia han distinguido y desarrollado (entre ellas, el concurso homogéneo, heterogéneo, simultáneo y sucesivo) se actualiza después de que se ha fijado la pena correspondiente a cada delito individualmente considerado, y se ha definido cuál de ellos contempla la pena más gravosa. Solamente, después de proceder de esa manera, es cuando el sentenciador puede incrementar la pena, según los límites que le fija el aludido artículo 31, y tomar así en consideración todas las modalidades de concurso que se presenten” Casación 25544 del 11 de marzo de 2009, ponencia del magistrado doctor Jorge Luis Quintero Milanés.
En efecto, teniendo en cuenta que no concurren circunstancias de mayor punibilidad y milita una atenuante como es la buena conducta anterior, acertadamente el Juzgado de primera instancia, fijó el primer cuarto o cuarto mínimo como marco de movilidad de 72 a 180 meses de prisión, multa de 500 a 12.875 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de Lavado de Activos, y se aplica el extremo máximo en razón al accionar delictivo que exteriorizó AYDEE LILIANA, y pese a la falta de argumentación para imponer este marco punitivo, incontrastable es el compromiso con el grupo subversivo pues se itera, se traduce en la representante que lidera las finanzas y vigila con esmero el cumplimiento de las ordenes de su compañero sentimental “Alirio Rojas”, líder del frente 7°, aunado a que guía un grupo mínimo de personas que presta la
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colaboración suficiente para llevar a felíz término las propuestas impartidas por el comandante, entre otras, adquirir bienes a nombre de terceros, respecto de los cuales guarda una sigilosa administración; aunado a que concurre la conducta de Rebelión y es por estas potísimas razones que no se debe imponer el mínimo y necesario que hace, como en efecto se plasmó, acudir al extremo punitivo máximo.
Debe indicar esta Magistratura que por mandato contenido en el artículo 59 del Código Penal, toda sentencia deberá contener “una fundamentación explícita sobre los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la pena”, argumento que fue un tanto escaso por el Despacho de Primera Instancia, que desde luego no impone nulitar la decisión, dado que inicialmente fueron analizados en detalle y razonablemente todos y cada uno de las pruebas que militan en contra de los sentenciados, así como la adecuación típica con el comportamiento exteriorizado analizado individualmente que posibilitaron la emisión del fallo condenatorio; y que bajo ese panorama posibilitó la imposición de las penas como finalmente se fijaron en el fallo impugnado.
Es del caso advertir, frente al tema de discenso que la deficiencia de las providencias judiciales, se refleja en la falta de motivación cuando se adoptan sin justificación suficiente, puede originarse –como lo ha reconocido la Corte Constitucional- o bien en la falta de justificación externa o bien en la carencia de justificación interna. La primera, la falta de justificación externa, se predica de aquellos juicios jurídicos en los cuales la premisa normativa o la premisa fáctica del juicio jurídico aparecen construidas por el juez sin argumentación suficiente. Tanto los elementos fácticos como los normativos empleados en una sentencia podrían, efectivamente, responder a la realidad procesal o a
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lo que dispone el ordenamiento jurídico. Pero, aún así, si no se ofrecen motivos para sustentarlos, la interpretación estaría indebidamente justificada, porque no existirían muestras de la actuación adelantada por el juez para concluir que esos eran, definitivamente, los componentes determinantes del sentido de su decisión. La falta de justificación interna se le atribuye a la conclusión cuando no es “solidaria con las premisas” o, cuando no “se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 20
En punto al tema la Corte Suprema de Justicia, en la casación 33101 del 21 de marzo de 2012, Magistrada Ponente doctora María del Rosario González Muñoz, puntualizó:
“…Además porque, como lo ha destacado la Sala, la obligación de motivar las decisiones judiciales cumple un doble papel: “(i) endoprocesal: en cuanto permite a las partes conocer el pronunciamiento sirviendo de enlace entre la decisión y la impugnación, a la vez que facilita la revisión por el tribunal ad quem; y (ii) función general o extraprocesal: como condición indispensable de todas las garantías atinentes a las formas propias del juicio, y desde el punto de vista político para garantizar el principio de participación en la administración de justicia, al permitir el control social difuso sobre el ejercicio del poder jurisdiccional”21.
Por consiguiente, las decisiones tomadas por los funcionarios judiciales deben estar acompañadas de las razones jurídicas que les brindan sustento, como también lo exige el artículo 55 de la
20 T-589 DE 2010, Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.
21 Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2006, rad. 22041.
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Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, en cuanto impone al juez el deber de hacer referencia a los hechos y asuntos propuestos por los sujetos procesales, y en los arts. 3° de la Ley 600 de 2000, con carácter de principio rector, de acuerdo con el cual el funcionario está obligado a motivar las medidas que afecten derechos fundamentales de los sujetos procesales y en los artículos 170 y 171 de la misma obra, referidos a los requisitos de las sentencias y de las providencias judiciales, respectivamente“.
Para el caso, las conductas fueron debidamente fijadas bajo la fuente normativa aplicable al caso concreto, y en cuanto a la dosimetría punitiva de la sentencia controvertida, se abordó la justificación externa, que la integra todo ese argumento previo al acápite de la dosificación, que precisó en forma detallada y con abundante descripción cada gestión desplegada por los enjuiciados que vulnera los bienes jurídicos juzgados; y es precisamente bajo ese rasero que se colige en lo que atañe a CARLOS ARTURO y FÉLIX GIRALDO, se advierte que participaron y cumplieron a cabalidad los objetivos dispuestos por el Comandante del Frente VII del grupo guerrillero, ambos comerciantes de la localidad de Puerto Cachicamo. El primero, reconocido como comerciante que compra base de coca y coordinador de las milicias de ese frente y el Segundo, propietario del almacén y cacharrería “Giraldo”, aporta suministros para el grupo guerrillero, entre otros insumos para procesar cocaína, provee gran cantidad de dinero para financiar el grupo y brinda información sobre la presencia de personas ajenas en la región; ambos adquieren bienes muebles e inmuebles y su gestión se circunscribe incontestablemente al cumplimiento de las órdenes impartidas por ALIRIO ROJAS, y milita en su favor una
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circunstancia de menor punibilidad como es la ausencia de antecedentes penales.
En efecto, basta entonces reinvindicar que la pena debe ser correlativa al comportamiento juzgado, y tiene esencialmente funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, y el Juez debe tasarla atendiendo, también factores tales como, la eficaz colaboración para lograr los fines de la justicia, evitar un mayor desgaste a la actividad Estatal en cuanto a la investigación que repercute en beneficios frente a la actividad probatoria, la posibilidad de descubrir otros partícipes u otros delitos conexos o la investigación de otras conductas o partícipes, sin que para este momento deba nuevamente tenerse en cuenta los tópicos o referentes para individualizar la sanción, dado que esta etapa ya se ha superado, en tanto, que es imprescindible ponderar en forma explícita la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de la causales que atenúen o agraven la punibilidad, la intensidad del dolo.
Surge digno evocar lo dicho por la Honorable Corte Suprema de Justicia en reciente pronunciamiento, del 26 de febrero de 2013, dentro el radicado 33254, con ponencia del doctor José Leonidas Bustos Martínez:
“De lo anterior se sigue una importante conclusión, del todo relevante para el análisis del caso en concreto: el aumento injustificado de penas deviene en una medida arbitraria y lesiva de la garantía fundamental de proporcionalidad. Pues, de una parte, se trataría de una determinación excesiva por
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ausencia de idoneidad, en tanto la falta de justificación impide el emprendimiento de un juicio de vinculación entre medios y fines; de otra, también se atentaría contra el valor justicia –integrado por los conceptos de proporcionalidad, alteridad e igualdad22 y referente obligatorio de la función retributiva de la pena–, el cual, estando consignado en el preámbulo y los arts. 2° y 230 de la Constitución, adquiere signo normativo condicionante de la interpretación del ordenamiento infraconstitucional.
Además, si se admitiese un incremento punitivo infundado, resultaría nugatoria la dignidad humana, ya que, desconociendo que ésta implica concebir al hombre como un fin en sí mismo23; y, entonces, pregonar el irrestricto respeto por su autonomía e identidad como persona, el derecho se entronizaría como un objeto autojustificable, perdiendo la dignidad su razón de ser como fundamento antropológico del Estado constitucional.
En síntesis, la articulación de las anteriores consideraciones lleva a la Corte a concluir que el principio de proporcionalidad en la determinación e imposición de la pena ostenta la condición de garantía fundamental. Por ende, su vulneración comporta arbitrariedad, bien en la respectiva disposición penal, bien en la fijación de la consecuencia punitiva. En ese contexto, sin dudarlo, un aumento de penas inmotivado o carente de
22 LEGAZ Y LACAMBRA, Luis. La filosofía del derecho. Barcelona: Bosch, 1979, pp. 345-346.
23 Dicha concepción antropocéntrica del Estado social de derecho está inspirada en la segunda fórmula del imperativo categórico kantiano: “obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como fin, nunca meramente como medio”: En: KANT, Immanuel. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 429. Al respecto, cfr. C. Const., sents. C-542/93, T-090/94, C-045/98, C-521/98, T-556/98 y T-587/98.
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fundamento resulta opuesto al entendimiento constitucional del derecho penal”.
Así las cosas, se arriba a la convicción que irrefutable debe acudirse al extremo máximo del cuarto mínimo como en efecto lo hizo el Juzgado de Primera Instancia, precisamente como resultado de esa proporción justa correlativa al comportamiento ejecutado contra los bienes jurídicos vulnerados.
Eso sí, repara la Sala de Decisión, en el argumento que traen a colación los disidentes defensores quienes enfatizan en el mando o jerarquía que los insurrectos al interior de la asociación revolucionaria y frente a este postulado, debe destacarse que los Jueces están supeditados al imperio de la Constitución y de la Ley, y por tanto, la fuente para la dosificación normativa son los parámetros establecidos por el Legislador en el artículo 59, 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, y dado que el comportamiento que se juzga es de LAVADO DE ACTIVOS, se itera, es autónomo, independiente dista de aquéllos juzgados por la jurisdicción de Justicia y Paz, en donde sí es esencial y trascendente el mando o jerarquía para obtener rebajas y beneficios; luego entonces, el tema propuesto de la posición al interior del grupo revolucionario que se pretende reivindicar en esta actuación para disminuir las consecuencias punitivas impuestas no puede valorarse para el asunto que hoy nos concita, en los términos que precisa el impugnante; y por ello, totalmente irrelevante para adoptar una decisión diferente a confirmar el fallo confutado.
-Pese a los argumentos esbozados tendientes a controvertir el incremento por el concurso de hechos punibles, se debe insistir en que se deben acoger las reglas del concurso, y el primer cuarto
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fijado para el delito de Lavado de Activos y para el punible de Rebelión el cuarto mínimo tiene un ámbito de movilidad de 72 a 108 meses de prisión, multa de 100 a 125 salarios mínimos legales mensuales vigentes; quantum comparativo que permite arribar al colofón que la pena que reviste mayor gravedad es la fijada para el delito de Lavado de Activos, sanción que se incrementa en virtud del concurso endilgado.
En cuanto a la presunta vulneración del principio universal del “non bis in ídem”, frente a AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ, con ocasión a los derroteros analizados en precedencia, se colige que en manera alguna incrementó la punibilidad con ocasión a que registra sentencia por el delito de Rebelión, afirmación que corresponde a una interpretación subjetivizada del recurrente, que no encuentra eco con la decisión jurídica adoptada; dado que la Funcionaria de Primera Instancia consideró “dada la calidad del delito y de la condición de la sentenciada dentro de la organización criminal, pues recuérdese que era la encargada de ejecutar las órdenes dadas por el comandante guerrillero y que además tenía a su cargo actividades ilícitas, el sostenimiento financiero del grupo insurgente…”, esta afirmación difiere de traer a colación su condición de miembro activo del grupo insurgente; desde luego se constituye en eslabón sustancial para incrementar la pena como en efecto lo hizo, respecto del punible de Lavado de Activos, y que inexorablemente permite concluir que AYDE LILIANA, fue la persona que posibilitó la legalización de los bienes provenientes del grupo guerrillero, y con ello logró dar apariencia de legalidad a los dineros que fueron incorporados a la agrupación, y para ello adoptó la condición de comerciante de ganado en la región del Guaviare al punto que fue reconocida como tal, en el compra de semovientes y
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que en el giro de esos negocios permitió el ingreso al torrente económico de exorbitantes sumas de dinero de origen ilícito.
5.2.2. DOSIFICACIÓN DE LA MULTA COMO PENA PRINCIPAL:
La cuantía de la pena de multa debe concebirse como un instrumento de protección útil, dependiendo de la ponderación de los diversos baremos considerados por el Legislador al establecer las reglas de dosimetría penal, conforme al artículo 4° del Código Penal, particularmente los de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, en la medida en que la pena se determina teniendo en cuenta el daño causado con la infracción, la intensidad de la culpabilidad, en este caso el beneficio reportado con ocasión del delito ejecutado, la situación económica de los condenados deducidas del patrimonio económico reportado en la actuación, que posibilitan su pago.
La multa acompañante de la pena privativa de la libertad, contemplada específicamente en relación con ciertos tipos penales, para los cuales se ha previsto que sean concurrentes, eventos en los cuales es la propia ley la que determina su intensidad, bien a través de la explícita referencia a sus extremos mínimo y máximo, ora señalando una cuantía expresa, y como es de elemental rigor cuando la multa aparece señalada como pena acompañante a la de prisión, la discrecionalidad del Juez para tasarla se restringe por el imperativo legal, del marco de punibilidad fijado en el respectivo tipo penal, dentro del cual pondera los restantes criterios que la misma ley prescribe para su cuantificación final.
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Por manera que se advierte acorde la imposición de la pena pecuniaria con los punibles enrostrados, el daño ocasionado a la economía nacional, el producto obtenido por cada uno de los aquí Juzgados en el ejercicio de las conductas ilícitas, pues, se itera, se puso en movimiento en el sistema financiero inconmensurables sumas de dinero de origen ilícito, entre otras conductas por el tráfico de narcóticos.
5.2.3. CONSIDERACION FINAL:
-Los defensores insisten en que se alteró la expectativa de confianza legítima, dado que para el momento procesal en que se pretendía instalar el juicio oral la titular del Despacho de primera instancia reivindicó no sólo la situación procesal de los demás sentenciados en esta causa, sino también el estado de libertad que les fue otorgado en pretérita oportunidad, por lo que afirman, se creó una expectativa de igual trato para los procesados, quienes a la postre decidieron aceptar los cargos endilgados por la Fiscalía General de la Nación en el plexo acusatorio, pero que fueron restringidos en su libertad por las consecuencias punitivas impuestas.
Afirmaciones alejadas de la realidad, de gran contenido subjetivo inyectado por los disidentes, dado que una vez escuchado el audio correspondiente a la instalación del juicio oral y previo al mismo, la Titular del Juzgado, puso de presente el memorial suscrito por los hoy procesados pretendiendo la aceptación de cargos para sentencia anticipada, y efectuada la lectura integral del escrito, destacó que la aceptación voluntaria de los cargos en manera alguna estipula la
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imposición de la pena mínima, ni el reconocimiento forzoso de beneficios favorables; avizoró que desde luego era su obligación, como también un imperativo, efectuar un estudio de las consecuencias jurídicas más benévolas, y con vehemencia precisó que es un aspecto diferente a que la aceptación se condicione a la imposición de la pena mínima. (Record 2.10)
Aún más, explicó rigurosamente que el escrito presentado originaba la aceptación parcial de los cargos y haciendo énfasis en la resolución de acusación por el concurso heterogéneo de Lavado de Activos con Rebelión, y los derechos de la titularidad de los procesados; ilustró que en esas condiciones no podía convalidar la aceptación de cargos en forma parcial, dado que era una figura no contemplada en la Ley vigente para aquél entonces, así y como garante de los derechos fundamentales exigió al abogado defensor realizara la ilustración debida a sus apadrinados, destacando que la decisión que adoptara estaba estrechamente ligada al libre albedrío. Una vez se efectuó una explicación in extenso de las consecuencias jurídicas y los delitos por los que eran acusados individualmente, se efectuaron las audiencias para aceptación de cargos para cada uno de los enjuiciados, garantizando plenamente el derecho de defensa y el debido proceso. Por ello, es incontestable que en nada se vulnera el derecho al debido proceso, ni al de igualdad deprecada por los togados.
De suerte que el fallo impugnado, será confirmado integralmente en lo atinente a las penas impartidas a los recurrentes.
República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala de Extinción de Dominio
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Radicado 1100131005-20100067 13
AYDEE LILIANA MOLINA CRUZ Y otros
Lavado de Activos y Rebelión
En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ D. C., SALA DE EXTINCION DE DOMINIO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia de fecha 30 de Diciembre de 2011, por las razones consignadas en la parte
considerativa de este pronunciamiento.
SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el instituto de la Casación.
Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase al Juzgado de origen.
WILLIAM SALAMANCA DAZA
Magistrado
PEDRO ORIOL AVELLA FRANCO
Magistrado
MARÍA IDALÍ MOLINA GUERRERO
Magistrada